Impuestos sí, saqueo no
Por Arturo Belaunde
Es indudable que los impuestos deben pagarse por lealtad al país y por ser uno de los mecanismos indispensables para que el país cuente con recursos para dar a la ciudadanía los servicios, la seguridad y la paz que necesita.
También se debe cumplir con el fisco por solidaridad con los que menos tienen, a los que el Estado debe atender al menos con servicios de salud y Educación, y para contribuir a la inclusión y la equidad social sobre las cuales se afirmará con solidez la democracia.
Nadie debe, pues, eludir la obligación de pagar impuestos y los encargados de cobrarlos deben cumplir su deber con celo y dedicación.
Pero nada debe llegar a extremos tales que lleven al atropello y al autoritarismo, porque por esta vía los contribuyentes pueden quedar librados a la discrecionalidad de algún funcionario, al exceso o el error en la interpretación de una norma, o al extremismo de quienes, dotados de demasiado poder, virtualmente acogoten a los contribuyentes.
Algo de eso sucede cuando, por ejemplo, a una empresa cumplidora de sus obligaciones que por algún problema cayó en un retraso moderado y excepcional, se le confisque ingresos bancarios que esa empresa necesitaba para mantener sus operaciones y generar el excedente que le permitiera pagar los tributos adeudados y la correspondiente mora.
Los casos a citar son innumerables y no nos vamos a extender en ello, pero sí creemos pertinente señalar que, invariablemente, quienes sufren de esa virtual exacción y de esos evidentes abusos son generalmente empresas nacionales medianas o pequeñas, rara vez las grandes y poderosas, menos aún las transnacionales que se dan el lujo de no pagar y costear abogados que lleven las deudas a los tribunales donde congelan los procesos, sin que nadie atine a exigirles pagar primero y reclamar después.
La política tributaria heredada por este gobierno, que mantiene rigurosamente la Sunat, está por cierto plasmada en los escandalosos proyectos de ley que un conocido profesional puso en evidencia y con los que se pretendía cobrar impuestos a los trabajadores que ganaran desde mil soles mensuales. Un verdadero despropósito.
La miopía de quienes invocan su supuesta condición de técnicos ajenos a la política, de haber prosperado esas iniciativas, hubiera provocado una verdadera conmoción social con efectos desestabilizadores y dañinos a la democracia. Hizo bien el gobierno en descartar la idea y esperamos que la decisión sea definitiva.
Los proyectos, por cierto, apuntaban a presionar aun más a los contribuyentes de la quinta categoría (asalariados) y la tercera categoría (empresas), las eternas “víctimas” del sistema tributario vigente.
Es indudable que los impuestos deben pagarse por lealtad al país y por ser uno de los mecanismos indispensables para que el país cuente con recursos para dar a la ciudadanía los servicios, la seguridad y la paz que necesita.
También se debe cumplir con el fisco por solidaridad con los que menos tienen, a los que el Estado debe atender al menos con servicios de salud y Educación, y para contribuir a la inclusión y la equidad social sobre las cuales se afirmará con solidez la democracia.
Nadie debe, pues, eludir la obligación de pagar impuestos y los encargados de cobrarlos deben cumplir su deber con celo y dedicación.
Pero nada debe llegar a extremos tales que lleven al atropello y al autoritarismo, porque por esta vía los contribuyentes pueden quedar librados a la discrecionalidad de algún funcionario, al exceso o el error en la interpretación de una norma, o al extremismo de quienes, dotados de demasiado poder, virtualmente acogoten a los contribuyentes.
Algo de eso sucede cuando, por ejemplo, a una empresa cumplidora de sus obligaciones que por algún problema cayó en un retraso moderado y excepcional, se le confisque ingresos bancarios que esa empresa necesitaba para mantener sus operaciones y generar el excedente que le permitiera pagar los tributos adeudados y la correspondiente mora.
Los casos a citar son innumerables y no nos vamos a extender en ello, pero sí creemos pertinente señalar que, invariablemente, quienes sufren de esa virtual exacción y de esos evidentes abusos son generalmente empresas nacionales medianas o pequeñas, rara vez las grandes y poderosas, menos aún las transnacionales que se dan el lujo de no pagar y costear abogados que lleven las deudas a los tribunales donde congelan los procesos, sin que nadie atine a exigirles pagar primero y reclamar después.
La política tributaria heredada por este gobierno, que mantiene rigurosamente la Sunat, está por cierto plasmada en los escandalosos proyectos de ley que un conocido profesional puso en evidencia y con los que se pretendía cobrar impuestos a los trabajadores que ganaran desde mil soles mensuales. Un verdadero despropósito.
La miopía de quienes invocan su supuesta condición de técnicos ajenos a la política, de haber prosperado esas iniciativas, hubiera provocado una verdadera conmoción social con efectos desestabilizadores y dañinos a la democracia. Hizo bien el gobierno en descartar la idea y esperamos que la decisión sea definitiva.
Los proyectos, por cierto, apuntaban a presionar aun más a los contribuyentes de la quinta categoría (asalariados) y la tercera categoría (empresas), las eternas “víctimas” del sistema tributario vigente.
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