PetroPerú y ElectroPerú en su rol subsidiario

 Por Jorge Manco Zaconetti.

 

La intervención del Estado en la economía salvó al capitalismo de la crisis general que sacudió al conjunto de las economías en los años treinta del siglo pasado con la excepción de la economía soviética. El nacional socialismo de Hitler en el poder desde 1933 sin haber leído la “Teoría General del Empleo, Dinero e Interés” de Keynes (1936), también recuperó la economía germana de la crisis con la intervención del Estado, mediante el rearme militar en alianza con el gran capital, reprimiendo las libertades individuales y a los sindicatos. Es célebre la afirmación de Herman Goering ante cientos de empresarios si se debe elegir entre la producción de “cañones o mantequilla” y la elección llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial.

La esencia del aporte keynesiano al análisis económico consistió en justificar teóricamente la intervención del Estado generando demanda efectiva, fomentando inversiones públicas, incrementando el consumo y empleo, para compensar las tendencias histórico naturales de la economía capitalista a la depresión y desempleo.

La intervención del Estado en la economía es recurrente, cíclica a pesar del cuestionado discurso liberal que limita sus funciones básicas a las propias del siglo XIX. Es decir, la satisfacción de las necesidades sociales de educación, salud, seguridad etc. La frase de Adam Smith sobre los “Vicios Privados Virtudes Públicas”, en el sentido que cada empresario buscando su propio interés permite alcanzar el bienestar general, constituye un dogma desmentido que termina en la anarquía de la producción y a las crisis económicas periódicas que abaten al capitalismo.

Siempre se soslaya la intervención del Estado para enfrentar las recurrentes crisis económicas financieras que sacuden al sistema. Por ello, bien vale recordar el último rescate financiero del gobierno norteamericano a fines del 2008 que tuvo que inyectar más de 800 mil millones de dólares para asumir pasivos privados, comprar “deuda sucia” y oxigenar a la primera economía del mundo, en bancarrota por la especulación y la usura. A pesar de ello, el problema sigue latente y la recesión mundial está a la vuelta de la esquina, pese a los malabares financieros de los gobiernos europeos y a San Obama.

La intervención del Estado en la economía es y será un tema polémico por los intereses económicos y sociales contrapuestos que están en juego, por las diferencias entre el interés público y privado; por ello la oposición entre Estado y Mercado se supera en la práctica con políticas sensatas que satisfagan el interés público, el crecimiento económico, y aseguren la gobernabilidad del país.

La prueba es que en nuestro país, en el sector energético operan una serie de empresas estatales con eficiencia y rentabilidad para sus matrices. Pruebas al canto: Petrobras del Brasil, Ecopetrol de Colombia, KNOC de Corea del Sur, Sapet y CNP International de la China Comunista, ENAP de Chile, Sonatrach de Argelia.

En la parte eléctrica, en el Perú la trasmisión de energía está bajo responsabilidad de la empresa ISA de Colombia con una mayoría accionaria del Estado, y la transnacional Endesa de Italia tiene como accionista importante al propio Ministerio de Economía y Finanzas del Estado italiano.

Lo que debiera interesar en la gestión de una empresa sea estatal o privada es la eficiencia, productividad, rentabilidad y transparencia en sus actividades. Es más, en sectores que están relacionados con la energía, la seguridad es una responsabilidad del Estado y no de las empresas.

¿POR QUÉ INTERVENIR?

La participación directa del Estado en la economía es más urgente y necesario cuando buena parte de la población como es el caso del Perú está considerada como pobre según los distintos indicadores que se asuman para su estimación, con históricas fracturas sociales, falta de integración nacional, y graves conflictos sociales, sobre todo provocados por faltas ambientales, uso del agua que dificultan la promoción de inversiones privadas.

En el caso de la intervención del Estado peruano por medio de sus empresas estatales PetroPerú y ElectroPerú, como socio minoritario en el Gaseoducto Andino del Sur, con inversiones colaterales en la generación eléctrica con una planta térmica a gas natural de 200 megavatios y una pequeña planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) en Quillabamba provincia de La Convención-Cusco, más una planta de fraccionamiento de líquidos en Kespahiato distrito de la referida provincia, son necesarias desde el punto de vista social pero de una dudosa rentabilidad en el corto y mediano plazo.

Es importante recordar que estas inversiones están respetando el mandato constitucional del llamado rol subsidiario del Estado en la economía, pues no resultaría interesante para el capital privado invertir en una central térmica en Quillabamba, cuando lo utilitario desde el punto de vista de la ganancia privada es la inversión en el “sur chico” de Lima para conectarse fácilmente con el gaseoducto de Camisea, comprando gas barato del lote 88 y vendiendo energía cara.

Pare ello bastaría los resultados financieros de las empresas de generación eléctrica como Edegel, Enersur de Suez Energy, Kallpa, en especial sus utilidades operativas y las partidas de depreciación y las amortizaciones, más conocido como la Generación Interna de Recursos (GIR)

Se debe tener presente lo que la empresa holandesa Shell en los años noventa (1996/1998) recomendaba establecer una planta eléctrica de 400 megavatios en Quillabamba como una forma efectiva de asegurar mercado interno para el gas natural y descentralizar la producción de energía en el país. Por el contrario, en el 2001 ElectroPerú tuvo que asegurar la compra de 70 millones de pies cúbicos diarios para asegurar la demanda a la unidad térmica de Ventanilla del grupo Endesa, ahora parte de Edegel. Es decir, sin la intervención del Estado los efectos positivos de Camisea hubiesen demorado.

Levantar una planta eléctrica en Quillabamba constituye una tarea del Estado para fomentar la descentralización, y sobre todo propender a la seguridad energética del sistema del sur, donde casi la mitad de la capacidad de potencia de generación de las empresas Egasa (Charcani) y Egesur (Aricota) está conformada por generación térmica que usa derivados del petróleo. Por tanto su construcción constituye un objetivo propio del interés público para asegurar el crecimiento económico que demanda una mayor energía.

Es más, en La Convención hubo una vorágine de violencia regional, y por tanto se debiera recordar que constituye un compromiso del gobierno anterior ante la gravedad de los conflictos sociales en el 2009/2010 con heridos, muertos y bloqueos que obligaron a la firma de cartas de compromiso y la presencia del Presidente del Consejo de Ministros de ese entones más los responsables del sector.

En la región y en Quillabamba en particular, la demanda de una planta de envasado de GLP, pues su población tenía que pagar más de 57 nuevos soles (US$ 21) por un balón de 10 kilos, y se tuvo que llegar a un acuerdo temporal de expender el balón en todas las provincias del Cusco al mismo precio vigente de Lima. Esto fue ratificado mediante un acuerdo entre Repsol y la PCM de ese entonces.

Debiera ser evidente que al Consorcio Camisea no le resultaría rentable la inversión en un ducto de líquidos hacia Kespahiato ni establecer una planta de envasado por lo reducido del mercado local. Este compromiso por decisión del gobierno lo asumirá PetroPerú como su participación en el Gaseoducto Andino en razón del interés público.

Teóricamente, históricamente y socialmente está justificada la intervención del Estado en una serie de negocios que serán rentables en el largo plazo pero que apuntan a justificar una demanda de gas natural que hagan viable cuantiosas inversiones que significarán la masificación del gas natural en los departamentos del sur peruano, con el Gaseoducto Andino, donde PetroPerú será socio y accionista minoritario en representación del Estado.

Se debe tener presente que los más importantes proyectos mineros están en el sur peruano, sea Las Bambas en Apurímac, Tía María en Arequipa, Quellaveco en Moquegua, ampliación de la planta de Southern, de Cerro Verde etc. Solamente un proyecto como Toromocho en la sierra central requeriría una demanda de energía de más de 200 megavatios.

En resumen, alcanzar la seguridad energética es una responsabilidad del Estado que está por encima de los intereses privados. La dinámica de la economía peruana, y su crecimiento sostenido exige satisfacer una mayor demanda de energía, en especial en el sur peruano donde importantes proyectos mineros requieren energía oportuna, a precios competitivos y donde la mayoría de su población es pobre. En este sentido, la construcción del Gaseoducto Sur Andino constituye una posibilidad de desarrollo y de inclusión social.