“A más consulta, menos conflicto”

Ese fue el lema de los promotores de la ley de consulta. La frase nos lleva a preguntar cuánto se habría ahorrado el país en todos estos años si hubiésemos contado con un buen mecanismo de consulta. El convenio de la OIT fue ratificado por el Perú en 1994: han pasado dieciséis años y hasta ahora nada.

El lunes 21 de junio el Ejecutivo presentó, en fecha y hora límites, un conjunto de observaciones a la Ley de Consulta Previa para los Pueblos Indígenas que había sido aprobada por el Congreso el pasado 19 de mayo.

Son ocho las observaciones presentadas por el Ejecutivo que modifican aspectos sustantivos de la ley y terminan por desnaturalizarla. Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés general de la Nación. Se señala, además, que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”.

En esta observación se contraponen los derechos de los pueblos indígenas con un difuso interés nacional. Cabe señalar que este ha sido un argumento muy utilizado, cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta: “¿por qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”.

El gran problema es que, en un país como el Perú, no existen políticas públicas que permitan presentar evidencias claras de que tal o cual proyecto responde al “interés de la Nación”. Precisamente, uno de los retos pendientes es dotarnos de esos instrumentos y uno de ellos puede ser la consulta previa.

La consulta puede y debe implicar varias cosas: acuerdos, diálogo democrático intenso entre el Estado, las comunidades y las empresas; desarrollo de capacidades, aprendizajes, etc. Hay todo un paquete que debe ser tomado de manera integral para beneficio de las comunidades y por supuesto para beneficio de todo el país.

En ese paquete está la posibilidad de que el país con los pueblos indígenas involucrados decidan cuándo y bajo qué condiciones nos conviene que haya, por ejemplo, minería o hidrocarburos; cuándo le conviene al país que un determinado ecosistema sea preservado por los servicios ambientales que presta; cuándo y de qué forma conviene una determinada obra de infraestructura, etc. Todo esto implica un diálogo intenso que ayudará a fortalecer las prácticas democráticas que terminarán definiendo un clima favorable para todos, incluidos los inversionistas.

Aparentemente, el gobierno pretende seguir eximiendo del proceso de consulta los planes, proyectos y programas que considera de “interés nacional”. Su interpretación sobre las medidas legislativas o administrativas que deben consultarse es restrictiva y profundamente vertical. Además no se sacan las lecciones de años de conflictos que no han podido ser canalizados por vías institucionales y democráticas como las que plantea la referida ley.

Las observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Habrá que esperar qué reacciones se producen en el Congreso y cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado.

AUTOR : Jose de Echave; Economista
FUENTE : ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU