Fujimori y los trabajadores peruanos
Estos últimos días Keiko Fujimori ha encarado el tema laboral agresivamente. Curioso. En otras bocas dichos ofrecimientos –empleo estatal y derechos laborales– hubieran sido calificados de populistas o insensatos. Pero viniendo de la candidata del poder económico, poco importa que el ofrecimiento no aparezca en su “programa” de gobierno, ni que contravenga la esencia misma del fujimorismo.
En esto los datos disponibles resultan elocuentes. A lo largo del último cuarto de siglo ningún gobierno afectó más a los trabajadores que el de Alberto Fujimori. Durante los años 90 se llevaron a cabo dos reformas importantes que cambiaron radicalmente el equilibrio al interior de la empresa. Estas reformas (según la OIT, entre las más radicales de la región) tuvieron por objeto –en el ámbito del derecho individual (Dec. Leg. N° 728, 1992)– favorecer la competitividad de las empresas, flexibilizando la contratación y despido de personal, y tercerizando el vínculo laboral. En el ámbito del derecho colectivo (Ley 25593, 1993), se buscó “neutralizar” el peso de los sindicatos, eliminando la negociación por rama de actividad y restringiendo el derecho a la huelga.
Los resultados no pudieron ser peores. No solo se debilitó profundamente al movimiento sindical –que venía de reveses serios producto de la violencia política, los despidos y la hiperinflación–, sino que el trabajo perdió centralidad como fuerza productiva y como factor de movilidad social. El tipo de flexibilización que aplicó el fujimorismo se enfocó en los costos salariales. Y no en la organización del trabajo, como hicieron las economías desarrolladas.
Tampoco se avanzó en el objetivo de la formalización. Por el contrario: el empleo se precarizó. Durante el gobierno de Fujimori el porcentaje de trabajadores con protección social disminuyó de 53.6% a 50% entre 1990 y 2000, y en las microempresas –que albergan al 80% de la PEA– de 23.6% a 14.8% (Panorama Laboral, OIT). En este mismo lapso la tasa de desempleo urbano apenas si descendió medio punto (de 8.3 a 7.8%). Nada.
Las privatizaciones aplicadas por Fujimori (el “mejor gobierno de nuestra historia”, según la hija candidata) dejaron un saldo de 300 mil empleados públicos despedidos. La mayoría injustamente, coaccionados por sus empleadores. Otro tanto recontratado, pero a través de empresas de intermediación laboral (services) o cooperativas de trabajo, con derechos laborales recortados e inestabilidad laboral.
Las reformas laborales fujimoristas profundizaron además la desigualdad económica y social. Durante su gobierno se avanzó poco o nada en la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores (mientras aumentaron las ganancias de capital). En un estudio sobre la pobreza en el Perú, Francisco Verdera señala que “la política de salarios mínimos y remuneraciones aplicada después de 1990, ha servido para mantener bajos los sueldos y salarios reales, impidiendo su recuperación a niveles anteriores a la hiperinflación de 1988-1989” (PUCP, CLACSO, 2007).
¿Qué podemos esperar de un eventual gobierno fujimorista? Probablemente más de lo mismo. José Chlimper, actual vocero y jefe de campaña de Fuerza 2011, aprobó –como Ministro de Agricultura en el tercer gobierno fujimorista– una ley que eliminó derechos laborales en un sector relacionado no solo con sus intereses directos (como empresario agroexportador), sino que además gozaba de importantes incentivos arancelarios (vía ATPDEA) que lo hacían competitivo. En el capitalismo de amigotes, Pepe El Vivo.
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