CADE, Arequipa 2012
La reciente Conferencia Anual de Ejecutivos en Arequipa ha discutido sobre la transparencia y la corrupción en las relaciones entre el Estado y el sector empresarial.
De acuerdo a Ipsos Apoyo en encuesta para ProÉtica, la corrupción es para la gente el segundo problema, después de la seguridad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sería el tercero, después de la seguridad y la pobreza. La corrupción es pues algo que importa a la opinión pública.
La encuesta de Ipsos Apoyo indica que la corrupción es vista como el problema principal del Estado, por encima de la ineficiencia y el desinterés. El Poder Judicial, la Policía Nacional y el Congreso de la República aparecen como los sectores más corruptos.
La gente también piensa que 65% de los empresarios son corruptos y que la mayor corrupción están en la minería informal y después, empatados en segundo lugar, en los sectores “minería, gas y petróleo” y “banca y Seguros”. En Lima (donde se concentra la bancarización) “banca y Seguros” aparece como el segundo más corrupto, pero fuera de Lima (donde se desarrollan las actividades extractivas) se ve al sector minería, gas y petróleo como el segundo más corrupto.
El Perú es parte de la Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas (EITI) desde el año 2004, y somos el único país de América Latina que tiene el status de país cumplidor, con dos más en condición de candidatos y otros tantos discutiendo su integración. Pero una iniciativa como esta –centrada en transparentar los pagos que las empresas hacen al Estado- es insuficiente en una situación en la que es igual o más importante hacer pública y accesible la información relativa a las concesiones mineras, los contratos de Hidrocarburos, los estudios de impacto ambiental para nuevos proyectos y los resultados del monitoreo de los impactos ambientales de los ya existentes.
También somos parte desde hace unos pocos meses de la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP) y el gobierno y la sociedad civil han concordado y presentado internacionalmente un Plan de Acción con metas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en diversos campos. Toca ahora al gobierno transformar la buena decisión inicial de participar en la OGP en una acción sostenida para efectivamente cumplir con el Plan de Acción ofrecido y así mejorar las condiciones de la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Ambas iniciativas son muy importantes, pero en la actual coyuntura igualmente significativo sería que el Gobierno y los grandes empresarios presentes en CADE se sumasen a la lucha contra las mafias políticas y empresariales que promueven la revocatoria de la Municipalidad de Lima Metropolitana, para perpetuar una gestión corrupta de la ciudad capital. Derrotar a la revocatoria y afirmar una gestión honesta de la ciudad, sería una contribución tan importante a la transparencia como honrar nuestros compromisos internacionales en este terreno.
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