Inversiones privadas para mejorar la salud
Una inversión de 100 millones de dólares realizará un consorcio español en dos hospitales en Villa María del Triunfo y el Callao, que administrados en forma privada prestarán servicios para 500 mil asegurados de Essalud. Una negociación de varios meses permitió mejoras en los contratos de Alianzas Público-Privadas firmadas por el anterior gobierno, de tal manera que los asegurados recibirán servicios adicionales en hemodiálisis, tomografías y consultas a domicilio valorizadas en 190 millones de dólares, sin que Essalud tenga que pagar ni un sol adicional por ellas.
También se ha establecido que Essalud fijará los estándares de servicios y calidad adecuados, y que cualquier discrepancia sobre este tema y los pagos que deben hacerse a la empresa privada, serán revisados por un organismo internacional de carácter público especializado en el tema, como la Organización mundial de la salud. Además, se ha asegurado el “cierre financiero” que garantiza que las empresas privadas tengan los recursos económicos para la inversión.
Los contratos están firmados para que las obras empiecen este mes de abril. Un avance importante, que sin duda tiene que ser parte de un esfuerzo mayor por establecer un sistema nacional de salud, aumentar el financiamiento público para la salud, dar un salto en la promoción de la salud para evitar enfermedades y enfrentar los determinantes sociales de la salud. Avance que exigirá, por cierto, que en un nuevo contexto de relaciones entre lo público y lo privado, haya permanentemente una defensa firme y eficaz del derecho a la salud y del interés de los asegurados.
En resumen, inversiones privadas promoviendo más y mejores servicios de salud para los peruanos. Enorme contraste con esas otras inversiones que, al estar afectando el medio ambiente y contaminar lagunas y ríos, terminan generando graves daños a la salud. Hace ya más de una década, el derrame de mercurio en Choropampa por la minera Yanacocha generó severos daños a la salud de familias campesinas inocentes, sin que se les haya ayudado ni reparado como corresponde. Doe Run en La Oroya ha envenenado a los niños con plomo por más de una década, y ahora pretende que quien pague sea el estado peruano, enjuiciándonos internacionalmente.
Inversiones privadas para mejorar la salud pública, sí van. Una mina Conga que mata lagunas y contamina cursos de agua y un Doe Run que no asume sus responsabilidades ambientales, no van. La salud pública tiene que estar primero.
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