Chile y el caso Pascua Lama
El pasado 10 de abril, la justicia chilena tomó la decisión de suspender el megaproyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina y uno de los más importantes emprendimientos mineros a nivel mundial. Hace unos días, el 3 de junio, la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile ha multado a la empresa con una cifra histórica -16,4 millones de dólares- por “incumplimientos gravísimos” y ha confirmado la paralización del proyecto minero.
Las faltas graves cometidas por Barrick y que han sido identificadas por las autoridades chilenas, van desde “no haber construido obras asociadas al sistema de manejo de aguas de contacto y no contacto, que debían estar implementadas en forma previa a las faenas de excavación” hasta no haber entregado información verídica sobre las características del proyecto.
Desde sus inicios, el proyecto Pascua Lama desencadenó serias controversias en ambos países. En primer lugar porque su desarrollo afectaba a todo un ecosistema de glaciares y periglaciares así como las nacientes de aguas que abastecen a poblaciones del Valle del Huaso en Chile y de la provincia de San Juan en Argentina. Fue el caso de Pascua Lama que dio origen a la ley de protección de glaciares aprobada en Argentina.
Ahora bien, no está demás preguntarnos si algo similar podría pasar en el Perú. ¿Podemos imaginar a la justicia peruana o a nuestras autoridades ambientales tomando una decisión que paralice una inversión superior a los ocho mil millones de dólares y que además le impone una multa histórica a la empresa minera? ¿Cuáles serían las reacciones de las empresas y sus periodistas? ¿Nuestras autoridades se mantendrían firmes frente a las enormes presiones que se desatarían? ¿No nos anunciarían acaso que tras una decisión similar las inversiones huirían despavoridas del país (seguramente a Chile)?
Por el momento podemos testimoniar que en nuestro país, a una de las empresas más contaminadoras del planeta, DoeRun, se la premió con dos ampliaciones del plazo para que cumpla con sus obligaciones ambientales y otros beneficios más y hasta ahora no ha cumplido. Además, nuestros sistemas de fiscalización y evaluación ambiental siguen siendo precarios, totalmente permisivos y peor aún, el reciente paquete de medidas para acelerar las inversiones los hace más vulnerables.
Se sigue pensando equivocadamente que para atraer inversiones hay que mantener una gestión ambiental laxa y que hay que dejar hacer y dejar pasar. De esta manera se mantiene el estatu quo ambiental y se da un pésimo mensaje a los inversionistas.
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