Solo una de 10 MYPES se “formalizó” con la Ley MYPE
Por Otra mirada
Sin duda que uno de los problemas de fondo más relevantes (sino el más importante) en el país es el de la informalidad.
La informalidad es la forma de organización socio-económica dominante en economías subdesarrolladas. Ésta surge cuando persiste la ausencia de la capacidad de acumulación de capital, carencia que no permite desarrollar un proceso de industrialización en una economía.
En términos operativos - contables, la informalidad económica aparece cuando los costos no solo de inscribirse, sino sobre todo de mantenerse en el marco legal y normativo de un país son mayores que los beneficios que se obtienen.
Revisemos las cifras para el caso peruano. En términos reales, cerca del 60% de la producción se realiza informalmente en el país y siete de cada diez empleos en el país son informales. Nuestra economía se ubica entre las más informales en el mundo. En este marco las Micro y pequeñas empresas (MYPE) juegan un rol crucial. Estas unidades productivas concentran más del 90% del total de las firmas y emplean nada menos que al 75.5% de la Población Económicamente Activa (PEA). No obstante, en términos laborales más del 90% de las MYPE son informales. Por lo tanto, persiste una fuerte correlación entre el tema de la informalidad y el sector MYPE.
Veamos los factores estructurales detrás de esta realidad. Entre éstos encontramos a la estructura primaria productiva y el bajo nivel educativo en el país. Con respecto a la primera está claro que dejar de lado procesos industriales y orientarse hacia sectores de poco valor agregado (como el sector Servicios) en donde la protección legal y el cumplimiento de contratos no es tan relevante fomenta la informalidad. Respecto a la segunda, una población más educada incrementa la productividad del trabajo en una economía, elevando la competitividad de las empresas lo cual genera un fuerte incentivo para el proceso de formalización en aras de competir a mediana o gran escala.
Ahora bien, ¿qué beneficios genera la formalidad? Por un lado y a cargo del Estado está la provisión de protección policial, el respaldo de un sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos entre otros. Beneficios que quedan en el plano teórico ya que una débil presencia y en muchos casos ausencia del Estado no permite garantizar la provisión eficiente de estos servicios públicos. Entonces, uno de los factores detrás de una mayor informalidad en una economía es la ausencia efectiva del Estado y no al revés.
Para hacer frente a esta situación, en junio de 2008 el actual gobierno aprobó la Ley MYPE. Han pasado tres años y los resultados son magros. En conformidad al último Marco Macroeconómico Multianual (MMM), del total de 1,1 millones de MYPE en el país solo se han “formalizado” 110 mil firmas. Una de diez. Asimismo, hay que señalar que la mayoría de firmas “formalizadas” aún no terminan de cumplir determinados requerimientos laborales. Por lo cual, en estricto la cifra sería aún menor. Lo cierto es que en general las políticas anti-informalidad aplicadas desde los noventa en el país han quedado siempre truncas y con resultados poco alentadores.
Con un Estado débil, una economía primario-extractiva y un bajo nivel de educación en el país no debe sorprendernos esta realidad. El proceso de formalización en una economía es complejo e incluye la revisión e interrelación de muchas variables. Por lo mismo debe abordarse desde una óptica integral y no con medidas aisladas y particulares. La formalización no es un mero registro o acreditación, sino que reposa sobre sus factores subyacentes. Los resultados en esta materia revelan que la tarea le quedó demasiado grande no solo a este sino a todas las previas administraciones, veremos cómo afronta esta problemática la administración entrante. Tarea nada fácil, pero urgente de enfrentar.
Sin duda que uno de los problemas de fondo más relevantes (sino el más importante) en el país es el de la informalidad.
La informalidad es la forma de organización socio-económica dominante en economías subdesarrolladas. Ésta surge cuando persiste la ausencia de la capacidad de acumulación de capital, carencia que no permite desarrollar un proceso de industrialización en una economía.
En términos operativos - contables, la informalidad económica aparece cuando los costos no solo de inscribirse, sino sobre todo de mantenerse en el marco legal y normativo de un país son mayores que los beneficios que se obtienen.Revisemos las cifras para el caso peruano. En términos reales, cerca del 60% de la producción se realiza informalmente en el país y siete de cada diez empleos en el país son informales. Nuestra economía se ubica entre las más informales en el mundo. En este marco las Micro y pequeñas empresas (MYPE) juegan un rol crucial. Estas unidades productivas concentran más del 90% del total de las firmas y emplean nada menos que al 75.5% de la Población Económicamente Activa (PEA). No obstante, en términos laborales más del 90% de las MYPE son informales. Por lo tanto, persiste una fuerte correlación entre el tema de la informalidad y el sector MYPE.
Veamos los factores estructurales detrás de esta realidad. Entre éstos encontramos a la estructura primaria productiva y el bajo nivel educativo en el país. Con respecto a la primera está claro que dejar de lado procesos industriales y orientarse hacia sectores de poco valor agregado (como el sector Servicios) en donde la protección legal y el cumplimiento de contratos no es tan relevante fomenta la informalidad. Respecto a la segunda, una población más educada incrementa la productividad del trabajo en una economía, elevando la competitividad de las empresas lo cual genera un fuerte incentivo para el proceso de formalización en aras de competir a mediana o gran escala.
Ahora bien, ¿qué beneficios genera la formalidad? Por un lado y a cargo del Estado está la provisión de protección policial, el respaldo de un sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos entre otros. Beneficios que quedan en el plano teórico ya que una débil presencia y en muchos casos ausencia del Estado no permite garantizar la provisión eficiente de estos servicios públicos. Entonces, uno de los factores detrás de una mayor informalidad en una economía es la ausencia efectiva del Estado y no al revés.
Para hacer frente a esta situación, en junio de 2008 el actual gobierno aprobó la Ley MYPE. Han pasado tres años y los resultados son magros. En conformidad al último Marco Macroeconómico Multianual (MMM), del total de 1,1 millones de MYPE en el país solo se han “formalizado” 110 mil firmas. Una de diez. Asimismo, hay que señalar que la mayoría de firmas “formalizadas” aún no terminan de cumplir determinados requerimientos laborales. Por lo cual, en estricto la cifra sería aún menor. Lo cierto es que en general las políticas anti-informalidad aplicadas desde los noventa en el país han quedado siempre truncas y con resultados poco alentadores.
Con un Estado débil, una economía primario-extractiva y un bajo nivel de educación en el país no debe sorprendernos esta realidad. El proceso de formalización en una economía es complejo e incluye la revisión e interrelación de muchas variables. Por lo mismo debe abordarse desde una óptica integral y no con medidas aisladas y particulares. La formalización no es un mero registro o acreditación, sino que reposa sobre sus factores subyacentes. Los resultados en esta materia revelan que la tarea le quedó demasiado grande no solo a este sino a todas las previas administraciones, veremos cómo afronta esta problemática la administración entrante. Tarea nada fácil, pero urgente de enfrentar.
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