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Esta semana continuarán en la ciudad de Lima una serie de actos que buscan recordar los sucesos de Bagua. El 5 de junio de 2009 se ha convertido en una fecha clave para entender los complejos procesos sociales que se desarrollan en el país y cómo las organizaciones indígenas vienen construyendo su propio protagonismo y hacen visible sus demandas.

Como se sabe, sesenta días de movilización amazónica fueron una contundente respuesta al gobierno y a la pretensión de imponer un paquete de decretos que atentaban contra los derechos de los pueblos indígenas. Los sucesos de Bagua y las lamentables muertes de policías y comuneros, muestran que en el país carecemos de vías institucionales que permitan encausar los conflictos por canales democráticos de real participación ciudadana.

A un año de los sucesos de Bagua, organizaciones sociales de comunidades, como la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus aliados han logrado que el Congreso apruebe la ley que reconoce el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas.

Sin embargo la presión de los grupos empresariales y la escasa voluntad política del gobierno apuntan a pretender seguir postergando la implementación del nuevo marco legal: mientras el gobierno ofrece diálogo permanente con las comunidades nativas, al mismo tiempo anuncia que la promulgación de la ley de consulta demorará un tiempo más.

La Amazonía es de todos los peruanos ha señalado el presidente peruano, en alusión a las demandas indígenas. Habría que agregar, de todos los peruanos y también de toda la humanidad, por su creciente valor estratégico. El reto es revisar qué se está haciendo para protegerla y aprovecharla con criterios de sostenibilidad. ¿El gobierno apuesta a que las transnacionales mineras y petroleras lo hagan mejor que las comunidades indígenas?

Lo que existe en el país como instrumentos e institucionalidad para gestionar nuestros recursos naturales son insuficientes. La carencia de verdaderas políticas públicas para preservar bienes comunes de valor estratégico para todos los peruanos, es uno de los temas centrales que las comunidades amazónicas han puesto en debate: al mismo tiempo que demandan justicia social también reclaman por justicia ecológica.

AUTOR : Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración del estudio Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú y coresponsable de la investigación sobre Minería y Comunidades: Manejo de Recursos Naturales y Pobreza para la Universidad de Massachussets y el Political Economy Research Institute (EEUU). Igualmente, es miembro del grupo promotor de la Red Mundial sobre Minería.
FUENTE : COORDINADORA NACIONAL DE RADIO

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