Los crímenes del crecimiento

Por Raquel Palomino                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tanto dolor y no poder hacer nada contra la muerte?...

Entonces todos los hombres de la tierra

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;

incorporóse lentamente,

abrazó al primer hombre; echóse a andar...

César Vallejo

El exitoso modelo económico lleva en su hoja de vida el aumento de los conflictos sociales y los crímenes de la criminalización de la protesta social. La criminalización, como parte de una respuesta estatal a los conflictos sociales, no sólo ha generado miles de personas procesadas, detenidas y sentenciadas por participar en las protestas sino un marco legal y social que promueve el homicidio de civiles y policías en las protestas1. Con las 3 muertes en el conflicto de Islay, son ya 80 personas que mueren durante el segundo gobierno de García y 15 durante el gobierno de Toledo en situaciones de conflictos sociales. ¿Será que el exitoso modelo necesita de tumbas y una paz de cementerio poder seguir creciendo?

¿MODUS OPERANDI ESTATAL?
Estas violaciones a los derechos humanos se han dado por una actuación estatal sistemática que el mismo gobierno acepta cuando señala que “los conflictos sociales que desencadenan en violencia son de alguna o otra manera consecuencia de la acción o inacción del Estado”2.
Así, como parte de su inacción no cumple con su rol de garante para el respeto y cumplimiento de los derechos colectivos; pero sí actúa a través de sus aparatos represivos como son la DINOES y las FFAA para reprimir físicamente y legalmente a los protestantes.

CARACTERÍSTICAS

Uso de Estados de Emergencia.- El gobierno de García ha usado las declaratorias de estado de emergencia ante la aparición de cualquier conflicto social pese a ser una medida de excepción que según la Constitución sólo puede usarse cuando hay peligro de seguridad nacional, guerra externa, etc. pues se suspenden varios derechos fundamentales.
Crímenes de la criminalización.- Otra forma de su actuación fue la de permitir, avalar y hasta legalizar el uso excesivo de la fuerza, violando directivas internas de la policía y normas que ponen límite al uso de la fuerza frente a civiles. Julio Roca, Emiliano García y Rubén Pariona fueron asesinados de un impacto de bala en la cabeza3 durante un paro nacional agrario pacífico en el 2008. A estas muertes se suman las de Bagua, y ahora las 3 muertes de Islay. Lamentablemente, son ya 80 los crímenes de la criminalización, de las cuáles 54 son civiles. En estos casos, los responsables son miembros de la policía.

Militarización de la Protesta Social.- Además, el gobierno promovió las normas 28222 y 29166 que autorizan una mayor intervención de la Fuerzas Armadas en los conflictos sociales4. En este mismo sentido, el reciente DL 1095, autoriza el ingreso de FFAA en los lugares donde se declare el Estado de Emergencia para que actúen contra los “grupos hostiles” con el fin de controlar el orden interno. Para ello se aplicará el derecho internacional humanitario, norma que se usa en las guerras para calificar como “daños colaterales” a las personas heridas o muertas producto de la represión militar. Además este decreto señala que las violaciones de derechos humanos que cometan los integrantes de las FFAA serán juzgadas en el fuero militar lo que les asegura impunidad. En el reciente conflicto de Islay, se autorizó la intervención de las FFAA.Además, hay que recordar que existe el DL 982 que señala que los militares son considerados inimputables si estos causaren lesiones o muertes a la población.

Penalizar la protesta social.- Otra expresión de esta violencia estatal son las normas que penalizan o sobrepenalizan los actos legítimos de la protesta social como es también el DL 982 que usan el delito de “extorsión” para sancionar hasta con 25 años de prisión, la interrupción de carreteras y servicios públicos”5. Estas normas son usadas por los aparatos de justicia. Un ejemplo claro es el caso de Pedro Condori; y además se han endurecido en los últimos gobiernos:

CRECIMIENTO SIN TUMBAS
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala en su informe anual del 2009 que la criminalización es una estrategia estatal que se ha convertido en un factor de riesgo para la vigencia de las libertades fundamentales de la población especialmente. Hoy, la situación se ha complicado pues ahora no sólo se habla de criminalización sino de la militarización de la protesta social y los crímenes de la criminalización. Frente a este panorama preocupante me pregunto ¿Seguimos avanzando con este crecimiento a costa de sangre y cárceles o avanzamos con la construcción de un modelo de desarrollo solidario, democrático sin tumbas ni paz de cementerios?