La distribución funcional del ingreso y la desigualdad en el país
Por Julio Gamero
En el último CADE se hizo referencia a que la productividad viene creciendo por encima de los sueldos y salarios y ello es uno de los factores que explica el aumento de la brecha de la desigualdad en el país. Así, se ha constatado que la riqueza del país crece, pero que ella no se está repartiendo por igual.
Al respecto, conviene recordar que no hay hecho más político en la economía que el reparto del excedente económico. Así, su distribución entre remuneraciones, utilidades e impuestos es un proceso que está en función directa a la capacidad de negociación de cada uno de los actores involucrados: trabajadores, empresarios y Estado, respectivamente.
En el caso del Perú, el sector empresarial como tributario del ajuste estructural de los noventa es quien detenta, el día de hoy, esa mayor capacidad de negociación y de poder. Los asalariados, con una tasa de sindicalización inferior al 8% y la mitad de ellos con menos de 3 años promedio de antigüedad en su puesto de trabajo, aún no son, en el momento actual, un contrapeso real al poder que ejerce el empresariado. Y el rol regulador del Estado, en el ámbito laboral, aún no es lo suficiente. Y en el ámbito tributario, no aparece en agenda, el aumento de los impuestos directos.
Esa primera ronda distributiva –la distribución funcional del ingreso- es la que marca el sentido general y final de la distribución del ingreso. Por ello, sus secuelas son difíciles de revertir, salvo se incorpore un mecanismo político -como un acuerdo social- o que el Estado aumente de manera más efectiva la regulación laboral, tales que se logre la reversión del “acuerdo” impuesto por la reforma liberal, hace 20 años.
Por su parte, la segunda ronda distributiva, concentrada en la cuantía y la gestión del gasto social, actúa como una compensación de los efectos de LA PRIMERA, ya que las ganancias distributivas asentadas en una mejora de la eficiencia de los programas sociales resultan marginales frente a los cambios derivados de la distribución funcional del ingreso .
Es, así, que la política social, por sí sola, no logra revertir la concentración del ingreso que se gesta por acción del mercado, salvo que incorpore políticas explícitas de promoción del desarrollo económico local. En ese sentido, mejorar la capacidad de negociación del sector trabajador alienta mejoras en la distribución, al igual que los aumentos del salario mínimo. Por ello la promoción del trabajo decente no puede estar ausente de cualquier propuesta que pretenda en serio la disminución de la brecha distributiva.
En el último CADE se hizo referencia a que la productividad viene creciendo por encima de los sueldos y salarios y ello es uno de los factores que explica el aumento de la brecha de la desigualdad en el país. Así, se ha constatado que la riqueza del país crece, pero que ella no se está repartiendo por igual.
Al respecto, conviene recordar que no hay hecho más político en la economía que el reparto del excedente económico. Así, su distribución entre remuneraciones, utilidades e impuestos es un proceso que está en función directa a la capacidad de negociación de cada uno de los actores involucrados: trabajadores, empresarios y Estado, respectivamente.
En el caso del Perú, el sector empresarial como tributario del ajuste estructural de los noventa es quien detenta, el día de hoy, esa mayor capacidad de negociación y de poder. Los asalariados, con una tasa de sindicalización inferior al 8% y la mitad de ellos con menos de 3 años promedio de antigüedad en su puesto de trabajo, aún no son, en el momento actual, un contrapeso real al poder que ejerce el empresariado. Y el rol regulador del Estado, en el ámbito laboral, aún no es lo suficiente. Y en el ámbito tributario, no aparece en agenda, el aumento de los impuestos directos.
Esa primera ronda distributiva –la distribución funcional del ingreso- es la que marca el sentido general y final de la distribución del ingreso. Por ello, sus secuelas son difíciles de revertir, salvo se incorpore un mecanismo político -como un acuerdo social- o que el Estado aumente de manera más efectiva la regulación laboral, tales que se logre la reversión del “acuerdo” impuesto por la reforma liberal, hace 20 años.
Por su parte, la segunda ronda distributiva, concentrada en la cuantía y la gestión del gasto social, actúa como una compensación de los efectos de LA PRIMERA, ya que las ganancias distributivas asentadas en una mejora de la eficiencia de los programas sociales resultan marginales frente a los cambios derivados de la distribución funcional del ingreso .
Es, así, que la política social, por sí sola, no logra revertir la concentración del ingreso que se gesta por acción del mercado, salvo que incorpore políticas explícitas de promoción del desarrollo económico local. En ese sentido, mejorar la capacidad de negociación del sector trabajador alienta mejoras en la distribución, al igual que los aumentos del salario mínimo. Por ello la promoción del trabajo decente no puede estar ausente de cualquier propuesta que pretenda en serio la disminución de la brecha distributiva.
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