Repartija, bonos y nuevos lobbistas
El Tribunal Constitucional está en crisis con la repartija entre el Ejecutivo y el Congreso para imponer en la Magistratura máxima de la nación nada menos que a defensores de dictaduras, asesinatos, narcotraficantes y defraudadores públicos. Como señalé en el Congreso, esta crisis está marcada por el inmenso saqueo de más de 4,500 millones de dólares que se pretende imponer ilegalmente a partir de los lobbistas buitres en los bonos de la Reforma Agraria. El cambio de integrantes del TC, en este pacto de repartija corrupta, está marcado por este inmenso saqueo a la nación. Es necesario precisar lo relativo a los bonos agrarios y la repartija en la elección del TC. El Presidente Ollanta, este 28 de julio, no puede seguir avalando estas irregularidades que indignan al Perú.
He presentado en el Congreso, con las firmas de los congresistas de AP-Frente Amplio, una moción para que se declare la nulidad de la Resolución prevaricadora del Tribunal Constitucional, del 16 de julio de 2013, dictada antes de salir los anteriores magistrados. Se pretende dejar establecido el saqueo de más de 4,500 millones de dólares del Estado, a favor de tres fondos buitres especulativos que controlan el 80% de los bonos de Reforma Agraria.
Como muchos peruanos, tengo unos cuantos familiares y amigos que son descendientes de expropietarios, que forman parte de ese 20% que tienen legítimo derecho a recibir el pago legal que les corresponde y son afectados por los fondos buitre. Los más afectados con este saqueo, no obstante, no son ellos.
Son los millones de peruanos a quienes el Estado tiene deudas pendientes (Fonavi, laborales, de salud, de servicios básicos e infraestructuras, etc.). Más aún, este nuevo saqueo al Perú nos roba recursos que son indispensables para el desarrollo integral de la nación.
Los magistrados del Tribunal Constitucional, el 16 de julio del 2013, antes de irse, han emitido una Resolución sobre el Expediente 00022-1966/PI/TC que modifica el fallo del TC del 2001 relativo a la cancelación de los bonos de la Reforma Agraria, creando ilegalmente un pago de deuda superior a $ 4,500 millones, vulnerando la Constitución y las leyes vigentes.
ANTECEDENTESEl valor de los bonos de la Reforma Agraria pendiente de pago está estimado, como base, entre $ 1,000 millones (MEF) y $ 4,500 millones, que puede crecer muchas veces su monto. Al menos 20 de los expropietarios han seguido la vía judicial vigente y el Ministerio de Agricultura está haciendo los pagos correspondientes.
A partir del vencimiento en 1989 del plazo para el pago de los primeros bonos de la deuda agraria, se limitó los pagos de los bonos y se generó irregularmente un mercado especulativo de compra-venta masivo de los bonos impagos. Estos fueron adquiridos por Fondos Buitres en esta especulación financiera, del 10% al 20% de su valor nominal.
Esta situación ha continuado hasta la fecha, en el que se informa que solo el 20% de los bonos está en mano de sus poseedores originarios o sus descendientes; mientras el 80% de los títulos ha sido concentrado en tres empresas, entre ellas el BCP (3,279 bonos a un valor de $ 27 millones) y el Grupo USA Gramercy (con cerca de 20% del total de los bonos, con un valor superior a 1,000 millones de dólares).
En el año 2011 supuestamente se presentó ante el TC una solicitud para que ordene la ejecución de sentencia del 2001 (002-96-TC). Este pedido fue presentado como formulado por el Colegio de Ingenieros del Perú, pero el CIP ha informado el 2013 que no existe en sus archivos una copia ni Acta de Consejo Nacional que identifique proponentes y decida su presentación formal; es decir, el CIP no sabe oficialmente de la existencia de dicha “Ejecución de Sentencia”.
El Congreso ha informado el 10 de julio de 2013 que a pesar de ser parte del proceso, nunca se le informó para que ejerza la defensa que le corresponde legalmente.
PREVARICATO
El 16 de julio del 2013 el TC ha publicado una Resolución prevaricadora, por la cual establece un nuevo método, obligación de pago, que se estima en más de $ 4,500 millones, la que fue aprobada por voto dirimente del presidente del TC, Urviola, exfuncionario del BCP, tras no obtener mayoría de los integrantes del TC.
Esta Resolución prevaricadora del TC tiene raíz de nulidad y prevaricación, como señala la moción de AP-FA. Se dicta fuera del plazo de ley para intervenir el TC en el caso. Se sustenta en un procedimiento ad-hoc de “ejecución de sentencia”, como diferente a aclaración o subsanación, procedimiento que el propio TC actual inventó en junio de 2010 para este propósito prevaricador.
No tiene sujeto legal ni se conoce ni presenta los nombres en los documentos que sustenten dicho procedimiento prevaricador. No han sido oficiadas las partes, especialmente el Congreso, para que ejerzan su derecho constitucional de defensa.
Agrega un método de valorización e incrementa ilegalmente los beneficiarios, para la incorporación ilegal de los fondos especuladores que controlan el 80% de los bonos actuales, en perjuicio del Presupuesto Nacional y de los bonistas herederos propietarios afectados por la Reforma Agraria.
Pretende generar una deuda al Estado que trabará sus actividades e impedirá el cumplimiento de las inversiones y atención a las diversas deudas sociales existentes.
Este saqueo al erario público en el S. XXI, repite los procesos históricos de saqueo al Perú, acontecidos en procesos anteriores, como el de “los consolidados” 1850-1856 post independencia y los consignatarios del Guano en el S. XIX; y el de la recompra de la deuda en el Mercado Secundario (S. XX) durante el fujimorato.
Los actuales lobbistas “consolidados” de los bonos se parecen a los anteriores. Entre 1850-1856, durante los gobiernos de Castilla y Echenique, 126 personas acumularon dos tercios de la deuda consolidada, y esta se incrementó en seis veces de 4 millones de pesos, a 23 millones 211,400 pesos en 1853.
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