Opciones frente a la crisis de los reguladores
Cualquiera que conozca un poco el Perú puede apreciar el enorme déficit en el desarrollo de redes de transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, fundamentales para la expansión de los mercados y para mejorar la calidad de vida. Se requieren inversiones elevadas, con financiamiento público y privado, y por tanto estabilidad de las reglas de juego, imparcialidad y calidad en las decisiones de los organismos de regulación sectorial.
La crisis de estos organismos aún no se aprecia en toda su dimensión, pero, sin duda, afectará la gestión del próximo gobierno y el bienestar de los usuarios. Dado que la maduración de las inversiones toma cierto tiempo, los efectos de la regulación se manifiestan con retardo, de manera que malos reguladores pueden cosechar los frutos de una buena gestión anterior, y viceversa, la buena gestión de un regulador puede ser opacada por los efectos de malas decisiones adoptadas en el pasado.
La crisis actual tiene varias causas. Una de ellas fue la fijación demagógica de topes a los ingresos en el sector público, que limitó la participación de profesionales calificados en los concursos para reemplazar a los presidentes de los reguladores. En casi todos los casos, se designó a personas con criterios políticos, sin indagar sobre su trayectoria en la función pública. Poco después, el Gobierno modificó los reglamentos, sin discusión ni consulta alguna, concentrando en los nuevos presidentes la capacidad de designar y remover a los gerentes, decisión que provocó la renuncia de todos los directores de Osiptel y Ositran.
Luego, mediante un nuevo decreto, el Gobierno liquidó el mecanismo de renovación gradual de un director cada año -que amortiguaba el impacto del ciclo político y facilitaba continuidad y consistencia en las decisiones- contraviniendo lo establecido en las leyes 27332 y 28337. Con la excepción del regulador de la energía -cuyos equipos siguen en funciones bajo el mismo liderazgo- los demás reguladores fueron perdiendo a sus mejores profesionales. En Osiptel y Ositran, se aumentó el número de plazas, pero se contrató gente poco calificada. A la fecha, los directorios se encuentran incompletos, y hay presiones para designar personas del partido del gobierno. Una de ellas ha sido incluso removida del Osiptel por falta grave.
La solución definitiva a la crisis de los reguladores, es blindarlos con autonomía constitucional. Esto supondría su integración en una sola entidad, a cargo de un directorio designado en un proceso similar al del BCR, pues es poco viable otorgar autonomía a cuatro entidades separadas. Por cierto, esta reforma tomaría dos legislaturas y no puede ser liderada por un gobierno de salida que, además, es el principal responsable de la crisis actual.
La fusión tiene ventajas y desventajas. Entre las primeras destacan las sinergias y la reducción de inconsistencias generadas por adoptar metodologías distintas frente a problemas similares. Por ejemplo, la valoración del capital y la productividad. En teoría, también podría lograrse una organización más eficiente, que reduzca los costos administrativos de la regulación.
El principal problema con la fusión es que eleva el riesgo de captura. Al concentrarse la información en una sola entidad, se reducen los costos de transacción asociados a una eventual colusión entre regulador y regulado. Para reducir este riesgo, podrían crearse divisiones especializadas en cada industria, que operen con autonomía de la administración central. Asimismo, tendrían que adoptarse mecanismos rigurosos de evaluación y promoción del personal en base a méritos, despidiendo al personal contratado por favores políticos. También habría que fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, con el concurso de asesores calificados en el Congreso de la República y una mayor participación de la sociedad civil.
En ausencia de estas condiciones, la fusión sería contraproducente. El próximo gobierno heredará reguladores debilitados y tendrá la responsabilidad de evitar atentados similares en el futuro, por ejemplo con una Ley Orgánica de la Regulación que apuntale los principios de autonomía y transparencia. Ojalá los electores piensen bien antes de emitir su voto, y que el nuevo Congreso esté a la altura del desafío.
AUTOR : JOSE TAVARA ; Catedrático - Departamento de Economía de la PUCP.
FUENTE : DIARIO GESTION
La crisis de estos organismos aún no se aprecia en toda su dimensión, pero, sin duda, afectará la gestión del próximo gobierno y el bienestar de los usuarios. Dado que la maduración de las inversiones toma cierto tiempo, los efectos de la regulación se manifiestan con retardo, de manera que malos reguladores pueden cosechar los frutos de una buena gestión anterior, y viceversa, la buena gestión de un regulador puede ser opacada por los efectos de malas decisiones adoptadas en el pasado.
La crisis actual tiene varias causas. Una de ellas fue la fijación demagógica de topes a los ingresos en el sector público, que limitó la participación de profesionales calificados en los concursos para reemplazar a los presidentes de los reguladores. En casi todos los casos, se designó a personas con criterios políticos, sin indagar sobre su trayectoria en la función pública. Poco después, el Gobierno modificó los reglamentos, sin discusión ni consulta alguna, concentrando en los nuevos presidentes la capacidad de designar y remover a los gerentes, decisión que provocó la renuncia de todos los directores de Osiptel y Ositran.
Luego, mediante un nuevo decreto, el Gobierno liquidó el mecanismo de renovación gradual de un director cada año -que amortiguaba el impacto del ciclo político y facilitaba continuidad y consistencia en las decisiones- contraviniendo lo establecido en las leyes 27332 y 28337. Con la excepción del regulador de la energía -cuyos equipos siguen en funciones bajo el mismo liderazgo- los demás reguladores fueron perdiendo a sus mejores profesionales. En Osiptel y Ositran, se aumentó el número de plazas, pero se contrató gente poco calificada. A la fecha, los directorios se encuentran incompletos, y hay presiones para designar personas del partido del gobierno. Una de ellas ha sido incluso removida del Osiptel por falta grave.
La solución definitiva a la crisis de los reguladores, es blindarlos con autonomía constitucional. Esto supondría su integración en una sola entidad, a cargo de un directorio designado en un proceso similar al del BCR, pues es poco viable otorgar autonomía a cuatro entidades separadas. Por cierto, esta reforma tomaría dos legislaturas y no puede ser liderada por un gobierno de salida que, además, es el principal responsable de la crisis actual.
La fusión tiene ventajas y desventajas. Entre las primeras destacan las sinergias y la reducción de inconsistencias generadas por adoptar metodologías distintas frente a problemas similares. Por ejemplo, la valoración del capital y la productividad. En teoría, también podría lograrse una organización más eficiente, que reduzca los costos administrativos de la regulación.
El principal problema con la fusión es que eleva el riesgo de captura. Al concentrarse la información en una sola entidad, se reducen los costos de transacción asociados a una eventual colusión entre regulador y regulado. Para reducir este riesgo, podrían crearse divisiones especializadas en cada industria, que operen con autonomía de la administración central. Asimismo, tendrían que adoptarse mecanismos rigurosos de evaluación y promoción del personal en base a méritos, despidiendo al personal contratado por favores políticos. También habría que fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, con el concurso de asesores calificados en el Congreso de la República y una mayor participación de la sociedad civil.
En ausencia de estas condiciones, la fusión sería contraproducente. El próximo gobierno heredará reguladores debilitados y tendrá la responsabilidad de evitar atentados similares en el futuro, por ejemplo con una Ley Orgánica de la Regulación que apuntale los principios de autonomía y transparencia. Ojalá los electores piensen bien antes de emitir su voto, y que el nuevo Congreso esté a la altura del desafío.
AUTOR : JOSE TAVARA ; Catedrático - Departamento de Economía de la PUCP.
FUENTE : DIARIO GESTION
Comentarios