La ruta del extractivismo y el gran frenazo fiscal

  Por Felix Jimenez

 

 

Una de las características de la actual coyuntura económica –lo decíamos ya desde nuestro artículo del sábado 19 de mayo—es el freno fiscal al crecimiento económico. Cuando Humala, al nombrar a Castilla como su ministro de economía, optó por una gestión conservadora de las finanzas públicas, es posible que no tuviera idea alguna de que su decisión significaba también dejarle la puerta abierta al extractivismo económico. Pero, él recordará que se lo advertimos cuando conversamos varios minutos en nuestra caminata por el patio del local que el PNUD le cedió para operar como presidente electo. Ningún contrapeso que él ofreció fue finalmente honrado cuando se trasladó a palacio y ocupó el sillón presidencial.  No objetó en absoluto el irreverente recorte que hizo este ministro de las metas de las políticas «de inclusión social», ni cuestionó que se congelara en la práctica el presupuesto de gasto social (saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, educación y protección social) como porcentaje del PBI.

El superávit fiscal en la lógica del extractivismo

Este ministro, que antes fue viceministro de hacienda en el gobierno de García, hizo que el año 2011 terminara con un superávit fiscal de 1.9% del PBI (dejó de gastar 9,077 millones de soles).  Y, no obstante haber logrado la aprobación de un presupuesto conservador para un país con innumerables necesidades insatisfechas, sigue impertérrito generando más superávit en medio de una desaceleración de la economía internacional. El primer semestre de este año el superávit del Sector Público No Financiero llegó a la cifra de 17,743 millones de soles. Este abultado monto que equivale al 7.1% del PBI, constituye no sólo un frenazo al crecimiento económico, sino también una agresión al objetivo de «inclusión social». 

El frenazo en cuestión es intolerable en una sociedad con maestros, militares y policías mal pagados, con una infraestructura de educación y de salud pública de pésima calidad, y en una economía con 79.4% de sus trabajadores en situación de informalidad, con empleos precarios, bajos ingresos y baja productividad. El que ha reducido su gasto en 13.6% en términos reales, según el estudio No. 46 del BCRP, es el gobierno nacional. El ministro no puede ahora hacer responsables de este superávit a los gobiernos locales y regionales, pues estos lo aumentaron en 57.1% y 18.1%, respectivamente. Es agraviante, además, dado el alto déficit de infraestructura, que el propio gobierno nacional sea el que haya contraído su gasto de capital en 37.5%, en términos reales. Los gobiernos locales y regionales impidieron la caída del gasto de capital total, al aumentar los suyos en 115.3% y 49.3%, respectivamente.

Un gobierno inclusivo no sólo debe apurarse en cerrar la brecha de infraestructura y en invertir en educación, sino también en construir una burocracia estatal moderna y eficiente. El ministro Castilla, campeón del superávit fiscal de los últimos tiempos, mantuvo el presupuesto de educación en 2.8% del PBI y no está mejorando la calidad y los sueldos de la tecno-burocracia. La opinión pública debe saber que el sueldo promedio real de los trabajadores del sector público, se mantiene casi constante y muy por debajo de sus niveles registrados en 1960-1975. Se recuperó luego de su caída estrepitosa en el período de la hiperinflación, pero después, desde el año 1995, prácticamente se estancó. Su valores promedio de los periodos 1995-2000 y 2001-2011 equivalen al 34.7% y al 36.9%, respectivamente, de su valor registrado en 1987.

Por más que se acelere el gasto en lo que resta del año, es altamente probable que terminemos con un superávit mayor al 2.0% de PBI.  ¿Se dará cuenta el presidente Humala que su ministro sigue la lógica del extractivismo y no de la inclusión social?  Recuérdese que su gobierno aprobó el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 que le presentó Castilla, donde aparece como meta de su administración alcanzar en 2012 un superávit fiscal de 1,0% del PBI, elevarlo a 1,4% en 2013 y a 1,8% en 2014. Es decir, su ministro le hizo aprobar ajustes en un período de incertidumbre y crisis internacional.

Endeudamiento externo injustificado y  bloqueo del cambio de la matriz energética

Además de los 17,743 millones de soles que se dejó de gastar en el primer semestre del año, el gobierno tiene US $ 5,626.6 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal. Por lo tanto, llama la atención que el ministro Castilla siga incrementando la deuda externa del país. De agosto del año pasado a la fecha, este ministro aumentó la deuda con el BID en US $ 335 millones. Es deuda con diversos propósitos, desde mejoramiento de la educación inicial, ampliación de agua potable y saneamiento, hasta modernización del sistema de justicia y desarrollo de la nueva matriz energética (!). La deuda con los organismos multilaterales (OM) representa el 39.2 de la deuda externa total y la deuda con el BID representa el 41.5% de la deuda con los OM. ¿Cuál es el interés de endeudarse con estos organismos, si tenemos recursos para gastar? Si debe necesariamente endeudarse ¿por qué no lo hace en el mercado interno, en soles, y de paso estimula la profundidad y liquidez del mercado de capitales?

El ministro Castilla parece también oponerse al cambio de la matriz energética. Según diversas informaciones periodísticas, es el artífice de la sustitución de la idea de construir un gasoducto de Camisea a Ilo y de un polo petroquímico en este lugar, por la de colgarse al gasoducto de Camisea a Pisco para desde aquí llevar etano a Ilo, por la costa. Sabemos que el extractivismo es contrario a la industrialización, a la innovación y a la competencia. Con ese cambio, los extractivistas que están en el poder favorecen a los dueños de Camisea (Repsol-Hunt) y, al mismo tiempo, eliminan la posibilidad de competencia que se produciría (precios más bajos para los consumidores del sur) al tener dos gasoductos y otra empresa operando en asociación con el Estado. Castilla estaría así frustrando la esperanza de industrializar el sur.

A modo de conclusión

 
«Las instituciones económicas extractivistas --dice Acemoglu-- están sinérgicamente conectadas con las instituciones políticas extractivistas. Estas concentran poder en pocas manos y que tienen los incentivos para mantener y desarrollar instituciones económicas extractivistas para su propio beneficio».