PERÚ: AGENDA MINERA FRENTE A MAYORES CONFLICTOS SOCIALES
Jorge Manco Zaconetti.
MENOR PRODUCCIÓN AURÍFERA CON PRECIOS DEL ORO POR LAS NUBES
Con el conocimiento de los candidatos presidenciales para las elecciones generales del 2011 sea quien fuere el ungido por la voluntad popular, el poder mediático y las preferencias de nuestro presidente, como Luis Castañeda, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, o Mercedes Aráoz, la agenda para el sector minero será problemática por la agudización de los conflictos sociales, la mayor conciencia ambiental, los requerimientos en el abastecimiento de agua, la necesidad de mayores ingresos fiscales frente a una franciscana participación en la renta minera, la expansión indiscriminada de la minería informal como respuesta a los extraordinarios precios del oro, como las demandas de las comunidades directamente afectadas por la expansión minera.
A ello debieran agregarse las crecientes críticas al modelo primario exportador, la necesidad de fomentar las políticas de valor agregado, para industrializar parte de la producción interna de los metales, la presencia de autoridades regionales recientemente elegidas que cuestionan el modelo de “explotación minero empobrecedor”, en especial Cajamarca, Junín, Cusco, Arequipa, Piura, Ancash.
Por tanto, las diversas proyecciones de las inversiones mineras que consideran montos superiores a los 42 mil millones de dólares en el próximo quinquenio debieran ser sometidas a un análisis más exigente y realista, para evaluar los parámetros fiscales, sociales y ambientales. Expresión de ello por ejemplo son las limitaciones que tiene Mra. Yanacocha para su expansión productiva desde el 2005 a la fecha como analizaremos a continuación.
Desde el punto de vista macroeconómico terminaremos el año con un crecimiento superior al 8% del PBI y el crecimiento del 2011 se estima mayor al 6%. Es decir, resultados positivos explicables en gran parte por la coyuntura favorable de los precios de los minerales cuyas exportaciones en el Perú constituyen más del 60% de las exportaciones totales, determinando en promedio el 40% de los impuestos de tercera categoría en el período 2005-2009. Es decir, la actividad minera que representa menos del 10% del PBI, con el 1% de la PEA ocupada genera los mayores ingresos fiscales en relación al impuesto a la renta, pero creemos que ello no resulta suficiente.
Al mismo tiempo este crecimiento económico en el sector minero está estimulando mayores conflictos sociales con una creciente oposición de la población hacia proyectos que supuestamente pondrían en riesgo la dotación de agua. En tales términos recuerdo un artículo publicado en El Comercio por el patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana que se titulaba: “la minería debe sembrar agua”.
En verdad, en países como el nuestro donde históricamente el acceso y dotación del agua ha sido siempre un problema, en especial en los departamentos del sur: Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna donde la escasez de agua es crónica, evidentemente todo nuevo proyecto minero sea Quellaveco bajo responsabilidad de AngloAmerican o Tía María de Southern Perú Copper Corp., debieran hacer uso del agua de mar para hacer viable los proyectos. En una coyuntura electoral este tema es políticamente sensible para los pobladores locales.
Debiera ser evidente que la “minería de nuevo tipo” asegure la cantidad y calidad en la provisión de agua en las zonas altoandinas, con represas, lagunas artificiales, pozos, acueductos al servicio de las poblaciones campesinas en el proceso de construcción de aliados locales. En tal sentido, las inversiones mineras deben “sembrar agua”, esta tesis lamentablemente colisiona con los principios de maximización de las utilidades y las políticas de ahorro de costos.
MAYORES INGRESOS FISCALES
Sin embargo al margen del problema del agua, los conflictos sociales y la creciente oposición a la explotación minera, existe un punto crítico relacionado con la débil participación fiscal que por ahora se limita fundamentalmente a la recaudación del impuesto a la renta, del cual el 50% se constituye por decisión del Estado en canon minero. Es decir, ¡en verdad no existe un verdadero canon minero!
Se debe mencionar que todas las empresas jurídicas y naturales abonan el impuesto a la renta, pero las empresas mineras no abonan por la extinción, agotamiento y consumo de recursos naturales no renovables como los recursos mineros.
En este punto habría que hacer una distinción entre el factor agotamiento (depletion) con las regalías que algunas empresas cargan directamente a sus costos de producción como Mra. Yanacocha, Mra. Barrick (por Lagunas Norte). Por ello sirvan las reflexiones del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cuando afirmaba que: “Uno puede estimar la riqueza de un país una vez incluidos los recursos que yacen debajo del suelo. Si el país extrae dichos recursos y los consume, la riqueza del país disminuye. El PBI no toma en cuenta la merma de los recursos, o si dichos recursos han sido convertidos de un activo enterrado bajo el suelo a un activo que ahora está encima del suelo. Cualquier compañía, si uno revisa sus libros contables, tomaría en cuenta la depreciación en todos los casos…”
En primer lugar, debiera ser evidente que en la contabilidad minera el factor agotamiento en algunas empresas se cargan directamente a costos, la valorización de las reservas y su disminución por año se manifiesta a través de la cuenta “amortización de intangibles”, que tienen como efecto contable sobrevalorar los costos de venta y por tanto disminuir la utilidad antes de impuestos afectando los valores del impuesto a la renta por abonar y por tanto el canon.
Si el Estado resulta el titular, el propietario a nombre de la Nación de los recursos mineros al no contabilizar el “factor agotamiento”, esto representa una merma del “stock de capital natural” del país, por tanto está dejando de percibir ingentes recursos que podrían servir para financiar la educación y salud de calidad sobre todo en las provincias.
A ello debieran sumarse las regalías que en nuestro país están definidas como una “contraprestación” por la explotación de los recursos mineros aplicadas como un porcentaje de 1%, 2% y 3% sobre el valor de los concentrados o su equivalente. Así, todas las empresas que tienen valores de producción en ventas de concentrados superiores a los 120 millones de dólares por año teóricamente debieran abonar el 3% por concepto de regalías.
Lamentablemente la debilidad e incapacidad del Estado para negociar y renegociar en los mejores términos los intereses del país, ha permitido que el llamado “cogollo minero” tales como Mra. Yanacocha, Mra. Barrick, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, y Mra. Tintaya eludan el abono de las llamadas regalías mineras escudadas en el manto de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. ¡Evidentemente con los altos precios del oro, plata y cobre el Estado está dejando de percibir millonarios ingresos por regalías no pagadas!
Al respecto el mismo Joseph Stiglitz afirmaba que “Si el país no está percibiendo ingreso alguno, o percibe un ingreso muy reducido porque solamente cuenta con regalías por el valor de 1, 2, o 3 por ciento, la degradación del medio ambiente puede ser superior a este ingreso” (Joseph Stiglitz Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia XI Diálogo Democrático).
Esta problemática se relaciona con el necesario balance del costo/beneficio no solamente en términos estrictamente económicos sino también en relación a los costos ambientales, de allí el tema de los pasivos mineros y el cierre de minas que en nuestra legislación recién se aplican a partir de la ley 28090 de octubre del 2003, y tendría su prueba de fuego en el cierre de la unidad Pierina de Barrick Misquichilca (Ancash).
MRA. YANACOCHA: MENOR PRODUCCIÓN
El cuadro “Perú: Ranking de las Empresas Productoras de Oro” presenta la producción aurífera en dos momentos en el tiempo, el período enero/octubre del 2005 en comparación a similar período del 2010. Resulta ilustrativo el caso de Mra. Yanacocha donde la producción disminuye en un 52%, desde una producción de 2.6 millones de onzas se decrece a 1.2 millones para el período enero/octubre del 2010, a pesar de los importantes precios del oro que se dispararon desde 445 dólares la onza en el 2005 para llegar en promedio en el 2010 a los 1,210 dólares la onza con tendencia al aumento.
Evidentemente esta disminución de más de 1.4 millones de onzas de oro significan menores ingresos y utilidades para los accionistas de la minera, pero también menores ingresos fiscales por concepto del impuesto a la renta. La razón de fondo de estos menores niveles productivos se explicarían por la creciente oposición de la población cajamarquina a la expansión de la minera, a las malas prácticas de Mra. Yanacocha más preocupada en “comprar tiempo” y autoridades, a los efectos de la contaminación de mercurio en Choropampa, y en especial a la débil participación tributaria de la minera.
Resulta contradictorio para una empresa minera que tiene entre sus accionistas al brazo financiero del Banco Mundial, el IFC con el 5%, a la transnacional Newmont y al grupo Buenaventura, las malas relaciones comunitarias con el entorno, donde el problema del agua y la calidad de la misma es uno de los problemas, a ello se debiera agregar las limitaciones del llamado “aporte voluntario” que compensa en parte el no abono de las llamadas regalías mineras.
Por tanto, como paradoja se puede decir que a mayores niveles internacionales de los precios del oro y la plata para Mra. Yanacocha le corresponde menores niveles productivos, producto de la creciente oposición de la población campesina a la expansión de la minera que tiene ahora su representación directa en el presidente regional Gregorio Santos, un reconocido líder popular que se ha forjado en la lucha contra los abusos de la empresa.
Si bien en su conjunto la disminución de la producción aurífera transita de los 5.3 millones de onzas en el período enero/octubre del 2005 a un poco menos de 4.4 millones de onzas para el período enero/octubre 2010, es decir con una variación negativa del 17%, a nivel individual la mayoría de empresas incrementa la producción como una respuesta a los mayores precios del metal amarillo. Siendo el caso más espectacular de la Cía. Mra. Buenaventura que en el período en mención pasa de la producción de 183 mil onzas a producir 317 mil onzas.
En resumen, un nuevo gobierno debe estudiar los mecanismos para incrementar la participación del Estado en la renta minera sea a través de un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias o por medio del incremento de las tasas de regalías que debieran ser asumidas por todas las empresas en su conjunto. A ello se debiera sumar como norma obligatoria que el 3.75% de la utilidad neta de todas las empresas mineras metálicas y no metálicas sea concebida como Aporte Obligatorio por concepto de inversión en responsabilidad social, despojándole el contenido de “aporte voluntario”, que dicho sea de paso, negoció precariamente para los intereses del país el gobierno del Dr. Alan García Pérez.
Al mismo tiempo el Estado debiera tener una valorización de los recursos mineros para introducir al margen del tradicional costo/beneficio, los costos ambientales y el problema de la dotación de agua. En tal sentido, se debiera valorizar y costear el recurso hídrico en razón de su escasez no solamente para la actividad minera sino también en la generación eléctrica e industrial.
Por último, se debiera discutir en la presente campaña electoral la necesidad de fomentar las políticas de valor agregado de los productos mineros, es decir la industrialización del oro, plata, cobre etc. para dejar de exportar concentrados como en los gloriosos años cincuenta. Sobre estos se tratará en los próximos artículos.
Con el conocimiento de los candidatos presidenciales para las elecciones generales del 2011 sea quien fuere el ungido por la voluntad popular, el poder mediático y las preferencias de nuestro presidente, como Luis Castañeda, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, o Mercedes Aráoz, la agenda para el sector minero será problemática por la agudización de los conflictos sociales, la mayor conciencia ambiental, los requerimientos en el abastecimiento de agua, la necesidad de mayores ingresos fiscales frente a una franciscana participación en la renta minera, la expansión indiscriminada de la minería informal como respuesta a los extraordinarios precios del oro, como las demandas de las comunidades directamente afectadas por la expansión minera.
A ello debieran agregarse las crecientes críticas al modelo primario exportador, la necesidad de fomentar las políticas de valor agregado, para industrializar parte de la producción interna de los metales, la presencia de autoridades regionales recientemente elegidas que cuestionan el modelo de “explotación minero empobrecedor”, en especial Cajamarca, Junín, Cusco, Arequipa, Piura, Ancash.
Por tanto, las diversas proyecciones de las inversiones mineras que consideran montos superiores a los 42 mil millones de dólares en el próximo quinquenio debieran ser sometidas a un análisis más exigente y realista, para evaluar los parámetros fiscales, sociales y ambientales. Expresión de ello por ejemplo son las limitaciones que tiene Mra. Yanacocha para su expansión productiva desde el 2005 a la fecha como analizaremos a continuación.
Desde el punto de vista macroeconómico terminaremos el año con un crecimiento superior al 8% del PBI y el crecimiento del 2011 se estima mayor al 6%. Es decir, resultados positivos explicables en gran parte por la coyuntura favorable de los precios de los minerales cuyas exportaciones en el Perú constituyen más del 60% de las exportaciones totales, determinando en promedio el 40% de los impuestos de tercera categoría en el período 2005-2009. Es decir, la actividad minera que representa menos del 10% del PBI, con el 1% de la PEA ocupada genera los mayores ingresos fiscales en relación al impuesto a la renta, pero creemos que ello no resulta suficiente.
Al mismo tiempo este crecimiento económico en el sector minero está estimulando mayores conflictos sociales con una creciente oposición de la población hacia proyectos que supuestamente pondrían en riesgo la dotación de agua. En tales términos recuerdo un artículo publicado en El Comercio por el patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana que se titulaba: “la minería debe sembrar agua”.
En verdad, en países como el nuestro donde históricamente el acceso y dotación del agua ha sido siempre un problema, en especial en los departamentos del sur: Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna donde la escasez de agua es crónica, evidentemente todo nuevo proyecto minero sea Quellaveco bajo responsabilidad de AngloAmerican o Tía María de Southern Perú Copper Corp., debieran hacer uso del agua de mar para hacer viable los proyectos. En una coyuntura electoral este tema es políticamente sensible para los pobladores locales.
Debiera ser evidente que la “minería de nuevo tipo” asegure la cantidad y calidad en la provisión de agua en las zonas altoandinas, con represas, lagunas artificiales, pozos, acueductos al servicio de las poblaciones campesinas en el proceso de construcción de aliados locales. En tal sentido, las inversiones mineras deben “sembrar agua”, esta tesis lamentablemente colisiona con los principios de maximización de las utilidades y las políticas de ahorro de costos.
MAYORES INGRESOS FISCALES
Sin embargo al margen del problema del agua, los conflictos sociales y la creciente oposición a la explotación minera, existe un punto crítico relacionado con la débil participación fiscal que por ahora se limita fundamentalmente a la recaudación del impuesto a la renta, del cual el 50% se constituye por decisión del Estado en canon minero. Es decir, ¡en verdad no existe un verdadero canon minero!
Se debe mencionar que todas las empresas jurídicas y naturales abonan el impuesto a la renta, pero las empresas mineras no abonan por la extinción, agotamiento y consumo de recursos naturales no renovables como los recursos mineros.
En este punto habría que hacer una distinción entre el factor agotamiento (depletion) con las regalías que algunas empresas cargan directamente a sus costos de producción como Mra. Yanacocha, Mra. Barrick (por Lagunas Norte). Por ello sirvan las reflexiones del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cuando afirmaba que: “Uno puede estimar la riqueza de un país una vez incluidos los recursos que yacen debajo del suelo. Si el país extrae dichos recursos y los consume, la riqueza del país disminuye. El PBI no toma en cuenta la merma de los recursos, o si dichos recursos han sido convertidos de un activo enterrado bajo el suelo a un activo que ahora está encima del suelo. Cualquier compañía, si uno revisa sus libros contables, tomaría en cuenta la depreciación en todos los casos…”
En primer lugar, debiera ser evidente que en la contabilidad minera el factor agotamiento en algunas empresas se cargan directamente a costos, la valorización de las reservas y su disminución por año se manifiesta a través de la cuenta “amortización de intangibles”, que tienen como efecto contable sobrevalorar los costos de venta y por tanto disminuir la utilidad antes de impuestos afectando los valores del impuesto a la renta por abonar y por tanto el canon.
Si el Estado resulta el titular, el propietario a nombre de la Nación de los recursos mineros al no contabilizar el “factor agotamiento”, esto representa una merma del “stock de capital natural” del país, por tanto está dejando de percibir ingentes recursos que podrían servir para financiar la educación y salud de calidad sobre todo en las provincias.
A ello debieran sumarse las regalías que en nuestro país están definidas como una “contraprestación” por la explotación de los recursos mineros aplicadas como un porcentaje de 1%, 2% y 3% sobre el valor de los concentrados o su equivalente. Así, todas las empresas que tienen valores de producción en ventas de concentrados superiores a los 120 millones de dólares por año teóricamente debieran abonar el 3% por concepto de regalías.
Lamentablemente la debilidad e incapacidad del Estado para negociar y renegociar en los mejores términos los intereses del país, ha permitido que el llamado “cogollo minero” tales como Mra. Yanacocha, Mra. Barrick, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, y Mra. Tintaya eludan el abono de las llamadas regalías mineras escudadas en el manto de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. ¡Evidentemente con los altos precios del oro, plata y cobre el Estado está dejando de percibir millonarios ingresos por regalías no pagadas!
Al respecto el mismo Joseph Stiglitz afirmaba que “Si el país no está percibiendo ingreso alguno, o percibe un ingreso muy reducido porque solamente cuenta con regalías por el valor de 1, 2, o 3 por ciento, la degradación del medio ambiente puede ser superior a este ingreso” (Joseph Stiglitz Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia XI Diálogo Democrático).
Esta problemática se relaciona con el necesario balance del costo/beneficio no solamente en términos estrictamente económicos sino también en relación a los costos ambientales, de allí el tema de los pasivos mineros y el cierre de minas que en nuestra legislación recién se aplican a partir de la ley 28090 de octubre del 2003, y tendría su prueba de fuego en el cierre de la unidad Pierina de Barrick Misquichilca (Ancash).
MRA. YANACOCHA: MENOR PRODUCCIÓN
El cuadro “Perú: Ranking de las Empresas Productoras de Oro” presenta la producción aurífera en dos momentos en el tiempo, el período enero/octubre del 2005 en comparación a similar período del 2010. Resulta ilustrativo el caso de Mra. Yanacocha donde la producción disminuye en un 52%, desde una producción de 2.6 millones de onzas se decrece a 1.2 millones para el período enero/octubre del 2010, a pesar de los importantes precios del oro que se dispararon desde 445 dólares la onza en el 2005 para llegar en promedio en el 2010 a los 1,210 dólares la onza con tendencia al aumento.
Evidentemente esta disminución de más de 1.4 millones de onzas de oro significan menores ingresos y utilidades para los accionistas de la minera, pero también menores ingresos fiscales por concepto del impuesto a la renta. La razón de fondo de estos menores niveles productivos se explicarían por la creciente oposición de la población cajamarquina a la expansión de la minera, a las malas prácticas de Mra. Yanacocha más preocupada en “comprar tiempo” y autoridades, a los efectos de la contaminación de mercurio en Choropampa, y en especial a la débil participación tributaria de la minera.
Resulta contradictorio para una empresa minera que tiene entre sus accionistas al brazo financiero del Banco Mundial, el IFC con el 5%, a la transnacional Newmont y al grupo Buenaventura, las malas relaciones comunitarias con el entorno, donde el problema del agua y la calidad de la misma es uno de los problemas, a ello se debiera agregar las limitaciones del llamado “aporte voluntario” que compensa en parte el no abono de las llamadas regalías mineras.
Por tanto, como paradoja se puede decir que a mayores niveles internacionales de los precios del oro y la plata para Mra. Yanacocha le corresponde menores niveles productivos, producto de la creciente oposición de la población campesina a la expansión de la minera que tiene ahora su representación directa en el presidente regional Gregorio Santos, un reconocido líder popular que se ha forjado en la lucha contra los abusos de la empresa.
Si bien en su conjunto la disminución de la producción aurífera transita de los 5.3 millones de onzas en el período enero/octubre del 2005 a un poco menos de 4.4 millones de onzas para el período enero/octubre 2010, es decir con una variación negativa del 17%, a nivel individual la mayoría de empresas incrementa la producción como una respuesta a los mayores precios del metal amarillo. Siendo el caso más espectacular de la Cía. Mra. Buenaventura que en el período en mención pasa de la producción de 183 mil onzas a producir 317 mil onzas.
En resumen, un nuevo gobierno debe estudiar los mecanismos para incrementar la participación del Estado en la renta minera sea a través de un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias o por medio del incremento de las tasas de regalías que debieran ser asumidas por todas las empresas en su conjunto. A ello se debiera sumar como norma obligatoria que el 3.75% de la utilidad neta de todas las empresas mineras metálicas y no metálicas sea concebida como Aporte Obligatorio por concepto de inversión en responsabilidad social, despojándole el contenido de “aporte voluntario”, que dicho sea de paso, negoció precariamente para los intereses del país el gobierno del Dr. Alan García Pérez.
Al mismo tiempo el Estado debiera tener una valorización de los recursos mineros para introducir al margen del tradicional costo/beneficio, los costos ambientales y el problema de la dotación de agua. En tal sentido, se debiera valorizar y costear el recurso hídrico en razón de su escasez no solamente para la actividad minera sino también en la generación eléctrica e industrial.
Por último, se debiera discutir en la presente campaña electoral la necesidad de fomentar las políticas de valor agregado de los productos mineros, es decir la industrialización del oro, plata, cobre etc. para dejar de exportar concentrados como en los gloriosos años cincuenta. Sobre estos se tratará en los próximos artículos.
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