Inversión minera para crecer: ¿conviene ir rápidos y furiosos?*
Por Pedro Francke
Los conflictos socioambientales, que en forma inaceptable cobran cada vez más vidas humanas, el anuncio de Ollanta Humala (dicho ya tres veces) de una “nueva minería” y la situación de nuestra economía nos llaman a reflexionar nuevamente este tema. Junto a repensar las nuevas leyes y políticas para decidir dónde hacer minería y bajo qué condiciones, es importante también preguntarse cuánto y en qué plazos.
La inversión minera durante el gobierno de García fue poco mayor a US$ 10 mil millones y la economía creció bien. El gobierno actual proyecta inversiones en megaminería cercanas a los US$ 50 mil millones. Es decir, cinco veces más. ¿Le conviene al país que los megacapitales mineros privados sin planificación exploten, rápidos y furiosos, nuestros recursos naturales?
Empecemos recordando que si el oro y el cobre de Majaz, Tía María o Conga no se explotan ahora, eso no quiere decir que se pierden. Quedan ahí y podrán ser explotados en un futuro, quizás con nuevas tecnologías más respetuosas del ambiente y bajo mejores condiciones sociales y políticas. El propio Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha recomendado que si no se asegura un buen uso de los recursos obtenidos, es mejor guardarlos para más adelante.
Pero para un país con tantas necesidades como el nuestro, tener el dinero que trae la explotación minera parece importante. En efecto, sería bueno si todo ese oro se destinara a atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo; pero ojo que lo que aún tenemos son sobreganancias mineras, así que esos recursos apoyan nuestro desarrollo social sólo parcialmente. Se ha calculado que si se estableciera un impuesto a las sobreganancias mineras, el gobierno recaudaría más que lo que logra con el crecimiento de la minería (ver cálculo aquí)
En términos de desarrollo económico, el riesgo más serio con un boom minero es la llamada “enfermedad holandesa”. Estos booms de explotación de recursos naturales agotables en cortos plazos que se encuentran registrados en nuestra historia con el guano y el caucho, y lo han establecido también estudios económicos internacionales, no ayudan al crecimiento económico de largo plazo. La “enfermedad holandesa” frena el avance en otros sectores como la industria, el turismo y el agro, desincentiva la innovación tecnológica y puede promover crisis financieras.
En tiempos en que la crisis económica mundial está afectando nuestras exportaciones no tradicionales, agrícolas e industriales, lo menos que nos conviene es añadir nuevos golpes a este sector productivo que, por cierto, genera mucho más empleo que la minería y es sostenible en el tiempo.
Los conflictos y la violencia social que este crecimiento “rápido y furioso” de la minería y el petróleo multiplican, son también un peligro. Los estudios internacionales también muestran que, en países con democracias débiles e historias coloniales, estos booms de recursos naturales llevan a más conflictos e inestabilidad política, con serios efectos negativos sobre el crecimiento de largo plazo. Este gobierno lleva ya 17 muertos en conflictos, con todavía muchos proyectos mineros por comenzar, mientras que grupos armados en el VRAE continúan su accionar y grupos políticos violentistas como el MOVADEF marcan su presencia y articulan protestas de los maestros en una decena de regiones del país. ¿De veras lo mejor en estas condiciones es permitir que se siga echando combustible de alto octanaje a los conflictos sociales, pensando que son sólo hechos aislados y que no habrá consecuencias nacionales? ¿Somos tan ciegos para olvidar la tormenta de odio y sangre que vivió nuestra patria hasta hace apenas 2 décadas atrás?
Es de sentido común que viajar a toda velocidad, rápidos y furiosos, no es lo más seguro. Existe el riesgo de un choque que acabe con el viaje en forma abrupta y con altos costos. Lo mismo sucede con el crecimiento de la minería. Un límite de velocidad razonable, es lo más sensato.
Los conflictos socioambientales, que en forma inaceptable cobran cada vez más vidas humanas, el anuncio de Ollanta Humala (dicho ya tres veces) de una “nueva minería” y la situación de nuestra economía nos llaman a reflexionar nuevamente este tema. Junto a repensar las nuevas leyes y políticas para decidir dónde hacer minería y bajo qué condiciones, es importante también preguntarse cuánto y en qué plazos.
La inversión minera durante el gobierno de García fue poco mayor a US$ 10 mil millones y la economía creció bien. El gobierno actual proyecta inversiones en megaminería cercanas a los US$ 50 mil millones. Es decir, cinco veces más. ¿Le conviene al país que los megacapitales mineros privados sin planificación exploten, rápidos y furiosos, nuestros recursos naturales?
Empecemos recordando que si el oro y el cobre de Majaz, Tía María o Conga no se explotan ahora, eso no quiere decir que se pierden. Quedan ahí y podrán ser explotados en un futuro, quizás con nuevas tecnologías más respetuosas del ambiente y bajo mejores condiciones sociales y políticas. El propio Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha recomendado que si no se asegura un buen uso de los recursos obtenidos, es mejor guardarlos para más adelante.
Pero para un país con tantas necesidades como el nuestro, tener el dinero que trae la explotación minera parece importante. En efecto, sería bueno si todo ese oro se destinara a atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo; pero ojo que lo que aún tenemos son sobreganancias mineras, así que esos recursos apoyan nuestro desarrollo social sólo parcialmente. Se ha calculado que si se estableciera un impuesto a las sobreganancias mineras, el gobierno recaudaría más que lo que logra con el crecimiento de la minería (ver cálculo aquí)
En términos de desarrollo económico, el riesgo más serio con un boom minero es la llamada “enfermedad holandesa”. Estos booms de explotación de recursos naturales agotables en cortos plazos que se encuentran registrados en nuestra historia con el guano y el caucho, y lo han establecido también estudios económicos internacionales, no ayudan al crecimiento económico de largo plazo. La “enfermedad holandesa” frena el avance en otros sectores como la industria, el turismo y el agro, desincentiva la innovación tecnológica y puede promover crisis financieras.
En tiempos en que la crisis económica mundial está afectando nuestras exportaciones no tradicionales, agrícolas e industriales, lo menos que nos conviene es añadir nuevos golpes a este sector productivo que, por cierto, genera mucho más empleo que la minería y es sostenible en el tiempo.
Los conflictos y la violencia social que este crecimiento “rápido y furioso” de la minería y el petróleo multiplican, son también un peligro. Los estudios internacionales también muestran que, en países con democracias débiles e historias coloniales, estos booms de recursos naturales llevan a más conflictos e inestabilidad política, con serios efectos negativos sobre el crecimiento de largo plazo. Este gobierno lleva ya 17 muertos en conflictos, con todavía muchos proyectos mineros por comenzar, mientras que grupos armados en el VRAE continúan su accionar y grupos políticos violentistas como el MOVADEF marcan su presencia y articulan protestas de los maestros en una decena de regiones del país. ¿De veras lo mejor en estas condiciones es permitir que se siga echando combustible de alto octanaje a los conflictos sociales, pensando que son sólo hechos aislados y que no habrá consecuencias nacionales? ¿Somos tan ciegos para olvidar la tormenta de odio y sangre que vivió nuestra patria hasta hace apenas 2 décadas atrás?
Es de sentido común que viajar a toda velocidad, rápidos y furiosos, no es lo más seguro. Existe el riesgo de un choque que acabe con el viaje en forma abrupta y con altos costos. Lo mismo sucede con el crecimiento de la minería. Un límite de velocidad razonable, es lo más sensato.
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