Inversiones responsables en tierras agrícolas
Por Laureano Del Castillo
En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments). La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil. Las razones principales fueron la consideración de que “no era un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas” y que fue “formulado sin la participación de comunidades y delegaciones más afectadas por las inversiones en la agricultura”. Por ello el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial inició un proceso de consultas, en el que participa la sociedad civil, junto con los gobiernos y el sector privado, el cual debe concluir en 2014.
De esta forma, en los próximos meses debe hacerse consultas a nivel regional a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el primer borrador (o versión cero), luego de su reformulación.
Esta iniciativa se ubica en el marco más amplio de la preocupación internacional por desarrollar un cuerpo de principios para las inversiones responsables en la agricultura que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Este esfuerzo responde a un contexto internacional en el que se observa un proceso de acaparamiento de tierras agrícolas (en inglés, land grabbing) que amenaza a la agricultura familiar. Se espera así que el documento que contenga las RAI se ubique en línea con las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que, impulsadas por la FAO, fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012 (lo que comentamos en nuestra columna de octubre de 2012).
Nuestro país participó en la aprobación de las Directrices Voluntarias y expresó su compromiso por aplicarlas. Ahora que están por publicarse los resultados del IV Censo Agropecuario, será un buen momento para contrastar la realidad del agro nacional con los compromisos asumidos en las Directrices Voluntarias y con el ánimo internacional de regular las inversiones privadas en la agricultura. Eso permitiría concretar el compromiso del gobierno al declarar este como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” e impulsar medidas que alienten, ahora sí, a la agricultura familiar.
En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments). La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil. Las razones principales fueron la consideración de que “no era un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas” y que fue “formulado sin la participación de comunidades y delegaciones más afectadas por las inversiones en la agricultura”. Por ello el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial inició un proceso de consultas, en el que participa la sociedad civil, junto con los gobiernos y el sector privado, el cual debe concluir en 2014.
De esta forma, en los próximos meses debe hacerse consultas a nivel regional a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el primer borrador (o versión cero), luego de su reformulación.
Esta iniciativa se ubica en el marco más amplio de la preocupación internacional por desarrollar un cuerpo de principios para las inversiones responsables en la agricultura que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Este esfuerzo responde a un contexto internacional en el que se observa un proceso de acaparamiento de tierras agrícolas (en inglés, land grabbing) que amenaza a la agricultura familiar. Se espera así que el documento que contenga las RAI se ubique en línea con las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que, impulsadas por la FAO, fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012 (lo que comentamos en nuestra columna de octubre de 2012).
Nuestro país participó en la aprobación de las Directrices Voluntarias y expresó su compromiso por aplicarlas. Ahora que están por publicarse los resultados del IV Censo Agropecuario, será un buen momento para contrastar la realidad del agro nacional con los compromisos asumidos en las Directrices Voluntarias y con el ánimo internacional de regular las inversiones privadas en la agricultura. Eso permitiría concretar el compromiso del gobierno al declarar este como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” e impulsar medidas que alienten, ahora sí, a la agricultura familiar.
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