Inambari y el ausente Estado peruano

En el 2009 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Perú y Brasil, concebido como un paso hacia un Tratado de Integración Energética que debiera suscribirse este mes o el próximo. Si bien el tratado tiene múltiples aspectos, el más importante se refiere a la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana.

Estas cinco centrales alcanzarían una potencia de 6,673 MW, lo que equivale a la capacidad actual total del Perú de 6,691 MW. Inambari, con 2,000 MW, sería más grande que la hidroeléctrica del Mantaro de Electroperú (900 MW). ¿Cuánto costaría? En su reciente libro, el Ing. Marc Dourojeanni, ex funcionario del Banco Mundial y del BID, dice que unos US$ 16,000 millones (1).

No cabe duda de que el Perú necesita energía para su crecimiento futuro. Si estos proyectos entran en producción en los próximos años (cada proyecto demora más o menos 5 años), es evidente que esas necesidades estarían satisfechas.

Pero, un momentito. La cosa no es tan simple como equiparar demanda con oferta. Hay otros requisitos. Uno es saber cómo se va a repartir la energía producida. Es obvio que no se pueden volver a repetir los “errores” de Camisea (que no son “errores” sino producto de la presión de los “lobbies” exportadores, como lo sabe todo el Perú) y que la energía se vaya al Brasil. Ha asegurado el ministro de Energía que el Perú determinará sus necesidades y solo el remanente se exportará. ¿Será?

¿Cuánto durarán las concesiones? Se dice que serán por 30 años y después revierten al Perú. ¿Será?

¿Quiénes serán los propietarios? Por el lado de Brasil, ya está claro: va a ser la estatal Eletrobrás, asociada con empresas privadas, y con financiamiento de la gigantesca banca de fomento BNDES. Dice Dourojeanni que aquí hay “un círculo vicioso que incluye consultores, empresas de construcción, bancos multilaterales y políticos”. Ojo.

Por el lado peruano, solo se sabe que la estatal Electroperú no puede participar por el criterio neoliberal de la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Miren ustedes.

Otro tema clave: ¿cuáles son las consecuencias ambientales y sociales? Se van a inundar amplios territorios y se va a desplazar a miles de personas. ¿Vale la pena? Según muchos expertos, el efecto es negativo. Es clave, entonces, un amplio debate nacional, lo que no se condice con la premura.

Brasil tiene un plan de desarrollo nacional y sabe exactamente los “porqués” de su interés en este proyecto. Muy bien. Pero, ¿y el Perú? Allí está el problema, porque no tenemos Plan Nacional de Desarrollo alguno.

Dice Dourojeanni que cada una de las propuestas para la Amazonía (que incluyen, además, lotes petroleros y explotación minera) “tiene un carácter aislado en su formulación, sin justificaciones económicas o sociales plausibles, sin ninguna reflexión sobre las implicaciones de cada uno sobre los demás ni, mucho menos, sobre sus efectos colaterales. Se proponen carreteras nuevas sin plantear proyectos correlativos de desarrollo rural; se provocan migraciones sin considerar mejorías proporcionales en educación y salud”.

Agrega: “Cuando se analiza el rol de los actores responsables del ‘paquete’ de proyectos, que en verdad ni siquiera es presentado como tal por el gobierno peruano, se descubre, con sorpresa, que sus elementos más significativos no son originados en el Perú que, apenas, pone ‘a la venta’ u ofrece ‘en subasta’ sus necesidades aparentes de infraestructura y sus recursos naturales” (ídem).

Así, la importante y necesaria integración energética con el Brasil tiene un gran talón de Aquiles: que el Estado peruano actual no tiene credibilidad alguna para planificar el desarrollo del país en el largo plazo (tampoco hay un Plan de Desarrollo Territorial). Y, lo que es peor, no hay voluntad política para corregir esta situación. Ese es el problema.

(1) Amazonía Peruana al 2021, Lima, 2010.

AUTOR : HUMBERTO CAMPODONICO
FUENTE : CRISTAL DE MIRA