Habrá crecimiento con estabilidad y redistribución

 

 

Según algunos analistas, la “economía nacional de mercado” que propone Humala no es sino un programa estatista. ¿Esto es así? ¿Qué es una economía de mercado?

No es cierto; nuestra propuesta económica no tiene nada de estatista. La economía nacional de mercado es una estrategia de desarrollo propuesta para una economía, como la nuestra, desconectada de su geografía y demografía, con heterogeneidad estructural y tecnológica, con desarticulación sectorial y concentrada en las zonas urbanas, con reducida capacidad de generación de empleo de calidad y de ingresos, especializada en la producción y exportación de materias primas, y altamente vulnerable a shocks externos adversos.

Se puede decir que estando la economía desconectada de la geografía y la demografía del país, ella no está nacionalmente integrada. Hay zonas del país donde no llega la economía de mercado y tampoco el Estado. Por esta razón decimos que la Economía Nacional de Mercado es el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. Con la Economía Nacional de Mercado estas poblaciones se incorporarán al mercado y a la modernidad. Esta economía nos convertirá en una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente.

¿Actualmente existe una economía de mercado en el país o es una economía mercantilista?

Lo que hay es una economía de mercado, pero no abarca el territorio nacional, descuida la agricultura y tiene impactos reducidos en la condición de vida de la población rural y provinciana de la sierra y de la selva del país. Pero, además, la economía actual está dominada por oligopolios y cuasi-monopolios con influencia notable en el Estado y el Gobierno. Hay lo que técnicamente se llama captura regulatoria. El Estado no está presente en los conflictos entre las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y las comunidades que reclaman acceso al agua y a sus tierras. La manera de crecer de esta economía de mercado reproduce la desconexión de la economía urbana con la agrícola rural, incrementa la desigual distribución de los ingresos y no genera iguales oportunidades para todos los peruanos.

La inversión extranjera es importante para el desarrollo del país ¿qué papel jugará de darse un gobierno de Ollanta Humala?

Por supuesto que la inversión extranjera es importante para el desarrollo del país. Hemos dicho que todas las inversiones extranjeras que respeten estándares laborales básicos, que transfieran tecnología, que respeten el medio ambiente y que tributen con justicia, serán bienvenidas. Pero, además, está dicho en el plan que la inversión extranjera, participará en las inversiones en infraestructura, directamente, en asociaciones publico-privadas o en la modalidad de concesiones. Cerrar el déficit en infraestructura, que supera el 35% del PBI, no puede ser tarea sólo de la inversión pública. Pero, también, el Estado promotor tiene que generar las condiciones para que permitan el desarrollo de las empresas e inversionistas privados nacionales que son las que más emplean la fuerza de trabajo nacional.

Según algunos economistas la propuesta de Gana Perú “cuestiona la estabilidad macroeconómica”

No es verdad que se cuestione la estabilidad macroeconómica. La propuesta económica de Gana Perú es absolutamente clara. Se propone generar las condiciones para que la inversión privada nacional se expanda, con inversiones en infraestructura, con financiamiento competitivo, y con inversión en educación y en ciencia y tecnología. Además, se señala que para sostener el crecimiento es importante la estabilidad macroeconómica. En el plan se propone baja inflación y cuentas fiscales sostenibles. Explícitamente se señala que se introducirá una regla fiscal contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que se fortalecerá el fondo de estabilización fiscal y se mantendrá el actual esquema institucional de política monetaria basado en metas de inflación.

También se cuestiona la propuesta de retornar a la Carta Magna de 1979, pues en opinión de algunos empresarios y detractores esas modificaciones pueden alejar a los inversionistas y configurar una peligrosa concentración de poder.

Es incuestionable que la Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas. Introdujo, por ejemplo, el concepto de subsidiariedad que limita el papel del Estado en la economía, convierte en contratos-ley los contratos de estabilidad tributaria y perjudica a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera. Si hay que hacer ajustes en las políticas públicas, como recomienda el Banco Mundial, tiene que fortalecerse la capacidad del Estado tanto en términos de contenido de las políticas como de recursos para poder financiarlas. No obstante todo lo anterior, Ollanta Humala ha señalado que cualquier modificación de la Constitución tiene que hacerse con base a los consensos que se logren con las otras fuerzas políticas del Congreso. Esto está sobreentendido en el texto del Plan. Los cambios tienen que seguir los procedimientos legales. Finalmente, es importante señalar que lo que más importa es respetar el orden jurídico, el Estado de derecho, y gobernar orientando las políticas públicas hacia la redistribución de la riqueza que es el compromiso firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo pasado.

Los cuestionamientos también se hacen a las llamadas renegociaciones de los acuerdos comerciales firmados y los contratos de concesiones de explotación de recursos naturales, una propuesta clave que los diferencia de los otros programas.

Ollanta Humala ha señalado que se respetarán los acuerdos y contratos. “Desde el momento que fueron firmados, dice, ellos no pueden ser unilateralmente cuestionados o revisados, salvo cuando cláusulas específicas así lo autoricen o cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”. Ahora bien, ¿desde cuándo afirmar que se va a revisar y renegociar contratos que puedan ser lesivos, significa no respetar el Estado de Derecho? Un contrato presupone la presencia de por lo menos dos partes. Por lo tanto, si hay algún problema, la renegociación no podrá ser un acto unilateral. ¿El actual gobierno no inició la renegociación con la empresa el tema de la exportación del gas? Somos respetuosos de los acuerdos del Estado y esto no significa que no se pueda volver discutir los términos iniciales, si hay cláusulas que lo autorizan o, como dice Ollanta Humala, “cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”.

En países desarrollados como Canadá, Francia o Estados Unidos (estos países siguen una economía de mercado) ¿cómo es la relación entre el Estado y las empresas mineras?

La literatura sobre países desarrollados con importantes sectores mineros da cuenta de su contribución al desarrollo de capacidad productiva y mercados internos. Son conocidas las aglomeraciones productivas en tornos a la minería, por ejemplo, en Canadá. Son competitivas y siguen reglas estrictas de control ambiental. También contribuyen a la satisfacción de demandas de las respectivas comunidades indispensables para su desarrollo. Estas aglomeraciones son además receptoras de cambios técnicos importantes que les permite competir con aumentos de la productividad. En otras palabras, la producción minera en estos países contribuye al desarrollo nacional creando industrias y pagando impuestos justos. Australia y EE. UU., introdujeron los impuestos a las sobreganancias mineras y en hidrocarburos, respectivamente; y, en la región, Chile lo acaba de hacer con una modalidad distinta.

Mención aparte es el tema de la libertad de información. En el plan de Gana Perú se señala que el objetivo es “incorporar distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil y recuperar el carácter público de los medios”. Esto inquieta a algunos qué mecanismos empleará para asegurarse de que “los medios sirvan a la democracia”.

Ollanta Humala ha reiterado en su compromiso del 28 de marzo que garantiza la libertad de prensa y de expresión. Él ha firmado el Acuerdo de Lima en el Consejo de la Prensa. Además, hay que señalar que promover una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios vinculados al espacio radioeléctrico, no se puede interpretar como estatización, porque no tiene nada que ver con la propiedad ni con la libertad de expresión. Se trata simplemente de hacer justicia a su condición de recurso público. Es una norma vinculada a la regulación, cuyo objetivo es garantizar la presencia de todos los sectores (público, privado y comunitario), y una distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales para fomentar la competencia. No se menciona para nada que se quitarán las licencias a los actuales medios formales. Lo que se quiere, como lo ha dicho Ollanta Humala, es descentralizar el otorgamiento de licencias. Esta tarea no puede ser monopolizada por el Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, también deben tener participación los gobiernos regionales para que sea posible la participación de la sociedad civil.

Según algunos críticos existe un doble discurso por parte del candidato Ollanta Humala. ¿Existe un divorcio entre lo que el señor Humala dice en sus presentaciones y lo que indica el plan de gobierno de Gana Perú?

No es verdad. La propuesta central que ha mencionado Ollanta Humala es el de forjar el desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado abierta al mundo, que articule la costa, la sierra y la selva del país, desarrollando mercados locales y regionales internos, con trabajo digno y empresas nacionales competitivas. Proponemos otra manera de relacionarnos al mundo y es la de construir Nación mediante la expansión de los mercados internos, la consecuente descentralización y desconcentración del aparato productivo, y la integración económica y social del país. Todo esto está en nuestro plan.

Nosotros planteamos que el crecimiento debe llegar a todos. Si hacer que el crecimiento genere oportunidades para todos es concebido como "ajuste" del modelo y no un cambio de la manera como se crece, no tengo problemas en que se use la palabra ajuste. El fondo del tema es que el crecimiento debe redistribuir riqueza favoreciendo a los que menos tienen.

Para muchos, especialistas “es iluso” creer que el impuesto a las sobre ganancias mineras financiará todas las propuestas de Gana Perú.

Nosotros estamos planteando una reforma tributaria. Esto es indispensable para financiar nuestros programas sociales. Efectivamente no basta con el impuesto a las sobreganancias. El costo de nuestros programas (donde se incluye Pensión 65, Cuna Más, SAMU, etc.) asciende a 3.2% del PBI y con la reforma tributaria, sin contar con los efectos positivos de la lucha contra la evasión y la elusión, los recursos adicionales ascenderían a 3.8% del PBI. La idea es que el Congreso discuta esta reforma. La reforma debe incluir la simplificación del sistema tributario, la reducción del IGV y la simultánea eliminación de las exoneraciones, y la disminución de la carga tributaria que pesa más sobre la mayoría de la población.