RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA MINERA
En este artículo, identificamos las orientaciones tomadas por algunos Estados,
organismos multilaterales y la propia industria minera, en relación con el tema
social y ambiental.
Un primer aspecto a remarcar en el contexto, es que en la década pasada
recrudecieron con mucha fuerza conflictos, en diferentes partes del mundo, entre
poblaciones nativas y empresas mineras. Podemos citar algunos ejemplos: el de la
población de Tarkwa en Ghana con la empresa Gold Fields Ghana Limited, el de
Bouganville en Papua Nueva Guinea que involucra a BHP, en Sulawesi, Indonesia con
la empresa Inco, en Australia entre la RTZ y comunidades nativas, en Filipinas en la
zona de Marinduque con Placer Dome. En América Latina los conflictos de
Parapanema en Brasil, en Bolivia, en Amayapampa, Capasirca y Llallagua, y los
múltiples reclamos de comunidades en el Perú, son algunos ejemplos al respecto.
Esta situación provocó reacciones en algunos Estados, organismos multilaterales y en
las propias empresas mineras. Por ejemplo, de manera lenta pero progresiva, se han
comenzado a introducir en la legislación minera de ciertos países, disposiciones
específicas que reconocen los derechos ancestrales de estas poblaciones: en la
Guyana Francesa, el nuevo Código Minero prohibe otorgar permisos de cualquier tipo
a empresas mineras en los territorios del sur que son considerados reservas naturales
y santuarios religiosos. En Filipinas, el Código de Minería de 1995, incorporó como
requisito, la consulta a los pueblos indígenas por parte de las empresas, como
mecanismo previo para la obtención del permiso para el desarrollo de actividades
mineras. Además en ese mismo país en 1997, se aprobó el Acta de los Derechos de
los Pueblos Indígenas, que reconoce la propiedad de los territorios de las
comunidades y se nombró una Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, cuya misión
es velar por el cumplimiento de esta acta.
Por su parte, en Australia se ha elaborado la Ley de Los Derechos de Propiedad de
las Poblaciones Aborígenes (Native Title Act); mientras que en Canadá, la reforma de
la constitución en la década de los ochenta y el reconocimiento de los derechos
ancestrales de las poblaciones indígenas, ha permitido importantes avances en la
negociación entre comunidades y empresas mineras. Otros antecedentes interesantes
se han desarrollado en Ghana y Nueva Caledonia, en los territorios de la población
Kanake.
Por otro lado, poblaciones afectadas, han comenzado a acceder, aunque es cierto que
de manera muy inicial y limitada, a sistemas judiciales en los países de origen de las
propias empresas mineras. Este ha sido el caso de una población afectada en la
Guyana, luego que se produjera el derrumbe de una represa de relaves de las
empresas Cambior de Canadá y Golden Star de los Estados Unidos, con altos
contenidos de arsénico. El derrame afectó directamente al río Essequibo, uno de los
más importante de este país.
El grupo de pobladores afectados de Guyana (23 mil personas), planteó un juicio
conjunto –class action-, en las cortes de Québec, demandando que la empresa repare
los daños causados y una cantidad de dinero como compensación. Esta ha sido la
primera vez que un grupo de personas residentes en otro país, planteaban una acción
judicial en una corte canadiense, como consecuencia de un desastre ambiental
provocado por una empresa de este país en el extranjero.Otro caso en el mismo sentido, fue el juicio iniciado por las poblaciones vecinas al río
OK Tedi, en Papua Nueva Guinea. Desde el año de 1984, este río había recibido la
descarga de más de 80 mil toneladas de relaves por día, por parte de una mina de
propiedad de la empresa australiana BHP. En 1994, treinta mil propietarios de tierras
afectados por la contaminación del río, plantearon un juicio en las cortes de Australia,
demandando la construcción de una represa de relaves y una compensación de 4 mil
millones de dólares australianos por los daños ocasionados. Finalmente la iniciativa de
la población en las cortes de Australia, creo las condiciones para llegar a un acuerdo,
que incluyó la construcción de una represa de relaves y una compensación de 500
millones de dólares.
Otros ejemplos importantes en cuanto a tendencias de responsabilidad social y
ambiental, son los Acuerdos de Impactos y Beneficios (AIB), que se han convertido en
una práctica común en el Canadá, cuando los proyectos mineros están ubicados o van
a afectar los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Los AIB, definen los
beneficios que deben recibir las comunidades afectadas por la actividad minera y
también los compromisos de las empresas en materia de protección ambiental. Los
acuerdos tocan temas referidos al empleo local proporcionado por la actividad minera,
el entrenamiento para los miembros de la comunidad, el desarrollo económico, la
protección ambiental y cultural, el apoyo social y la compensación financiera, entre
otros temas. Las actas que suscriben las partes sobre un Acuerdo de Impactos y
Beneficios en Canadá, representan un contrato con base legal, que va a definir la
relación entre las compañías mieras y la comunidad.
Iniciativas empresariales
En respuesta a las fuertes críticas recibidas en diferentes partes del mundo, por los
conflictos ambientales y sociales que provocaban, las empresas mineras han venido
desarrollando algunas iniciativas, tanto a nivel individual, como en conjunto. Algunos
ejemplos que podemos citar a nivel individual, es la Política de Sostenibilidad de la
empresa Placer Dome o el Código de Ética de la empresa Noranda, ambas de
Canadá. En ambos casos, se incorporan una serie de principios generales en materia
ambiental, social y económica, en los que reconocen su compromiso con el desarrollo
sostenible.
Entre las iniciativas conjuntas podemos citar la de White Horse en Canadá, lanzada en
1992 por la Asociación Minera de Canadá (la representación gremial de la industria
minera de ese país). El propósito fue desarrollar una visión estratégica, identificar
soluciones, en la perspectiva de construir una propuesta de industria minera
sostenible. Participaron en esta iniciativa, aparte de representantes de la industria
minera, el gobierno canadiense, los sindicatos, los pueblos indígenas y las
organizaciones ambientalistas.
Del proceso de White Horse, resultó un acuerdo que contiene principios, objetivos y
recomendaciones sobre aspectos referidos a la mantención de ecosistemas, la
manera como la industria minera puede compartir beneficios con las poblaciones
indígenas, ambientes seguros para los trabajadores, la armonización de sistemas de
regulación y tributación, entre otros temas. Hasta el momento, al parecer la
implementación de los acuerdos es muy lenta y la mayoría de actores comprometidos,
plantean mejoras en la definición de los procesos que podrán permitir alcanzar las
metas fijadas. Sin embargo, quizás el proceso más importante lanzado hasta el momento por las
empresas, es la Iniciativa Global de la Minería (Global Mining Initiative), propuesta en
1999 y que reúne a 34 empresas mineras multinacionales. Esta iniciativa busca definir
el rol que la minería puede jugar en la transformación hacía el desarrollo sostenible en
las zonas donde trabaja y los desafíos que debe enfrentar en temas sociales,
ambientales, económicos y de derechos humanos en general. La iniciativa reconoce
que la industria no ha estado respondiendo adecuadamente frente a estos problemas
y se propone desarrollar múltiples acciones en los próximos dos años.
Los mecanismos de los organismos multilaterales
Del lado de los organismos multilaterales, podemos citar que el Banco Mundial ha
elaborado una Directriz Operativa concerniente a Pueblos Indígenas para (a)
"asegurar que los pueblos indígenas se beneficien de los proyectos de desarrollo” y (b)
“evitar o mitigar efectos potenciales adversos en los pueblos indígenas, causados por
actividades apoyadas por el Banco”. Por su parte, la Corporación Financiera
Internacional (IFC) brazo financiero del Banco Mundial, ha creado en 1999, la Oficina
del Ombudsman y Asesor en materia de vigilancia de las políticas ambientales y
sociales. En esta oficina existen espacios de observación independientes que rinden
informes al Presidente del Grupo del Banco Mundial, sobre los conflictos e impactos
negativos, entre otros, de proyectos mineros.
Otro ejemplo con esta misma orientación, son los Equipos de Inspección del Banco
Mundial, creados en 1993, que tienen como propósito generar un espacio
independiente para el análisis y discusión sobre los impactos sociales y ambientales,
que puedan estar ocasionando proyectos financiados por este organismo. El Equipo
de Inspección provee de información directa y da recomendaciones a la Junta de
Directores de Ejecutivos del Banco, sobre las acciones finales que deberán tomar en
relación al proyecto.
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (OIT),
en 1989 promulgó el Convenio 169 referido a Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que tiene como conceptos básicos el respeto y la participación. En
este sentido se promueve la consulta a los pueblos involucrados, mediante procesos
participativos y adecuados, cada vez que se adopten medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarlos de manera directa. El Convenio entró en
vigencia el 6 de setiembre de 1991 y fue ratificado por Noruega, México, Colombia,
Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca y Guatemala.
Sin embargo, todas estas iniciativas siguen siendo esfuerzos parciales que todavía no
han logrado definir un escenario de relaciones adecuadas y duraderas entre la
actividad minera y sus entornos poblacionales. En diferentes documentos
recientemente elaborados, si bien se señala como necesidad definir un nuevo modelo
de desarrollo del sector minero, existe un reconocimiento que éste estaría todavía en
una etapa inicial, no habiéndose definido los procesos a seguir de implementación.
Quizás la limitación más importante de los documentos revisados es que se orientan
principalmente al tema del desarrollo duradero de la minería como actividad y no de
las comunidades mineras. Es decir que su meta es el mejoramiento de la realización
de actividad minera y no la definición de un proceso que permita construir el desarrollo
sustentable de las comunidades que coexisten con esta actividad.Además, el enfoque en la mayoría de los casos es parcial: por ejemplo, algunos
concentran su atención en las políticas gubernamentales relacionadas con la industria
minera. Otros tratan exclusivamente el tema de las consultas a las poblaciones, lo cual
es solamente una parte de la problemática de la participación de las comunidades en
la toma de decisiones en cuanto al desarrollo minero. Otros materiales están
relacionados con los casos específicos de algunas empresas y sus políticas referidas
al tema del desarrollo sustentable.
El desafío del desarrollo sustentable en zonas mineras
El Informe Brundtland, presentado en 1987 como resultado del trabajo de la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, nombrada por las Naciones Unidas,
definió el concepto de desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”. Desde su publicación, actores diversos,
entre los que podemos nombrar a los gobiernos, bancos multilaterales de desarrollo, el
sector privado y grupos sociales, han hecho suyo el concepto del desarrollo sostenible,
iniciando el trabajo por definir procesos que lleven a alcanzar este objetivo.
Por ejemplo, la Agenda 21, la propuesta de plan de trabajo para alcanzar el desarrollo
sostenible en el siglo XXI, fue presentada en la Cumbre de la Tierra de 1992, en la
ciudad de Río de Janeiro. Siguiendo las recomendaciones de este documento, varios
países han venido creando Consejos Nacionales por el Desarrollo Sostenible, con el
propósito de implementar estrategias y políticas orientadas a alcanzar esta meta. El
gobierno canadiense, por ejemplo, cumplió con esta directiva a través de la creación
de la Mesa Nacional del Medio Ambiente y la Economía, que tiene como propósito la
identificación, promoción y sensibilización de los principios de la práctica del desarrollo
sostenible.
A través de las múltiples iniciativas en curso, una serie de principios van siendo
definidos para guiar la aplicación local del desarrollo sostenible. Como se puede
constatar, en los últimos años se ha comenzado a investigar sobre la interacción de la
minería, el medio ambiente y las poblaciones rurales y urbanas, buscando levantar
información preliminar y generar algunos “productos” que intentan ayudar a mejorar la
relación de la industria minera y su entorno, en una perspectiva sustentable de
desarrollo.
Todo indica, hoy en día, que temas como el de la responsabilidad social y
comportamiento ético de las empresas, forman parte del escenario global de la
producción. Sin embargo, también queda claro que todavía no se han podido definir
los procesos adecuados que lleven a un verdadero compromiso con el desarrollo
sostenible en zonas mineras: si una actividad económica como la minería aspira a un
crecimiento sostenido, este objetivo deberá conciliar con los principios y objetivos
propios del desarrollo sostenible.
Existen principios y requisitos señalados por diferentes organismos e instancias de
trabajo, sin embargo lo que todavía no existe es una práctica sostenida que permita
que estos, entre otros aspectos, comiencen a ser aplicados y ayuden a generar
procesos de desarrollo local sustentable en zonas mineras entre los distintos actores
involucrados: comunidades, empresas mineras y Estado.
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