Votación del TLC con la UE y la agenda de derechos
En el mes de junio de este año, el Parlamento Europeo solicitó a los gobiernos de Perú y Colombia, mediante la Resolución Nº 2628, presentar una Hoja de Ruta transparente y vinculante, orientada a salvaguardar los derechos humanos, derechos laborales y estándares ambientales en el marco del Acuerdo Comercial entre ambos países y el viejo continente.
La preocupación de los representantes europeos expresaba la necesidad de establecer mecanismos para la garantía y cumplimiento de los derechos humanos, derechos laborales y estándares ambientales, ante las graves denuncias de violaciones de derechos en estos ámbitos. En la Resolución, los parlamentarios lamentaban lo que ya veníamos advirtiendo diversas organizaciones: este TLC no incluye disposiciones vinculantes entre el capítulo de comercio y desarrollo sostenible y el mecanismo de solución de controversias. Es decir que a diferencia del TLC con Estados Unidos, no existen mecanismos concretos por los que se puedan iniciar arbitrajes por el incumplimiento de derechos laborales y estándares ambientales. Esta posición constituye un retroceso en la relación con la UE, con quienes, hasta la fecha, en el marco del Sistema General de Preferencias (SGP), existe una condicionalidad para el acceso a las preferencias comerciales vinculada al cumplimiento de derechos.
Nuestro país tenía que presentar esta Hoja de Ruta antes de la votación en el Parlamento Europeo, que debía precisar, entre otros, mecanismos que mejoren la garantía y cumplimiento de derechos, en particular, en temas relacionados con La Libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, fortalecimiento de las inspecciones laborales, la aplicación legislativa ambiental, entre otros. La Resolución llamaba a que los gobiernos definan objetivos claros y que las propuestas se desarrollaran en diálogo con la sociedad civil, estableciendo un calendario de resultados precisos. A pesar de la precisa solicitud del Parlamento Europeo, el documento presentado el mes pasado por la Cancillería peruana dista mucho de atender en serio los problemas planteados y hasta donde tenemos entendido ha evitado ser dialogada ampliamente con actores de la sociedad civil.
El documento presentado parecería ser un buen ejemplo de quien hace el gesto de cumplir con la tarea, pero sin intención de atender a los objetivos de la misma. El documento evita desarrollar una agenda específica que vincule los temas de derechos en el contexto del comercio internacional, y se encarga de describir mecanismos generales para el seguimiento y cumplimiento de derechos, así como el diálogo con la sociedad civil ya existentes, que nada tienen que ver en muchos casos con los retos específicos del acuerdo comercial.
Las referencias incluyen desde el Acuerdo Nacional, la larga lista de los programas sociales, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, entre otros. Sin desmerecer la importancia de estos espacios y políticas, es importante mencionar que éstos no constituyen compromisos concretos ni específicos para atender varios de los problemas que llevaron a los Europarlamentarios a insistir con esta solicitud. Por ejemplo, el inmenso déficit en materia de libertad sindical que existe en el sector Agroexportación, amparado en un régimen laboral especial que viene siendo cuestionado, es un tema que el gobierno no ha querido siquiera mencionar.
La votación en Europa está programada para este 10 de diciembre, seguramente la mayoría votará a favor del acuerdo. A principios de este año, Marisol Espinoza, vicepresidenta de la República, se comprometió ante los representantes europeos que este acuerdo sería votado también en el Perú por el Congreso de la República como manda la Constitución. El silencio del gobierno en el tema preocupa, no vaya a ser que se olviden nuevamente de una de sus promesas.
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