Corrupción y transparencia en las industrias extractivas
La correlación entre abundancia de recursos naturales y pobreza endémica en un gran número de países del mundo llevó a la formulación de la teoría de la “paradoja de la abundancia” o la “maldición de los recursos”. Sucede que en muchos casos el éxito exportador significa el ingreso de un chorro de dólares que a su vez se tiran abajo el tipo de cambio afectando negativamente a otros sectores de la economía. Y grandes negociados entre las corporaciones internacionales y las elites políticas nacionales, para la asignación de concesiones y la negociación de contratos, el manejo de los pagos que las empresas hacen a los estados, y la toma de decisiones que tienen que ver con el sector.
El problema no es -por supuesto- que el petróleo, el gas, el cobre o el oro –aunque a veces lo parezcan- estén malditos. El problema es más bien el tipo de elite y de marcos institucionales que un país tiene antes de descubrir su abundancia de recursos naturales. Es decir, si ya había corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas, y ausencia de una gobernanza democrática, la explotación de los recursos naturales hará que todo sea peor.
Los esfuerzos internacionales en contra de la corrupción en la gestión de los recursos naturales se han centrado en transparentar los pagos que las empresas hacen a los estados por concepto de impuestos y regalías, principalmente. Se vienen dando pasos.
Por ejemplo, 37 países (entre ellos Perú) son parte de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), y preparan reportes oficiales que contrastan los pagos que las empresas hacen a los gobiernos con los ingresos que los gobiernos declaran. A fines de este mes -en Sydney, Australia- el EITI debe aprobar una ampliación de los contenidos de esos reportes, para hacerlos más exigentes.
Además, Estados Unidos y Europa han aprobado y se preparan para poner en práctica legislación que obliga a todas las empresas extractivas que levantan capital en las bolsas de USA y Europa a hacer públicos anualmente los pagos que hacen país por país, proyecto por proyecto y pago por pago, aunque las normas de esos países digan que esos pagos son secreto tributario.
Hay que ir más allá. Hay que transparentar la aprobación los estudios de impacto ambiental y el monitoreo de impactos ambientales. Y hay que transparentar las decisiones de política pública relativas al sector. Por ejemplo, como así decidió el gobierno que no era conveniente que PetroPerú compre activos de Repsol, o que más de una decena de proyectos mineros se salteen la Consulta Previa.
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