Minería: Diagnóstico fallido
El conflicto por el proyecto Conga viene forzando al gobierno nacional a una serie de definiciones en torno a varios aspectos vinculados a la actividad minera. Así, de un lado se ha anunciado una redistribución del canon minero, medida que viene siendo reclamada hace muchos años por diversos sectores. De otro lado, se ha anunciado la creación de un organismo adscrito a la PCM que se dedique a la revisión, supervisión y fiscalización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que además regule todo lo referido al uso y manejo de las aguas.
Estas dos propuestas han llamado la atención, tanto por el momento en que han sido planteadas –en medio de un conflicto referido a un proyecto puntual- como por la imprecisión y la poca consistencia de las mismas. Plantear redefinir la distribución del canon en medio de un conflicto con un gobierno regional beneficiario del mismo lo único que ha logrado es que presidentes de otras regiones cuestionen la propuesta, mientras que plantear que la PCM asuma funciones que le corresponderían al Ministerio de Ambiente, ha puesto en tela de juicio la existencia misma de este sector.
La pregunta es si ambas medidas pueden servir para resolver el conflicto entre la gran minería, el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y las comunidades impactadas por los proyectos mineros. Si el diagnóstico es que el conflicto es única y exclusivamente un problema de mala distribución de los beneficios que genera la actividad, pues la redistribución del canon lo único que generará será reducir sus beneficios en las regiones donde hay gran minería, y por tanto no se resolverá nada.
De otro lado, si el diagnóstico es que hay un problema de coordinación intersectorial, entre las instancias encargadas: de promover la minería y aprobar los EIAS como el Ministerio de Energía, de fiscalizarla como el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) y el ente rector de uso de aguas como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que está en el Ministerio de Agricultura, entonces las posibilidades de que esto se resuelva, creando un organismo nuevo dependiente de la PCM, son bastante limitadas, debido a que esta fusión no necesariamente generará un ente eficiente en el corto plazo, en el que se tienen que definir y aprobar un conjunto de grandes inversiones.
Y si el diagnóstico es que todo se reduce a un problema de confianza hacia el gobierno nacional, resulta difícil entender de qué manera esta se va a recuperar colocando el conflicto minero- ambiental bajo la égida de la PCM, sobre todo cuando el Presidente Humala ha decidido seguir la ruta de sus antecesores convirtiéndose en un entusiasta impulsor de la gran inversión privada y olvidándose de quienes votaron masivamente por él, sobre todo por su discurso crítico al comportamiento del gran capital minero en el Perú..
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