De nuevo y a acomodarse
Del 2001 al 2006 el PBI del Perú creció 32%, cantidad notable para los estándares peruanos. Sin embargo, esa bonanza macroeconómica no llegó a amplios sectores de la población, que manifestó su descontento votando por Ollanta Humala, quien estuvo cerca de ganar las elecciones presidenciales.
Las lecciones que debieron haber sacado la clase empresarial, la derecha política y el propio partido de gobierno eran simples y las resumió la CADE de Arequipa en diciembre del 2006: “No existe nosotros con alguien afuera”. O sea, el crecimiento tiene que ser inclusivo, lo que implica dejar de lado los fundamentalismos (“el mercado lo resuelve todo”) para poner en marcha políticas y acciones que permitan tener un crecimiento con una mayor distribución de la riqueza.
De esa manera, las grandes mayorías de la población podrían superar el malestar microeconómico –al que aludió premonitoriamente Jürgen Schuldt en el 2004– y sentir que, cuando la marea económica sube, suben todos los botes, los grandes y los chiquitos.
¿Y qué pasó? Pues que el PBI creció 73% del 2001 al 2010, una cantidad notable –digámoslo otra vez– y 40% desde el 2006 hasta el 2010. La bonanza macroeconómica continuó, pero lo mismo sucedió con el malestar microeconómico de la población, lo que ya comienza a notarse en las encuestas electorales.
Y razón no les falta. Del 2001 al 2011 el salario mínimo pasó de 410 a 600 soles, pero en términos reales (descontando la inflación) solo aumentó 16%, cuando el PBI aumentó 73%. Lo mismo con la participación de los salarios en el PBI, que han alcanzado su mínimo histórico, justo en los años que el PBI crece. Igual con el empleo, pues casi todo el aumento del 2001 a la fecha ha sido en empleos precarios.
Pero quizá lo que más le molesta a la población es escuchar día a día que cualquier reivindicación sobre sus necesidades es inmediatamente denunciada como un “ataque al modelo económico” y, por tanto, imposible de ser cumplida.
Eso pasa cuando se plantea que las comisiones que les pagamos a las AFP se determinen de acuerdo a la rentabilidad y no que las AFP ganen siempre, aunque nosotros perdamos. Igual con la Ley General del Trabajo para “reformar las reformas” de 1991 y 1992 del fujimorismo, que fomentan las “services” e impiden los sindicatos.
¿Es acaso “antimodelo” exigir que no se exporte el gas de Camisea o que Santa Sofía no haga el puerto en Ancón? ¿Es que no se puede exigir que se combata la evasión tributaria y que se derogue la rebaja de aranceles a los productos de lujo, lo que cuesta S/.40 millones anuales? ¿Por qué no puede haber empresas públicas en sectores clave como energía y puertos, como en países vecinos?
¿Acaso no es indispensable que los mercados sean más competitivos para que, por ejemplo, las medicinas bajen de precio cuando el gobierno les reduce los impuestos? ¿Por qué iría contra el modelo económico plantear que, ya, se ponga en marcha el gasoducto sur andino a las regiones más pobres del país?
¿O exigir una pensión no contributiva para el 70% de mayores de 65 años, que hoy no recibe nada en los últimos años de su vida? ¿Y por qué no se pueden elaborar nuevas leyes mineras y petroleras para que el Estado tenga una mejor participación en la renta en las inversiones futuras? ¿Por qué no hay voluntad política para hacerlas?
Casi todas las medidas reseñadas existen ya en Chile, Colombia y Brasil. Pero aquí no se ponen en marcha porque los grandes intereses económicos introducen la trampa de que ellas “cambian” el modelo. En verdad no quieren que nada cambie para que todo siga igual, con lo cual fomentan –sin querer queriendo– la polarización social. A ratos, como en la Cade 2006, hay un rapto de lucidez. Pero dura poco pues lo acalla “la necesidad” de mantener intocable el “modelo económico”.
Quien siembra vientos, cosecha tempestades. El pueblo peruano quiere sentir el bienestar microeconómico cuando la marea sube y por eso está diciendo, de nuevo y a acomodarse.
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