YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN
Por Jorge Manco Zaconetti *
CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)
Si
hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la
valorización de los recursos naturales, especialmente de los no
renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su
explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la
vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en
Cajamarca hubiesen tenido otro
final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en
el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica,
social y ambiental.
Es
evidente que existe una posición contraria a la actividad minera
especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe
una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la
Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio
hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la
reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.
Es
más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la
pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que
el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25
departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la
estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más
completo para medir la pobreza, y
también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor
cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la
provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de
dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e
indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.
Desde
nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de
desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y
durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones,
impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de
compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes
se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes
alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.
En
tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad
minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades
negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción
1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el
proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de
la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya
natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y
molibdeno que se obtienen.
Podemos
discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en
impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los
contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la
que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones
para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones
de dólares.
Es
decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor
de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría
que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto
ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y
perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se
desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado
ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental.
Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.
Esto
es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés
privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los
intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los
principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al
proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra
la pobreza.
¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?
Lo
que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera
analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e
intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante,
la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades
locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los
trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones
divergentes, y hasta antagónicas.
Se
sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de
ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra.
Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para
compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus
operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del
agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros
yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las
limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la
producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”
En
el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas
finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8
millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es
decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es
decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra.
Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores
ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los
astronómicos precios del oro.
Como
resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades,
valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus
accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado
los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas
Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la
renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$
172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un
estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.
Esto
es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información
proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que
no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace
el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento
estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro “Importancia del Proyecto Conga”
Lamentablemente
esta información es de la propia empresa y no de los estudios
económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de
sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio
ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del
Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la
propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro
de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.
Por
ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y
social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos
naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado,
con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el
radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en
cabecera de cuenca.
Este
conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de
los actores la posición encarnada por el padre Arana y los
organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses
políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y
Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.
Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes
negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de
Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y
prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y
autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con
externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera
con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada
vida nocturna, etc.)
En
este contexto también operan los representantes de los gobiernos
locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la
inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de
encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas
autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del
gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que
administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos
generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold
Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera
en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y
remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero,
regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos
soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al
incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha
tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad
trimestral.
En
tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos
recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a
las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el
nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los
gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006
a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando
que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias
que perciben los gobiernos locales y la región?
Por
ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de
Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de
Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés
público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un
modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos
ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.
EPÍLOGO
Al
presente gobierno le están pasando la factura las expectativas
desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba
desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de
estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación
de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.
La
postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la
imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en
las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo
ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos
pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los
gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías,
también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema
pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.
También
resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria
que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su
conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno
central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo
crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la
recesión mundial.
Por
ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico
en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos
mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco,
Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?
Investigador UNMSM *
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