América Latina, Industrias Extractivas y los arbitrajes internacionales
Durante casi veinte años se viene promoviendo nuevas reglas de protección a las inversiones, primero a través de los Acuerdos Bilaterales de Inversión, conocidos como BIT (por sus siglas en inglés) y los Tratados de Libre Comercio – TLC. Una proliferación de acuerdos de inversiones ha ido tejiendo un complejo sistema internacional de protección de derechos a los inversionistas.
Muchos gobiernos creyeron firmemente este paradigma, y asumieron en rígidos mecanismos como tratar a los inversionistas extranjeros igual que a los nacionales (Trato Nacional), la prohibición de promover condiciones específicas a los inversionistas (requisitos de desempeño), o la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan demandar a los Estados mediante arbitrajes internacionales sin tener que pasar por los tribunales de justicia nacionales (inversionista –estado).
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI es el tribunal más conocido al que se presentan la mayoría de demandas, el incremento de estas camina a la par del aumento de BIT y TLC. Hace 10 años, tan sólo había 3 casos pendientes. Desde noviembre del 2011, existían en el CIADI 137 casos; 43 de estos están relacionados con las industrias extractivas.
En América Latina los conflictos por industrias extractivas están a la orden del día. Frente a ellos, los gobiernos tienen la necesidad de evolucionar hacia mejores sistemas regulatorios que promueva el cumplimiento de más y mejores estándares ambientales. A pesar de que los gobiernos de América Latina representan alrededor del 10% de los 157 miembros del CIADI, son el blanco del 50% de las demandas (68 casos) y de casi dos tercios de los casos relacionados a las industrias extractivas.
La posibilidad de demandar a los Estados tiene un efecto paralizador sobre decisiones y políticas nacionales. Bien conocemos el desenlace en el caso de DOE RUN luego de interpuesta la demanda contra el Perú, y en el caso de Conga, vemos como ya ha anunciado que la empresa Newmont, socia norteamericana de Yanacocha, podría interponer una nueva demanda contra el estado peruano.
Las obligaciones que ya asumió nuestro país en materia de protección de inversiones son significativas. Se trata de un cuestionado paradigma, y no queda claro si es la mejor manera de atraer a los inversionistas. No se trata de un modelo generalizado como nos han hecho creer. Países como Brasil, Australia o India, no han asumido éstas obligaciones y mantienen importantes flujos de inversión. Existen factores complementarios que pueden ser tanto o más importantes para la atracción de inversiones, como es el caso de los precios internacionales o el dinamismo de una economía. Este es el caso del Perú, ya es hora de hacer ajustes en un modelo seriamente cuestionado, en el que no estamos solos.
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