EL GASODUCTO DEL SUR ANDINO Y EL ROL DEL ESTADO
Por JORGE MANCO ZACONETTI
La seguridad energética, la masificación del gas natural, la
apuesta por las políticas de valor agregado y la petroquímica, el desarrollo
regional y la lucha contra la pobreza, demandan una participación sensata y
promotora del Estado en el Gasoducto del Sur Andino para superar la “herencia
colonial” y las profundas fracturas sociales existentes en nuestro país.
Por tanto el discurso neoliberal que apuesta por la
intervención subsidiaria del Estado está fuera de lugar, no sintoniza con la
realidad económica, ni con la historia ni con la demanda de los pobres del sur
andino que requieren las condiciones mínimas, entre ellas la energía barata
para salir del atraso y miseria.
Sin energía no hay desarrollo posible por ello es obligación
del Estado promover las inversiones para que ello sea efectivo, con la debida
responsabilidad social y ambiental. Por tanto, aquellos que afirman
dogmáticamente que el Estado “no debe invertir ni un dólar en el gasoducto del
sur”, no solamente están contra la historia en tiempos de crisis, sino que
están condenando a la mayor pobreza a los compatriotas del sur de nuestro país.
En el sur peruano existen extraordinarias condiciones
naturales y económicas que debidamente aprovechadas en una generación -25 a 30
años- podrían convertir a nuestro país en una plataforma de exportación de
productos petroquímicos, agroindustriales,
mineros y electricidad, elevando los niveles de empleo e ingresos de la
población.
¿DÓNDE ESTÁ EL
MERCADO?
La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea entre
1996 y el 2004 nos demuestra la intervención del Estado, como promotor
generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado
para el gas natural. Al respecto se debería recordar y analizar en su momento
la serie de normas al respecto, a pesar de la existencia de reservas probadas
del lote 88 que fueron descubiertas en 1984.
En esa época incluso de limitó la construcción de centrales
hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del
gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación
hidráulica ElectroPerú compre 70 millones de pies cúbicos diarios de gas
natural, en un contrato “take or pay” para que estos volúmenes sirvan a la
transnacional Endesa y los utilice en su unidad térmica de Ventanilla al norte
de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice el gaseoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.
También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos
del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de
energía, desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal
(GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable
el gasoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP),
donde están, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el
Consorcio Camisea.
Se establecieron una serie de beneficios tributarios que
permitieron a los accionistas del llamado Consorcio la realidad de los
importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el
descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes
88 y 56. Beneficios que van desde el
fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del
pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las
actividades de inversión de riesgo eran mínimas.
También se aprobó una ley que permitía la posibilidad del
recupero de la inversión mediante los cargos de depreciación con el efecto
“arrastre de pérdidas” hasta 8 años, lo cual significaba un escudo tributario y
pagar mínimos abonos por concepto de impuesto a la renta. Es más, el ministro
de energía y minas de ese entonces acompañaba indebidamente a los funcionarios
del Consorcio Camisea en la solicitud de préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), avalando con su presencia un negocio privado.
Es decir, fue una
política deliberada de Estado que
involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo
posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas que
ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.
Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado
y la intervención de PetroPerú señalan que el Estado “no debe invertir ni un
dólar” en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando
la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza
pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o con cualquier otra
empresa que tenga la decisión y el financiamiento requerido por los altos
niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares.
Es más, serán los estudios de mercado de organismos
internacionales responsables como la CAF, COFIDE u otros los que establecerán
el valor de las inversiones que generan naturales suspicacias, todo ello en el
marco de la debida transparencia. Si se tiene presente que la tonelada de
hierro en el 2007 tenía un precio de 39 dólares para superar los 100 dólares en
el 2011, resulta evidente el incremento de los montos de inversión para el
levantamiento del gasoducto, como que han subido el conjunto de equipo y maquinaria utilizada en el sector.
Existe un potencial mercado identificado en el sector
minero. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión
estimada por encima de los US $ 30 mil millones de dólares, sea en Apurímac
(Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay,
Quechua, La Granja etc.), en Arequipa ( Ampliación de Cerro Verde, Tía María,
Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la
Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno ( Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna
(Ampliación de Toquepala y Pucamarca)
Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas
para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas
natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo Moquegua. Allí
se levantaría nuestro polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil
millones de dólares, que permitirán producir no solamente fertilizantes sino
sobre todo polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que
permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos
sintéticos, fibras, envases, etc.
En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como
promotor y protagonista si es que de verdad se quiere masificar la cultura del
gas en los departamentos del sur peruano que por razones institucionales e
históricas concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en
condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Los 30 mil millones de dólares en proyectos mineros que
requieren energía a precios competitivos, ambientalmente limpia, las
inversiones en la generación eléctrica y petroquímica con montos superiores a
los 15 mil millones de dólares requieren una participación e inversión inicial
de parte del Estado por lo menos en el tramo del gasoducto que va desde
Camisea a Quillabamba por estrictas razones de seguridad energética.
GAS PARA LOS
POBRES
En tal sentido, la masificación del gas natural es un
instrumento para alcanzar el desarrollo, para dotar a las pequeñas, medianas y
grandes empresas la suficiente energía en cantidad y calidad que permita una
mayor competitividad y bienestar. Ello permitiría que los departamentos del
Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, y Tacna que representan apenas un poco más del
12% del Producto Bruto Interno (PBI), en especial su población se beneficie de
la “cultura del gas natural”.
Por experiencias de otros países el consumo residencial y
vehicular siempre representan participaciones que no superan el 5% de la
demanda total, por ello es importante la intervención del Estado y PetroPerú en
su representación para la construcción de la demanda en el sur del país.
Articular los intereses mineros, eléctricos, la petroquímica, las exportaciones
con los intereses de la población demandan la participación del Estado.
En cuanto a la pobreza no estamos señalando solamente a los
departamentos de Ayacucho y Huancavelica que con la estimación del índice de
desarrollo humano (IDH) para medir la pobreza ocupan los puestos, 21º y 24º
respectivamente que se benefician conjuntamente con Ica y Región Lima del Fondo
de Desarrollo Socio Económico de Camisea (FOCAM), sino a departamentos como
Puno que se ubica en el puesto 22º y Cuzco con el 17º, además de las
poblaciones consideradas de Arequipa, Moquegua y Tacna. Mantener esta realidad
recrea las condiciones para mayores conflictos sociales que ponen en riesgo la
gobernabilidad del país.
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