Los programas de estímulo económico
Por Carlos Parodi
¿Cómo respondieron los gobiernos ante la crisis financiera? ¿Tiene conexión el tipo de respuesta con la crisis europea de hoy ¿ Si la respuesta es positiva, ¿no serían ambas parte de la misma crisis? La crisis financiera fue enfrentada desde los gobiernos con políticas monetarias y fiscales expansivas para mantener el nivel de gasto de la economía. Como la crisis de los sistemas financieros había frenado la actividad productiva debido a la reducción de la inversión privada y del consumo privado, la respuesta vino por el lado del sector público a través de los denominados programas de estímulo económicos, es decir, mayor gasto público. Veamos el detalle.
Desde que estalló la crisis en 2008, la crisis financiera fue enfrentada, en un inicio, a través del uso de la política monetaria. Las reducciones en la tasa de interés y de la tasa de descuento tenían como objetivo aumentar el crédito a las familias y empresas. Sin embargo, los bancos no prestaban por varias razones. En primer lugar, la descapitalización por la reducción del valor de los activos de las entidades financieras redujo la capacidad de otorgar nuevos préstamos, es decir, las viviendas que habían embargado y los préstamos incobrables no tenían valor. En segundo lugar el deterioro de la situación económica disminuyó el número de deudores que podían afrontar el pago de deudas. A mayor riesgo, menor cantidad de préstamos. En tercer lugar, los mismos deudores solicitaban menos préstamos. En esas condiciones la política monetaria era inefectiva por la interrupción del canal crediticio; sin crédito ninguna economía puede funcionar
Mientras tanto, la expansión de la crisis financiera al sector productivo generó impactos sociales, manifestados en aumentos en la tasa de desempleo y en la pobreza. En los Estados Unidos, la tasa de desempleo en diciembre 2009 fue de 10% de la PEA, la mayor en los veinte años previos. Entre diciembre 2007 y diciembre 2009 se perdieron 7.2 millones de empleos. En España la tasa de desempleo aumentó de 8.3% en 2007 a 18.2% en 2009, mientras que en Estonia pasó de 4.7% a 15.0% en el mismo período. En Reino Unido se duplicó. El correlato fue una elevación de la pobreza.
La tasa de pobreza en los Estados Unidos aumentó de 13.2% en 2008 a 14.3% en 2009, la mayor desde 1994; en términos de personas, creció de 39.8 a 43.6 millones, el mayor número desde que existen estimados de pobreza (51 años). En el caso de los ciudadanos de raza blanca, el aumento fue de 8.6% a 9.4%, mientras que con los hispanos el crecimiento fue de 23.2% a 25.3%. En 2007 el número de pobres fue de 6.3 millones.
Detrás de los resultados estaba la reducción de la demanda agregada, consecuencia de la crisis financiera, cuyos efectos sobre la actividad productiva y comercio exterior impactaban sobre indicadores sociales. La demanda agregada está compuesta por el consumo (privado y público), la inversión (privada y pública) y las exportaciones. La crisis financiera redujo la inversión privada por los problemas en los sistemas financieros, mientras que el exceso de endeudamiento de las familias redujo el consumo privado. Entonces, dada la inefectividad de la política monetaria, el consenso, tanto en las economías avanzadas como las emergentes, apuntó a la implementación de programas de estímulo económico vía políticas fiscales expansivas. En términos simples, aumentos del gasto público (en especial inversión pública) y reducciones impositivas, que reemplacen las disminuciones del consumo e inversión privada.
Sin embargo, las medidas tendrían beneficios y costos; por el lado de los beneficios las economías volvieron a crecer en 2010, luego de una recesión sincronizada en 2009. A partir del estallido de la crisis (setiembre 2008), las autoridades implementaron distintas herramientas de política monetaria con el objetivo de evitar el colapso del sistema financiero. Préstamos directos, nacionalizaciones, inyecciones de capital y compra de activos tóxicos, entre otras medidas, fueron parte del menú. Cuando la crisis financiera impactó sobre el sector productivo, se sumaron políticas fiscales expansivas, materializadas en los programas de estímulo económico. El objetivo era aumentar la demanda agregada, cuya reducción debido a la interrupción del funcionamiento del sistema financiero y a la incertidumbre asociada, amplificó los efectos sobre el sector real. Uno de los costos más relevantes y que conecta la crisis de los Estados Unidos con la europea actual fue el crecimiento de los déficit fiscales, pues lo que estaba en cuestión era lo siguiente: ¿De dónde obtendría dinero el gobierno para financiar el mayor gasto?
La magnitud del crecimiento de los déficit fiscales dependía de la situación de partida. En el caso de las economías avanzadas, la mayoría ya tenía altos niveles de deuda antes de la crisis, en especial Estados Unidos, Grecia e Italia. El financiamiento de los programas provino de más deuda, amparados en el paraguas que representaba ser parte de la eurozona y ello generó la crisis de deuda soberana europea de 2010, que puso en riesgo la incipiente recuperación. En contraste, los países de América Latina lograron superávit fiscales durante el ciclo expansivo 2004-2007, por lo que, en general, no requirieron mayor endeudamiento, dado que usaron el ahorro público anterior; así, el mayor gasto público reemplazó al menor gasto privado sin necesidad de que los gobiernos se endeudaran.
El mundo basaba la recuperación en políticas fiscales expansivas, solo comparables con las implementadas en 1933 en el denominado New Deal. En términos teóricos, las crisis económicas plantean dos visiones; la primera sostiene que la política fiscal expansiva es necesaria para aumentar la demanda agregada y colaborar con la salida de la crisis (crecer para pagar); la visión opuesta señala que el ajuste fiscal es indispensable para restaurar la confianza en los mercados financieros y así aumentar el crédito y la inversión privada (pagar para crecer). La segunda visión guió al FMI en las condicionalidades impuestas a las economías emergentes en las crisis de la década de los noventa.
En los Estados Unidos, en febrero de 2009, la administración Obama respondió con el paquete de estímulo fiscal denominado, American Recovery and Reinvestment Act, con un monto de US$ 787 mil millones de dólares para ser usado en 2009 y 2010. Al igual que Canadá, combinaba mayor gasto público con menores impuestos. En noviembre de 2008, la Comisión Europea ya había implementado el Plan de Recuperación Económica Europea (European Economic Recovery Plan), que indicaba estímulos fiscales equivalentes a 1.5% del PIB. A nivel global y como porcentaje del PIB, el promedio en las economías avanzadas fue 3.7%, 4.7% en las economías en desarrollo y 5.8% en las economías en transición. Más allá de nombres el tema de fondo era cómo se financiaba el mayor gasto.
El problema fiscal de las economías avanzadas tuvo tres orígenes: la reducción de los ingresos tributarios, consecuencia de la recesión, los programas de rescate financiero y los de estímulo económico. La deuda pública agregada de las economías avanzadas en porcentaje del PIB pasó de 76% en 2007 a más de 100% en 2011. En contraste las economías emergentes cerraron el año 2009 con un porcentaje de 35%.
El foro de discusión dejó de ser el G-7 y pasó a ser el G-20, de modo de incluir a líderes de las economías emergentes. Las medidas fiscales expansivas evitaron un colapso productivo similar al del período 1929-33, etapa en la cual no hubo respuesta de los gobiernos. El déficit fiscal generado era funcional a la recuperación, pero el problema en las economías avanzadas vino por el lado del financiamiento a través de mayor deuda. Una de las lecciones es que en los mecanismos de salida de una crisis puede estar creándose la siguiente; entonces, la forma de salir de una crisis sí importa y ello une la crisis de los Estados Unidos con la europea.
¿Cómo respondieron los gobiernos ante la crisis financiera? ¿Tiene conexión el tipo de respuesta con la crisis europea de hoy ¿ Si la respuesta es positiva, ¿no serían ambas parte de la misma crisis? La crisis financiera fue enfrentada desde los gobiernos con políticas monetarias y fiscales expansivas para mantener el nivel de gasto de la economía. Como la crisis de los sistemas financieros había frenado la actividad productiva debido a la reducción de la inversión privada y del consumo privado, la respuesta vino por el lado del sector público a través de los denominados programas de estímulo económicos, es decir, mayor gasto público. Veamos el detalle.
Desde que estalló la crisis en 2008, la crisis financiera fue enfrentada, en un inicio, a través del uso de la política monetaria. Las reducciones en la tasa de interés y de la tasa de descuento tenían como objetivo aumentar el crédito a las familias y empresas. Sin embargo, los bancos no prestaban por varias razones. En primer lugar, la descapitalización por la reducción del valor de los activos de las entidades financieras redujo la capacidad de otorgar nuevos préstamos, es decir, las viviendas que habían embargado y los préstamos incobrables no tenían valor. En segundo lugar el deterioro de la situación económica disminuyó el número de deudores que podían afrontar el pago de deudas. A mayor riesgo, menor cantidad de préstamos. En tercer lugar, los mismos deudores solicitaban menos préstamos. En esas condiciones la política monetaria era inefectiva por la interrupción del canal crediticio; sin crédito ninguna economía puede funcionar
Mientras tanto, la expansión de la crisis financiera al sector productivo generó impactos sociales, manifestados en aumentos en la tasa de desempleo y en la pobreza. En los Estados Unidos, la tasa de desempleo en diciembre 2009 fue de 10% de la PEA, la mayor en los veinte años previos. Entre diciembre 2007 y diciembre 2009 se perdieron 7.2 millones de empleos. En España la tasa de desempleo aumentó de 8.3% en 2007 a 18.2% en 2009, mientras que en Estonia pasó de 4.7% a 15.0% en el mismo período. En Reino Unido se duplicó. El correlato fue una elevación de la pobreza.
La tasa de pobreza en los Estados Unidos aumentó de 13.2% en 2008 a 14.3% en 2009, la mayor desde 1994; en términos de personas, creció de 39.8 a 43.6 millones, el mayor número desde que existen estimados de pobreza (51 años). En el caso de los ciudadanos de raza blanca, el aumento fue de 8.6% a 9.4%, mientras que con los hispanos el crecimiento fue de 23.2% a 25.3%. En 2007 el número de pobres fue de 6.3 millones.
Detrás de los resultados estaba la reducción de la demanda agregada, consecuencia de la crisis financiera, cuyos efectos sobre la actividad productiva y comercio exterior impactaban sobre indicadores sociales. La demanda agregada está compuesta por el consumo (privado y público), la inversión (privada y pública) y las exportaciones. La crisis financiera redujo la inversión privada por los problemas en los sistemas financieros, mientras que el exceso de endeudamiento de las familias redujo el consumo privado. Entonces, dada la inefectividad de la política monetaria, el consenso, tanto en las economías avanzadas como las emergentes, apuntó a la implementación de programas de estímulo económico vía políticas fiscales expansivas. En términos simples, aumentos del gasto público (en especial inversión pública) y reducciones impositivas, que reemplacen las disminuciones del consumo e inversión privada.
Sin embargo, las medidas tendrían beneficios y costos; por el lado de los beneficios las economías volvieron a crecer en 2010, luego de una recesión sincronizada en 2009. A partir del estallido de la crisis (setiembre 2008), las autoridades implementaron distintas herramientas de política monetaria con el objetivo de evitar el colapso del sistema financiero. Préstamos directos, nacionalizaciones, inyecciones de capital y compra de activos tóxicos, entre otras medidas, fueron parte del menú. Cuando la crisis financiera impactó sobre el sector productivo, se sumaron políticas fiscales expansivas, materializadas en los programas de estímulo económico. El objetivo era aumentar la demanda agregada, cuya reducción debido a la interrupción del funcionamiento del sistema financiero y a la incertidumbre asociada, amplificó los efectos sobre el sector real. Uno de los costos más relevantes y que conecta la crisis de los Estados Unidos con la europea actual fue el crecimiento de los déficit fiscales, pues lo que estaba en cuestión era lo siguiente: ¿De dónde obtendría dinero el gobierno para financiar el mayor gasto?
La magnitud del crecimiento de los déficit fiscales dependía de la situación de partida. En el caso de las economías avanzadas, la mayoría ya tenía altos niveles de deuda antes de la crisis, en especial Estados Unidos, Grecia e Italia. El financiamiento de los programas provino de más deuda, amparados en el paraguas que representaba ser parte de la eurozona y ello generó la crisis de deuda soberana europea de 2010, que puso en riesgo la incipiente recuperación. En contraste, los países de América Latina lograron superávit fiscales durante el ciclo expansivo 2004-2007, por lo que, en general, no requirieron mayor endeudamiento, dado que usaron el ahorro público anterior; así, el mayor gasto público reemplazó al menor gasto privado sin necesidad de que los gobiernos se endeudaran.
El mundo basaba la recuperación en políticas fiscales expansivas, solo comparables con las implementadas en 1933 en el denominado New Deal. En términos teóricos, las crisis económicas plantean dos visiones; la primera sostiene que la política fiscal expansiva es necesaria para aumentar la demanda agregada y colaborar con la salida de la crisis (crecer para pagar); la visión opuesta señala que el ajuste fiscal es indispensable para restaurar la confianza en los mercados financieros y así aumentar el crédito y la inversión privada (pagar para crecer). La segunda visión guió al FMI en las condicionalidades impuestas a las economías emergentes en las crisis de la década de los noventa.
En los Estados Unidos, en febrero de 2009, la administración Obama respondió con el paquete de estímulo fiscal denominado, American Recovery and Reinvestment Act, con un monto de US$ 787 mil millones de dólares para ser usado en 2009 y 2010. Al igual que Canadá, combinaba mayor gasto público con menores impuestos. En noviembre de 2008, la Comisión Europea ya había implementado el Plan de Recuperación Económica Europea (European Economic Recovery Plan), que indicaba estímulos fiscales equivalentes a 1.5% del PIB. A nivel global y como porcentaje del PIB, el promedio en las economías avanzadas fue 3.7%, 4.7% en las economías en desarrollo y 5.8% en las economías en transición. Más allá de nombres el tema de fondo era cómo se financiaba el mayor gasto.
El problema fiscal de las economías avanzadas tuvo tres orígenes: la reducción de los ingresos tributarios, consecuencia de la recesión, los programas de rescate financiero y los de estímulo económico. La deuda pública agregada de las economías avanzadas en porcentaje del PIB pasó de 76% en 2007 a más de 100% en 2011. En contraste las economías emergentes cerraron el año 2009 con un porcentaje de 35%.
El foro de discusión dejó de ser el G-7 y pasó a ser el G-20, de modo de incluir a líderes de las economías emergentes. Las medidas fiscales expansivas evitaron un colapso productivo similar al del período 1929-33, etapa en la cual no hubo respuesta de los gobiernos. El déficit fiscal generado era funcional a la recuperación, pero el problema en las economías avanzadas vino por el lado del financiamiento a través de mayor deuda. Una de las lecciones es que en los mecanismos de salida de una crisis puede estar creándose la siguiente; entonces, la forma de salir de una crisis sí importa y ello une la crisis de los Estados Unidos con la europea.
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