LOS HIDROCARBUROS Y EL ESTADO

  Por Jorge Manco Zaconetti.

 

 

En América Latina, una exitosa intervención del Estado en la economía, con un modelo de desregulación, apertura y libre competencia, lo constituye la experiencia chilena, que con dos empresas estatales en sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos garantiza una efectiva regulación y mayores ingresos fiscales.

Así, con Codelco mantiene el liderazgo mundial en la producción de cobre con una fuente de acumulación interna del excedente económico reconocido como renta minera. Por otro lado, con la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) de Chile, que explora y explota también fuera de sus fronteras, busca incrementar sus reservas y producción de hidrocarburos en el marco de un proyecto nacional de desarrollo articulado a la economía mundial.

Enap, por medio de su empresa filial Sipetrol, realiza actividades de exploración/explotación en Ecuador, Argentina y Egipto, que sumadas a la producción interna totalizan 47 mil barriles diarios de crudo en 2011, insuficientes para satisfacer el mercado interno que demanda más de 300 mil barriles diarios.

Es más, con inversiones de 264 millones de dólares en 2011 intentó incrementar las reservas de crudo, para alcanzar en el largo plazo la seguridad energética.

Con el control estatal eficiente de sus refinerías de Aconcagua y de Bío Bío modernizadas para la producción de combustibles ambientalmente limpios, pues producen desde inicios de la década pasada combustibles con 50 partes por millón de azufre, mientras nosotros seguimos produciendo diésel con 2,500 partes de millón de azufre, con altos costos ambientales que se superarán con la modernización de las refinerías de Talara, de Petroperú, y de La Pampilla-Repsol en 2015.

Desde 2004 nuestro vecino atraviesa una severa crisis energética ante los problemas de abastecimiento de Argentina, que tuvo que restringir las exportaciones de gas hacia Chile que se venían desenvolviendo como negocios privados desde fines de la década de 1990.

Durante el primer gobierno del presidente Néstor Kirchner se regularon los precios del petróleo y gas a nivel interno, fijando el precio del crudo a menos de 40 dólares el barril, lo cual se tradujo en una disminución de la producción y de las reservas de petróleo y gas.

El gobierno argentino obligó a las empresas privadas a una reducción de las exportaciones que de 900 millones de pies cúbicos diarios disminuyeron a menos de 100 millones. Esta tensa relación se expresa actualmente en las contradicciones del actual gobierno argentino con Repsol y con la nacionalización de las acciones de la transnacional española en la empresa YPF, la principal empresa petrolera de Argentina.

En Chile, la cultura del gas y la supuesta seguridad de la interconexión gasífera con su vecino transandino estimularon la construcción de una serie de gasoductos internacionales e internos que atraviesan su territorio de norte a sur. Así, en la Zona Norte la extensión de su red de tubería superan los 2,345 kilómetros. En la zona Centro totalizan los 1,403 kilómetros y en la Zona sur de Magallanes, los 842 kilómetros. Es decir, nuestro vecino no tiene gas, pero posee una formidable red gasífera.

Por ello, la intervención del Estado desde 2004 apostó por la seguridad energética, teniendo a las empresas estatales Enap y Codelco como las principales impulsoras, en alianza con empresas privadas, en la construcción de dos plantas de regasificación (Gran Norte y Quintero); es decir, la conversión del gas licuefectado importado de cualquier parte del mundo en gas natural, para que pueda alimentar los diversos gasoductos que atraviesan su territorio y superar la dependencia del gas proveniente de Argentina.

Desgraciadamente, en nuestro país se reproducen discusiones bizantinas sobre la intervención del Estado, por medio de Petroperú, en el financiamiento del Gasoducto Andino del Sur, lo que minimiza las extraordinarias posibilidades y efectos multiplicadores que ello tendría en la economía del país en su conjunto.

La seguridad energética, la masificación del gas natural, la apuesta por las políticas de valor agregado y la petroquímica, el desarrollo regional y la lucha contra la pobreza, demandan una participación sensata y promotora del Estado en el Gasoducto del Sur Andino, para superar la "herencia colonial" y las profundas fracturas sociales existentes en nuestro país.