EN DEFENSA DEL TRABAJO Y DEL VALOR AGREGADO
Desde sus inicios cuestioné la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín a principios de la década de los noventa por la ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses creados con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y donde resulta previsible mayores conflictos y afectaciones a los intereses del Estado y los trabajadores.
Esta realidad está
generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y
tributos dejados de percibir por más de 350 millones de dólares, compras
de energía a privados por más de 150 millones de dólares, y
particularmente se ha dejado de comprar más 3,400 millones de dólares
por concepto de concentrados de cobre, zinc, plomo, plata a las empresas
mineras que operan en el centro del país, con lo cual en lugar de
producir y exportar productos mineros refinados, se están exportando
concentrados de menor valor, y se están dejando de producir 19
subproductos adicionales de uso industrial que se obtenían antes del
proceso metalúrgico.
Esta paralización con
sus pérdidas millonarias como es evidente no afectan solamente a la
empresa minera Doe Run Perú y a su multimillonario accionista Ira
Rennert, especialista en la compra de empresas quebradas y el cobro de
seguros millonarios. En lo fundamental tiene consecuencias sobre los más
de 4,000 trabajadores directos e indirectos con sus familias que
dependen del empleo demandado por Doe Run Perú y el poder de compra
generado, que permite la reproducción de la vida cotidiana de La Oroya y
en el valle del Mantaro.
Si bien hasta ahora en
un esfuerzo la empresa minera titular del complejo ha pagado el 70% de
las remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única
mina operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa,
asumiendo un compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos
recursos resultan limitados y en el futuro próximo se dejarían de
abonar, si procede el evidente despojo sobre la propiedad que Doe Run
Perú adquirió sobre el complejo minero de La Oroya gracias a un
cuestionado contrato firmado en la privatización que tiene como
principal responsable al actual ministro del sector Ing. Jorge Merino
Tafur.
Se debe tener presente
que la unidad minera de Cobriza apenas aportaba el 20% de los
requerimientos de los concentrados de cobre en la fundición y explicaba
el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a
otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la
importancia productiva que tenía primero Cerro de Pasco, luego la
estatal Centromín, operando el complejo metalúrgico integrado con las
unidades mineras.
En verdad, esta es la
“madre del cordero” en los problemas del complejo minero metalúrgico de
La Oroya, pues al haber sido privatizado separado de las unidades
mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha,
Casapalca, y transferidos valiosos derechos mineros a vil precio, se
fracturó la unidad técnico-material existente entre el complejo refinero
y las minas.
Como en su momento lo
expresó el patriarca de la minería peruana, don Alberto Benavides de la
Quintana, el primer presidente del comité responsable de la
privatización de Centromín (ayer COPRI, hoy Proinversión), cuando
afirmaba que: “pretender vender el complejo minero metalúrgico de La
Oroya sin unidades mineras, es como querer vender un automóvil sin
motor, un absurdo”
Al no estar de acuerdo
con la privatización por partes de lo que fue la más importante empresa
minera del país, Centromín, Benavides de la Quintana renunció al cargo,
siendo los nuevos miembros responsables de la privatización los que
procedieron a la venta subvaluada y fragmentada de la minera estatal,
avalados por un estudio de la consultora Macroconsult que justificaba la
viabilidad en el largo plazo del Complejo de la Oroya con la unidad de
Cobriza.
Evidentemente el tiempo
ha demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de tal opción,
que se agravaron con la crisis financiera del 2008, cuando se
derrumbaron las exportaciones de Doe Run Perú en el mercado
norteamericano que concentraba el 30% de sus ventas, y se generaron los
problemas de pago con sus proveedores tales como Mra. Buenaventura, Mra.
Volcan, Glencore y en especial del grupo Cormin que estableció la
denuncia ante el Indecopi, buscando la reestructuración y el control de
La Oroya.
No tengo la más mínima
simpatía o compromiso con la empresa minera Doe Run Perú, pero habiendo
sido asesor laboral en algún momento del sindicato de trabajadores
obreros, reconozco la capacidad y eficiencia de sus trabajadores que
ahora se debaten en el subempleo, y donde por la antigüedad en el tiempo
de servicios, con una población importante con servicios por encima de
los 20 años, están en el límite de la jubilación, y sus derechos deben
ser asegurados.
En el mismo sentido debo
reconocer por la propia información producida por el organismo
regulador Osinergmin sobre las inversiones ambientales realizadas por
Doe Run a pesar de las postergaciones en el cumplimiento del Programa de
Adecuación Minero Ambiental (PAMA). Se debe advertir que con
inversiones ambientales superiores a los 330 millones de dólares a
diciembre del 2008 se habían superado con creces la mayoría de los
compromisos asumidos en la privatización del complejo.
Restando sin embargo las
propias obligaciones contractuales de inversión del propio Estado sobre
los suelos contaminados en La Oroya anteriores a la privatización;
estos compromisos fueron asumidos posteriormente por la empresa estatal
Activos Mineros y su incumplimiento ha generado juicios internacionales,
sin embargo nadie ha demandado la restructuración de esta empresa
estatal creada a fines del gobierno del presidente Alejandro Toledo,
para evadir los numerosos juicios que arrastraba la liquidación de
Centromín Perú.
En síntesis, la
inversión más importante en la construcción de la planta de ácido
sulfúrico para captar el dióxido de azufre del circuito de cobre ha
quedado inconclusa, con un avance del 50% por los problemas financieros
ocasionados por la crisis económica de fines del 2008. Se cumplió con
el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de
plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de
contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de
la gestión estatal, y de esto poco o nada dicen las ONGs
ambientalistas.
El faltante de inversión
en la planta del circuito de cobre se estima en más de 150 millones de
dólares, que racionalmente solo se podrían financiar con los ingresos y
utilidades que genere la puesta en marcha inmediata del complejo
metalúrgico, en el marco de un programa de inversiones que la empresa
Doe Run Perú está dispuesta a respetar. Así, resulta un contrasentido
condicionar el cumplimiento de la planta de ácido sulfúrico para después
autorizar el funcionamiento de la fundición, al menos que se pretenda
favorecer a terceros que están ávidos por el control del complejo minero
metalúrgico.
¿QUIÉN ES CORMIN?
Parece que los dados
están cargados para favorecer al Consorcio Minero (Cormin) una empresa
filial de Trafigura Beheer BV una gigante transnacional que opera
básicamente en el transporte y almacenamiento de combustibles y granos a
nivel mundial, con más de 25 instalaciones en Europa, el Medio Oriente,
Asia, Sudamérica y África. En nuestro país por los serios
cuestionamientos ambientales por la contaminación de plomo en la planta
de almacenamiento del Callao ha cambiado de nombre denominándose Impala
Perú desde abril del 2011.
Además, en el Perú el
grupo Trafigura Mining Group opera a través de su filial Iberian
Minerals que cotiza en la bolsa de Toronto, la Compañía Minera
Condestable S.A. que explota las minas de Condestable y Raúl en el
distrito de Mala Cañete al sur de Lima; éstas producen básicamente cobre
y algo de plata.
Como empresa
especializada en el comercio mundial de mercancías hace uso y abuso de
los llamados “precios de cobertura” con su asegurada Natixis con la cual
opera en diversas partes del globo. Ello ocasiona millonarias pérdidas
al fisco y a sus trabajadores, pues venden la tonelada de cobre a
precios fijados entre el 2006 al 2011 sobre los 4,400 dólares la
tonelada, cuando los precios de mercado superan de lejos los 8,000
dólares. Solamente el diferencial de precios de cobertura entre el 2008
al 2010 superan los 130 millones de dólares, de los cuales el fisco no
capta su participación por el impuesto a la renta.
Es más, Trafigura con su
filial Iberian Minerals opera de tal manera la Compañía Minera
Condestable que por acuerdo de directorio esta tuvo que asumir un
endeudamiento por más de 155 millones de dólares para financiar el
proyecto de Minas de Aguas Teñidas en España, lo cual en la práctica
constituye una transferencia de excedentes, donde una empresa minera de
un país subdesarrollado resulta financiando la inversión de un proyecto
minero en Europa.
Como Trafigura Mining
Group tiene también el 100% de las acciones de la minera Catalina Huanca
Sociedad Minera SAC ubicada en la provincia de Víctor Fajardo-
Ayacucho, donde opera básicamente con las llamadas contratas y bajos
salarios, con serios cuestionamientos ambientales.
Por ello, estamos
advertidos de los manejos nada transparentes de Cormin-Trafigura en
nuestro país, y las buenas relaciones de sus funcionarios con el actual
Ministro de Energía y Minas tal como lo reporta el artículo periodístico
del Diario 16, asimismo reproducimos el artículo del consultor César
Gutiérrez sobre el futuro de La Oroya y lo que debiera hacerse para
defender el interés público y de los trabajadores en especial.
En verdad, el Estado
como tal no puede abstenerse en reconocer que fue por decirlo
amablemente un error la privatización fragmentada de Centromín. Tampoco
puede dejar de reconocer los propios incumplimientos en la remediación
ambiental de los suelos de la ciudad de La Oroya que se debían de
financiar con los aportes y penalidades abonados por Mra. Antamina, por
el diferencial entre inversión proyectada y la inversión ejecutada. En
el mismo sentido, no puede evadir la responsabilidad que tiene la
empresa estatal Activos Mineros que sustituyó a Centromín en sus
obligaciones contractuales.
De allí, la
responsabilidad del Congreso de la República y en especial de la
Comisión de Energía y Minas de legislar para preservar ante todo el
interés nacional y regional, asegurando la reapertura del complejo
minero de La Oroya con plazos razonables para asegurar compromisos de
inversión de parte de Doe Run Perú con su desistimiento de juicios
internacionales al Estado. Si se tiene en cuenta que las mayores
obligaciones en el actual proceso de reestructuración empresarial
residen en el Estado, los trabajadores y en la empresa matriz, es
posible una solución satisfactoria al menos que se quiera “encender la
pradera en la región central del Perú”.
La Oroya en Manos del Humalismo
Por César Gutiérrez
Ya que la gran
transformación prometida por el Humalismo no se dio, ni se dará, pues
ella era entendida como una variación de las relaciones de poder, donde
los que hoy no son tomados en cuenta podrían revertir su situación y a
cambio tenemos el sometimiento gustoso y militante al establishment. Es
bueno recordarle a la pareja gobernante, que los electores no solo se
necesitan una sola vez, ni un voto es despreciable para político con
sapiencia. En ese orden de ideas una ciudad de 21,000 habitantes, como
La Oroya, al menos por interés electoral, ya que tengo mis serias dudas
de la sensibilidad social de los inquilinos transitorios de la Casa de
Pizarro, debe ser considerada.
Tanto por el poder
ejecutivo como el legislativo, el gobierno tiene en sus manos la suerte
de esta ciudad enclavada en las alturas de los Andes. De manera
lamentable e ignorante su futuro se maneja como si solo se tratara de
una discusión fenicia de acreedores y deudores, poniendo como telón de
fondo la contaminación ambiental y su efecto en las personas, convertida
en coartada, cuando debería ser uno de los ejes de la discusión.
Nadie podrá negar que intereses de grupos empresariales existen.
Una refinería-fundición de minerales, que agrega valor económico a la
producción de concentrados, como el Complejo Metalúrgico de La Oroya y
una mina donde se extraen cantidades significativas de minerales de alta
cotización como la plata, el cobre y el indio; como Cobriza, son
delicioso manjar para “traders” y productores mineros, como lo son:
Cormin, de la multinacional de la comercialización de “commodities”,
Trafigura y de la minera local con talla internacional, Buenaventura.
Nada mal les vendría hacerse de las dos unidades de negocios, así que la
intervención de estudios de abogados, comunicadores ambientales,
económicos y sociales, no es a nombre del purismo del mundo verde y de
las aves cantoras que nos hacen despertar con sus dulces silbidos.
El pretexto de los desencuentros de la troika acreedora: gobierno-Cormin-Buenaventura y la empresa Doe Run Perú, es
el pesado lastre llamado Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA).
Mucho se podrá decir a favor y en contra de: postergaciones;
incumplimientos, donde el estado no puede exonerarse y deudas. Ahora lo
que compete es actuar con pragmatismo y responsabilidad, para ello la
indesligable pareja Heredia-Humala, debería escuchar a las partes:
acreedores empresariales e institucionales, deudores y trabajadores.
Luego tomar las decisiones en absoluto privado, sin consejerías que
susurren al oído, pues no habrá opinión inocua. Una ronda de
conversaciones para tomar conocimiento y la toma de decisiones no tendrá
razón alguna para que sea haga en menos de 48 horas, no solo porque es
el tiempo suficiente, sino porque es el plazo que queda para encontrar
una salida para salvar a la ciudad de La Oroya.
El gobierno tiene el
absoluto control de las decisiones que se tomen, lo que ocurra será de
su responsabilidad. Por un lado es el integrante mayoritario en la junta
de acreedores y por otro tiene la mayor bancada en el Congreso, donde
en su mesa directiva, desde Marzo pasado, hay una ley pendiente de
discusión y votación, que será elemento determinante.
Un hecho factual es que
dada la liquidación en marcha de Doe Run Perú, no habrá nadie quien se
haga cargo de la planilla de los 2,500 trabajadores del Complejo
Metalúrgico, cuya cuantía con beneficios sociales incluidos, asciende a
143 millones de dólares para el plazo de 30 meses mínimos que la planta
estaría cerrada hasta que pueda operar cumpliendo los estándares
ambientales. Eso tiene un nombre, el cierre de la ciudad, pues el
principal empleador que genera la economía de la zona, es la unidad
productiva referida.
La salida no es nada
difícil, solo requiere firme decisión: obligación garantizada
razonablemente, de cumplimiento del PAMA; pago asegurado a los
acreedores y reinicio inmediato de operaciones. Así nadie perdería,
salvo que la visión sea otra, como la oportunidad de deshacerse de un
operador e ingresar a otros interesados. Tengan en cuenta que en
operaciones mineras nadie está libre de culpas, así como hoy hay campaña
de desprestigio sobre una, ella es completamente intercambiable, mañana
podrá haber sobre cualquiera que esté en el control, todas tienen techo
de vidrio y nadie puede escamotear su pasado.
Artículo Publicado el 20 de Mayo 2012 En www.generacción.com
Artículo periodístico de Diario 16
“Hasta que el ministro
de Energía y Minas, Jorge Merino, abandonó todo decoro. El pasado martes
22 (de mayo), a las 5 de la tarde, Ricardo Trovarelli, quien sería
amigo íntimo del titular del sector y presidente de Cormin-Trafigura,
habría presidido en la sala de reuniones del propio viceministerio de
Minas, una reunión con los líderes sindicales de Doe Run Perú (DRP),
para intentar que firmen un proyecto de convenio laboral de liquidación
que más bien parecía una “carta de sujeción”, que mencionaba un programa
de evaluación y la reasignación de los puestos sin que se priorice el
reinicio de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).
El ciudadano argentino
Trovarelli, muy sonriente, con una luminosa corbata amarilla, un terno
plomo y una camisa celeste, se paseaba –según fuentes- a sus anchas en
el local ministerial escoltado por Rosario Patiño, representante del MEM
en la Junta de Acreedores, el propio asesor principal del ministro
Edwin Regente y la secretaria general Fiorella Moreno. Por parte de los
trabajadores encabezaban la delegación Luis Castillo, secretario general
de la Federación Minera; Royberto Guzmán del Sindicato Metalúrgico;
Eduardo Rojas, del sindicato unitario (pro Cormin-Trafigura), entre
otros.
Los trabajadores estaban
sorprendidos. Porque, por si fuera poco, era Cormin-Trafigura el único
acreedor minero en el cónclave, como para que les quede claro a los
trabajadores quién es el que realmente ‘corta el jamón’ en el MEM y de
paso en la Junta de Acreedores de DRP.
Los trabajadores,
sorprendidos, han ensayado una primera respuesta en publicaciones en La
Oroya: Merino y Trovarelli se conocen desde 1991 cuando ambos
gerenciaban almacenes vecinos de minerales en el Puerto del Callao.
Luego, en el 2001, Merino como presidente de Centromin privatizó este
almacén de 76 mil metros cuadrados a favor de Cormin-Trafigura, con una
concesión del terreno a razón de un alquiler mensual de US$ 75 mil, es
decir, menos de un dólar el metro cuadrado y vendiendo el 100 % de esta
filial de Centromin a la bicoca de US$ 1 millón.
Esta amistad, que
levanta suspicacias, podría provocar también muchos recelos en la
primera dama, Nadine Heredia, porque este almacén de Cormin- Trafigura
ha sido demandado por 300 pobladores contaminados por plomo del Callao
(Puerto Nuevo) bajo el expediente MC-199-09 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Niños de los colegios
contiguos, María Reiche y República de Venezuela vienen protestando sin
mayor éxito. El MEM, sin embargo, en actitud cómplice con esta empresa
se niega a revelar los resultados del informe de la consultora Ground
Water Internacional -contratada por el Estado en el 2010 –a los
afectados pese a haber sido requeridos por la Ley de hábeas data, por la
abogada Sandra Barros. Otro indicio de la fuerza de Trovarelli en el
MEM.
UNA VERDADERA MILONGA
En la cita, que duró dos
horas, Trovarelli conminó: “Yo me estoy preocupando porque se respeten
sus derechos” y a renglón seguido les presentó el proyecto de convenio
de tres hojas para que estampen su firma.
Luis Castillo respondió:
“Yo tengo que consultar con las bases en una asamblea” a lo que la
doctora Patiño, jugando en pared con Cormin-Trafigura (como lo hace en
las juntas de acreedores de DRP) sin ningún reparo, acotó con dureza,
“¡Si usted es el dirigente para qué tiene que consultar con las bases!”.
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