Sucedió en Chile, ¿por qué no en Perú?
“Los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Minería y Energía, Laurence Golborne, anunciaron ayer que las empresas mineras aceptaron adherirse al nuevo proyecto de royalty minero en una proporción bastante mayor a la esperada. Según las autoridades, el 94% de la producción minera del 2011 aceptó cambiar sus contratos de inversión extranjera para modificar la forma de tributación”.
Así informó La Tercera de Santiago el pasado 21 de enero. Estas empresas forman parte del Grupo Privado Minero de los 10 (GMP-10) donde están varias conocidas nuestras. Por ejemplo BHP Billiton, dueña de La Escondida, que aquí es accionista de Antamina (cobre y zinc). También está Barrick, dueña de Zaldívar y que aquí tiene Pierina y Alto Chicama (oro). Otra conocida es Freeport McMoran, dueña de Candelaria y el Abra y aquí de Cerro Verde (cobre). Y así.
Con el nuevo royalty (regalía) los ingresos del fisco chileno aumentarán: “Nuestras indicaciones dicen que aquí hay cerca de US$ 1,000 millones adicionales de ingreso efectivo en el período 2011 y 2014. Esos ingresos adicionales se han calculado con precios que están entre US$ 3,20 y US$ 3,30 la libra. A juzgar por la situación del precio de hoy (US$ 4,30 la libra), por supuesto que esta es una estimación conservadora”, señaló el ministro Larraín (La Tercera, ídem).
El mecanismo funciona así: como la estabilidad tributaria para la mayoría de las empresas termina en el 2018, el Estado promulgó una ley donde se establece un aumento del royalty (a partir del 2018) que va entre el 5 y el 14% de la utilidad operativa. La propuesta que el gobierno les hizo a las mineras fue la siguiente: si ustedes aceptan pagar en el 2010, 2011 y 2012 un royalty más alto que el actual, entonces el Estado les amplía la estabilización tributaria por 6 años más (del 2018 al 2023).
No se sabía si las empresas acogerían la propuesta. Fue decisivo que BHP Billiton fuera la primera en decir sí, porque después las demás hicieron lo mismo. Hubo múltiples argumentos, pero el principal fue que la altísima rentabilidad provocada por los extraordinarios precios del cobre (en el 2003 su precio era US$ 0.63/libra, ver gráfico) sí permitía adelantar y aumentar el pago de impuestos lo que después se va a compensar, en parte, con la ampliación de la estabilidad tributaria.
Esto se acaba de hacer en Chile. Lo importante aquí es que –ante los altos precios del cobre, y de los demás minerales– el gobierno inicia una negociación con las empresas para captar una mayor porción de la renta del cobre, lo que las empresas aceptan porque están obteniendo rentabilidades altísimas, jamás soñadas (hay críticas en Chile a esta iniciativa, afirmando que se ha obtenido muy poco).
¿Por qué en el Perú no se puede plantear algo así? Las alternativas técnicas deben estudiarse (aquí hay propuestas de aumento de las regalías y otras que plantean un impuesto a las sobreganancias mineras), así como debe también abordarse el tema de los contratos de estabilidad tributaria.
Pero el fondo del asunto es que Perú –como Chile– debe tener una mayor participación de la renta de los recursos naturales no renovables –que son de la Nación– para financiar la educación, la salud y la infraestructura. Recalquemos que esta renta aumenta por causas que nada tienen que ver con innovaciones tecnológicas de las empresas las mismas que, además, no ven afectada su rentabilidad esperada.
Para lograrlo, se necesita una sola cosa: voluntad política. Algo que este gobierno no ha tenido pues se contentó con el paupérrimo óbolo minero (a pesar de que en el 2006 ya los precios volaban). Esta iniciativa debiera contar con un consenso de todos los partidos políticos, sin excepción. Pero solo Gana Perú de Ollanta Humala lo tiene en su programa. ¿Por qué será?
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