Servicio civil: postergación permanente
Uno de los ejes del buen funcionamiento del Estado es contar con un servicio civil eficiente que permita el cumplimiento de los objetivos centrales de las políticas públicas y para que los ciudadanos tengan servicios públicos adecuados.
Para ello hay que reformar la carrera pública de manera que se defina por meritocracia (asciende el mejor y no el “preferido” por el jefe) y homologación de sueldos y salarios (“a igual trabajo, igual salario”). Ese servicio civil no existe y ya en el 2009 un estudio del BID nos colocaba en el último lugar detrás de Bolivia, Guatemala y Ecuador.
Esto no se ha hecho en 20 años, por diversos motivos. El principal es que la doctrina neoliberal le restó importancia ya que lo central era “el crecimiento económico” y todo lo demás vendría por añadidura.
El segundo es que la reforma se asoció con el “achicamiento”, pues el Estado es siempre una “rémora” y, por tanto, prescindible. Eso fue la fallida “reforma” de 1997 que planteó el despido de decenas de miles de empleados públicos.
Así, solo se crearon “islas de eficiencia” para el funcionamiento del “modelo económico”: Indecopi, Conasev, organismos reguladores (Osinergmin, Ositran, Osiptel) y la Sunat. En el 2006 y 2007, la ministra Zavala impulsó la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados para “ahorrar” dinero, mientras que el presidente García recortó de los sueldos de los empleados públicos.
En el 2009, el premier Javier Velásquez Quesquén dijo que “ya no había tiempo para la reforma del servicio civil”, al tiempo que el presidente García impulso la formación de “núcleos ejecutores”, la verdadera “reforma del Estado” (sic). Un año después, “Servir” dijo que la reforma pasaba por la formación de 32 “muy buenos” gerentes, con un enfoque autoritario que “bypasseaba” a todos los empleados públicos.
En el 2008 se dieron más de 100 decretos legislativos para “adecuar al Estado a las necesidades del TLC con EEUU”. No es posible analizarlos aquí. Basta decir que “sí se pudo” hacer las reformas favorables a intereses económicos que tenían como eje la “teoría del perro del hortelano” (y motivaron el baguazo).
La Reforma del Estado que sí ha habido ha sido la Ley de Descentralización de Toledo del 2002 que, con todos sus defectos, sienta las bases para terminar con el centralismo. También el Acuerdo Nacional del 2002, que en su 5ta Política de Estado planteó la Reforma del Estado en el marco de la Prospectiva Nacional, con un enfoque de mediano y largo plazo a partir del CEPLAN, ninguneado hasta hoy.
La premier Beatriz Merino en el 2003 planteó el tema de manera integral. En el 2004 y el 2005, la PCM formó un equipo de primera que elaboró ocho proyectos de ley de reforma del servicio civil. Que allí quedaron. Desde la sociedad civil han habido muchos esfuerzos para impulsar la Reforma, como lo hizo Agenda Perú y también la Católica, que publicó en el 2007 un libro editado por Henry Pease.
El tercer motivo aducido fue “que la reforma del Estado necesita recursos económicos, de los que el país carece”. No es verdad. Sucede que no se hizo la reforma tributaria integral que permitiera su implementación (y la de otros objetivos del Estado): persisten las exoneraciones tributarias al sector financiero; la evasión tributaria del impuesto a la renta y del IGV supera el 50%, según un estudio de Luis Alberto Arias; no se implementó el impuesto a las ganancias de capital hasta el 2011 y, tampoco, los impuestos a las ganancias extraordinarias en petróleo y minería (solo hubo óbolo del 2006 al 2011 y la reforma del 2011 de Castilla recauda menos que antes).
No es cierto, entonces, que “el Estado no ha sabido ponerse a la altura del crecimiento económico, por lo que es el único responsable de los problemas existentes”, como ahora dicen algunos analistas. Es la misma cantaleta de siempre, que no quiere ver cómo el Estado se ha dedicado a favorecer intereses particulares y no los ciudadanos. Y, ojo, sin un Estado eficiente no va a ser posible enfrentar el fin del “piloto automático” que nos daba el ciclo de auge de precios de las materias primas.
Después de 20 años de intentos fallidos –en verdad, de no-intentos– el gobierno de Ollanta Humala acaba de promulgar una Ley del Servicio Civil cuestionada en diferentes aspectos y, también, porque no ha habido diálogo con los empleados públicos. Que eso se pueda hacer es la clave de que la ley cumpla sus objetivos. Volveremos sobre el tema.
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