Corporaciones vs. Estados
Cada vez son más las demandas contra los Estados que hacen las corporaciones utilizando los súper derechos que les confieren los TLC o los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI). A nivel global hay demandas de diversos tipos, y en general son los países en desarrollo los que suelen ser los más demandados por las grandes corporaciones. Por ejemplo, Uruguay ha sido demandado por la tabacalera Philip Morris, por implementar medidas de prevención a los fumadores estableciendo criterios especiales de etiquetado para el empaque de cigarrillos. México perdió hace ya varios años una millonaria demanda al amparo del NAFTA, contra la empresa METALCLAD porque un municipio local prohibió la construcción de una planta de desechos tóxicos en el centro de la ciudad.
El Perú no está fuera de la mira de las corporaciones. A la ya conocida demanda por US$ 800 millones del Grupo RENCO (DOE RUN) contra nuestro país en el marco del TLC con los Estados Unidos por el caso La Oroya, todo indica que pronto se sumaría una nueva demanda. Esta vez el capítulo de protección de inversiones del TLC con Canadá sería el que albergaría la demanda contra el Perú de la empresa minera canadiense Bear Creek. Recientemente la empresa dio a conocer que, de no resolverse el litigio por acción de amparo hasta finales de este año, iniciaría una demanda contra nuestro país por US$ 25 millones.
Una demanda que podría tener serias implicancias en el acceso de los medicamentos se ha dado en Canadá. La trasnacional farmacéutica Eli Lilly ha demandado a este país por US$100 millones, debido a que una corte canadiense ha invalidado la patente del medicamento Strattera para el déficit de atención. La farmacéutica ha demandado a Canadá por expropiación y trato discriminatorio debido a que estaría permitiendo la entrada de la competencia de genéricos, al no otorgarles el derecho de ser el único proveedor (venta monopólica) que le conferiría el tener patente. El riesgo es grande, no sólo solventar el proceso de demanda, sino elevar el precio de este medicamento al permitir que exista sólo un proveedor en el mercado. Una combinación letal: los perversos mecanismos de protección de inversiones que iniciaron los TLC sirven ahora para reforzar los también sensibles mecanismos de protección de la propiedad intelectual.
Todas las sumas sobre el TLC pareciera que favorecen a las corporaciones, ponen en jaque a los Estados y dejan desamparados a los ciudadanos. No hay presupuesto ni país que aguante. Casos como este podrían pasar en el Perú. A pesar que el Presidente Humala ha expresado, en por lo menos dos ocasiones frente a sus pares latinoamericanos, su preocupación por estos súper derechos, no se anima a ponerle el cascabel al gato y en el contexto de nuevas negociaciones, como las del Acuerdo Trans Pacífico (TPP), evitar los ya conocidos riesgos que conlleva este modelo de protección de inversiones.
Comentarios