¿Por qué causa controversia llamar a ciertos sectores ''estratégicos''?
El debate sobre el carácter estratégico de ciertas actividades económicas tiene como trasfondo el debate en torno al papel que el Estado debería desempeñar en la economía. Ello debido a que considerar un determinado sector de la economía como “estratégico” está asociado a cuatro debates en materia de política económica.
El primero es el debate en torno a la conveniencia de que el Estado intervenga para evitar la quiebra de empresas privadas consideradas “estratégicas”. Este debate a su vez gira en torno a dos temas: de un lado, si ese tipo de intervención es realmente necesario (por ejemplo, enfrentados en 2009 ante la posibilidad de quiebras masivas en el sector financiero, el gobierno de Irlanda asumió los pasivos de la banca privada mientras el gobierno de Islandia dejó que los bancos quebraran). De otro lado, asumiendo que algún tipo de intervención pudiera ser necesaria, el siguiente debate gira en torno a la naturaleza de esa intervención: el reto consiste en rescatar a las empresas sin rescatar necesariamente a sus ejecutivos y accionistas, con el fin de evitar el denominado “Daño Moral” (es decir, si quienes cometen errores que conducen a la quiebra de empresas privadas pueden esperar que el Estado los rescate, no tendrán incentivo alguno para evitar esos errores en el futuro).
A su vez, una respuesta posible al riesgo
de “Daño Moral” es la nacionalización temporal de las empresas
involucradas, lo cual nos conduce al segundo debate en materia
de política económica asociado con el debate en torno a la existencia de
sectores estratégicos: si estos deben o no ser propiedad del Estado.
No es casual que en 2005 las tres empresas más grandes del sector de
hidrocarburos a nivel mundial fueran propiedad de Estados en desarrollo o
poscomunistas: Aramco de Arabia Saudita, Gasprom de Rusia, y la
Compañía Nacional de Petróleo de Irán. De hecho, la producción anual de
petróleo y gas de Aramco representa más del doble que la producción de
la principal empresa privada del rubro (V., Exxon-Mobil).
Fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher el que
cambió la naturaleza de este debate, al considerar que un sector de la
economía podía ser estratégico sin que por ello tuviera que ser
propiedad del Estado: de un lado, permitió la participación de
capital extranjero en empresas privatizadas incluso en sectores
sensibles para la seguridad nacional. De otro lado, sin embargo, creó
las denominadas “Acciones Doradas” como mecanismo especial de
regulación. Estas acciones proveían al Estado británico de un derecho
de veto sobre ciertas decisiones corporativas (esencialmente en temas
relacionados con la propiedad, tales como la ampliación del capital, la
adquisición o la fusión con otras empresas). En algunos casos,
el propósito de esas “Acciones Doradas” era meridianamente claro:
evitar que empresas que producían tecnología de punta en el ámbito
militar pudieran ser adquiridas por Estados considerados hostiles. El tercer debate sobre política económica asociado al debate sobre la existencia de sectores estratégicos gira en torno a la conveniencia de las denominadas “Políticas Industriales”. Es decir, si las autoridades estatales deberían adoptar políticas diferenciadas hacia aquellos sectores económicos que consideran estratégicos. La política energética del Brasil es un ejemplo de política industrial. Son objetivos de larga data del Estado brasileño, de un lado, reducir la dependencia energética del país y, de otro, asegurar sus fuentes de abastecimiento. La promoción oficial de la producción y el consumo de etanol como fuente de energía alternativa es una actividad orientada a lograr el primer propósito. Las inversiones de Petrobras (empresa de capital mixto, pero con una influencia decisiva del Estado en su gobierno corporativo), tanto dentro como fuera del Brasil, buscan cumplir el segundo objetivo.
El cuarto debate sobre política económica asociado al debate sobre la existencia de sectores estratégicos gira en torno a la conveniencia o no de liberalizar el comercio exterior de un Estado. La autosuficiencia en materia de recursos estratégicos suele ser considerada deseable desde una perspectiva geopolítica. De no ser posible, cuando menos debía evitarse depender de rivales potenciales como fuentes de abastecimiento (esa es la razón por la que Chile durante el gobierno de Augusto Pinochet prefería importar energía del este asiático que hacerlo de la Argentina, un Estado vecino con el que mantenía diferendos limítrofes).
A su vez la búsqueda de autosuficiencia solía tener como contrapartida negar el acceso a esos recursos a rivales potenciales, todo lo cual incrementa la probabilidad de un conflicto armado entre dos Estados. Como sostuviera Eugene Staley en 1939, “Cuando se erigen los muros económicos a lo largo de las fronteras políticas, se obliga a que la posesión de territorio coincida con las oportunidades económicas” (V., la expansión territorial podía ser un medio necesario para garantizar el acceso a ciertos recursos naturales).
En contraposición a ello, en una economía internacional abierta se podría acceder a los recursos naturales a través del comercio y la inversión. Eso contribuiría a entender la diferencia entre la conducta exterior del Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y después de esta. Si bien es cierto que el concepto de un comercio libre y basado en la no discriminación aún admite excepciones notables (por ejemplo, los materiales fisibles), no se suponía que los alimentos fueran una de ellas. Sin embargo en 2008 y, nuevamente, a partir de 2010 los precios de determinados alimentos se elevaron de manera significativa en los mercados internacionales. Si consideramos que Egipto importa la mayor parte de los alimentos que consume su población, que la cotización internacional de alimentos como el trigo creció en un 60% durante el año previo a las revueltas de 2011, y que la familia egipcia promedio destina un 40% de sus ingresos a la compra de alimentos, resulta plausible suponer que esa es una de las variables explicativas de la inestabilidad política en ese país. Y la forma en que han respondido algunos Estados ante el alza en los precios de los alimentos ha sido incrementando subsidios y restringiendo exportaciones. Es decir, adoptando políticas contrarias a la liberalización del comercio exterior.
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