La protesta social no es un crimen
De los gobiernos de Fujimori, Toledo y el segundo de García, hemos heredado un duro régimen jurídico que facilita la represión contra la población que protesta en los conflictos sociales.
Desde la lucha contra el supuesto terrorismo agravado que metía en un mismo saco a un terrorista y a un dirigente social, pasando por el incremento de penas, hasta la impunidad de los efectivos policiales que matan a un protestante, se ha ido configurando lo que en el mundo de los derechos humanos se denomina “criminalización de la protesta”, es decir convertir a la protesta social en un crimen al cual perseguir.
Pero más aún, los cientos de muertos que se han producido en hechos como los de Bagua, Chala, Madre de Dios, Arequipa, Piura entre otras zonas sobrepasan esta criminalización de la protesta hasta convertirla en crimen contra la protesta. Hoy, que la Defensoría del Pueblo anuncia que la conflictividad socioambiental se ha incrementado en el último año de 93 a 117 casos, es preciso tener una nueva estrategia, que se centre en el diálogo y la prevención.
Uno de los conflictos sociales más importantes que deben resolver las autoridades es el derivado del proyecto minero Conga, que mantiene un grado alto de polarización. En el fondo de este asunto hay un problema mayor, que tiene que ver con la falta de credibilidad de la población. La convocatoria a un nuevo paro regional los últimos días del mes de mayo da un plazo para definir nuevas posiciones de todos los actores involucrados en este problema. Insistir en el camino del diálogo es indispensable, sobretodo si recordamos que en su mensaje a la nación sobre Conga el presidente Humala habló de una “nueva minería”, sin que hasta la fecha haya habido cambio legal alguno al respecto.
Pero mientras Conga sigue por definirse, hay más conflictos en desarrollo, en Espinar, en Cerro de Pasco, en La Oroya y en otras localidades.
Ante estos hechos, Otra Mirada recomienda que los recursos de los que dispone el Ejecutivo deban ser invertidos en desarrollo antes que en represión. Si bien la lógica de la criminalización de la protesta, diseñada por las fuerzas reaccionarias del país, fue repotenciada por el gobierno de García, el actual gabinete encabezado por Oscar Valdez la viene reforzando, lo que es contrario a la oferta electoral de Gana Perú.
El peligro es que se aliente una institucionalidad autoritaria, en la que la cantidad de muertos aumente como producto de la represión en conflictos sociales. Estamos por superar la decena de muertes durante la gestión Valdés, pero eso no significa en ningún extremo mayor solidez del gobierno. Al contrario, estamos viendo las debilidades de un régimen que al mismo tiempo que decide movilizar a 2 mil efectivos de las fuerzas del orden a custodiar los intereses de Yanacocha en Cajamarca, no tiene una estrategia adecuada para enfrentar eficazmente al “senderismo” de los Quispe Palomino en el VRAE.
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