El modelo privatizador
El crecimiento de los 90 (el año 94 se llegó a 12%) se financió principalmente con el producto de las privatizaciones que dieron un ingreso excepcional al Estado, lo que permitió inyectar dinero en la economía a través de programas sociales y de obra pública en asociación con capitales privados.
En 1991, la Comisión Nacional de Privatización (Copri) recibió el encargo de obtener recursos y compromisos de inversión ofreciendo en venta más de un centenar de empresas y servicios públicos, según su santo criterio, lo que quería decir que se formaba un Comité Especial (Cepri) que defina el precio base, la forma de pago, los requisitos mínimos para postular y actuaba finalmente como el jurado que escogería a los ganadores.
Para darle objetividad a las Cepris, se encargaban las valorizaciones y la calificación de los postores, se recurría a consultoras de “prestigio internacional”, aparentemente indiscutibles en sus opiniones. La verdad era un poco distinta.
En el caso, por ejemplo, de la venta de las empresas eléctricas se contrató a NM Rothschild & Sons Limited, registrada en Inglaterra, para asesorar el proceso, pero lo que la empresa hizo en realidad fue conformar un grupo ad hoc de abogados Chilenos y peruanos, vinculados a las empresas interesadas en la compra y al gobierno que hacía la venta.
Así, detrás del famoso Rothschild, estaban abogados como Fernando de Trazegnies Granda, Jorge Alfredo Trelles, Gianfranco Castagnola Zúñiga, entre otros.
Los privatizadores fueron regañados en público en el Cade 1998, por el presidente Fujimori, quien se quejó de haber sido engañado en cuanto a que se produciría una baja en las tarifas, refiriéndose precisamente a los casos de las eléctricas, el petróleo y los teléfonos, por lo que ordenó paralizar la venta de lo que quedaba, principalmente Sedapal, la Refinería de Talara y la Hidroeléctrica del Mantaro, que hasta hoy son entidades públicas.
Ahí empezó el tema de las concesiones, que era la manera de seguir viviendo de rematar el Estado pero extendiéndose a otros rubros como la concesión de infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos y carreteras), el traspaso de terrenos del Estado (aeródromo de Collique, cuarteles, locales de ministerios, etc.), la tercerización parcial de servicios en salud, Educación y otros, los proyectos “experimentales” para privatizar el agua (caso Tumbes), etc.
En el año 2001, la Copri se convirtió en ProInversión, que ampliaba las funciones de su predecesora. Si la entidad creada por Boloña se sentía dueña de los activos empresariales y podía disponer libremente de ellos, la reformulada por PPK podía decidir que cualquier bien o servicio estatal podía ser transformado en un negocio que interese a los inversionistas privados.
ProInversión mantuvo los Comités Especiales (Cepris) de los años 90, confiriéndoles una mayor especialización y, lo mejor de todo, repitiendo los nombres de los integrantes del período anterior.
A pesar de que todo indica que el centro de la corrupción del Fujimorismo estuvo en el control de los inmensos recursos de la privatización, a ninguno de los presidentes y ministros de Economía de la siguiente etapa se les ocurrió investigar la participación de una larga lista de privatizadores que siguieron alternando en Cepris o pasando a cargos altos del Estado con un currículum que destacaba su participación en la Copri y ProInversión.
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