En trabajo y empleo, ¿qué hacer?

 Por Enrique Fernandez Maldonado


El próximo gobierno enfrentará grandes retos. Uno de ellos es la generación de empleo adecuado. Apenas 3 de cada 10 trabajadores cuentan con un empleo de calidad, con derechos y acceso a la protección social. ¿Qué hacer para incluir al resto de peruanos marginados de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina trabajo decente?
Avanzar hacia la generación de empleo de calidad supone un complejo diseño de políticas económicas y laborales cuyo éxito depende de múltiples factores. En mercados de trabajo heterogéneos y desiguales, como el peruano, coexisten diversos tipos de exclusión que exigen la implementación de políticas intersectoriales, articuladas y complementarias, en ámbitos clave como el contexto económico–productivo y la institucionalidad laboral.
Por un lado, resulta fundamental que el próximo gobierno garantice la continuidad del crecimiento económico, pero reduciendo las brechas de productividad existentes entre sectores productivos, regiones y tipo de empresa. Una forma de avanzar hacia esa meta es fortaleciendo la capacidad productiva y de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas (especialmente en el ámbito rural), facilitando el acceso a tecnología, mercados y financiamiento; promoviendo encadenamientos productivos y capacitando a la fuerza de trabajo.
En el segundo caso, lo que se necesita es revisar la actual legislación laboral, que es la misma que impuso el gobierno autoritario de los 90 y que deterioró la calidad del empleo. Un objetivo pendiente de la transición democrática iniciada el 2001 es la aprobación de una Ley General o Código de Trabajo que garantice una debida protección para el trabajador, facilite la gestión de los recursos humanos y promueva la libertad sindical y la negociación colectiva. El próximo Congreso será el escenario donde se defina este proceso de democratización y modernización de las relaciones laborales. Pero el nuevo gobierno deberá brindar señales claras para la dirección de las reformas.
En lo gubernamental, deberá mejorarse el funcionamiento de la Autoridad de Trabajo. Con los últimos gobiernos el MTPE pasó a convertirse en un ministerio “minimalista”. Concentró sus energías en la administración de programas de empleo temporal, capacitación e intermediación laboral, con un impacto reducido. El ínfimo presupuesto asignado –menos del 1% del presupuesto general de la República– demuestra el poco interés asignado al sector y el alcance limitado de sus políticas.
Atender el enorme déficit de empleo decente en el país exige un cambio en el enfoque aplicado por las últimas gestiones. Algunos países de la región, especialmente en el ámbito del Mercosur, reorientaron sus políticas laborales logrando avances importantes (1) . Cambios en la regulación de la subcontratación y la negociación colectiva, el refuerzo de la inspección de trabajo y de la administración de justicia, entre otras medidas, contribuyeron a un aumento del empleo cubierto con seguridad social. La generación de nuevos puestos formales y la formalización progresiva en determinados sectores fueron posibles en el marco del crecimiento económico de la última década.
El incremento periódico (y proporcional al costo de vida) del salario mínimo constituye un instrumento de política laboral de primera importancia. Restituir la capacidad de consumo de los trabajadores no debe ser visto sólo como un acto de justicia redistributiva. Es también una estrategia de política económica con capacidad para estimular la demanda, el ahorro y el mercado interno. Incluir la perspectiva de género en las políticas laborales resultará fundamental para reducir la desigualdad social y económica.