Transporte: Lima necesita empresas de verdad
Casi no existen ciudades del mundo donde el transporte público esté (des)organizado como en Lima. En nuestra ciudad, prácticamente cada coaster o combi tiene su propio dueño, y las llamadas empresas de transporte urbano son simples intermediarias dueñas de las licencias de rutas que lucran.
Este sistema se estableció con las reformas de “libre mercado” Fujimoristas y fue mantenido por Castañeda. El resultado es uno de los peores casos de competencia negativa con intermediarios sinvergüenzas. En Lima tenemos una de las mayores tasas de accidentes de transporte del mundo y una contaminación ambiental tremenda.
La razón de fondo es que el transporte requiere tener una competencia regulada e intervención pública, porque se usa un bien público (las pistas que se congestionan) y para asegurar estándares de calidad.
La regulación del transporte de Lima requiere cambiar el sistema actual donde las empresas no son realmente empresas, para lo cual deben ser dueñas del capital (vehículos) y contratadoras de trabajadores respetando sus derechos. Son solo intermediarias, con las que unos pocos enganchadores acostumbrados a arreglarse con el poder municipal de turno se hacen millonarios. Promover un sistema de empresas no quiere decir necesariamente respaldar a grandes empresas privadas, la opción de cooperativas o empresas municipales prevalece en muchos países y funcionaba en la Lima de los años 70s y 80s.
Fiscalizar y ordenar un sistema de transporte público que hace 10 millones de viajes diariamente en 32 mil vehículos es imposible si no se hace mediante empresas que se hacen responsables de lo que suceda en todas sus unidades. Solo así se logran economías de escala en la fiscalización y se facilita el ordenamiento de las rutas. Eso es lo que ha aprobado la Municipalidad de Lima estableciendo que algunas multas paulatinamente las paguen los intermediarios en vez de los choferes.
Desde luego, a los intermediarios acostumbrados a llevársela fácil, no les gusta este cambio que les obligaría a ser verdaderos empresarios y trabajar en favor de los consumidores y la ciudad. Los obligaría a invertir y prestar un servicio de calidad. Felizmente, la nueva autoridad municipal de Lima los está forzando a asumir la modernidad y a dejar una irresponsabilidad que ya no tiene cabida en un Perú que está dejando de ser adolescente.
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