BONANZA MINERA Y CONFLICTO SOCIAL
Por Efraín Gonzales de Olarte
La bonanza minera, que genera bonanza fiscal, es curiosamente fuente de conflictos sociales en varios lugares del Perú. ¿No debería ser al revés?
El sentido común indica que la pobreza se puede aliviar de dos maneras: con recursos que vienen del gobierno o con la creación de nuevas fuentes de ingreso para los pobres, con proyectos productivos privados o públicos que generen empleo. En ambos casos las fuentes de descontento, frustración y potenciales conflictos sociales deberían amainarse.
En el caso de Conga, Espinar y otros lugares del Perú, el Estado tiene recursos como nunca los tuvo, las empresas invierten y, sin embargo no disminuye la pobreza. Es obvio que las fuentes de conflicto seguirán latentes y con la menor chispa se convertirán en violencia social ¿Qué está fallando?
En primer lugar, los grandes proyectos mineros no crean mucho empleo dadas sus tecnologías, en consecuencia, el alivio de la pobreza vía empleo debería venir por la inversión en otros sectores que demanden más mano de obra, es decir faltan políticas sectoriales para promover la inversión en sectores distintos a la minería.
En segundo lugar, el estado no está siendo efectivo en aliviar la pobreza a través del gasto público. No olvidemos que el Estado peruano es descentralizado y tiene tres niveles de gobierno: central, regional y local, cada uno con sus funciones ¿cuál de ellos está fallando? Yo creo que todos, porque no coordinan, no hay planificación estratégica y los gobernantes están más interesados en sus agendas personales, grupales o políticas. En suma estamos frente a un estado débil y fragmentado con plata, es decir una mezcla explosiva, que si no se hace algo seguiremos teniendo conflictos y violencia.
¿Qué hacer? Primero, reestablecer la coordinación entre niveles de gobierno y un plan de estratégico, para dar orden y norte a las acciones del estado. Segundo, recordar a alcaldes y presidentes regionales que ellos hacen parte del estado y, en consecuencia, son primera y segunda instancia para la solución de conflictos, no para crearlos. Tercero, recordar al Presidente que tiene que aclarar su ambigüedad entre minería y agua y debe dar una señal clara de por donde transitar. Cuarto, requiere a gritos operadores políticos conciliadores, para evitar mayores conflictos.
La bonanza minera, que genera bonanza fiscal, es curiosamente fuente de conflictos sociales en varios lugares del Perú. ¿No debería ser al revés?
El sentido común indica que la pobreza se puede aliviar de dos maneras: con recursos que vienen del gobierno o con la creación de nuevas fuentes de ingreso para los pobres, con proyectos productivos privados o públicos que generen empleo. En ambos casos las fuentes de descontento, frustración y potenciales conflictos sociales deberían amainarse.
En el caso de Conga, Espinar y otros lugares del Perú, el Estado tiene recursos como nunca los tuvo, las empresas invierten y, sin embargo no disminuye la pobreza. Es obvio que las fuentes de conflicto seguirán latentes y con la menor chispa se convertirán en violencia social ¿Qué está fallando?
En primer lugar, los grandes proyectos mineros no crean mucho empleo dadas sus tecnologías, en consecuencia, el alivio de la pobreza vía empleo debería venir por la inversión en otros sectores que demanden más mano de obra, es decir faltan políticas sectoriales para promover la inversión en sectores distintos a la minería.
En segundo lugar, el estado no está siendo efectivo en aliviar la pobreza a través del gasto público. No olvidemos que el Estado peruano es descentralizado y tiene tres niveles de gobierno: central, regional y local, cada uno con sus funciones ¿cuál de ellos está fallando? Yo creo que todos, porque no coordinan, no hay planificación estratégica y los gobernantes están más interesados en sus agendas personales, grupales o políticas. En suma estamos frente a un estado débil y fragmentado con plata, es decir una mezcla explosiva, que si no se hace algo seguiremos teniendo conflictos y violencia.
¿Qué hacer? Primero, reestablecer la coordinación entre niveles de gobierno y un plan de estratégico, para dar orden y norte a las acciones del estado. Segundo, recordar a alcaldes y presidentes regionales que ellos hacen parte del estado y, en consecuencia, son primera y segunda instancia para la solución de conflictos, no para crearlos. Tercero, recordar al Presidente que tiene que aclarar su ambigüedad entre minería y agua y debe dar una señal clara de por donde transitar. Cuarto, requiere a gritos operadores políticos conciliadores, para evitar mayores conflictos.
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