Petroperú, Repsol y la ideología transnacional
Empresarios, políticos y periodistas de derecha siguen reaccionando airadamente contra la intención del gobierno de Ollanta Humala de adquirir para el estado peruano las acciones de Repsol en La Pampilla, la red de grifos y la planta envasadora de gas licuado. Ojalá que sus razones falaces y contradictorias, acompañadas de improperios, no le hagan retroceder al presidente.
Los «cuasi-argumentos» de la derecha
Dicen que La Pampilla no es un negocio rentable, con lo cual también están diciendo que las inversiones que han hecho las AFP en esta refinería --tienen entre el 20% y 28% de las acciones— es poco menos que una malversación de los ahorros de sus afiliados.
«Este viraje tiene el nombre de La Gran Transformación», dicen los más profanos entre los que se encuentra el presidente de la Confiep. «Ollanta Humala quiere imponerle al país un programa por el cual los peruanos no votaron como la compra de los activos de Repsol por parte de PetroPerú», dice un congresista aprista. Pero seguro que este mismo congresista votó en 2006 por la Ley 28840 de fortalecimiento y modernización de PetroPerú. De acuerdo con esta ley –que el actual gobierno demoró en reglamentarla--, PetroPerú está facultado a desarrollar «actividades de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía».
«Ni La Gran Transformación ni un presidente mutante –dijo el congresista Fujimori-- va a echar a perder todo lo avanzado con el modelo económico de la Constitución del 93». Este congresista no sabe que el crecimiento económico actual es el resultado de los altos precios de los metales y que la estabilidad macroeconómica se debe a las reformas efectuadas en los años 2001-2003.
Por último, el ministro Castilla dijo que el gobierno no pretende «retomar las políticas desechadas de La Gran Transformación». Este exviceministro de Hacienda de Alan García le ha hecho creer al presidente que manteniendo el presupuesto de los programas sociales en 0.6% del PBI, se logra un crecimiento con inclusión social. Él sabe que la compra de los activos de Repsol no afectaría para nada al modelo neoliberal.
La seguridad energética y la autodeterminación nacional
El rechazo a las empresas estatales en áreas que en otros países se asumen como estratégicas, es decir, decisivas para el desarrollo y la autodeterminación nacional, es inverosímil. Casi todos los países de la región tienen empresas estatales. Por ejemplo, Chile y México, cuyos gobiernos comparten la ideología neoliberal de la derecha de nuestro país, tienen empresas estatales en el área de los Hidrocarburos: ENAP y PEMEX.
¿Por qué un grupo empresarial peruano que rechaza la existencia de PetroPerú se asoció con la empresa estatal petrolera Chilena ENAP, para comprar los grifos de Shell? De acuerdo con un amigo historiador, los intereses de gran parte de nuestras élites empresariales no coinciden necesariamente con los intereses nacionales, sino con los intereses de sus socios transnacionales. Por esta razón no entienden que comprando los activos de Repsol fortaleceríamos nuestra seguridad energética, al mismo tiempo que impediríamos que la estatal Chilena ENAP se haga de estos activos. Tienen un problema de identidad porque siempre han operado con ideas heterónomas. ¿Es acaso un tema ideológico afirmar que un país que no controla su energía no controla su futuro? Si PetroPerú compra los activos de Repsol con participación privada –como dice el presidente—nuestros empresarios deberían asegurarse que sea con ellos, es decir, con el capital privado nacional.
El Estado regulador del mercado y promotor del desarrollo
La adquisición de los grifos de Repsol también permitiría la regulación de los precios de los combustibles. Estos son más caros en Perú que en Estados Unidos. Lo que es peor, los precios se forman tomando en cuenta la paridad de importación del petróleo, bajo el supuesto que importamos el 100% del petróleo. La seguridad energética no solo implica resguardar el abastecimiento de los combustibles, sino también que sus precios no sean de monopolio o de oligopolio, y que los combustibles que se venden no contaminen el medio ambiente.
Los mercados no se auto-rregulan. En ellos operan grupos de poder, generando externalidades negativas como la pobreza, el Desempleo y el subempleo, la distribución desigual del ingreso, la degradación ecológica y los abusos de poder de dominio. Estos son problemas de interés público que deben ser enfrentados por el Estado. Pero por un Estado que «debe dejar de ser propiedad de unos pocos y pasar a servir a todos los peruanos»; por un Estado regulador y promotor del desarrollo.
A modo de conclusión
Es cierto que la estructura de poder que tiene el Estado es una amenaza potencial de despotismo. Por eso el Estado regulador y promotor del desarrollo debe ser controlado democráticamente por una sociedad civil activa, debe rendir cuentas, y su intervención en la economía y sociedad debe ser eficiente, incorruptible y transparente. Y, para que ese Estado sea posible en nuestro país, los recursos naturales deben estar al servicio del interés nacional, en especial los recursos energéticos. La autonomía nacional en las decisiones del gobierno y el fortalecimiento de la democracia, presuponen el abandono de la «heteronomía» ancestral que ha impedido desarrollarnos autónomamente.
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