Azúcar amarga

El proceso de transferencia de la propiedad de las empresas azucareras a inversionistas privados ha estado plagado de irregularidades. Basta ver los conflictos entre los grupos Wong y Bustamante sobre la propiedad de Andahuasi y entre los grupos Oviedo y Gloria sobre Cayaltí, Pomalca y Tumán. Estos conflictos han comprometido al APRA y a la Junta Nacional de Usuarios: ambos apoyan al grupo Oviedo. Éstos, a su vez, acusan a ProInversión de apoyar al Grupo Gloria.

Uno de los atractivos de ‘capturar’ las empresas azucareras es la posibilidad de producir etanol, cuyo consumo nacional e internacional va en aumento. Gracias al TLC con los EEUU, el etanol puede ser exportado a ese país libre de aranceles.

Recordemos cómo hemos llegado a la situación actual. Antes de la reforma agraria las haciendas más grandes y modernas de la costa eran las plantaciones agroindustriales azucareras. En ellas trabajaban más de 30 mil personas. La mayor parte vivían con sus familias en pueblos al interior de las empresas. Existían poderosos sindicatos. Los propietarios –nacionales y extranjeros- eran llamados los ‘barones del azúcar’.

El mismo día que el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria -24 de junio de 1969-, intervino las plantaciones azucareras. Las expropió y adjudicó tierras e instalaciones a cooperativas agrarias de producción, creadas para tal efecto. Es así como los trabajadores llegaron a ser los propietarios. Cada uno tenía sus ‘certificados de aportación’ que difícilmente podían ser transferidos a terceros.

Por diferentes razones, la administración de estas cooperativas fue deficiente. Acumularon grandes deudas con privados y con el Estado. A partir de 1996 el gobierno de Fujimori decidió poner fin a esta situación dando leyes que introdujeron dos cambios muy importantes: la conversión de las cooperativas en sociedades mercantiles (con lo cual los certificados de aportación se convirtieron en acciones, fácilmente transferibles a terceros), y la capitalización de las deudas al Estado (con lo cual éste se convirtió en copropietario). El siguiente paso fue la venta de las acciones del Estado a inversionistas. Algunos ex cooperativistas también vendieron las suyas. Es así como los grupos Wong, Manuelita (Colombianos), Gloria, Oviedo, Huancaruna, Michell accedieron a la propiedad de estas empresas.

El proceso aún no culmina. Los grandes perdedores son los trabajadores. Aunque es cierto que en algunos casos están ahora mejor que en los últimos años como cooperativas, también es cierto que han ido perdiendo la propiedad en un proceso poco transparente.

AUTOR  :  Fernado Eguren
FUENTE : GLOBALIZACION CON EQUIDAD