Lecciones de una catástrofe

La explosión de una plataforma petrolera en el golfo de México el pasado 20 de abril ha provocado una de las mayores catástrofes ambientales de la historia reciente. El volumen de petróleo vertido al océano ha superado los 250 mil barriles de Exxon Valdez, y puede exceder los 2 millones para agosto próximo. Todas las especies marinas de la zona están siendo envenenadas y el turismo entrará en crisis, desde México hasta la Florida. Los efectos a largo plazo podrían ser aún peores que los observados hasta ahora, afectando la ecología y la economía de millones de personas.

Esta catástrofe ha puesto en evidencia los graves riesgos que la humanidad enfrenta cuando los gobiernos son infiltrados y capturados por los grupos de poder económico. La política energética en los EEUU con los gobiernos anteriores, especialmente durante la era Bush-Cheney, fue diseñada por las propias corporaciones petroleras, que usaron su enorme poder para imponer sus reglas, corromper funcionarios públicos y pervertir la democracia. En lugar del gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, al que aspiraba Lincoln, los gobiernos en EEUU se pusieron al servicio de los grandes capitales, afectando sectores críticos como las finanzas y la energía. Esta es una de las principales causas de las graves crisis económicas y ambientales que amenazan la vida de nuestras sociedades.

La alerta provocada por este desastre ofrece una nueva oportunidad para cambiar de curso y adoptar reformas radicales, empezando por la reorganización y fortalecimiento de la regulación y supervisión de las industrias extractivas, obligándolas a pagar por todo el daño ambiental que provocan e imponiendo sanciones penales más altas por delitos ambientales. Por cierto, esto pasa por construir un nuevo consenso sobre el rol de los Estados y los gobiernos: la protección de nuestro hábitat es demasiado importante como para dejarla en manos de corporaciones privadas. Es urgente incentivar un cambio cultural orientado al ahorro de energía y adoptar medidas inmediatas para acelerar la transición hacia energías más limpias, incluyendo la imposición de un “impuesto al carbono” a escala global. Bajo estas condiciones las empresas estarían obligadas a considerar, como reserva contingente, el enorme costo de estos desastres, y la mayor parte del petróleo existente, sobre todo debajo de los océanos, podría quedarse en su lugar.

Lamentablemente, la supervisión de las actividades de minería e hidrocarburos en nuestro país también ha empezado a debilitarse. Durante los últimos años esta función estuvo a cargo del Osinergmin, un organismo que cuenta con recursos humanos calificados, presupuesto suficiente, prestigio y autonomía para rechazar las presiones de los grupos de poder. Sus directivos son seleccionados mediante concurso público, por un periodo de cinco años, y no pueden ser removidos tan fácilmente. Sin embargo, el gobierno actual decidió transferir esta función a un nuevo organismo dependiente del Ministerio del Ambiente, que no cuenta con suficiente presupuesto y personal calificado, ni autonomía. Sus directivos son designados “a dedo”, pueden ser removidos a libre albedrío y son vulnerables a las presiones de los grupos empresariales.

El presidente Obama enfrenta el grave desafío de diseñar una nueva política energética que vaya a las raíces del problema. Y en el Perú enfrentamos también el desafío de elegir un nuevo gobierno que sea capaz de fortalecer a un Estado cuya capacidad de supervisión ha sido irresponsablemente debilitada.

AUTOR : Jose Tavara ; Profesor PUCP.
FUENTE : ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU