Salarios y empleos precarios son excluyentes y constituyen un costo social

  Por Félix Jiménez*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de julio de 2011, Julio Velarde declaró, en tono aranero, que el aumento del salario mínimo «ahuyentaría a las empresas; subir fuertemente el sueldo mínimo –dijo-- es sencillamente decirles vete a otro país». También se pronunció en contra del impuesto a las sobreganancias mineras argumentando que «traería retraso en el flujo de inversiones de la pequeña y mediana minería». Pocos días después, Velarde fue ratificado por Ollanta Humala en el cargo de presidente del Banco Central. Más tarde, Velarde y Castilla, convencieron a Humala a subir el salario mínimo en dos tramos de 75 soles cada uno: el primero, el 28 de julio de 2011 y el segundo en el año 2012. Cuando este año en vísperas del día del trabajo el presidente Humala declaró «nosotros tenemos pendiente todavía una segunda etapa del cumplimiento con la remuneración mínima vital que lo vamos a hacer», el poderoso ministro Castilla sentenció que su elevación «debería estar ligada a la productividad de las empresas que a una decisión  política».

No han quebrado empresas ni se han ido a otro país

Desde junio de este año la remuneración mínima ya es de 750 soles. En contraste con las conjeturas tremendistas e irresponsables de Velarde y Castilla, el actual ministro de trabajo José Villena dijo «Ninguna empresa quebró con el segundo tramo del aumento de la remuneración mínima vital, que pasó de S/.675 a S/.750 en junio pasado». Afirmó, además, «que las micro y pequeñas empresas (mypes) se han desarrollado más tras la implementación de esa medida y descartó que este incremento estimule la contratación informal en un mediano plazo».

El discurso vacío sobre este tema de los Velarde y Castilla, es también el discurso del Banco Mundial. En su informe titulado El Mercado Laboral Peruano durante el Auge y Caída (BM, 2010), se dice que «los altos costes salariales no laborales y el salario mínimo obligatorio, en particular, promueven la informalidad de la mano de obra». Hay evidencias –dice-- de que en Perú el salario mínimo y sus incrementos tienen efectos negativos sobre el empleo formal».

Estos defensores del neoliberalismo deberían leer al neoclásico John Bates Clark. Este autor de la teoría de la distribución del ingreso basada en la productividad marginal, escribió: «La disciplina del hambre descalifica al trabajador para hacer una negociación exitosa, y si el empleador está en total libertad de contratar a los hombres que, bajo tal presión, individualmente podrían ofrecerse a trabajar, él puede conseguirlo por muy poco» (Clark, 1913).

La capacidad productiva del trabajador como activo social

Los trabajadores, como cualquier persona de la sociedad, deben ser alimentados, tener alojamiento, estar protegidos y educados, y tener buena salud. Su capacidad productiva y su talento humano, constituyen un activo de la sociedad. El deterioro de este activo constituye un costo para toda la sociedad. Cuando los trabajadores perciben salarios inadecuados para satisfacer sus necesidades indispensables, se genera un costo social que alguien lo tiene que cubrir.

Así, los bajos salarios que contribuyen al deterioro de la capacidad productiva de los trabajadores, son trasladados a la sociedad. Esto es lo que está ocurriendo con el actual estilo de crecimiento de la economía peruana: la precariedad del empleo y los bajos salarios que pagan las empresas es asumido por el Estado con programas sociales que no restituyen la depreciación de su activo social.

Los que se oponen al salario mínimo no toman en cuenta este efecto. El costo social que genera la precariedad del salario y del empleo, se expresa en una baja calidad de las condiciones de vida de la población que, por lo tanto, repercute negativamente en la capacidad productiva y el talento de las generaciones futuras. John Maurice Clark (el otro Clark) decía que el salario mínimo se paga así mismo en el largo plazo mediante el aumento de la eficiencia de los trabajadores.

La importancia del salario mínimo para combatir la precariedad del empleo

Aproximadamente el 79.4% de la PEA ocupada de nuestro país, es informal, es decir, trabajan como asalariados fuera de planilla o en empresas no registradas jurídicamente o son trabajadores por cuenta propia. La gran mayoría son de baja calificación, baja productividad y bajísimos ingresos. La precariedad de este empleo es el resultado del desmantelamiento de los estándares laborales básicos por las políticas neoliberales.

Por esta razón, el salario mínimo  (concebido como costo básico de una vida decente, determinado por la comunidad) no solo se justica éticamente como medida de inclusión social, sino también como una medida económicamente favorable a la sociedad, porque los trabadores calificados y sanos, son más productivos. Según J. M. Clark, «una industria que no paga un salario digno, realmente está pasando parte de sus costos a otras industrias». Si estas otras industrias no asumen estos costos, se produce «una pérdida de capacidad productiva que cae como una carga generalizada en la sociedad, a menudo afectando a las futuras generaciones» (J. M. Clark, 1929). Por eso, J. M. Clark sostenía que los costos sociales de la mano de obra deben ser asumidos directamente por las empresas en la forma de una garantía de salario mínimo.

A modo de conclusión

El actual estilo de crecimiento primario exportador, basado en salarios y empleos precarios, no conduce al desarrollo debido a sus escasos eslabonamientos con el resto de la economía: Necesitamos endogenizar el desarrollo para lo cual, como dice Palley, se requiere «salarios crecientes y una mejor distribución del ingreso. Juntos generan un circulo virtuoso de crecimiento donde un aumento de los salarios estimula el desarrollo del mercado doméstico y el desarrollo del mercado domestico estimula el crecimiento de los salarios. Buenos estándares laborales y democracia son, ambos, la clave de este nuevo modelo».

 

 

* PhD en Economía.Profesor principal PUCP