La disputa por el reordenamiento pesquero
Los industriales harineros, durante los últimos veinte años, han venido influenciando en el nombramiento de autoridades para el sector pesquero, los mismos que con artimañas les facilitaron permisos de pesca y para fabricar harina; y con la complicidad oficialista del momento, han venido violentando las primeras 5 millas, depredando nuestros recursos marinos sin control; y apropiándose de nuestra anchoveta, mediante el D.L. 1084, que estableció el Sistema de Cuotas en beneficio exclusivo de ocho empresas pesqueras. Se incrementó la “pesca negra”, se acrecentó la contaminación de nuestro mar, y se ha institucionalizado el lavado de activos, entre otros delitos que aún nuestra justicia no ha encarado con decisión.
En sus intentos de monopolizar la pesquería, los industriales pesqueros han venido interviniendo en el Directorio del IMARPE (Instituto del Mar del Perú), participando impúdicamente en el señalamiento de las cuotas de pesca, ignorando las recomendaciones científicas. También la gran mentira sobre el control y vigilancia de las descargas de pesca, encomendadas a las empresas privadas SGS Del Perú y a CERPER, por la propia SNP (Sociedad Nacional de Pesquería); la liquidación de la Caja de Beneficios Sociales del Pescador, a la cual debían miles de millones de soles, provocando su debacle y el desamparo de los pescadores. Con la complicidad de ministros y viceministros, se concretaron medidas que han provocado la crisis actual. Jaime Sobero, en el gobierno Fujimorista, extendió cientos de permisos de pesca a los industriales, festinando dudosas documentaciones; Javier Reátegui continuó tan lamentable actitud, con su viceministro Leoncio Álvarez, con el aprovechamiento de licencias que le pertenecían a Pesquera Mar SA, a quien el Poder Judicial ha reconocido sus derechos, y el fraude de la licencia a favor de pesquera “Puerto Rico”.
El exministro Iriarte incrementó la flota industrial con los llamados “vikingos”, compuestos por embarcaciones de madera. Rafael Rey, realizando un publicitado lobby, implementó la Ley de Cuotas en beneficio de ocho grandes harineras, además de permitir en la zona sur del país las llamadas “Ventanas de Penetración”, y la pesca industrial a partir de la segunda milla marina, postergando la alimentación popular. Su viceministro Alfonso Miranda, hoy “exitoso” empresario, distribuyó las cuotas de pesca en forma por demás discutida, concesionó grandes áreas del mar para acuicultura, en favor de los grandes empresarios; y permitió la proliferación de plantas residuales en zonas como Chimbote, Paita, Pisco, etc., en casos, sin el pre-requisito de producir conservas, congelados u otras formas de alimentos.
La decisión de la ministra Triveño, de enfrentar las arbitrariedades y depredaciones, para priorizar la alimentación, con el apoyo del gobierno, están desesperando a los mercenarios industriales, acostumbrados a mentir y difamar por defender sus ilícitos procedimientos.
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