¿Y la planificación energética?
El pasado 16 de abril el Ministerio de energía y Minas – MINEM presentó el informe final de la “Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica” (NUMES), realizado a través de la Dirección General de Eficiencia Energética y el apoyo financiero del BID de US$ 230 millones de dólares. Esta nueva matriz buscaba impulsar el uso de fuentes renovables, promocionar la eficiencia energética y balancear el manejo de recursos considerando aspectos socioambientales.
Luego de cuatro años, el informe final de la NUMES ha considerado las demandas a largo plazo, hasta el 2040, estimando como meta una estructura de generación eléctrica basada en 40% de hidroelectricidad, 40% de Gas Natural y 20% de recursos de energía renovable.
Esta fue la mejor opción ante la demanda futura, que según el informe de la NUMES sería de alrededor de 25,000 MW para el 2040, casi 3 veces más la demanda actual (6,463 MW). Esta fue la opción elegida porque incluye el uso de hidroenergía, permite la diversificación de emisiones y costos, posee menores áreas inundables en comparación de otras opciones y prioriza la implementación de energías renovables a largo plazo.
Por ello, para cubrir este aumento de la demanda de energía en los próximos 30 años, la NUMES propone el ingreso de dos mega centrales hidroeléctricas, Inambari y Pakitzapango, ambas proyectadas en la Amazonía peruana y ligadas a la exportación de electricidad al Brasil en el marco del Acuerdo Energético Perú–Brasil, pendiente de ratificación por el Congreso de la República.
Estos resultados y proyecciones son preocupantes porque la posible implementación de estas mega centrales hidroeléctricas ha generado rechazo en la población local, debido a sus implicancias socioambientales como la deforestación de más de 45,000 hás. de bosque (de acuerdo al propio informe de la NUMES) y el desplazamiento del pueblo indígena ashaninka.
Creemos que si bien el Informe NUMES constituye una herramienta técnica útil para tomar decisiones sobre la política energética del país y su planificación en los próximos 30 años, es importante que el Estado tome una posición clara sobre los resultados del mismo y que este tipo de documentos vayan de la mano con procesos que lleven a la gobernanza energética. Procesos como mejorar la planificación del territorio, mejorar la coordinación entre las políticas públicas, fortalecer la capacidad de gestión del propio sector energético, así como fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, social y de valorización económica de los recursos naturales, son la clave para evitar futuros conflictos socioambientales.
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