Lucha de grupos
“Cuando los elefantes pelean, la hierba pierde”, reza un dicho. En los últimos años hemos visto varios casos en los que se aplica esta metáfora africana. El más reciente es Wong contra Bustamante para decidir el control de Andahuasi. La prensa y la oposición han decidido como primer protagonista al segundo vicepresidente Omar Chehade, investigado por hacer gestiones a favor de los Wong. En realidad, los principales responsables son los grupos. En su afán por obtener ganancias –en este caso, sin respetar las normas ni los derechos de trabajadores y consumidores– recurren a diversos mecanismos de protección política para resolver un conflicto que se les escapa de las manos.
Cuando se trata del poder económico, los medios de comunicación corporativos recurren a maniobras –en las que algunos grupos también creen tener más derechos que obligaciones, incluido el de la conspiración–, distraen la atención pública y buscan dejar incólumes a los grupos en conflicto, encontrando alguna víctima propiciatoria que alimente el canibalismo político. Lo dicho no exime de responsabilidad a todos aquellos que en el Estado estén envueltos en casos de colusión, corrupción o incompetencia.
Algunos dirán que la lucha de grupos son casos raros. No es así. Aunque el enfrentamiento entre corporaciones no es frecuente, tampoco es excepcional. Ocurren como resultado del desenfreno en que actúan algunos poderes económicos cuando se dan con una situación en la que piensan que pueden recurrir al Estado para instrumentalizarlo y definir la batalla a su favor, trasgrediendo de paso normas y leyes. Si mal no recordamos, al final del gobierno de García ocurrió uno en el mismo sector económico: Gloria contra Oviedo, también por el control de azucareras norteñas. Otro irresuelto es Doe Run contra proveedores interesados en que quiebre y venda la refinería de La Oroya. No olvidemos el caso de los petroaudios, protagonizado por grupos que ordenaron “chuponeos” ilegales a través de Business Track, una empresa de espías privada.
En todos estos casos han chocado los elefantes, y el Estado y los trabajadores han quedado como hierba aplastada. Una vez más estamos ante los resultados de una extrema acumulación de riqueza, y el peligro de continuar con un Estado débil en regular, sancionar si es necesario y defender el interés público. La cuestión es si con la media vuelta a la izquierda ocurrida en las elecciones del 2011 el Estado dejará de actuar reactiva y tardíamente cuando pelean dos elefantes. En situaciones como esta es cuando se necesita tener en mente la gran transformación prometida.
En el caso Andahuasi, como el de otras ex cooperativas azucareras que no se parcelaron, hay una vieja y maloliente herencia de mal gobierno y corrupción que ha viciado muchos procesos de transferencia de acciones, alimentando la lucha de grupos. También violencia, incluyendo muertos, cuando bandos contrarios de accionistas-trabajadores se la disputan con algún grupo privado que intenta controlarlas. Como la adquisición y el control se ponen difíciles, los grupos en disputa terminan recurriendo al Estado para terminar de controlar la preciada industria.
En Andahuasi, los Wong adquirieron de golpe –Dios sabe cómo– el 54% de las acciones. Era uno de los pocos inversionistas que podían hacer una compra de esa magnitud. Tenían millones, producto de la venta de sus supermercados a Cencosud. Temerosos de perder el control, algunos directivos y el grupo Bustamante –Alfonso Bustamante de Arequipa, ex ministro de Fujimori–, propietario del 15% de las acciones, se aliaron para bloquearlos contando con el apoyo político del gobierno de García. Al ex ministro Garrido Lecca se le señala como el operador político del grupo Bustamante y hasta ahora, a diferencia de Chehade, sigue en la sombra.
Para los Wong el control de Andahuasi –y sus 6.200 hectáreas de excelente tierra, más el ingenio– es clave para consolidarse como uno de los más importantes grupos azucareros del país, compitiendo con el grupo Gloria con 59.000 hectáreas y el misterioso grupo Oviedo con 21.800 hectáreas (ver www.miradorempresarial.org/tierra_investigaciones). Hace tiempo, antes de la venta a los chilenos, los Wong habían adquirido en el norte chico la azucarera Paramonga. Con Andahuasi entrarían a las grandes ligas.
En el 2009, una vez formada Industrial Andahuasi, y sin realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones, compraron más de la mitad de las acciones. A partir de ese momento se desató la lucha de grupos. Tanto la Conasev como los juzgados comenzaron a oscilar, favoreciendo por ratos a Wong para luego abandonarlo. En la medida que el grupo Bustamante y sus aliados perdieron la protección política que les garantizó el gobierno de García, los Wong han intentado revertir la situación buscando apoyo de las autoridades elegidas el 2006.
Ningún exaltado parlamentario ni medio de comunicación que participa en esta “movida política” se han preocupado de disparar en la dirección correcta: los grupos Bustamante y Wong. Menos todavía discutir la concentración de 198.000 hectáreas en manos de diez grupos agroindustriales, su posible dominio de mercado y concertación de precios, amén de problemas de desabastecimiento del mercado interno y frecuentes transgresiones en la compra de acciones.
Mientras tanto la sobrevivencia de 1.500 trabajadores, y alrededor de 30.000 más que indirectamente están ligados a la cadena azucarera, está en peligro. Cuando estos elefantes pelean, son ellos los primeros en ser aplastados. ¿Qué es entonces lo que el Estado puede hacer? Bajo la prédica neoliberal lo empequeñecieron y maniataron, luego lo penetraron. Ahora que hay una nueva correlación de fuerzas política –aunque sigue la misma estructura de poder económica– se abre la oportunidad de que un león ponga orden en la jungla y acabe con el irrespeto y la transgresión de chiquitos y, sobre todo, de los grandotes intocables.
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