La revolución laboral del nuevo gobierno
Hace unos días el ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, anunciaba en un tabloide local el inicio de una “revolución laboral” a la que se abocará su ministerio (Diario 16, 19/9/11). Ciertamente se trata de una frase optimista, o si quieren impresionista, convertida en titular de diario. Pero que vista en la perspectiva de lo expuesto y hecho por el nuevo gobierno permite avizorar un registro distinto de lo realizado en los últimos veinte años. Lo cual puede representar en sí mismo un avance sustantivo.
De algún modo lo revolucionario está relacionado con el énfasis puesto por la actual administración a un objetivo poco atendido o perseguido por anteriores gestiones: la promoción del trabajo decente. Este concepto –acuñado a fines de los noventa por la OIT– establece que todo empleo adecuado debe garantizar por lo menos un conjunto de estándares básicos no siempre tolerados por empresarios y gobiernos autoritarios (p.e. la libertad sindical o la igualad de trato y no discriminación). Ver este concepto incorporado al léxico de la alta dirección (la promoción del trabajo decente será el principal instrumento de alivio a la pobreza, señaló el premier Lerner ante el Congreso), vislumbra un nuevo campo semántico para la acción pública en materia laboral.
La adopción de una visión alternativa a la hegemónica en el tratamiento de la compleja problemática laboral es signo de los nuevos tiempos. Atrás quedó la tesis del “perro del hortelano” como argumento deslegitimador de las demandas sociales. Hoy tenemos un ministro de Trabajo que dialoga con las centrales sindicales; que entiende la informalidad como un problema tributario, financiero, laboral y administrativo (sin restringirlo a un tema de “sobrecostos” laborales, como quieren algunos); que reconoce la necesidad de revisar el “sacrosanto” régimen Mype (basado en la disminución de estándares y derechos) para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos; o que empuja la aprobación de una nueva Ley General de Trabajo (postergada intencionalmente por los últimos gobiernos).
Revolucionaria puede ser también la voluntad expresa del ministro Vega de reinstitucionalizar el Ministerio de Trabajo, devenido en la última rueda del coche presupuestal. Convertirlo en ente rector de las políticas laborales y de empleo, promoviendo su rol fiscalizador –a través de la creación de una Superintendencia de Fiscalización Laboral– traza una distancia significativa con la “desidia” con que fuera tratado el sistema de inspectores por anteriores gestiones.
Incluso puede leerse como “revolucionaria” la firmeza con que se implementó un ofrecimiento electoral que caía de maduro (el aumento del salario mínimo). Hacerlo en un plazo razonable (el gobierno aprista lo hizo recién a los catorce meses de iniciado) y a pesar de la resistencia de algunos gremios empresariales dice mucho.
Nada de lo expuesto convierte por sí solo a un gobierno en “progresista”. Para eso se requiere (como decía el recientemente fallecido Oscar Ermida) una política económica que tenga como objetivo la distribución de la renta y la inclusión social. Objetivos esquivos si los hay, sin una política laboral orientada a recomponer la desigual relación de poderes entre capital y trabajo.
En suma: asistimos a un gobierno que, en materia laboral, apuesta por el empleo adecuado y los trabajadores. Avanzar en esa dirección supondrá ubicar al trabajo en el centro de la política económica y de la distribución del ingreso. En este proceso no faltarán los ataques y resistencias de los que se oponen al cambio por el que votó el país en las últimas elecciones. Hace bien el ministro Vega en trazar la cancha. Los trabajadores esperan mucho de este gobierno.
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