ECONOMIA PERUANA

La conveniencia de dos nuevos impuestos

2012-01-20T16:45:00.000-05:00

Por Hans Rothgiesser

En un mercado competitivo, los precios de los productos se definen por la interacción de la oferta y la demanda. Puede que el precio parezca excesivo, pero a menos que haya una falla de mercado corregible por medio de una medida específica, no hay razón para que el Estado intervenga poniendo alguna clase de control o de restricción al libre comercio de estos productos. Éste es el caso, por ejemplo, de productos que generan costos a terceros y que no son compensados por el agente que está recibiendo un beneficio de su consumo. Digamos, los cigarrillos. En ciertas circunstancias, el consumo del cigarrillo afecta a terceros inocentes que también aspiran los humos y se perjudican involuntariamente. En casos como ése se justifica que el Estado intervenga para solucionar esa falla de mercado de alguna manera. En otros casos el Estado interviene porque asume que sabe más que tú sobre lo que te conviene, limitando tu libertad de elegir.

Eso se está pretendiendo hacer con el impuesto a la comida chatarra. No obstante, esta propuesta presenta una serie de problemas de aplicación que hacen que la discusión acerca de su conveniencia ni valgan la pena. Esta columna de Gonzalo Zegarra lo comenta, este post de Eduardo Morón ahonda más en ello y este texto de Gonzalo Tamayo de Macroconsult lo aborda brevemente. De hecho, sorprende que los que plantean esta propuesta para desincentivar el consumo de un producto, no consideren qué tan sensibles son los consumidores de estos productos a las variaciones en los precios. A esto en economía se le llama elasticidad precio y es elemental para entender cuál será el efecto de un impuesto de este tipo en el consumo. Un problema adicional con esta propuesta es que distintos grupos de la población tienen distintas elasticidades con respecto a estos productos. Y casualmente los que nos preocupan -los obesos o los que tienen predisposición a la obesidad- tienen una elasticidad mayor para el precio de este producto. Al final, aplicando el impuesto las cadenas de comida chatarra se quedarían solamente con los obesos. A menos que se ponga el impuesto demasiado alto, de tal manera que nadie vaya, lo que equivaldría a que el Estado prohiba el mercado de la comida chatarra en el país, lo cual no tendría sentido en una economía de libre mercado como la que se supone que pregonamos tener.

Por el otro lado tenemos el impuesto de reciprocidad, iniciativa de Javier Diez Canseco. Su proyecto de ley pretende replicar aquí lo que ya se hace en otros países como Argentina, Chile o Brasil, en el que se cobra un impuesto especial a los turistas provenientes de países que cobran "tasa por la solicitud y/o tramitación de visa de turismo y/o residencia temporal a ciudadanos peruanos para el ingreso a sus respectivos territorios". En el mundo de los ideales políticos puede que tenga sentido, pero cuando uno llega a la penúltima página del proyecto, en el que alega no generar ningún costo a la industria del turismo, queda claro que el congresista en cuestión no tiene ni idea del efecto del incremento del precio en la cantidad consumida de un producto. El turista que sale de Europa o de alguno de los países listados tiene varios destinos posibles. Cuando le incrementa el precio a la experiencia, definitivamente la cantidad de turistas que vendrán se va a reducir. Eso es economía básica. A menos, claro, que la elasticidad sea tal que no importe el precio que uno ponga. No obstante, eso implica un tipo específico de turista. Y la propuesta de PromPerú es, por el contrario, promover distintos tipos de turismo.

Por el otro lado, si uno revisa la información disponible en la Organización Mundial del Turismo, podrá ver que todos los países con los que nos compara el congresista Diez Canseco tienen un nivel superior de turismo que el Perú. Quizás cuando tengamos mayor masa de influjo de turistas, pueda tener sentido una propuesta como ésta. Pero por el momento no la tendría tanto. O por lo menos, que acepte que su propuesta tiene costos. Por lo menos.

Ni qué decir del aspecto moral de la medida: ¿Por qué sancionar a los que buenamente desean conocer nuestor país por una iniciativa incorrecta por parte de los políticos de sus países? Se deberían enfocar estos esfuerzos a que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se manifiesta con los representantes de esos países para hacerles llegar nuestra inconformidad y negociar algo.

¿Paradigmas Tecno-económicos?

2012-01-20T16:35:00.000-05:00

Por German Alarco Tosoni.

Dentro de las teorías para explicar los ciclos largos en la evolución de la economía internacional y el crecimiento económico destaca el rol motriz de los cambios científicos, tecnológicos e innovación. El origen de este enfoque radica en N.D. Kondrátiev (1925), fue desarrollado de manera independiente por J. Schumpeter (1911 y 1939) y retomado en la década de los años ochentas por un conjunto de autores como C. Pérez, G. Dosi, C. Freeman, entre otros. Esta perspectiva científica resulta útil como contraposición a la visión idílica de que los cambios científicos y tecnológicos bajo toda circunstancia son siempre positivos para la sociedad y las personas. En realidad el progreso no es constante y en los procesos de transición se pueden suscitar serios problemas.

Para Freeman y Pérez (1988) el crecimiento económico se produce de manera discontinua con periodos de aceleración, desaceleración, estancamiento y crisis, para producirse nuevamente otro nuevo ciclo y así sucesivamente. Para ellos hay diferentes tipos de innovación: marginales, radicales, cambios en el sistema tecnológico y cambios en el paradigma tecno-económico. Estos últimos son los que dan origen a estos ciclos de largo plazo. Involucran una combinación de innovaciones de productos y procesos interrelacionados, cambios en los conceptos de eficiencia y escalas óptimas, estilos de administrar, requerimientos de mano de obra, fuerte sesgo a un factor clave, nuevo patrón de inversión y localización geográfica, nuevos polos de concentración y crecimiento. Adicionalmente, por la magnitud de los cambios pueden provocar caos en todos los mercados e impulsan modificaciones socio-institucionales y políticas importantes.

La revolución generada por las tecnologías de la información (TICS) pareciera ser el quinto de estos ciclos. El primero fue la revolución industrial (1770s-1830s) con factor clave en el hierro, la prosperidad victoriana (1840s-1880s) con el carbón asociado al desarrollo de las redes ferroviarias, la bella época (1890s-1930s) con la industria del acero, la edad de oro del crecimiento (1940s-1980s) asociada a la expansión de los bienes de consumo teniendo al petróleo como factor clave y de la información y comunicación (1980s-90s en adelante) con la microelectrónica.

La transición de un ciclo a otro es compleja y con resultados también problemáticos. El proceso entre el cuarto y el quinto paradigma (TICS) es un proceso incompleto con algunos resultados negativos en empleo. Las mejoras en productos y procesos han sido significativas, pero este nuevo ciclo tiene una menor capacidad de arrastre -por su contenido inmaterial- que los anteriores. Sólo como ejemplo, toda la industria mundial de equipos y software de comunicaciones es equivalente a menos del 1% de la producción mundial. Asimismo, las nuevas innovaciones crean oportunidades pero también destruyen el “orden” anterior. Toda oferta no crea su propia demanda.

¿Qué nos espera el 2012?

2012-01-20T16:29:00.000-05:00

Por Jose Oscategui.

Frente a la tasa de crecimiento del PBI del 8.8% en 2010, el BCRP, en Reporte de Inflación de Diciembre 2011, ha reducido su estimación del crecimiento para este año al 6.8%.
Para el 2012 esta es aún menor, pues estima que creceremos a un 5.5%. Considerando una posible recesión europea en el 2012, el débil crecimiento de la economía norteamericana, la reducción del crecimiento chino, el estancamiento de la India, el incremento del precio del petróleo (los principales productores como Arabia Saudita y Rusia necesitan un precio del barril de petróleo por encima de US$100 para cuadrar sus cuentas fiscales), ese 5.5% para el 2012 puede resultar siendo muy optimista. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el sector privado también ha reducido sus expectativas y está reduciendo la inversión.

Una estimación de la tasa de crecimiento de nuestra economía, de entre 3%-4% para el 2012, creo que sería más objetiva….siempre que el gobierno y el BCRP hagan su parte con políticas contracíclicas.

Vemos, una vez más, que el rol del Estado es fundamental para el buen funcionamiento de una economía de mercado. La razón es sencilla, el mercado sólo puede existir en una sociedad organizada, pero como el motor del mercado es el interés individual, con frecuencia este colisiona con el interés colectivo. El mercado irrestricto nunca ha existido, ¿un ejemplo reciente?. Algunos de los principales países europeos, (Francia, Alemania, España) actualmente están proponiendo la creación de un impuesto a las transacciones financieras con la finalidad de regularlas y, al encarecerlas, reducirlas.

Ellos están proponiendo regular y reducir estas transacciones, no eliminarlas.

La vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria

2012-01-17T16:33:00.000-05:00

Por Fernando Eguren.

La volatilidad de los precios internacionales de los alimentos de origen agrícola y sus efectos en los precios nacionales hace difícil conocer cuáles son los impactos de los tratados de libre comercio en la oferta alimentaria y en la producción nacional. Pero un reciente informe del MIMDES nos alerta de que la situación de vulnerabilidad alimentaria en el Perú es dramática, y que es perentorio que el gobierno defina una política de seguridad alimentaria, pues esta nunca ha existido, a pesar de que formalmente hay una Estrategia Nacional de seguridad Alimentaria, que nadie cumple.

El Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a Nivel Distrital es un notable esfuerzo para mostrar la magnitud del problema. A partir de la definición de seguridad de la FAO “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”, el MIMDES mide el riesgo de que esta seguridad no se logre. Vale la pena presentar las conclusiones más saltantes. LA PRIMERA es que el 47.5% de la población del Perú –casi 14 millones de personas- es vulnerable a la inseguridad alimentaria.

La segunda es –como era de esperar- que este porcentaje es mucho mayor en algunos departamentos. El 95% de la población huancavelicana es vulnerable a la inseguridad alimentaria, como lo es el 84% en Huánuco, el 76% en Apurímac y el 74% en Pasco, todos departamentos andinos.

La tercera es que, aunque son varios los factores en la base de esta vulnerabilidad, dos son las principales causas: riesgos de que la producción de alimentos sea insuficiente, y la persistencia de la pobreza. LA PRIMERA tiene que ver con propiedad y uso de la tierra, con rendimientos y con destino de la producción (consumo interno y exportaciones). Lo segundo –la persistencia de la pobreza-, con problemas más estructurales, con la inclusión social, política y económica, con inversión pública y privada en las zonas económicamente deprimidas.

El detalle a nivel distrital de la información sobre la población vulnerable será útil para una mejor focalización de los programas sociales. Pero sería ingenuo pensar que éstos van a resolver un problema que incluye a cerca de la mitad de la población del país.

“El Estado de Emergencia es totalmente innecesario”

2011-12-10T18:56:00.001-05:00

Por Tycho Janampa - Noticias SER

Entrevista a Carlos Monge, analista político e investigador de DESCO, quien opina sobre el conflicto por el Proyecto minero Conga y la respuesta que el gobierno ha dado a este...

¿Cómo analiza el conflicto social en Conga? Primero hay que decir que se trata de un conflicto heredado que se vino acumulando desde gobiernos anteriores y que responde a una política de promoción de inversiones mineras e hidro carburíferas sin considerar la opinión de las poblaciones locales y los impactos ambientales. Esta política se ha traducido en la entrega generalizada de concesiones y una promoción de proyectos de inversión a los cuales les ha aprobado los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) con una revisión absolutamente superficial y poco seria. De modo que al gobierno de Humala le estalla una bomba en las manos.
¿Cree que ha sido adecuada la respuesta del gobierno nacional?
Ha habido un mal manejo del gobierno que dio un conjunto de señales contradictorias, agravando el conflicto. Recordemos que es un gobierno que ingresa después de haber afirmado los derechos de la gente y la necesidad de proteger el medio ambiente y el agua.
Incluso aprobó la Ley de Consulta Previa. ¿Resulta contradictorio?
Cuando se aprueba en el Congreso la Ley de la Consulta, se generaron mayores expectativas en la gente que siente que puede expresarse en contra de un proyecto que fue consultado de manera dudosa y mereció la aprobación del EIA por el Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, el gobierno negoció con los empresarios el gravamen minero, el aporte adicional de tres mil millones, asegurándoles de alguna manera que las inversiones van, y que está claramente expresado en el mensaje del premier Lerner en el Congreso de la República. Entonces, por un lado entusiasma a la gente a través de la consulta, y por otro lado se amarra con los empresarios. Eso genera un mensaje contradictorio.
¿Cómo ve el papel de la empresa minera Yanacocha en todo este tema?
Entiendo que Yanacocha habiendo recibido esa señal, habiendo sido parte de la negociación con el gobierno considera que todo está resuelto y arranca la operación y comienza a mover maquinaria, a pesar de las protestas de la población.
¿Saldrán victoriosos los cajamarquinos en su lucha por "Conga no va"?
Frente al conflicto, Humala dijo que el proyecto iba pero luego le pidió a la empresa suspender sus actividades. Y eso naturalmente, fue visto como un triunfo por los cajamarquinos, a ello se suma, luego, el análisis que hizo el Ministerio del Ambiente del EIA, con lo cual los cajamarquinos sienten que se les ha dado la razón. Entonces hay señales de parte del gobierno que le dan la razón al empresariado y también a los cajamarquinos, lo cual por supuesto, hace profundizar un desentendimiento y una situación de conflicto que culmina con una mala negociación.
¿Debió darse el Estado de Emergencia?
A mí me parece el Estado de Emergencia es totalmente innecesario. Entiendo que ha habido una disposición de la dirigencia de asentar la constitución de dos comisiones, y de entrar a una discusión sobre el proyecto Conga y otra más general sobre la visión de desarrollo en Cajamarca. Obviamente iba a haber puntos de vista discrepantes. Pero en realidad el ánimo ya estaba como para dejar la medida y entrar a negociar. No ha habido daños a la parte pública ni privada que justifique esta actitud, el Estado de Emergencia es una respuesta en última instancia, y no debe ser la primera respuesta. Todo eso se agrava con la detención de los dirigentes sociales de la zona, sin que haya una orden ni un proceso legal en curso. Eso ya configura un cuadro bien preocupante y da contrapeso a todo lo que se esperaba de este gobierno.
Finalmente, ¿qué puede venir para más adelante en cuanto al tema del manejo de la conflictividad en el país por parte de este gobierno?

El conflicto de Andahuaylas, parece ser que fue bien manejado. Sin embargo, preocupa que en Cañete, por un problema que no debió haber llegado a mayores, se termine con un muerto. Van cinco meses de gobierno, un muerto y una represión violenta, no quiero imaginar que en los próximos años vamos a tener que estar recurriendo al Estado de Emergencia frente a cualquier conflicto social que pueda surgir.

Errores en clave Conga

2011-12-10T14:48:00.001-05:00

Por Gustavo Guerra Garcia

Error 1: El gobierno no establece un compromiso con la construcción de una autoridad nacional ambiental independiente y no le transfiere las competencias correspondientes, dentro de ellas la facultad de revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Error 2: El Ministerio de Energía y Minas, pese a la desconfianza respecto del EIA en el pueblo de Cajamarca y al hecho de que no estaba completo el EIA por la ausencia del estudio hidrológico, se cierra en defensa de la legalidad y formalidad del mismo.

Error 3: El Ministro de Energía y Minas regresa de Cajamarca en un avión privado perteneciente a una empresa minera y es percibido como una autoridad que está parcializada y nadie pide disculpas.

Error 4: El Presidente Ollanta Humala, innecesariamente, pone su liderazgo en juego y anuncia que quiere el oro y el agua y enerva a los dirigentes campesinos de toda la sierra que tienen temor por la disminución de sus fuentes de agua. Es aplaudido por el Perú moderno y se aleja de su base social, que se queda con una sensación de traición. Para completar la percepción de viraje hacia la derecha condecora a Luis Bedoya, quien lo bendice y recibe el apoyo de Correo, Expreso y La Razón.

Error 5: El Gobierno filtra secciones del informe de revisión que, leídos de forma aislada y descontextualizada, funcionan como gasolina en toda la Cajamarca movilizada. Frases como “transformará de manera irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes”, generan la sensación de que el Estado le da la razón a los organizadores de la protesta.

Error 6: En medio del proceso se le pide la renuncia a Carlos Tapia, que fue uno de los primeros líderes de izquierda que apostó por el proyecto nacionalista, y el controvertido asesor presidencial porteño brasilero inicia una absurda batalla electrónica que proyecta la sensación de la derechización del gobierno.

Error 7: En medio de todo el tumulto, el Ministerio de Energía y Minas señala que el proyecto Conga va, pero con ajustes al EIA. A nadie se le ocurre decir: El proyecto va si el proyecto obtiene la licencia social. Se proyecta la imagen de que el gobierno quiere implementar el proyecto aún si tiene la opinión del pueblo en contra.

Error 8: Ni Yanacocha ni el Gobierno reconocen que en situaciones de conflicto y en el contexto de un proyecto de gran envergadura hay que tener la humildad y el trato fino para explicar, un millón de veces si es necesario, las bondades de la estrategia ambiental y cómo van a recuperar las 103 hectáreas de bofedales que se piensa sacrificar. Después de varios días de paro y movilizaciones nadie reconoce que no se obtuvo la licencia social.

Error 9: Se perdió una posibilidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, se piensa que satanizando a los opositores se va a ganar la batalla y se toman medidas que proyectan una imagen de un gobierno que quiere intimidar a sus opositores. Ello se refleja en que se detiene absurdamente a los dirigentes que vienen a dialogar en el Congreso y se congelan las cuentas del Gobierno Regional de Cajamarca.

¿Cuántos errores más se van a cometer? Si sigue así, el gobierno no podrá ni defender la inversión privada ni fortalecer la protección ambiental.

Tiempos de cambio en la minería peruana

2011-12-04T11:16:00.001-05:00

Por Marco Arana

Fue gracias a las leyes e incentivos dados a la minería en 1992 por el gobierno de Alberto Fujimori que en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones y han hecho que el Perú sea el principal productor de oro de América Latina.Las concesiones mineras se extienden por todo el país llegando (en junio de 2011) a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares.
Regiones donde se ubican las operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central. Desarrollo de infraestructura vial y ampliación de las redes de aprovisionamiento eléctrica se promueven y amplían en diversas regiones del país facilitando una mayor expansión de las actividades mineras.
La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos 3 mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Veamos de cerca estos temas.

No todo lo que brilla es oro

A nivel ambiental. Tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños ambientales. En la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad; está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible. En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy, y la ciudad que alberga a más de 170 mil habitantes bebe agua proveniente de procesos mineros, porque las fuentes naturales de agua (lagunas, quebradas y ríos) han desaparecido.
La Minera Southern ha contaminado la bahía de Ite en el mar de Moquegua y, en la región de Tacna, ha agotado las aguas subterráneas, motivo que ha llevado al gobierno regional a tener que dictar, por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero. En Madre de Dios, lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. En Puno, la mina La Rinconada contamina con metales pesados el Río Ramis que es afluente del lago Titicaca, una cuenca endorreica, la más alta del mundo, y las protestas de los pueblos quechuas y aymaras que datan de muchos años siguen siendo ignoradas.
En Cajamarca, Piura y Huamachuco los mineros ilegales contrabandean insumos químicos que trasladan peligrosamente en vehículos de transporte público, contaminan ríos y pequeños poblados. A todos estos graves daños ambientales, se suman dieciséis de los 53 ríos de la costa que están contaminados por actividades mineras a pesar de que el inventario de pasivos ambientales, que aún no concluye, ha identificado ya más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas.

La autoridad ambiental hace deficientes controles:

Las fiscalías ambientales se hallan abarrotadas de investigaciones que no se realizan por falta de recursos o presiones políticas y económicas, como lo denunció el coordinador de las mismas, y los juzgados ambientales no han sido instalados. Para colmo, no existen procuradorías ambientales que ayuden a las poblaciones a demostrar técnicamente las afectaciones de las que son víctimas. Los EIAs de las empresas mineras son aprobados por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, y las recomendaciones de las Defensoría del Pueblo de que sea el MINAM quien los evalúe y apruebe siguen cayendo en saco roto. Los límites máximos permisibles (LMPs) que son invocados por las empresas para decir que la calidad ambiental de su área de operaciones y de influencia está bien se hallan desactualizados (datan de 1996) y hasta el Banco Mundial afirma que no sirven para prevenir la contaminación, por lo demás el Ministro Brack, ardoroso defensor de la gran minería, dejó extrañamente pendientes la fijación de los LMPs de las emisiones y efluentes mineros.
A nivel social. Aunque la minería moderna desata grandes expectativas laborales, lo cierto es que por su alta tecnificación genera pocos puestos de trabajo (1.5% de la PEA nacional), y además está sometida a mecanismos de terciarización que recortan al máximo los derechos de los trabajadores. Se estima que más del 70% de los trabajadores de la gran minería están bajo la modalidad de services, lo que impide además su sindicalización y capacidad de negociación para proteger sus derechos. En cambio, en la pequeña minería se genera muchos más puestos de trabajo pero en condiciones infrahumanas, explotando mano de obra infantil, sin norma alguna de seguridad, evadiendo impuestos, contrabandeando insumos, etc.
Las pequeñas economías locales donde se ubican las actividades mineras experimentan rápidamente subidas de los precios debido a que el sector empleado en la gran minería suele tener ingresos económicos más altos que el promedio local, con lo cual los costos de vivienda, alimentación, educación suben exorbitantemente y ahondan las brechas de desigualdad entre los que pueden pagar esos servicios y los que quedan excluidos de los mismos.
Para nadie es un secreto que la ciudad de Cajamarca se ha convertido en una de las cuatro ciudades más caras del país, precisamente por el fenómeno inflacionario provocado por los ingresos de los trabajadores de la actividad minera o simplemente por las distorsiones de precios de mercado que genera las expectativas de venta de servicios locales. En el plano nacional, el crecimiento económico basado en los ingresos de las exportaciones mineras, que no contienen valor agregado, (como literalmente ha señalado Oscar Ugarteche, “estamos exportando piedras”) hace que la mayor parte de la riqueza minera se vaya fuera de nuestro país y que sigamos condenando nuestra economía a lo que se denomina “deterioro de términos de intercambio”, por el cual se repite la historia económica de la explotación de nuestros recursos naturales que se venden a precio barato para luego comprar productos manufacturados a precios más caros, quedando condenados a ser un país productor de materias primas (mientras éstas duren).
A todo ello, se suma el hecho de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía, que, si bien sigue creciendo, lo hace debido a los altos precios de los metales en el mercado internacional, lo que implica que si hay una variación en los precios de los denominado commodities nuestra economía simplemente puede frenarse de golpe o aún colapsar, si es que no se diseñan e implementan políticas de diversificación económica, como incluso y repetidas veces lo ha señalado Michael Porter en sus dos visitas a Perú.
Pese a que en esta etapa se experimenta un ciclo internacional prolongado de precios extraordinariamente altos de los metales que, por lo demás, debido a las leyes fujimoristas y alanistas que otorgaron extraordinarias facilidades al desarrollo de la gran minería y, debido también a la alta riqueza de los yacimientos que permiten bajos costos de producción, las empresas mineras se niegan a hacer aportes fiscales adicionales apelando, para ello, a sus contratos de estabilidad jurídica y a su enorme poder para jaquear al Estado vía los medios de comunicación o sus poderosos lobbys directos o través de influyentes estudios de abogados del país (García Sayán, Osterling, Echecopar) como lo ha puesto en evidencia la periodista de IDL, Milagros Salazar, con relación a evadir las multas de Osinergmin.
Del lado gubernamental, incluido el nuevo gobierno de Ollanta Humala, se ha optado por seguir promoviendo prioritariamente la minería, y aunque se ha anunciado recién que habrá nuevas regulaciones, aún no se tiene claridad sobre cuáles y el alcance preciso de las mismas (aún falta reglamentar la ley de consulta previa y se ha anunciado la promulgación próxima de la ley de ordenamiento territorial). Lo cierto es que a partir de las recientes declaraciones del primer ministro y del ministro de minería y energía, lo que parece primar es apoyar sí o sí a las mineras para que éstas contribuyan con el gravamen minero que, en el corto plazo, permitan al gobierno nacionalista realizar las obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales. No sería extraño que, en este contexto, el gobierno opte por inclinar la balanza del lado de las empresas, como claramente lo ha señalado Víctor Caballero de la unidad de conflictos de la PCM (“La ley de consulta se aplicará solo donde el diálogo previo no funcione” y sus advertencias a lo que el denomina “violentistas y contrarios al desarrollo” sin llamar curiosamente la atención a aquellas empresas social y ambientalmente irresponsables).

Tiempos de cambio

Aunque pueda ser prematuro, y prime aún la incertidumbre para saber en qué dirección van a venir los cambios del nuevo gobierno o cuáles van a ser las continuidades que se afirmen, todo parece indicar que, en el plano social, la minería seguirá siendo la mayor fuente de conflictividad socioambiental. Por otro lado, las grandes empresas buscarán someter al gobierno de Ollanta Humala a la demoledora presión de sus medios de prensa, de sus respaldos gubernamentales extranjeros, de sus poderosos lobbys, si no también de sus chantajes.
Desde la sociedad civil organizada que no se deja coptar o corromper o desde partidos políticos como Tierra y Libertad, seguiremos afirmando que si la minería en Perú, como ha ocurrido en otros países, quiere aportar al desarrollo de largo plazo, con justicia social y sostenibilidad ecológica, la política económica y específicamente la de las industrias extractivas tienen que transitar por otros caminos: el del desarrollo y la innovación tecnológica, el de la asignación de valor agregado, del cuidado y la fiscalización ambiental, de la consulta y respeto a los pueblos y de la utilización de la renta minera para la diversificación de la economía. De tal manera que dejemos de ser clasificados como un país minero y podamos convertirnos en lo que debemos ser: un país pluriproductor, megabiodiverso, que no depende de una única actividad como la minería. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de crisis financiera mundial, de nuevo gobierno, de esperanzas de cambio que no se deben defraudar. Y podemos hacerlo, si miramos el Perú como un país con futuro y si, generosa y responsablemente, pensamos en los derechos que tienen los peruanos que vendrán después de nosotros. Lo que no se puede perder de vista es que los cambios deben ocurrir ahora, no podemos seguir en la larga y penosa espera que fue defraudada por el régimen corrupto y genocida de Fujimori, insuficiente y miope de Alejandro Toledo o por el gobierno soberbio, depredador y corrupto de Alan García.

Minas Conga: un desafío en el horizonte

Este proyecto minero, anunciado el 28 de julio de 2011, unas horas antes de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, puede ser la prueba de fuego de los cambios o continuidades que el nuevo gobierno deberá mostrar al país que lo eligió. Los 4 mil 800 millones de dólares que se dice invertirá Yanacocha en este proyecto no pueden hacerse a cualquier costo social y ambiental. En tiempos de cambio climático, de que existe una conciencia ciudadana, cada vez más creciente, que no hay desarrollo verdadero sin justicia social y sostenibilidad ecológica, los nuevos gobernantes no pueden permitir que se destruyan más lagunas y sistemas hídricos y se subordine, cuando no ponga en grave peligro el desarrollo agrícola y ganadero del sur de una importante región como es Cajamarca, tan solo para garantizar que una controvertida empresa minera aurífera recupere su inversión en unos pocos años de los 17 que inicialmente calculan que durará su proyecto.

Revisar el EIA que fue aprobado dolosamente, escuchar las preocupaciones legítimas de las organizaciones y sus autoridades no coptadas o que no se han dejado corromper, acercarse los gobernantes a las poblaciones, fortalecer la institucionalidad ambiental nacional, regional y local; someter el proyecto al proceso de zonificación ecológica y económica regional y a un plan de ordenamiento territorial, están entre los requisitos mínimos que el nuevo gobierno debe observar para que este conflicto que, en los próximas días amenaza con extenderse y desbordarse, no termine generando un clima de zozobra social en una región que tradicionalmente ha sido pacífica, pero que también sabe ponerse dignamente de pie para defender su derecho al agua, a la tierra y decir ¡Basta!

Reorganizando el Estado, ¿para debilitarlo?

2011-12-03T15:32:00.000-05:00

Por Jose Tavara

“Preferimos que supervise y sancione una oficina dependiente del Ministro de turno, con poco presupuesto y sueldos bajos, y no un organismo independiente con presupuesto propio, con profesionales capaces y motivados”. Esta es la lógica que parece explicar el debilitamiento sistemático –quizá deliberado– de la supervisión y fiscalización de las actividades mineras, en campos tan sensibles como la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente.

La interferencia política con la supervisión minera se agudizó durante el gobierno anterior, cuando el MEF decidió sujetar la ejecución presupuestal del OSINERGMIN a aprobaciones previas, y a recortar sus fondos mediante decretos de urgencia. Luego se transfirió al OEFA, del Ministerio del Ambiente, la supervisión en temas ambientales. El OEFA se ha limitado a replicar los procesos a cargo del OSINERGMIN, en lugar de atender actividades más necesitadas de supervisión. El último paso ha sido la Ley 29873, formulada por el Congreso anterior y promulgada por el gobierno actual, en agosto pasado, la cual transfiere al Ministerio de Trabajo la supervisión de las normas de seguridad minera. Esta ley no fue observada por el Ejecutivo y se promulgó sin disposiciones transitorias, que hubieran facilitado una transferencia ordenada.

La responsabilidad de fiscalizar y sancionar a las empresas mineras se ha entregado entonces a los Ministerios, donde los sueldos son más bajos y las autoridades suelen cambiar con el Ministro de turno. Estas funciones estaban a cargo del OSINERGMIN, un organismo público con numerosos premios y reconocimientos, que cuenta con profesionales competentes y especializados, seleccionados por sus méritos, cuyos directores no pueden ser removidos del cargo arbitrariamente.

El cumplimiento de normas como aquellas referidas a la calidad del aire y la seguridad de las estructuras dentro de las minas, o a la construcción de depósitos de relave, dependerá ahora de la buena voluntad de las empresas mineras, pues en términos prácticos la supervisión ha sido debilitada y en algunos casos paralizada. Los expedientes de los procesos sancionadores en temas de seguridad y salud en el trabajo están siendo enviados al Ministerio de Trabajo, el cual probablemente los almacenará hasta que prescriban, pues no cuenta con personal especializado, procedimientos ni presupuesto. Los equipos de fiscalización que el OSINERGMIN había logrado constituir ya han empezado a disgregarse. Es improbable que sus integrantes acepten trabajar en los Ministerios sin estabilidad y con sueldos más bajos; un buen número irá a trabajar al sector privado. Bajo estas condiciones el daño provocado suele ser irreversible, al perderse toda la experiencia y el conocimiento acumulado.

Lo sorprendente es que estas leyes pasen inadvertidas en pleno contexto de controversias sobre los proyectos mineros, que ponen en cuestión la credibilidad del Estado en su función de defender los derechos ciudadanos. Muchas personas desconfían de los organismos públicos, creen que responden más a intereses privados que al bienestar de la sociedad. Así, mientras la tendencia mundial es fortalecer la supervisión bajo el modelo de organismos reguladores autónomos, en el Perú retrocedemos con la promulgación de este tipo de normas. Una hipótesis benevolente es la del típico “complejo de Adán”, de querer “reorganizar el Estado” con cada cambio de gobierno. Pero quizá tenga más sustento pensar en que detrás de estas decisiones se oculta la influencia de poderosos intereses privados, que quieren reorganizar el Estado para debilitarlo.

¿Regímenes laborales diferenciados?

2011-12-03T15:13:00.001-05:00

Por Julio Gamero *

Hay quienes señalan que como la productividad por tamaño de empresa es muy diferente, la oferta de derechos laborales no puede ser igual para todas. Así, para los trabajadores de las microempresas los derechos laborales debieran ser la mitad, por ejemplo, de los percibidos por sus pares de las empresas medianas y grandes.

Pero ¿de quién depende la inversión y la elevación de la productividad en las microempresas? Ciertamente no depende de las empresas de mayor productividad, que son aquellas en las que no hay problemas en afrontar el costo de los derechos laborales

Si se baja el estándar promedio de la oferta de derechos laborales, en realidad todos los trabajadores pierden. La denominada progresividad en el goce de los derechos laborales parece que opera más como un tobogán: los derechos laborales se deslizan hacia abajo. Entre octubre del 2008 y abril del 2010 más de 61 mil trabajadores (MTPE, julio 2011) pasaron del régimen general de trabajo al de la micro-empresa, estando en la misma empresa, configurándose una rebaja de derechos que estaba expresamente prohibida en el DL 1086.

Pero si se mantiene “elevada” la valla ¿se traba el acceso a que los trabajadores de las Mypes gocen del conjunto de derechos laborales? Si la respuesta fuera sí -lo que no es así- esto significa consagrar la segmentación de los derechos laborales, lo cual conlleva varios problemas: ¿dónde se pone la raya de la segmentación?, ¿quiénes gozan de los derechos laborales B, menores a los A? ¿Quién? ¿Cómo pone la raya? ¿Cómo se verifica?, ¿quién fiscaliza? que nadie se “pase” de la raya? (que no haya infiltrados). ¿Qué incentivos se generan para que esa segmentación no incentive la perpetuación de unidades económicas con derechos laborales B menores a los derechos laborales A?

Si el problema de acceso y universalización del régimen general es un tema de productividad, lo más sensato indica que se requiere diseñar e implementar políticas específicas para promover y facilitar la elevación de la productividad en las unidades económicas de menor tamaño. ¿Por qué no pensar en algún esquema de subsidio directo a la formalización laboral de las Mypes? (tipo Régimen Agrario pero aportando el 5% de la planilla con fondos públicos y no restando recursos a la seguridad social).

Acaso para que los trabajadores del conjunto de unidades económicas de tamaño diverso accedan a la oferta de derechos laborales ¿el estándar debe reducirse para todos? ¿Desproteger a los “sobreprotegidos” para proteger a los desprotegidos?

Globalizacion con Equidad *

Mayor procesamiento de RN

2011-12-03T15:08:00.001-05:00

Por German Alarco Tosoni

En términos teóricos casi todos estamos de acuerdo en que a los recursos naturales (RN) hay que añadirles mayor valor agregado. Con la exportación de materias primas tenemos ingresos significativos, pero con una menor potencialidad para detonar el desarrollo económico por los reducidos encadenamientos hacia adelante. En la realidad, más que generar mayor valor agregado se trataría de incorporar niveles de procesamiento y de contenido tecnológico superiores. La minería con los precios internacionales actuales tiene también un alto valor agregado, principalmente por las elevadas utilidades. Sin embargo, sus niveles de procesamiento son reducidos.

Una traba fundamental al proceso de lograr mayores encadenamientos productivos y de empleo hacia adelante es la ley de un solo precio. Los productores de materias primas agropecuarias, pesqueras, mineras y de Hidrocarburos, entre otros, establecen los precios domésticos de acuerdo a los precios internacionales. Las modalidades son diversas, aunque la más común es la de tomar el precio internacional retrotraído al Perú (netback en posición importadora o exportadora). ADEX identifica casos extremos donde algunos precios de los RN mineros se establecen considerando la referencia internacional, el tipo de cambio, costos de embarque, flete marítimo y Seguros virtuales.

Efectivamente el productor local de RN tiene la opción de colocar sus productos en el mercado internacional. Ese es su costo de oportunidad. Sin embargo, las condiciones de esos mercados internacionales reflejan una oferta y demanda no necesariamente global. En rigor los precios de cualquier bien o servicio son resultado de las condiciones de oferta y demanda. La oferta responde a condiciones particulares. La demanda es expresión de gustos y preferencias, requerimientos técnicos y del nivel de ingreso de los adquirientes. Como ejemplo, el precio de las camisas en EE.UU. es lógicamente muy diferente al del Perú.

El procesamiento local de los productos mineros o el desarrollo de una industria petroquímica nacional, entre otros bienes, sería limitado si se mantiene la ley de un solo precio. Los precios en el Perú se fijan libremente, pero esta práctica utilizada intensivamente por muchas empresas de RN puede ser la expresión del ejercicio de una posición de dominio. En esas circunstancias correspondería al INDECOPI analizarla. Lo que debe quedar claro, es que con esta práctica no podremos avanzar mucho. Por último, no debemos olvidar que la teoría económica es clara en señalar que los precios se determinan por la agregación de las curvas de oferta y demanda. La ley de un solo precio es una ficción que beneficia a pocos.

¿Por qué causa controversia llamar a ciertos sectores ''estratégicos''?

2011-12-03T14:56:00.001-05:00

Por Farid Kahhat

El debate sobre el carácter estratégico de ciertas actividades económicas tiene como trasfondo el debate en torno al papel que el Estado debería desempeñar en la economía. Ello debido a que considerar un determinado sector de la economía como “estratégico” está asociado a cuatro debates en materia de política económica.
El primero es el debate en torno a la conveniencia de que el Estado intervenga para evitar la quiebra de empresas privadas consideradas “estratégicas”. Este debate a su vez gira en torno a dos temas: de un lado, si ese tipo de intervención es realmente necesario (por ejemplo, enfrentados en 2009 ante la posibilidad de quiebras masivas en el sector financiero, el gobierno de Irlanda asumió los pasivos de la banca privada mientras el gobierno de Islandia dejó que los bancos quebraran). De otro lado, asumiendo que algún tipo de intervención pudiera ser necesaria, el siguiente debate gira en torno a la naturaleza de esa intervención: el reto consiste en rescatar a las empresas sin rescatar necesariamente a sus ejecutivos y accionistas, con el fin de evitar el denominado “Daño Moral” (es decir, si quienes cometen errores que conducen a la quiebra de empresas privadas pueden esperar que el Estado los rescate, no tendrán incentivo alguno para evitar esos errores en el futuro).

A su vez, una respuesta posible al riesgo de “Daño Moral” es la nacionalización temporal de las empresas involucradas, lo cual nos conduce al segundo debate en materia de política económica asociado con el debate en torno a la existencia de sectores estratégicos: si estos deben o no ser propiedad del Estado. No es casual que en 2005 las tres empresas más grandes del sector de hidrocarburos a nivel mundial fueran propiedad de Estados en desarrollo o poscomunistas: Aramco de Arabia Saudita, Gasprom de Rusia, y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. De hecho, la producción anual de petróleo y gas de Aramco representa más del doble que la producción de la principal empresa privada del rubro (V., Exxon-Mobil).

Fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher el que cambió la naturaleza de este debate, al considerar que un sector de la economía podía ser estratégico sin que por ello tuviera que ser propiedad del Estado: de un lado, permitió la participación de capital extranjero en empresas privatizadas incluso en sectores sensibles para la seguridad nacional. De otro lado, sin embargo, creó las denominadas “Acciones Doradas” como mecanismo especial de regulación. Estas acciones proveían al Estado británico de un derecho de veto sobre ciertas decisiones corporativas (esencialmente en temas relacionados con la propiedad, tales como la ampliación del capital, la adquisición o la fusión con otras empresas). En algunos casos, el propósito de esas “Acciones Doradas” era meridianamente claro: evitar que empresas que producían tecnología de punta en el ámbito militar pudieran ser adquiridas por Estados considerados hostiles.
El tercer debate sobre política económica asociado al debate sobre la existencia de sectores estratégicos gira en torno a la conveniencia de las denominadas “Políticas Industriales”. Es decir, si las autoridades estatales deberían adoptar políticas diferenciadas hacia aquellos sectores económicos que consideran estratégicos. La política energética del Brasil es un ejemplo de política industrial. Son objetivos de larga data del Estado brasileño, de un lado, reducir la dependencia energética del país y, de otro, asegurar sus fuentes de abastecimiento. La promoción oficial de la producción y el consumo de etanol como fuente de energía alternativa es una actividad orientada a lograr el primer propósito. Las inversiones de Petrobras (empresa de capital mixto, pero con una influencia decisiva del Estado en su gobierno corporativo), tanto dentro como fuera del Brasil, buscan cumplir el segundo objetivo.
El cuarto debate sobre política económica asociado al debate sobre la existencia de sectores estratégicos gira en torno a la conveniencia o no de liberalizar el comercio exterior de un Estado. La autosuficiencia en materia de recursos estratégicos suele ser considerada deseable desde una perspectiva geopolítica. De no ser posible, cuando menos debía evitarse depender de rivales potenciales como fuentes de abastecimiento (esa es la razón por la que Chile durante el gobierno de Augusto Pinochet prefería importar energía del este asiático que hacerlo de la Argentina, un Estado vecino con el que mantenía diferendos limítrofes).
A su vez la búsqueda de autosuficiencia solía tener como contrapartida negar el acceso a esos recursos a rivales potenciales, todo lo cual incrementa la probabilidad de un conflicto armado entre dos Estados. Como sostuviera Eugene Staley en 1939, “Cuando se erigen los muros económicos a lo largo de las fronteras políticas, se obliga a que la posesión de territorio coincida con las oportunidades económicas” (V., la expansión territorial podía ser un medio necesario para garantizar el acceso a ciertos recursos naturales).
En contraposición a ello, en una economía internacional abierta se podría acceder a los recursos naturales a través del comercio y la inversión. Eso contribuiría a entender la diferencia entre la conducta exterior del Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y después de esta. Si bien es cierto que el concepto de un comercio libre y basado en la no discriminación aún admite excepciones notables (por ejemplo, los materiales fisibles), no se suponía que los alimentos fueran una de ellas. Sin embargo en 2008 y, nuevamente, a partir de 2010 los precios de determinados alimentos se elevaron de manera significativa en los mercados internacionales. Si consideramos que Egipto importa la mayor parte de los alimentos que consume su población, que la cotización internacional de alimentos como el trigo creció en un 60% durante el año previo a las revueltas de 2011, y que la familia egipcia promedio destina un 40% de sus ingresos a la compra de alimentos, resulta plausible suponer que esa es una de las variables explicativas de la inestabilidad política en ese país. Y la forma en que han respondido algunos Estados ante el alza en los precios de los alimentos ha sido incrementando subsidios y restringiendo exportaciones. Es decir, adoptando políticas contrarias a la liberalización del comercio exterior.

Conga ¿Garantizará la inclusión Social en el Perú?

2011-12-03T14:51:00.001-05:00

Por CooperAccion

El Proyecto minero Conga de Yanacocha, es el primer gran conflicto socio ambiental que elgobierno actual está afrontando. Las últimas declaraciones del Presidente Humala, dejaron en claro que la base para lograr la inclusión social en el Perú, va a ser la promoción de proyectos de inversión. Al parecer, a esto se resume la gran transformación. El desenlace de este conflicto, va a marcar un hito de cómo se van a resolver los siguientes conflictos socio ambientales a nivel nacional, en los próximos años.

Recordemos que Conga, representa la inversión de más de 4 mil millones de dólares, de una de las empresas mineras más influyentes del país y pretende reemplazar un sistema de lagunas alto andinas por reservorios. Si bien el proyecto cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, este ha sido seriamente cuestionado por el Ministerio del Ambiente.

Los pobladores de Cajamarca, han levantado su voz de protesta para defender su derecho fundamental, de acceso al agua. Se oponen a la destrucción de sus 4 lagunas, pues forman parte de la recarga de acuíferos que alimentan el flujo base de ríos y quebradas. Como consecuencia, vienen realizando un paro regional indefinido en Cajamarca. Ante esta situación, la empresa minera Yanacocha, en alianza con el gobierno, decidió suspender el proyecto a fin de implementar mejoras que permitan su adecuado desarrollo.

El caso Minas Conga pone nuevamente sobre el tapete, la credibilidad de los EIA y su proceso de aprobación, pues es insostenible que sea el propio promotor de la inversión en el sector minero, quien los apruebe. Tal como ha sido propuesto por el Ministro Giesecke, esa competencia tendría que pasar al Ministerio del Ambiente. Asimismo, plantea la necesidad de debatir en serio en donde se pueden realizar actividades mineras y en donde no y muestra la urgencia de implementar procesos de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento del Territorio que determinen cuáles son los usos potenciales del territorio y en qué zonas resulta viable el desarrollo de la actividad minera

Los árboles y el bosque

2011-12-03T14:46:00.001-05:00

Por Fernando Romero

Hasta el momento el conflicto producido alrededor del Proyecto Conga ha mostrado cómo una decisión adecuada, tomada tardíamente, no produce los resultados esperados.
La medida hecha pública por Minera Yanacocha, por iniciativa del gobierno nacional, de suspender el proyecto, no ha conseguido que la mayoría de autoridades y organizaciones promotoras del paro indefinido decida levantar la medida y reiniciar el diálogo. Durante las semanas previas, el país y en especial los cajamarquinos, tuvimos que escuchar por los más diversos medios, de boca de periodistas, autoridades nacionales y políticos, de las bondades del proyecto y la calidad técnica de su EIA. Por enésima vez la conclusión era que la irracionalidad e ignorancia del campesino era manipulada por radicales –según Rospigliosi “izquierdistas disfrazados de ambientalistas”- antimineros con torvos propósitos.
Nuevamente, tuvimos que ser participantes de un guión del que ya hemos conocido buena parte de los capítulos. Declaraciones despectivas, posiciones parcializadas a favor de la empresa, demanda a los cajamarquinos de pensar en el interés nacional –cuando al Perú formal le preocupa poco las condiciones en que viven la mayoría de cajamarquinos- y una estrategia gubernamental definida desde una lectura conspirativa del conflicto no hicieron sino empujar a un sector de dirigentes y a la población a posiciones más duras. Una vez más, en vez de preguntarse sobre si detrás de la protesta existen demandas legítimas, la acción del gobierno, del empresariado y de buena parte de los medios masivos produce rechazo y empuja a los manifestantes a posiciones más radicales y principistas. La situación es más complicada si este desempeño proviene de un gobierno que fue elegido por un discurso que proponía cambios en la relación entre Estado-sector privado y ciudadanos.
Al igual que en el conflicto a raíz de Tía María, la confirmación de la existencia de observaciones al EIA, en vez de ser un motivo para que el gobierno y la empresa modifiquen su posición, ambos la defienden tercamente, repitiendo las razones originales, aunque existan más argumentos técnicos que confirman que Conga no es tan distinto a otros proyectos cuestionados.
En este escenario, si bien saludamos la decisión de suspender el proyecto, esta medida terminó siendo insuficiente, ya que no calmó la desconfianza que creció en Cajamarca ante un gobierno que creían cercano y que, más bien, comienza a ser visto con rasgos parecidos a la gestión anterior. El devenir del conflicto ha llevado a que un sector de los manifestantes sienta que tiene hoy la legitimidad y las condiciones políticas para conseguir la cancelación de Conga.
La decisión de detener el proyecto, sin otra señal que permita prever cuál será el siguiente paso no generó las expectativa prevista. Las declaraciones del presidente y del premier comprometiéndose a defender el agua, y el medio ambiente, son excesivamente generales en un momento en que se requieren decisiones que comuniquen con la mayor claridad posible cuál va a ser el derrotero gubernamental en estos temas. Si es que el gobierno no decide dar este paso, el conflicto es probable que se defina en esta etapa por el agotamiento de algunas de las partes o por el uso de la represión.
Sin embargo, los dirigentes de la protesta tienen importantes retos que afrontar. Visto desde fuera de Cajamarca la suspensión del proyecto fue leído como un triunfo pero en la región norteña no necesariamente no ha sido vista así. La meta que se han planteado es su cancelación y el principal medio para conseguirlo es la continuación de su medida de lucha.
La experiencia en Tambogrande y en Tía María muestra que esta estrategia ha sido exitosa. En ambos casos los agricultores consiguieron que las empresas involucradas se retiraran. Sin embargo, es también cierto que el interés por la explotación de esos yacimientos se mantiene y que existen, en el Estado y en el sector privado, quienes se hallan a la espera que se presenten las condiciones favorables para retomar la iniciativa. Quienes lideraron o apoyaron estas luchas, no estuvieron en la capacidad, o no tenían en su agenda, promover los cambios institucionales que le diera mayor consistencia a la protección de su territorio. Obtener cambios en ese terreno habría tenido repercusión no solo en los proyectos mencionados, sino que se tendrían nuevos estándares para futuras inversiones.
Conga puede ser una oportunidad de avanzar en esta dirección, ya que ha servido para confirmar, por ejemplo, las debilidades que afectan a los EIA y la institucionalidad relacionada al agua y al ambiente. Hoy son más personas en el Perú que, gracias a este conflicto, conocen de estos temas, cuentan con más información y constatan la precariedad estatal en este campo.
Hay que tomarle la palabra al gobierno respecto a su preocupación por el agua y el ambiente. Se requiere que el diálogo no sea solo sobre Conga, sino que considere las reformas a las políticas que permitieron que el proyecto avanzara a pesar de las debilidades conocidas.
El reto de los dirigentes es dar un paso más a lo logrado en Tambogrande y Tía María: hay que pensar en Cajamarca y en el Perú.

Un Gobierno poco previsor frente al "nuevo desempleo"

2011-12-03T14:38:00.001-05:00

Por Jürgen Schuldt *

Merece aplausos el actual mandatario por haberse tomado muy en serio, entre otros, tres grandes problemas, todos los que llevarían a una sustancial erradicación del contrabando, de las plantaciones no autorizadas de coca y de la minería informal. Las tres son actividades altamente intensivas en fuerza de trabajo, que alimentan a unas 50.000 familias, si le añadimos las actividades conexas (bodegas y farmacias, tabernas y prostíbulos, transportistas y demás).

Gran parte de esos trabajos “informales” surgieron a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de la falta de trabajo o porque el que desempeñaban no les permitía alimentar a sus familias, especialmente a las del campo andino. No surgieron del hecho que a esas personas les fascine el peligro o su muerte temprana: cruzar la frontera boliviana en noches sin luna, vivir en plantaciones avasalladas por policías, narcotraficantes y senderistas, o andar a diario descalzo y jorobado en ríos envenenados, no es un juego de niños (aunque desgraciadamente también los que ni siquiera han llegado a la pubertad se han visto obligados a sacrificarse en esas labores inhumanas).

¿Se ha percatado el gobierno que –cuando menos en teoría- todos esos trabajadores (por lo demás, despreciados por la sociedad) tendrán que buscárselas en otro lado y de otra manera? ¿Han imaginado los funcionarios públicos las consecuencias sociales que ese fenómeno ejercerá sobre la seguridad y la tranquilidad sociales, al margen de los de por sí preocupantes niveles de delincuencia y de las movilizaciones sociales bien justificadas a falta de Estado?

Pues no parece que les interese. Porque antes de adoptar esas medidas de erradicación del “mal” han debido ofrecerle alternativas -en el campo o en la ciudad- a estos “nuevos desempleados” para poder desenvolverse al amparo de un trabajo decente. ¿Hasta cuándo esperarán los burócratas? ¿O esperan que los damnificados esperen?

Memorias de Gregorio Samsa *

POR QUÉ ¡CONGA NO VA!

2011-12-03T14:35:00.000-05:00

Por Dr. Hugo Salinas

¿Es simplemente un asunto de contaminación ambiental o de depredación de las fuentes de agua? ¿Acaso es un asunto de campesinos y dirigentes ultra-izquierdistas? El problema va más allá. Y en esto, una vez más, la agudeza de la población es más sabia que la propuesta de sus dirigentes.

¡Conga No Va!, tiene que ver con el comportamiento de las multinacionales a Repartición Individualista que contamos ahora, las mismas que se benefician de la Configuración Mundial. El resultado es un comportamiento de desprecio al ser humano, a los recursos naturales, a la Nación, al Estado, al Gobierno en plaza, a la soberanía nacional, al sentido de Patria y a las organizaciones sociales en pro del bienestar general. El único amor que anima a las multinacionales de nuestros tiempos, es la maximización de las ganancias.

Veamos. La Repartición Individualista, segundo elemento de la actividad económica de los tiempos modernos, consiste en que la totalidad de las utilidades de una empresa pertenece única y exclusivamente al propietario o a sus accionistas. Es decir, de la totalidad del Resultado Neto de una actividad económica, generada por los trabajadores y sus familiares presentes y pasados, no les corresponde a esos trabajadores y familiares ni un solo centavo.

Este tipo de repartición se agrava cuando, en las interacciones de la economía actual se delinea la Configuración Mundial, mecanismo que favorece solamente a unas cuantas empresas, llamadas multinacionales, dentro de las miles y miles de empresas existentes a nivel mundial. Es el caso del principal accionista de Yanacocha, la empresa multinacional Newmont Mining Corporation (51.35%). Ella ha cerrado el año 2010 con utilidades cercanas a los 10 mil millones de dólares americanos, generadas por los trabajadores de Nevada (Estados Unidos), Indonesia, Australia, Nueva Zelandia, Ghana y, por supuesto, Perú. Y, siguiendo el principio de la Repartición Individualista, los trabajadores y sus familiares de esos países no han percibido ni un solo centavo del Resultado Neto de sus esfuerzos.

¿Cómo trabaja ese aspirador ascendente llamado Configuración Mundial? Este mecanismo utiliza todos los elementos de la actual economía basada en los intercambios a través de precios expresados en dinero. Tomemos, por ejemplo, el precio de sus trabajadores. Según datos de la Barrick Gold Corporation, producir una onza de oro en Perú le cuesta 105 dólares americanos mientras que en Canadá le cuesta 373 y en Australia 452. Y para que los cholos sigan siendo baratos se cierran las fronteras al libre tránsito de personas, ¡pero no a la circulación del oro y los capitales! Si agregamos que estas multinacionales venden el oro a más de 1768 dólares la onza, se puede entender la codicia por el oro peruano como en los tiempos de la invasión española.

Este mecanismo de succión ascendente se alimenta también de la compra de bienes y servicios de proximidad a precios de regalo. Las multinacionales nunca procesan el producto en el lugar de origen. Como en el caso del oro peruano, ellos prefieren “exportarlo” prácticamente en piedra, sin ningún valor agregado, a fin de que la multinacional tenga un máximo de utilidad. Y la “tecnología de punta” se utiliza sólo en sus países, sin ninguna transferencia hacia los países poseedores de las materias primas. De ahí que, los países más ricos en materias primas, son los más pobres a nivel mundial.

Estas multinacionales tienen el hábito igualmente de corromper jefes de gobierno, funcionarios, políticos y otros. Ahí está, en el caso actual, el controvertido Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución del complejo minero Conga, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. O la intervención de Vladimiro Montesinos, previo pago de 4 millones de dólares, para que el Poder Judicial resolviera a favor de la Newmont Mining Corporation en el juicio seguido por accionistas franceses de la minera BRGM. Y por qué no interrogarse sobre la “vacilación” de un presidente que durante su campaña dice “No a Conga”, y una vez elegido dice “Conga va”.

Las multinacionales también financian la campaña de candidatos al Congreso, como el caso de la ONG Reflexión Democrática presidida por Roque Benavides, propietario de la minera Buenaventura y accionista de la minera Yanacocha y del proyecto minero Conga. Una vez en el Congreso avalan contratos con las multinacionales, contrarios al interés nacional, sirviéndose de Decretos-Ley. O dictan medidas de criminalización de la protesta facilitando dispositivos, primero, para que la policía y los militares sofoquen a sangre y fuego las protestas populares; segundo, las autoridades política y funcionarios sean impedidos de participar en manifestaciones so pena de prisión y, tercero, los dirigentes populares sean encarcelados prácticamente a vida.

Es decir, a través de la Repartición Individualista y su mecanismo la Configuración Mundial, las grandes multinacionales, centros de poder y decisión a nivel mundial, concentran prácticamente la casi totalidad del valor agregado por la totalidad de la población a nivel mundial. El reverso de la medalla es extrema pobreza y un desempleo masivo a nivel mundial. Es urgente, entonces, proponer y viabilizar un nuevo modelo de economía y sociedad.

Reacción al conflicto social en torno a la minería

2011-11-26T16:49:00.001-05:00

Por Carlos Monge

El presidente Humala ha heredado un escenario de conflictos que vienen del diseño de Fujimori (grandes proyectos de inversión por sobre todas las cosas), que fue mantenido por Toledo y llevado al paroxismo por Alan García con base en la más extrema versión posible del neoliberalismo, expresada en los textos del Perro del Hortelano. No hay que olvidar que con Garcia tuvimos las huelgas amazónicas que desembocaron en Bagua y que la primera y segunda vuelta electorales terminaron con los conflictos de Rio Tambo y de Puno como telón de fondo.
Hoy estos conflictos se dan en un nuevo escenario político. El sector social rural hoy en conflicto es parte del voto duro del Presidente Humala desde las elecciones del 2006. En las elecciones del 2011 Humala hizo campaña en ese sector (están los videos de Cajamarca) con un discurso pro agua y pro agricultura y pro consulta, leído localmente como antiminero. Esta base social no entiende ni acepta la corrida al centro expresada en el Compromiso con el Pueblo Peruano y después en la Hoja de Ruta, ni los acomodos con Peru Posible para ganar la segunda vuelta, ni menos la presencia de un núcleo duro neoliberal con posición hegemónica en el gabinete.
Y además, se ha promulgado la Ley de Consulta –que genera expectativas de que la gente será escuchada- y desde el Ministerio del Ambiente un nuevo equipo se la juega por la protección del medio ambiente, sin estar totalmente subordinado al MINEM o al Presidente, como fue la experiencia anterior.
El conflicto en general es pues básicamente el mismo: rechazo a la minería y los hidrocarburos por sus impactos negativos sobre las fuentes de agua y el bosque, y pelea redistributiva por acceder a los recursos que generan las actividades extractivas. Pero la gente tiene hoy más expectativas de que sus demandas sean atendidas.
Para prevenir esta situación el gobierno pudo haber iniciado su gestión con un shock legislativo y una mega concertación política. El shock legislativo debería haber incluido la moratoria de nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos; la suspensión de proyectos en curso; la Ley de Consulta, la estrategia de ZEE y la Ley de Ordenamiento Territorial, y cambios a Ley de Canon; la transferencia de estudios de impacto ambiental del MINEM al MINAM. Este shock legislativo debería de haber estado basado en una convocatoria a los GRs y GLs para diseñar estrategia conjunta relativa a la gestión de los territorios en donde hay recursos naturales no renovables.
Me parece que medidas como estas hubiesen anunciado la voluntad política de crear un nuevo marco institucional para las actividades extractivas y –creo- calmado los ánimos, sin pretender por supuesto la desaparición total del conflicto, que es propio de la naturaleza humana.
Ahora, ya con el conflicto encima, me parece que hay que tomar urgente medidas como las siguientes. En el caso del Proyecto Conga, suspender toda actividad hasta que el MINAM haga un nuevo estudio impacto ambiental; y después de ello someter el proyecto al proceso de consulta en marco de la nueva Ley. Se dirá que ya se consultó, pero sabemos que el 70’% de los que participó eran beneficiarios directos del proyecto. En el caso de Andahuaylas y Chincheros: suspender toda actividad minera; suscribir un acuerdo con el GR y los GLs y las organizaciones sociales para realizar una ZEE participativa como la hecha en Cajamarca; y diseñar con GR estrategia conjunta contra la minería informal. En el caso de Huaraz: presentar proyecto de ley para modificar ley de canon evitando que distrito productor se beneficie tres veces y la provincia productora dos veces; y abrir debate con GRs y GLs sobre descentralización fiscal.
Estas medidas y el paquete legislativo más amplio pueden desentrampar los conflictos actuales y prevenir que la ola siga.
En términos más generales, es momento para que el gobierno reflexione y haga cambio programático, de fondo, en su estrategia general en relación con las extractivas.
Opino que la actual estrategia se basa en la idea de que la inversión minera debe ser el motor del crecimiento y la fuente financiera de los programas sociales en los que se concreta la idea de la inclusión social. De hecho, el anuncio sobre la negociación de los 3 mil millones de dólares de nuevas contribuciones del sector minero venía acompañado del anuncio de una cartera de inversiones mineras de más de 40 mil millones de dólares. El problema es que esa cartera contiene una serie de proyectos, como los de Conga, Rio Blanco y Tia Maria que no tienen viabilidad ecológica ni legitimidad social.
Me parece que es tiempo de reconocer que esa apuesta está equivocada, que su implementación tendría que hacerse con un alto costo ambiental –sobre todo en las fuentes de agua-, y con un alto costo social y político. Me parece que es tiempo de pensar en una estrategia que ponga el peso en la diversificación de las fuentes de renta pública, empleos, divisas y energía, para que el Peru sea menos dependiente de las industrias extractivas y su crecimiento y el bienestar de la gente se basen en el uso sostenible de nuestros recursos renovables.

Buenas noticias presupuestales

2011-11-26T16:36:00.001-05:00

Por Carlos Alonso Bedoya

A pesar de que el presupuesto público 2012, que está siendo discutido actualmente en el Congreso Nacional, fue cocinado en el gobierno de Alan García, y a pesar de que el enfoque del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que tenemos, independientemente del gobierno de turno, es de austeridad y ajuste; el primer presupuesto aprobado en la era Ollanta, tiene varios sellos que marcan la diferencia de lo que ha sido hasta ahora un modelo fiscal bastante lejano de los derechos de la gente.

Todos estos sellos se encuentran en las disposiciones finales complementarias del proyecto de ley de presupuesto público, que han sido introducidas en el dictamen de la Comisión que preside Marisol Espinoza, frente a la propuesta enviada por el MEF en agosto pasado.

La segunda de estas disposiciones dispone de 460 millones de soles para pagar la deuda social que tiene el Estado con miles de trabajadores, activos y pensionistas, desde la década del noventa. En el mismo sentido, la cuarta disposición, le suma a esta iniciativa 50 millones adicionales vía Reserva de Contingencia.

De otro lado, y algo que es de aplaudir, es que la vigésima séptima disposición rompe la barrera de los clásicos artículos 6 y 8 (presentes en todos los presupuestos públicos desde hace años), que no permitía aumentar salarios de hambre que tienen muchos servidores públicos, ni pagar lo adecuado a profesionales que prefieren irse a la actividad privada a pesar que sus sectores cuentan con recursos para retenerlos; y la prohibición de contratar más personal estatal donde se requiere a gritos. La apuesta de la disposición 27 es dotarse del mejor personal posible para el funcionamiento del Estado.

En la lucha contra la pobreza, la disposición número 51, establece algo de lo cual no tengo memoria, y eso que sigo el tema presupuestal hace tiempo, me refiero a los 200 millones de soles que se entregarán directamente a los 300 municipios distritales más pobres del país, y a aquéllos, cuyo presupuesto institucional de apertura sea igual o menor a 3 millones de soles. Estos 200 millones adicionales serán distribuidos en consideración al número de pobladores de las localidades.

Y para los trabajadores públicos del régimen del Decreto Legislativo 276, con salarios muy bajos pero compensados vía CAFAE, se ha introducido una norma que busca eliminar la enorme desigualdad a la hora de recibir este concepto, y que se plasma en una escala que va entre 100 y 8 mil soles. Pues bien, con lo introducido por la quincuagésima tercera disposición, se dispondrá de 171 millones de soles al fondo CAFAE con la finalidad de subir ese piso de 100 soles. Un especialista me dijo que ahora la base será de 450 soles para la menor de las bonificaciones. Eso va directo para los que menos ganan.

Finalmente, la disposición vigésima contenida en el dictamen preparado por la comisión de presupuesto, corrige un error de la gestión García en el primer semestre de este año, cuando se frenó el gasto, prohibiendo ejecutar muchos proyectos de inversión presupuestados. Ahora se podrá incorporar esos recursos al presupuesto del siguiente año en el caso de los gobiernos regionales, locales y los sectores salud y Educación.

Si bien falta mucho por hacer en temas como salarios, pensiones y recaudación tributaria para empezar a transformar la política fiscal, podemos afirmar que hay buenas noticias presupuestales..

Minería: Diagnóstico fallido

2011-11-26T16:30:00.001-05:00

Por Javier Torres

El conflicto por el proyecto Conga viene forzando al gobierno nacional a una serie de definiciones en torno a varios aspectos vinculados a la actividad minera. Así, de un lado se ha anunciado una redistribución del canon minero, medida que viene siendo reclamada hace muchos años por diversos sectores. De otro lado, se ha anunciado la creación de un organismo adscrito a la PCM que se dedique a la revisión, supervisión y fiscalización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que además regule todo lo referido al uso y manejo de las aguas.
Estas dos propuestas han llamado la atención, tanto por el momento en que han sido planteadas –en medio de un conflicto referido a un proyecto puntual- como por la imprecisión y la poca consistencia de las mismas. Plantear redefinir la distribución del canon en medio de un conflicto con un gobierno regional beneficiario del mismo lo único que ha logrado es que presidentes de otras regiones cuestionen la propuesta, mientras que plantear que la PCM asuma funciones que le corresponderían al Ministerio de Ambiente, ha puesto en tela de juicio la existencia misma de este sector.
La pregunta es si ambas medidas pueden servir para resolver el conflicto entre la gran minería, el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y las comunidades impactadas por los proyectos mineros. Si el diagnóstico es que el conflicto es única y exclusivamente un problema de mala distribución de los beneficios que genera la actividad, pues la redistribución del canon lo único que generará será reducir sus beneficios en las regiones donde hay gran minería, y por tanto no se resolverá nada.
De otro lado, si el diagnóstico es que hay un problema de coordinación intersectorial, entre las instancias encargadas: de promover la minería y aprobar los EIAS como el Ministerio de Energía, de fiscalizarla como el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) y el ente rector de uso de aguas como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que está en el Ministerio de Agricultura, entonces las posibilidades de que esto se resuelva, creando un organismo nuevo dependiente de la PCM, son bastante limitadas, debido a que esta fusión no necesariamente generará un ente eficiente en el corto plazo, en el que se tienen que definir y aprobar un conjunto de grandes inversiones.
Y si el diagnóstico es que todo se reduce a un problema de confianza hacia el gobierno nacional, resulta difícil entender de qué manera esta se va a recuperar colocando el conflicto minero- ambiental bajo la égida de la PCM, sobre todo cuando el Presidente Humala ha decidido seguir la ruta de sus antecesores convirtiéndose en un entusiasta impulsor de la gran inversión privada y olvidándose de quienes votaron masivamente por él, sobre todo por su discurso crítico al comportamiento del gran capital minero en el Perú..

Conga: De precios internacionales y urgencias en el uso de recursos naturales

2011-11-26T16:25:00.001-05:00

Por Alejandra Alayza

Las luchas por el agua son dignas y previsoras del escenario de acelerado estrés hídrico al que se dirige nuestro país. Son luchas que se adelantan a los cambios, tocan temas incómodos, ya que nos obligan a atender ahora los conflictos de un modelo de desarrollo extractivo que, hoy premiado con altos precios internacionales, acelera este proceso. Pero las luchas por el agua son también bastiones de grandes polémicas nacionales e internacionales. La disputa en torno a la explotación del Proyecto Conga ha puesto en el centro del debate la necesidad de proteger las cabeceras de cuenca como fuentes fundamentales de agua para los peruanos y peruanas. Este tipo de propuestas constituyen para buena parte de los líderes de opinión salidas “irracionales”.

El discurso de la rentabilidad de las industrias extractivas, no suficiente.

Durante los últimos diez años, el argumento de los millonarios recursos que dejarían los proyectos mineros constituyó un elemento para la negociación local y la expectativa de las poblaciones. Estos argumentos, hoy tan divulgados, convencen a menos personas. Algo ha cambiado. La esperanza del “chorreo” ha dejado importantes frustraciones. A pesar de existir más recursos en las regiones, existen inmensas limitaciones y diversos responsables de que éstos se conviertan en bienestar para los pobladores donde instalan las industrias extractivas. El desencanto alrededor de la prometedora “lluvia de millones” hace más evidente que este discurso obvia (casi adrede) otras dimensiones de los impactos de este modelo de desarrollo.

Lima nuevamente se aísla

El complejo conflicto de Conga muestra, entre otros elementos, una disputa de racionalidades, que expresa la crisis de la modernidad y sus modelos de desarrollo. Desde Lima, se ve casi con desprecio el comportamiento “irracional” de los pobladores locales, ahora de Cajamarca, pero antes fue de Puno y mañana de cualquier otra región, que salga a decir no a un proyecto minero. Algunos analistas quieren leer en estas posiciones conspiraciones de partidos políticos radicales hoy debilitados. Pero ¿por qué tienen gran acogida?, Lima nuevamente dice que los han manipulado. ¿No será, amigos de por aquí, que los de por allá tienen sus verdaderas y legítimas razones?

La expectativa del Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica, abierta por el nuevo gobierno, y ya impulsada en varias regiones, tiene en el centro de la discusión no sólo ordenar las prioridades y estrategias de desarrollo en los territorios, sino que podamos imaginarnos que hay zonas en las que preferiremos conservar a explotar, aunque hoy los precios internacionales sean tentadores. Todos queremos la mejor salida para el caso Conga, dialogada, sostenible y en paz. Sin embargo, atender Conga no sólo servirá para apaciguar el conflicto, sino para abrir en el Perú el debate de fondo y desde la perspectiva de largo plazo, la discusión en torno a las zonas de exclusión para la protección de fuentes de agua.

Asociatividad e innovación

2011-11-26T16:17:00.001-05:00

Por German Alarco Tosoni

En visitas por las diferentes regiones del país están surgiendo dos palabras clave para avanzar en el proceso del desarrollo: asociatividad e innovación. En lo particular son útiles, aunque no exclusivamente, para un sector económico donde existe un numeroso volumen de personas con baja productividad e ingresos: el sector agropecuario y forestal. Las posibilidades de mejora de los ingresos con la aplicación de estos conceptos son en realidad impresionantes.

Los ejemplos exitosos de la combinación de estos dos elementos son muchos, pero lamentablemente aún con poca incidencia en toda la economía. En Piura, un conjunto de productores, apoyados por una ONG, CEDEPAS Norte, ha logrado rendimientos por hectárea de 60 toneladas anuales en el banano orgánico. Ahora luego de cinco años, operan prácticamente solos y exportan toda su producción a Europa bajo la modalidad de Comercio Justo. Hasta ahí no parece haber nada extraordinario. Sin embargo con esta actividad cada uno de los socios recibe como ingreso familiar 6,000 soles mensuales, partiendo de predios agrícolas con apenas 1.5 hectáreas cada uno.

En este tipo de intervención hay ciencia, tecnología e innovación a nuestro alcance. No se requiere mucho de laboratorios sofisticados, sino del esfuerzo de nuestros ingenieros en buscar soluciones a problemas prácticos. En realidad en este tipo de proyectos participan además sociólogos, contadores, administradores de empresas, financistas, mercadólogos, economistas y tecnólogos, entre otros. LA PRIMERA etapa consiste en ubicar y/o seleccionar a los pequeños propietarios que estén dispuestos a trabajar juntos y de manera solidaria. Luego sigue el trabajo microeconómico fino para lograr el mejor producto, el mayor volumen, la mejor calidad, los mejores mercados, las mejores prácticas empresariales, la mejor cadena logística y de encadenamientos productivos que permita maximizar la generación de valor.

Con la asociatividad e innovación se puede dar el primer salto de nuestro PBI per cápita hasta US$ 10,000 en promedio. Todavía seguiremos siendo subdesarrollados, pero al menos habremos recorrido la mitad del camino. Se trata de una estrategia útil, de ganancias incrementales, para ir al centro de los problemas. No los elude. Hay que intensificarla y difundirla masivamente entre el Estado y la Sociedad organizada. La otra estrategia, promovida por los gobiernos anteriores, que concentra todos los esfuerzos en la gran propiedad agrícola no es efectiva para incrementar aceleradamente los ingresos de los pobres del campo y reducir las desigualdades. Casi todos preferimos un país de propietarios que de simples asalariados.

¿Y los conflictos laborales?

2011-11-23T15:33:00.001-05:00

Por Enrique Fernandez Maldonado

En las últimas semanas asistimos a una sucesión de conflictos sociales que han concitado la atención de diversos medios y sectores. La mayoría de los casos reportados están vinculados a conflictos socioambientales, al establecimiento de industrias extractivas en zonas rurales con altos índices de pobreza. Existen otros tipos de conflictos no tan publicitados, pero igualmente importantes, vinculados con el ámbito laboral. Su relevancia radica en que expresan –en una proporción que está subvaluada– conflictos de interés que son extensibles al conjunto de la clase trabajadora (no solo asalariada). Pues, ahí donde existe una contraprestación mal pagada o incumplida, hay un (potencial) conflicto laboral.

Este tipo de conflictos tienen una particularidad. Son inherentes a una relación que se define por la desigual percepción del valor trabajo como eje de la contradicción. Su especificidad como conflicto social radica en la disponibilidad de mecanismos institucionales de gestión del conflicto, además de la vía judicial: tanto tradicionales (negociación colectiva, conciliaciones, arbitrajes) como alternativos (extraprocesos, mediaciones, mesas de diálogo). Ahí donde se respetan y cumplen los derechos fundamentales (p.e. la libertad sindical), la conflictividad laboral es menor, pues es manejada de manera institucional, pacífica y concertada. Cuando no es el caso, lo que priman son las huelgas (cuando se puede), una decisión maximalista que reduce las posibilidades de diálogo, lo que perjudica siempre a la parte más débil en la relación.

Si bien no se trata del tipo de conflicto más frecuente, la conflictividad laboral en el país ha aumentado en paralelo al crecimiento económico. Creemos que los conflictos laborales reflejan, en parte, la ausencia de una cultura del diálogo entre actores que son claves en toda sociedad democrática (capital-trabajo), lo que imposibilita alcanzar consensos sostenibles en el tiempo (es el caso de la postergada Ley General del Trabajo). Pero, sobre todo, responden al disminuido rol del Estado –en todos sus niveles– como árbitro regulador de las relaciones sociales, tarea que exige atacar las causas que generan el descontento y la conflictividad social.

Para prevenir la conflictividad social en el trabajo se requiere intervenir en varios niveles. En primer lugar, es necesario incidir sobre los factores sistémicos que están a la base del descontento y la protesta social; hacen falta reformas legislativas, administrativas y presupuestales orientadas al establecimiento de un nuevo marco institucional que fortalezca el rol social del Estado.
En segundo lugar, es necesario potenciar y acompañar la acción de los órganos competentes (especialmente las Direcciones Regionales) para actuar oportuna y descentralizadamente en la promoción del diálogo social y la negociación colectiva; la implementación de un Plan Nacional de Prevención y Solución de Conflictos puede contribuir a fortalecer la capacidad de la Autoridad de Trabajo en su rol mediador y protector de los derechos fundamentales.

Finalmente, el trabajo con los actores sociales es clave para afianzar los mecanismos de solución concertada de los conflictos. El objetivo: avanzar hacia un sistema de relaciones laborales realmente democrático e inclusivo; objetivo esquivo si no se operan cambios en el esquema distributivo de la riqueza y el poder, a la postre, la principal causa de los conflictos laborales.

Tierra y Libertad frente a los Conflictos Mineros

2011-11-23T15:23:00.001-05:00

LA POBLACIÓN SE MOVILIZA CONTRA MALAS PRÁCTICAS MINERAS

1. Culminados sus primeros 100 días de gobierno, el Presidente Ollanta Humala y su gabinete están enfrentando una ola de conflictos asociados con la actividad minera en las zonas rurales de nuestro país. En algunos casos como el de Ancash, se trata de una demanda re-distributiva planteada por las autoridades de los poblados que reciben una parte menor de los recursos del canon minero. En los casos de Cajamarca, Apurimac, Moquegua, y Tacna, se trata de un rechazo a la actividad minera por sus impactos negativos sobre las fuentes de agua de las que depende el consumo humano y la agricultura, que es la principal, sino única, fuente de ingresos de la enorme mayoría de las poblaciones de esas regiones del país. En Madre de Dios, se trata más bien de la reacción de los mineros informales ante la justificada intervención del gobierno contra las dragas de la minería ilegal que está destrozando los ríos y los bosques de esa parte de la Amazonía.
2. En relación a los conflictos contra la minería en la sierra peruana, como es el caso de Mina Conga, en Cajamarca, la población local no reconoce un Estudio de Impacto Ambiental que ha sido aprobado apresuradamente y con procesos de audiencias en los que la mayoría de los participantes trabajaban para la empresa, ni acepta la propuesta de reemplazar con reservorios las lagunas naturales que serán destruidas. En Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac, la población rechaza toda actividad minera –la ilegal y la legal, la artesanal y la mediana y grande-. En Tacna y Moquegua la población teme que nuevas operaciones mineras se lleven para si toda el agua, que ya es sumamente escasa en esa región.
3. La desconfianza y el rechazo de la población de las zonas alto-andinas respecto de la minería se sustentan en la experiencia. En el caso de Cajamarca, se ha comprobado que –pese muchos estudios técnicos presentados- Minera Yanacocha ha tomado para si toda el agua de la cuenca del Rio Grande que antes consumía la ciudad de Cajamarca. Como resultado, la ciudad consume hoy agua usada y reciclada por la minera, y es la población de Cajamarca la que arriesga su salud y termina pagando los elevados costos de purificar el agua que previamente ha sido usada y contaminada por Yanacocha.
4. En muchas otras partes del país, incluida Lima Metropolitana, muchas empresas extractivas así como intereses inmobiliarios e industriales quieren seguir operando como antes- ignorando los impactos ambientales negativos de sus actividades y la opinión de las poblaciones locales. El caso más conocido es el de Lurín, pulmón de la ciudad amenazado por cementeras, urbanizadoras e industriales, pero esta situación se repite en muchas otras partes de la ciudad frente a una creciente resistencia social de las poblaciones locales.
DECISIONES GRAVES QUE PREOCUPAN
5. Lamentablemente, en reciente conferencia del Presidente Ollanta Humala, al tratar sobre el proyecto Conga, ha dejado claro que su opción es por la Empresa Yanacocha, y contra la población de Cajamarca, las autoridades distritales y provinciales y el Gobierno Regional. El Presidente dice que quiere el agua y el oro, repitiendo tal cual la frase con la que la empresa quiere convencer respecto de la viabilidad de su proyecto. Pero hay dudas muy serias sobre la real posibilidad de reemplazar las lagunas y su rol central en el ecosistema de esas cabeceras de cuenca por otras artificiales. En la práctica, en este caso, no es posible tener oro y agua al mismo tiempo y el Presidente está apoyando la extracción del oro sobre la preservación de las fuentes de agua en esa región. Está optando por la empresa y contra el medio ambiente y la gente.
Peor aún, ha anunciado que en lugar de fortalecer al Ministerio del Ambiente, busca descuartizarlo llevándose a la Presidencia del Consejo de Ministros la Autoridad Nacional del Agua, la fiscalización ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental. En todas partes del mundo se avanza en fortalecer una autoridad ambiental autónoma de la promoción de inversiones y del poder político, el Presidente acá anuncia lo contrario.
6. Ese no es el camino a seguir. Esos anuncios no pueden ponerse en práctica. Esas decisiones son graves y tienen que rectificarse. Llamamos al Presidente Humala, al Premier Lerner, a los ministros y parlamentarios de Gana Peru, especialmente a los que vienen de la izquierda, a la rectificación de esta equivocada decisión que tendrá sin duda graves repercusiones para la población cajamarquina quienes han reaccionado con justicia y firmeza llamando a un paro indefinido desde el 24 de noviembre.
PRESIDENTE HUMALA: ESCUCHE LA VOZ DE LOS PUEBLOS
7. Frente a los conflictos en curso contra las malas prácticas de la minería en los Andes, el Gobierno del Presidente Humala - debe marcar una diferencia sustantiva con las respuestas que han venido dando los gobiernos de Fujimori, Toledo y Garcia. Esos gobiernos ignoraron las causas de los conflictos, optando por responsabilizar de todo a agitadores radicales, acusando a la gente y las autoridades de no entender la importancia de las rentas que estas inversiones traen, y reprimiendo a los que cuestionan la actividad minera o se oponen a ella. La política del "Perro del Hortelano" de Alan García debe ser superada y no puede seguir guiando los actos de este gobierno. Los 3 mil millones de soles ofrecidos por las empresas no son argumento suficiente para imponer la minería por sobre la voluntad de la gente ni sobre la necesidad de cuidar nuestras fuentes de agua. Acusar de radicales a quienes se movilizan u opinan diferente, como Tierra y Libertad y sus líderes como Marco Arana, y mantener criminalizada la protesta social no arregla nada, solo empeora las cosas.
8. El Gobierno del Presidente Humala tiene aun la oportunidad de plasmar en el sector energía y minas la gran transformación ofrecida al país. En este camino, para ser consecuente y firme con sus compromisos electorales, y rectificando los anuncios recientemente hechos, le planteamos la necesidad de poner en práctica las siguientes medidas:
a. Moratoria y revisión de concesiones mineras e hidro-carburíferas.
b. Revisión del procedimiento de otorgamiento de concesiones, procediendo solamente aquellas que sean viables en el marco de la zonificación económica y ecológica y que hayan sido materias de consulta previa.
c. Inmediata reglamentación y puesta en vigencia de la Ley de Consulta.
d. Inmediata transferencia de la responsabilidad de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental al Ministerio del Ambiente, revisando los procedimientos de su elaboración, consulta y aprobación.
e. Fortalecer de manera sustantiva, con recursos humanos y materiales, al MINEM y al MINAM para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones relativas a la sociedad y el ambiente.
f. Inmediata presentación de la Ley de Ordenamiento Territorial, sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los Gobiernos Regionales y Locales y las organizaciones sociales.
g. Definición de las competencias y funciones de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión del sector extractivo.
h. En el caso de la minería ilegal que arrasa con la Amazonía, el Gobierno debe proseguir con firmeza su política de eliminación de las dragas y otras operaciones y así poner freno a esa actividad. Pero también atacar –como en el caso del narcotráfico- tanto a los proveedores de capital, maquinarias e insumos como a los comercializadores del oro que se extrae. No tiene sentido concentrar la acción estatal solamente en los trabajadores y pequeños propietarios de esa actividad, sin atacar a los peces gordos que están detrás del negocio.
9. La implementación de este conjunto de medidas debe permitir que en el Perú se haga solamente la actividad minera e hidro-carburífera que sea ambientalmente viable y socialmente legitima, disminuyendo así los altos grados de conflictividad social que hoy día resulta de la proliferación de proyectos mineros que no son consultados con la población o con las autoridades locales ni regionales y cuyos estudios de impacto ambiental han sido y siguen siendo aprobados por los mismos funcionarios encargados de promover las inversiones.
10. El gobierno de Humala debe ser consciente que la implementación de estas medidas va a significar que algunos de los proyectos mineros –al no ser ni ambientalmente viables ni socialmente legitimos, no logren la autorización para operar. Por lo tanto es posible que no se hagan realidad los 46 mil millones de dólares inversiones mineras anunciadas por el Primer Ministro Lerner en la Presentación de su Plan de Gobierno al Congreso Nacional y al país. Esta es una decisión sustantiva si en verdad se quiere inversiones que impacten favorablemente al país, respeten el medio ambiente, y cese la conflictividad social.
En consecuencia, es también indispensable que el Gobierno defina y ponga en práctica una agresiva política de diversificación de las fuentes de renta pública y de generación de divisas, dos rubros hoy altamente dependientes de las inversiones mineras y de hidrocarburos. De la misma manera, el gobierno debe abocarse a la cobranza de las grandes deudas tributarias de muchas empresas, así como de sacar adelante una reforma tributaria que le dé recursos frescos para el mayor gasto social que en justicia el gobierno ha prometido hacer.
Tierra y Libertad considera que está en manos del gobierno impedir que la conflictividad social se desborde y tenga costos materiales y costos en vidas humanas. Estamos seguros que estos conflictos se pueden prevenir y evitar con la implementación pronta y consecuente del paquete de medidas que proponemos.

Presidente Humala
Entre el Agua y el Oro, Escoja el Agua
¡Si es Posible una Gran Transformación en el Sector Energía y Minas!
¡Si es Posible Cambiar de Rumbo!
¡Es Cuestión de Voluntad y Coherencia con las ofertas que lo han llevado a ser
Presidente de Todos los Peruanos y Peruanas!

Producción de maíz sin transgénicos en el Perú

2011-11-23T15:18:00.001-05:00

Por José R. Davelouis Mc.Evoy

Las plantas provenientes de semillas transgénicas, son por ejemplo en el caso del maíz, las que reciben la mayor cantidad de herbicidas que las plantas producidas por mejoramiento genético "convencional", para contrarrestar las malezas competidoras por luz, agua y nutrientes, cuyo "gen", de resistencia al herbicida Round Up o Glifosato, introducido al maíz, ha "saltado" hacia las malezas, dándoles igualmente resistencia al mencionado herbicida, producido y comercializado por la Monsanto, junto con sus semillas transgénicas.
Por lo tanto, el incremento en el costo de control de malezas es mayor, pero sin lograrlo, y más bien la aplicación del herbicida "Round Up" o Glifosato, en exceso, produce un efecto contaminante del suelo.
Al final el resultado es una cosecha de maíz, "contaminada" con mayor cantidad de herbicida aplicado que lo normal, que tiene que afectar a los ecosistemas y a la salud humana.
Según las observaciones de ING. ULISES OSORIO ANGELES, JEFE del PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA:
"Davelouis menciona que los genes (CP4) de los OVM =OGM han saltado a las malezas y se han vuelto resistentes, no comprobado, lo que si es cierto es que las malezas (solo ellas que suman 250 a nivel mundial y 30 comunes en todo el planeta) tienen mecanismos extraordinarios como su capacidad de resiliencia y adaptación a eventos traumáticos como cambios climáticos o acción represiva por parte de los humanos, estas se adaptan convenientemente a la rotación de cultivos, preparación de suelos, sistemas de siembra, a las deshierbas manuales, mecánicos y químicos, para lo cual pueden modificar sus morfología, fisiología, población o densidad y sobre todo la plasticidad genética pues cambia sus biotipos. El uso indiscriminado de glifosato produce una excesiva presión traumática que las malezas responden con mayor fuerza venciendo al cultivo.
A la fecha ninguna tecnología o químico por más desarrollo que sea ha vencido a las malezas y a los finales terminados controlándola como lo hicieron los primeros agricultores (as), jalándolos con la yema de los dedos.
Los Trangenicos resistentes a herbicidas pueden tener una vida útil máxima de 10 años y sus efectos a largo plazo son indeterminados: supermalezas.
No es cierto que un trangénico rinda más que el convencional, pues este es el híbrido comercial al que le insertan un gen ( CP4 A.t ), que no eleva su potencial de rendimiento.
La UNALM a través del Programa de Investigación y proyección social de Maíz tenía desarrollado extraordinarios híbridos de maíz a pesar de sus limitados recursos (ninguno del estado) que genera pero por Ley de semillas tiene que entregarlo a las empresas productoras y comercializadoras, estas no las vendieron pues tienen sus propias y nos devolvieron los lotes entregados para la venta después de 1 año o más, poco a poco nos redujeron primero las fuentes de financiamiento para la investigación ( Dijeron que esta no es necesaria porque en otros países ya se hace ) y la falta de recursos de ventas fue fatal, ahora esta reducido a su mínima expresión sin ningún apoyo publico o privado.
La UNALM dispone de genética (híbridos y variedades adaptables a cada localidad o nicho ecológico peruano desarrollado pensando en lo difícil y variable que es el Perú), del paquete tecnológico con bajo uso de recursos inorgánicos y pesticidas, con potencial de rendimiento de 16TM, paquete que tiene más de 25 años.
Si tuviéramos la oportunidad de extender nuestros conocimientos a los a agricultores lo haremos con el más grande cariño, estamos a su disposición."
Ha sido comprobado igualmente, en diferentes latitudes, rendimientos superiores obtenidos con cultivos no transgénicos, en comparación a los transgénicos. Luego, lo opuesto es una creencia generalizada no comprobada científicamente.
En cambio los Incas, ya producían, por selección natural en el "Valle Sagrado", en el Cuzco, maíz "Blanco Urubamba" y maíz "Amarillo Kcayra", el primero para el consumo de la nobleza (los "Orejones") y el segundo para alimentar su ejército.
El suscrito, obtuvo en el Fundo Emilia, Calca, en investigaciones de campo, con un manejo simple de densidades y fertilización N-P-K, a través del Proyecto Agronómico del PCIM-UNALM, rendimientos de 14 y 16 T.M./ha de maíz grano al 14 de humedad, sin ningún tipo de mejoramiento genético, ni del convencional, ni con transgénicos, que no existían, logrando 40 a 50% de incremento del rendimiento obtenido por los agricultores de la zona.
Lo único que se hizo fue incrementar los rendimientos, los que no pasaban de las 10 T.M./ha, para elevarlos hasta 16 T.M./ha, en la década de los 60´s, manejando "densidades de siembra, desde 55,000 a 83,000 plantas/ha y abonamientos desde 120-80-80 hasta 240-80-80 kg/ha N-P-K,, ensayados experimentalmente en campo" (Arca, Valdéz y Davelouis. Anales Científicos UNALM, 1967, Vol V, Julio-Diciembre, Nos. 3-4, pag. 141-149; libro "Cincuenta años del PCIM-UNALM, 1953-2003", editado por Salhuana, Valdéz, Scheuch y Davelouis, Investigación Agronómica en Maíz, pag 274-396, publicado por la UNALM, 2004).
Asimismo, en la misma década de los 60´s, en diferentes valles de la costa peruana, se obtuvo rendimientos de maíz grano al 14% de humedad, de hasta 10 T.M./ha, superiores entre el 15% y el 80% de rendimientos sobre los testigos sin abono, con diferentes maíces amarillo duro híbridos, con manejo de densidades y abonamiento adecuados, en diferentes valles de la costa peruana (Davelouis, Valdéz, Arca, 1970, III Conferencia de Mejoramiento de Maíz de la Zona Andina, Lima, Perú, 1968, Programa de Maíz-CIAT, Cali, Colombia, 1971, pag. 114-119); libro "Cincuenta años del PCIM-UNALM, 1953-2003", editado por Salhuana, Valdéz, Scheuch y Davelouis, Investigación Agronómica en Maíz, pag 274-396, publicado por UNALM, 2004).
Y asimismo en la costa, en la década de los 90´s, aplicando el concepto moderno del "Balance nutricional-hormonal", se lograron incrementos, en maíz amarillo duro del PCIM-UNALM, superiores al 20%, en rendimiento en grano, y en forraje, sobre las obtenidas previamente, sin la aplicación de esta tecnología (control de las cinco hormonas de la planta y aplicación de los 17 nutrientes esenciales), obteniéndose además una mayor rentabilidad económica y mejoras en la calidad y durabilidad post-cosecha de los granos, por el manejo de las plantaciones desde la pre-cosecha. (Davelouis, Sairitupa y Noriega. V Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, UNALM, 1996, 5 pag.; Davelouis, Noriega, Yupanqui y Sairitupa, Bodas de Oro del PCIM-UNALM, 2003, 21 pag.; libro "Cincuenta años del PCIM-UNALM, 1953-2003", editado por Salhuana, Valdéz, Scheuch y Davelouis, Investigación Agronómica en Maíz, pag 274-396, publicado por UNALM, 2004).
Los resultados de las investigaciones de "campo" mencionados, a través del Proyecto Agronómico del PCIM-UNALM, así como los de las Tesis de Ing. Agrónomos patrocinadas por los investigadores del PCIM-UNALM, indican claramente" que no es necesario utilizar semillas transgénicas, de "alto riesgo a la salud", hasta que se compruebe lo contrario, para obtener altos rendimientos y otras características deseables, además de una alta rentabilidad económica para el agricultor.
POR LO TANTO, ANTES DE PROMOCIONAR EL USO DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS, LO QUE HACE FALTA EN EL PERÚ, ES UNA LABOR DE EXTENSIÓN AGRARIA "EFICIENTE", QUE DIFUNDA LOS BUENOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES OBTENIDAS DURANTE DÉCADAS, CON MANEJO NO SÓLO DE LAS SEMILLAS, SINO DE TODOS LOS DEMÁS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN (manejo del suelo eficiente; control de efectos adversos del clima, como por ejemplo de "El Niño"; cultivos y variedades mejoradas con métodos genéticos convencionales; densidades de siembra y fertilizaciones adecuadas; óptimo manejo fisiológico hormonal-nutricional de los 17 nutrientes esenciales a las plantas y las cinco hormonas que las manejan; un manejo eficiente del agua; etc., para lograr finalmente máximos rendimientos de calidad y de excelente durabilidad post-cosecha, manejados desde la pre-cosecha; logrando finalmente una óptima rentabilidad económica, tanto con el empleo de la tecnología con uso de insumos costosos ("altos insumos"), por agricultores "progresistas", como a través del uso de "mínimos insumos" ("bajos insumos"), recomendable para campesinos en condiciones de pobreza, y a partir de 200 metros cuadrados de extensión de sus "chacras", especialmente en la sierra y selva peruana.
LA ASISTENCIA TÉCNICA LA HACÍA EL PCIM-UNALM, A TRAVÉS DE "DÍAS DE CAMPO" PROGRAMADOS EN LAS ÉPOCAS DE COSECHA, CON LOS AGRICULTORES DE CADA REGIÓN, PRINCIPALMENTE EN COSTA Y SIERRA.
PARALELAMENTE EL MINAG REALIZABA SUS INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA AL AGRO,, A TRAVÉS DEL SCIPA, LUEGO EL SIPA, PARA POSTERIORMENTE DISMINUIR CADA AÑO ESTA IMPORTANTE LABOR, POR REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LOS GOBIERNOS DE TURNO, DISMINUYENDO NOTORIAMENTE LAS LABORES DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN AGRARIA EN LAS REGIONES, POR EL "CIERRE" DE UNA SERIE DE ESTACIONES EXPERIMENTALES, A NIVEL NACIONAL.
POR ELLO, ES INCREÍBLE QUE ACTUALMENTE, SEAN LAS CASAS COMERCIALES LAS QUE "ASESORAN" A LOS CAMPESINOS VENDIÉNDOLES SUS INSUMOS AGRÍCOLAS SIN NINGUNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SERIA, NI VALIDACIÓN EN EL CAMPO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS, SINO MERAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DE CADA CASA COMERCIAL, SALVO HONROSAS EXCEPCIONES.
Y LAS UNIVERSIDADES ESTÁN TOTALMENTE CARENTES DE RECURSOS, DEBIDO AL MAGRO PRESUPUESTO DEDICADO A INVESTIGACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL QUEHACER HUMANO. NO SOLAMENTE DEL SECTOR AGRARIO, DESTINANDO EL ESTADO PERUANO UN FINANCIAMIENTO EQUIVALENTE AL 0.14% DEL PBI, PARA INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN, DESRROLLO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN AGRARIA, CONSIDERADO COMO UNO DE LOS FINANCIAMIENTOS MÁS BAJOS DEL MUNDO.
POR OTRO LADO, EN LUGAR DE SEGUIR FOMENTADO EL ESTADO LA CREACIÓN DE MAS UNIVERSIDADES QUE CUENTAN O NO, CON FACULTADES AGRARIAS, SE CONTINÚA CON ESTA POLÍTICA, AVALADA, POR PARTE DEL "CONAFU" (Consejo Nacional de Fundación de Universidades), ORGANISMO CREADO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y MAL EMPLEADO PARA SATISFACER EL "POPULISMO" DE LOS POLÍTICOS DE TURNO, LO QUE NO NOS LLEVA A BUEN PUERTO, ES DECIR, AL NECESARIO DESARROLLO DENUESTRO QUERIDO PERÚ.
LO QUE DEBERÍA HACERSE ES REEMPLAZAR AL CONAFU POR UNA ENTIDAD QUE TENGA COMO META, LA REORGANIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, CON MIRAS A MEJORAR SU CALIDAD Y EXCELENCIA EN LAS ÁREAS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN, PARA FORMAR PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN SUS ÁREAS RESPECTIVAS, PERO CON PRESUPUESTOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR EL PAÍS.
Y DEBERÍAN LAS UNIVERSIDADES DAR "TÍTULOS" A NOMBRE DE CADA UNA DE ELLAS, Y NO "A NOMBRE DE LA NACIÓN", COMO SE HACE EN LOS PAÍSES "ORDENADOS", DONDE NO SE MEZCLAN LAS BUENAS CON LAS UNIVERSIDADES DE DEFICIENTE FORMACIÓN PROFESIONAL, LAS QUE SI ABUNDAN EN EL PERÚ, POR FALTA DE UNA POLÍTICA CON OBJETIVOS CLAROS Y DEFINIDOS.
Y POR EL LADO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, LA DISMINUCIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES Y DE LAS AGENCIAS AGRARIAS A NIVEL NACIONAL, SON PARCIALMENTE, LAS CAUSANTES DEL INCREMENTO DE LA POBREZA EN EL CAMPO AGRARIO, POR FALTA DE PRESENCIA DEL ESTADO, EN UNA GRAN CANTIDAD DE DISTRITOS, ESPECIALMENTE EN LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ. Y LAS POCAS QUE QUEDAN, TIENEN PRESUPUESTOS "MÍNIMOS", O NO FUNCIONAN, O HAN SIDO ENTREGADAS AL SECTOR PRIVADO, CON GRANDES FRACASOS DE GESTIÓN, DESDE HACE VARIAS DÉCADAS.
Y sobre la producción, control en campo, certificación oficial, pasando por pruebas en laboratorio de las muestras de semillas, clasificación por tamaño de granos, embolsado, aplicación de pesticidas para protección de las semillas, y etiquetado con certificación oficial, de las semillas de maíz híbrido amarillo duro, era responsabilidad del PCIM-UNALM. Y los fondos generados por todas estas actividades, canalizadas a través de la APROSECEM (Asociación de Productores de Semillas Certificadas de Maíz) de la UNALM, eran los que financiaban las investigaciones del PCIM-UNALM, cubriendo todos los costos de producción de nuevos híbridos, variedades mejoradas, compuestos, sintéticos, etc., así como las investigaciones agronómicas, de manejo de suelos, fertilización, control sanitario, banco de germoplasma, asistencia técnica, emisión de boletines de información, etc. para los agricultores de la costa, sierra y selva del país.
Con la hiperinflación provocada en el primer gobierno de Alan García y el Fujishock que se aplicó para controlarla, afectó tremendamente a la APROSECEM, provocando que ésta entidad desapareciera prácticamente del mercado comercial peruano.
Y luego esa tarea de certificación oficial de las semillas de maíz ya no la tuvo el PCIM-UNALM, el que actualmente es un simple competidor más en la producción de semillas certificadas de maíz, conjuntamente con las productoras particulares de semillas que existen en el Perú.
Lamentablemente, las importaciones de maíz amarillo duro han superado el 50% de la demanda nacional, actualmente, cuando en la década de los 70´s no llegaba al 10%, cuando el PCIM-UNALM, tenía la responsabilidad en la producción y certificación oficial de las semillas que producía en una especie de asociación público-privada con los semilleritas. Existen una serie de causas que explican este retroceso, que es materia de analizarlo conjuntamente con los demás especialistas del PCIM-UNALM.
Y una de las más poderosas es "EL DESENTENDIMIENTO DEL ESTADO" de las tareas de INVESTIGACIÓN en el país, así como de asistencia técnica y extensión agraria. Hemos retrocedido "años luz".
Ni las Universidades con facultades Agrarias en las Regiones del país, ni el MINAG, a través del INIA, tienen presupuestos suficientes para REALIZAR LAS TAREAS MUY IMPORTANTES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, etc. EL ESTADO HA DEJADO DE PRIORIZAR LA AGRICULTURA, PARA APOYAR MAYORMENTE A LA MINERÍA, RECURSO NATURAL "NO RENOVABLE". ¿Y CUANDO ESTE RECURSE SE TERMINE, QUÉ VA A PASAR? ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA ESTAR PREPARADOS PARA ESTA EVENTUALIDAD QUE LLEGARÁ TARDE O TEMPRANO?
PUES DEBERÍAMOS APRENDER DE LOS CHILENOS, QUE PARTE DE LAS UTILIDADES QUE OBTIENEN DE LA MINERÍA, LA INVIERTEN EN ACTIVIDADES RENOVABLES, COMO POR EJEMPLO LA FORESTACIÓN DE SU PAÍS, EN CONDICIONES MUY ADVERSAS DE CLIMA. PERO LO HAN LOGRADO. Y EN EL PERÚ...."BIEN GRACIAS".....
¡QUÉ ESPERAMOS, POR FAVOR....?
A LAS POCAS AGENCIAS AGRARIAS QUE TODAVÍA "SUBSISTEN" NO LES ALCANZA EL "MAGRO" PRESUPUESTO ASIGNADO, NI PARA LA GASOLINA DE SUS VEHÍCULOS, Y MENOS PARA LAS LABORES DE EXTENSIÓN QUE SE REALIZABAN EFICIENTEMENTE EN LAS DÉCADAS DE LOS 50´s, 60´s Y HASTA LOS 70´s, EN EL PERÚ.
POR LO TANTO, EL USO DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS, NO PUEDE "HACER EL MILAGRO" DE RESOLVER LOS PROBLEMAS "ESTRUCTURALES" MENCIONADOS, POR SER DE CARÁCTER "INTEGRAL" LA SOLUCIÓN DE LOS MISMOS, EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, ASÍ COMO EL CUIDADO DE LOS ECOSISTEMAS, TAN VENIDO A MENOS, CON LA EXPLOTACIÓN MINERA, A TRAVÉS DEL "CAPITALISMO SALVAJE", CON LAS CONSECUENCIAS DE HABER DEJADO AL PAÍS CON UNA GRAN CANTIDAD DE "PASIVOS AMBIENTALES".
POR ELLO EL DESARROLLO DE UN PAÍS COMO EL NUESTRO, NO DEBE MEDIRSE NI CONSIDERARSE A TRAVÉS DE UN FRÍO INDICADOR QUE NO DICE NADA SOBRE, POR EJEMPLO, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, LA SOLIDARIDAD CON LAS REGIONES MAL DISEÑADAS, QUE EN ALGUNOS CASOS NO TIENEN LOS RECURSOS NATURALES NECESARIOS PARA CUBRIR SUS MÍNIMAS NECESIDADES. Y ME REFIERO AL FAMOSO "PBI".
Y EL PBI DE UN PAÍS RICO O POBRE, DESARROLLADO O SUBDESARROLLADO, ORDENADO O DESORDENADO (COMO EL PERÚ), SÓLO MIDE, LA MEDIA DE LA RIQUEZA DEL PAÍS. NO INFORMA SOBRE LA POBREZA, LA MISERIA, NI LA RIQUEZA DE TODOS SUS HABITANTES, EN FORMA PRECISA. POR ELLO, HAY ECONOMISTAS QUE ESTAN PROPONIENDO UN NUEVO INDICADOR, Y ESTE ES EL "PBI SOCIAL".
Y VOLVIENDO AL TEMA DE LOS TRANSGÉNICOS, EXISTEN RIESGOS DOCUMENTADOS A LA SALUD PRODUCIDAS POR LOS ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM ó TRANSGÉNICOS), EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS (Smith, J.M., 2007, Genetic Roulette, 320 pag.) :
1.- Información Documentada sobre riesgos a la salud por los alimentos genéticamente modificados:
- Reacciones en animales y humanos
- Afectación del DNA, producido por la "inserción genética"
- La proteína producida por el gen insertado puede crear problemas
- Transferencia genética de las bacterias del estómago, órganos internos y virus
- Los cultivos TRANSGÉNICOS pueden incrementar las TOXINAS del ambiente y bioacumular TOXINAS, en la cadena alimenticia
- Riesgos mayores son producidos en niños y en recién nacidos
2.- La regulación de los alimentos genéticamente modificados, es INADECUADA para PROTEGER LA SALUD PÚBLICA:
- Los reguladores son a menudo "sobornados" por la industria biotecnológica
- Requerimientos de pruebas inadecuadas son la norma entre los reguladores de los cultivos transgénicos
- La falta de defensas o salvaguardas, expone el suministro alimenticio a la contaminación por los transgénicos
3.- Los estudios industriales no son competentes para identificar muchos de los "EFECTOS COLATERALES" impredecibles:
- Enorme presión, no para descubrir problemas, resultan en muy pocos estudios, muchos de los cuales son de muy pobre calidad
- Estudios en alimentación de animales, pasan por alto muchos de los problemas potenciales
- Los estudios no son suficientemente extensos ni detallados para detectar riesgos o peligros
- La evaluación de la "alergenicidad" no está garantizada
- Los alimentos transgénicos aprobados en Canadá se han basado en simples asunciones
4.- Defectos en los argumentos para justificar el uso de los cultivos transgénicos
- Porqué los cultivos transgénicos NO SON NECESARIOS para alimentar al mundo
- El arroz de "oro" (Golden rice) es una forma equivocada para suministrar vitamina A

A los interesados en profundizar en el conocimiento de los problemas expuestos los puedo "conectar" con una serie de profesionales, expertos en estos temas, que están en contacto con el suscrito, para informarles con mayores detalles sobre los resultados de las investigaciones realizadas, presentadas líneas arriba y otras que por la extensión de tema, no son mencionadas, en su totalidad.

EL TRIÁNGULO IMPOSIBLE Y LA GOBERNABILIDAD

2011-11-23T15:10:00.001-05:00

Por Efrain Gonzales de Olarte

Los problemas socio-ambientales en las regiones agro-mineras son en realidad conflictos distributivos, que no tienen soluciones óptimas. En consecuencia requieren de negociaciones que deben tratar de resolver el triángulo imposible, para darle gobernabilidad al gobierno actual.

En las regiones donde coexiste la agricultura y la minería hay tres objetivos que no se pueden alcanzar de manera simultánea: la sostenibilidad medio-ambiental, la equidad social y la eficiencia empresarial. Si las empresas mineras quieren maximizar sus ganancias lo harán a costa de perjudicar a los productores agropecuarios, tanto por el uso alternativo del agua como por la contaminación. Si los pobladores quieren que las empresas mineras, para compensar, les financien proyectos de desarrollo y establezcan controles estrictos sobre los efectos nocivos sobre el medio ambiente, éstas obtendrán menores beneficios, es decir serán menos eficientes. Siempre habrá un conflicto entre ganancias (eficiencia), empleos adecuados, sueldos y salarios (equidad social) y mantenimiento de las condiciones naturales para vivir (sostenibilidad ambiental). Estas tensiones distributivas generan un triángulo imposible de resolver, si cada parte quiere obtener para si el pedazo más grande de la torta, bajo estas circunstancias el conflicto será latente.

En situaciones de triple conflicto no hay solución óptima, alguien o todos tienen que ceder algo para que el conjunto pueda funcionar. Los productores y los pobladores tienen representantes identificados, la naturaleza no y su respuesta ante agresiones, de productores o pobladores que la sobre utilizan y no la respetan, es dejarlos sin recursos en el largo plazo. Además, en estos conflictos hay intereses de muy corto plazo (ingresos para las personas), de corto plazo (ganancias para las empresas) y de largo plazo (salvaguarda del medio ambiente) que se mezclan. Por ello, la intervención del estado es fundamental, pues finalmente es el único que puede representar los intereses de la naturaleza, es el redistribuidor y es el fiscalizador del cumplimiento de los acuerdos negociados.

Para que el estado cumpla con su función se requiere de tres requisitos: 1. La disposición de las partes a ceder de manera transparente y equitativa. 2. Capacidad técnica estatal para que los términos de los acuerdos sean creíbles y eficaces. 3. Mecanismos de control estricto en la ejecución de los acuerdos. Así, la gobernabilidad es posible.

LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II

2011-11-19T19:31:00.001-05:00

Por Jorge Manco Zaconetti *

EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN

Desde la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla, con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.

Ello evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el declarado apoyo al proyecto Conga.

En verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales, directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un “stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad privada.

En tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido de gobierno.

La debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad. Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto ambiental ad hoc.

El ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.

En el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en particular la referente a las reservas y la vida útil de los yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de Camisea.

Si bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de lobbys empresariales etc.

En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa, la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.

Por ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento económico del país requiere.

¿POR QUÉ LA CONGA?

En el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia de la explotación de minas Conga.

El proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían rápidamente recuperados.

Ello significaría que con los precios actuales del oro por encima de los 1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.

De allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de agua.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de impuestos y regalías.

En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.

Cabe interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse ¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.

Con un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.

Investigador UNMSM *

YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN

2011-11-19T19:26:00.001-05:00

Por Jorge Manco Zaconetti *

CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)

Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental.

Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.

Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.

Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.

En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.

Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.

Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.

Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.

¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.

Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”

En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.

Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro “Importancia del Proyecto Conga”

Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.

Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.

Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.

Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)

En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.

En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?

Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.

EPÍLOGO

Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.

La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.

También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.

Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?

Investigador UNMSM *

Humala y la guerra contra la corrupción

2011-11-18T22:02:00.001-05:00

Por Oscar Ugarteche

El flamante gobierno del Presidente Humala que ganó las elecciones en segunda vuelta tras una campaña de terror mediático similar a las lanzadas en otros países latinoamericanos contra los otros candidatos progresistas enfrenta su primera crisis política.
La inexperiencia política del equipo de gobierno no le permite ver que es una sola cosa la que tiene enfrente y que lo amenaza: el poder real, corrupto y grande. Son dos dinámicas y un problema.
La primera dinámica se inició cuando el Vicepresidente de la República, Omar Chehade, apareció involucrado en un tráfico de influencias para resolver un conflicto entre un grupo empresarial nacional grande y los trabajadores/dueños de una hacienda azucarera. El grupo empresarial hizo lo de siempre, apeló a la instancia del poder político más alta para que metiera a la policía y sacara a la brevedad a los 1,500 trabajadores/dueños.
Lo que se conoce como el debido proceso estaba siendo alterado para "facilitar" una solución expedita. Evidentemente todo tiene un precio cuando se trata de acelerar soluciones a juicios y ese precio aún no se ve. ¿Cuánto le pagó o prometió pagar el grupo empresarial al abogado/vicepresidente de la república, para lograr que el ministro del interior y algunos jerarcas policiales enviaran tropa para remover a los propietarios/trabajadores? Lo que salió en la prensa fue que el Vicepresidente invitó a cenar a un restaurante costoso a tres generales de la policía, más a su hermano/socio que asesoraba al grupo empresarial.
El intento de tráfico de influencias es claro. El estudio de abogados cobra por sus servicios y los empresarios pagan por éstos. De lo que hay duda aparentemente es de si cobró o no por estos servicios. Pero como se dice "la mujer del César no sólo tiene que ser virtuosa, sino parecerlo". Mientras este escándalo se desenvolvía se estaba constituyendo una comisión investigadora de los delitos económicos y financieros del gobierno de Alan García Pérez, que se hizo conocido por bajar el sueldo de los funcionarios públicos y decir luego en TV que "la platita llega sola" en referencia a los aceitados de la maquinaria pública como el que acabamos de reseñar.
Amarrado con el fujimorismo, la gente de García ha hecho lo imposible para evitar que esta comisión se constituya y si tuviere que ser, entonces para evitar que Javier Diez Canseco la presida. Diez Canseco es odiado por el poder económico peruano y por el APRA por haber puesto en evidencia los amarres entre empresarios y el gobierno de Fujimori y antes por lo mismo en el primer gobierno de García. La corrupción en la ley peruana está en el funcionario público y no en el que le paga al mismo por "un servicio privado". En el Congreso, mientras se constituía la comisión salió una campaña rabiosa mediática contra la presidencia de la misma por Diez Canseco quien finalmente fue censurado con la aquiescencia del presidente del Congreso.
Hasta ahora, en los primeros cien días del gobierno de Humala, la corrupción de alto nivel va ganando posiciones y el poder va estableciendo quien manda y cómo la hace. El Vicepresidente de la República, quien también es congresista, ha sido censurado y suspendido en el Congreso por cuatro meses, pero no se le ha pedido la renuncia al cargo de Vicepresidente. Ese cargo ejecutivo lo coloca en una plataforma de poder distinta a la de congresista.
Tampoco se ha hecho nada por investigar cuánto le pagaron al ciudadano Vicepresidente por sus servicios ni de qué tamaño sería el pago en caso de llevar a cabo el operativo con éxito. Diez Canseco, quien es parte de la alianza política de Gana Perú, de su lado, ha salido reducido en su función fiscalizadora histórica para beneficio del poder con el apoyo del Presidente del Congreso , Daniel Abugattás, quien es del partido de gobierno. El juego del Presidente del Congreso al no ratificar la comisión en el pleno del Congreso le resta peso a la misma y abre interrogantes más allá de las certezas sobre los anticuerpos con Diez Canseco. Humala está perdiendo el primer round contra la corrupción, y el poder económico y político lo viene ganando.

Pronto puede descubrir que no hay segundo round. Su popularidad depende de su honradez y su honradez depende de cómo operen los poderes del Estado ante la corrupción. La lección política de Lula es sacar a los sospechosos antes que le salpique al presidente y darle fuerza a las investigaciones del Congreso siguiendo los procedimientos habituales de ratificación mayoritaria. El interés nacional en la lucha contra la corrupción está por encima de los anticuerpos del Presidente del Congreso y la amistad del Presidente con su Vicepresidente.

Minería

2011-11-18T21:59:00.001-05:00

Por Edurado Dargent

Los conflictos relacionados con las actividades extractivas en los países en desarrollo tienen en su base el delicado balance entre beneficios nacionales y costos locales. Estas actividades incrementan las arcas del Estado central, pero por lo general no producen directamente un desarrollo local significativo y tienen considerables costos ambientales. Para compensar a las zonas de extracción por estos costos, el Estado suele realizar transferencias especiales a los gobiernos locales o incluso pagos individuales a quienes viven en dichas zonas. Incontables ejemplos en el mundo muestran lo complicado que es balancear los intereses de centro y periferia.
Los sectores críticos de la minería votaron por Ollanta Humala porque representaba un quiebre con el estilo de sus predecesores frente al tema. No fueron todos sus votantes, pero sí una parte importante de los mismos. La ley de consulta previa, aun por reglamentar, responde a la promesa electoral de tener en cuenta la opinión local al tomar decisiones sobre estas actividades. Algunos de los sectores más críticos esperan que la norma sea un mecanismo vinculante para evitar toda actividad extractiva en su territorio, otros la ven como una forma de asegurar una mejor repartición de los beneficios.
Pero el Gobierno también ha generado expectativas en las empresas mineras. Para cumplir con sus promesas sociales el Gobierno sabe que depende de los recursos de la minería. El acuerdo recientemente alcanzado con las empresas incrementa los recursos recaudados para lograr ese objetivo, pero, como todo acuerdo, trae obligaciones tácitas también para el Gobierno. Hoy las mineras tienen mayor legitimidad para demandar una actitud más activa del Estado en la defensa de los derechos concedidos.
Las graves protestas que han explotado esta semana le recuerdan al Gobierno su principal reto: balancear estos intereses, siendo consciente de las expectativas que ha producido en todos los actores. Tiene una ventaja al encarar el tema: a diferencia de sus predecesores o de otros candidatos de la elección pasada, es difícil acusarlo de pro-empresarial. Así, tiene mayor legitimidad para adoptar criterios generales para resolver los conflictos, mediar entre las partes, señalar los límites de la protesta e incluso reprimir a quienes los sobrepasen. Algo así como Nixon en China.

Pero eso no reduce la magnitud del reto. El Gobierno carece de una organización política nacional con raíces locales que pueda mediar en los conflictos ni contrarrestar a grupos locales mejor organizados. Los equipos de negociación recién se están armando. Mejorar la capacidad y calidad de gasto de regiones y municipios es trabajo de largo plazo. Y las soluciones novedosas, como entregar pagos individuales a quienes viven en las zonas colindantes para hacerlos parte de los beneficios, también tienen problemas por los incentivos negativos que pueden generar. Se acabó la luna de miel y ahora toca hacer política.

La riqueza que perdemos

2011-11-18T21:55:00.001-05:00

Por Armando Mendoza

La globalización no es solo un proceso económico y político, sino también social; pues, entre otros factores, se refleja en la creciente movilidad de las personas y los masivos flujos migratorios entre países. En ese sentido, el Perú es un país catalogado como un país expulsor de población, pues, acorde a la Dirección de Migraciones, entre el 2000 y el 2009 emigraron millón y medio de peruanos. Lo que ello representa al país en pérdida de capital humano es considerable, pues muchos de los que se van son aquellos con las mayores y mejores calificaciones y capacidades.Así, en los últimos 15 años hemos perdido 24 mil ingenieros, 15 mil administradores, 9 mil médicos, entre otros rubros de profesionales, muchos de los cuales se formaron en universidades públicas. ¿Cuánto es lo que hemos perdido en términos de tiempo y dinero invertido en estos profesionales que se marchan? Nadie lo sabe, pero es evidente el absurdo de que el estado peruano invierta en preparar a un profesional, para que luego, ante la falta de oportunidades aquí, este profesional emigre a producir y generar riqueza afuera, con lo que al final terminamos subsidiando la prosperidad de otros países.
¿Qué hacer? La respuesta no es sencilla; pero hay que empezar a pensar en cómo ofrecer a los peruanos más y mejores razones para quedarse o de seguir vinculados al Perú desde afuera. Así, necesitamos iniciativas que busquen; primero incentivar a que el talento y la capacidad se queden aquí; segundo, que para aquellos profesionales formados en universidades públicas se establezca algún mecanismo que asegure que el país recupere al menos parte de lo que invirtió en su Educación; y, finalmente, impulsar políticas que fomenten que el migrante no rompa sus lazos con el Perú, sino que, a la distancia, siga contribuyendo con el país.

Admitamos que aún estamos en pañales en el campo de construir una real comunidad globalizada de peruanos, vinculados por una visión común, donde se compartan interés y objetivos. No es una tarea fácil, pero es indispensable emprenderla, si queremos que El Peruano que se fue y El Peruano que se quedó compartan algo más que el gusto por el cebiche y el orgullo por Machu Picchu.

Importancia de la IED

2011-11-18T21:50:00.001-05:00

Por German Alarco Tosoni

La inversión privada y pública es fundamental para el crecimiento económico de cualquier país. En la inversión privada comparten espacios la de origen extranjero (IED) y la nacional. El crecimiento económico basado en la inversión, respecto del consumo privado, es más provechoso en la medida de que no sólo crea una mayor demanda sino también un capacidad productiva o capacidad instalada más elevada. Al respecto, es útil presentar la información relativa a la importancia de la inversión o formación bruta de capital (FBK) y en particular la participación de la IED. Con propósitos mediáticos, algunos sectores, vienen hablando de flujos de IED fuera de la realidad.

De acuerdo a la información del INEI, la inversión entre 1991 y 2010 ha sido en promedio equivalente al 21.3% del PBI, con valores máximos en 2008 y 2010 en que fueron equivalentes al 27.7% y 27% del producto respectivamente. El valor más bajo de la serie fue en el Primer Gobierno de García, en que se ubicó como promedio en el 17.3% del producto. En términos absolutos la inversión total fue de US$ 312,000 millones, de las cuales la IED fue US$ 54,123 millones. Es decir, la inversión de origen nacional fue mayoritaria equivalente a US$ 257,877 millones.

Es interesante anotar que de esos 54 billones de dólares americanos invertidos por los extranjeros en los últimos 20 años, sólo la mitad correspondió a nueva inversión. La diferencia, de acuerdo al BCRP, fue resultado de su proceso de reinversión de utilidades por un monto total de US$ 27,865 millones. Solo como referencia debemos señalar que Proinversión registra equivocadamente al 2010 un stock (acervo) de la inversión extranjera en el país por sólo US$ 20,781 millones.

El valor máximo de la inversión extranjera de los últimos veinte años fue en 2010, con un valor de US$ 7,328 millones, de la cual sólo US$ 1,597 fue nueva inversión y el resto reinversiones. Toda la IED fue equivalente al 17.7% de la inversión total, por lo que debe quedar claro que el mayor esfuerzo fue de los nacionales. No hay que olvidar que mientras la nueva inversión en los últimos veinte años fue de US$ 27,845, las utilidades extranjeras en el mismo periodo fueron de US$ 51,315 millones. Este monto es ligeramente inferior al total de la IED de US$ 54,123 millones. La IED se asocia generalmente a mejores tecnologías para productos y procesos, lo cual es un aporte a la competitividad del país. Tampoco debemos omitir que se vincula a un mayor nivel de importaciones de bienes de capital y a una mayor relación capital/producto. Antes de finalizar, reitero la importancia de la inversión y la IED para el país, pero hay que transparentar los números asociados al tema.

Adulterando con alegría

2011-11-18T21:42:00.001-05:00

Por Farid Matuk

El Producto Bruto Interno (PBI) es una variable de suma importancia porque da una imagen agregada del grado de prosperidad o deterioro de una economía. El PBI como tal está compuesto de varios sectores, los cuales se miden de manera directa o se imputan de manera indirecta. Hasta el 2006 se medía de manera directa: Agricultura, Pesca, Minería, Hidrocarburos, Manufactura, Electricidad y Agua. Mientras que la imputación correspondía a: Construcción, Comercio, Transporte, Comunicaciones, Financiero, Seguros, Servicios a empresas, Restaurantes, Hoteles, Servicios Gubernamentales, y resto de otros servicios.

Hasta el 2006, el proceso de imputación era transparente porque la hoja de cálculo en la que se aplicaban los procedimientos matemáticos estaba publicada en internet y permitía a cualquier especialista reproducir los resultados oficiales. A partir de 2006, los procedimientos de imputación fueron modificados en secreto, y recién hechos públicos en 2009, pero las hojas de cálculo correspondientes a los años previos al 2006 fueron ocultadas con el fin de evitar se conozca el orden de magnitud de la adulteración.

El PBI oficial al día de hoy, resulta de la adición de un componente medido y otro componente adulterado En el gráfico adjunto, se puede observar la evolución de la brecha entre el PBI medido y el PBI imputado. En Septiembre 2008 cuando el auge económico llegó a su nivel más alto, el PBI imputado tuvo una brecha de dos puntos respecto al PBI medido, el cual se origina en los cambios metodológicos aplicados desde 2006, pero cuando la crisis mundial empieza a impactar en nuestro país, el PBI imputado comienza a crecer aceleradamente para ocultar la recesión en el Perú, por ello mientras la cifra oficial de crecimiento para el 2009 es de 1%, la real fue de -3%.

Cuando el crecimiento de la economía se recupera, tenemos que el PBI imputado se empieza a desacelerar y, por ejemplo, en enero de este año la brecha con el PBI medido es poco más de un punto. Pero como ya los efectos de la crisis internacional se empiezan a sentir, tenemos que la adulteración empezó y los resultados de Septiembre muestran una adulteración de cerca de 3 puntos. Y los resultados oficiales entregados hace dos días, que hablan de un crecimiento anual de la economía de 8% son en realidad de 6%.

Mientras este diseño de adulteración de las cifras fue creado premeditadamente en la administración García, resulta curioso que la presente administración Humala lo mantenga. Cuando en la “Hoja de Ruta” se prometió explícitamente “Autonomía y Fortalecimiento del INEI”, pero todo parece indicar que en promesa se quedará.

¿Es necesaria la Gran Transformación?

2011-11-18T21:38:00.001-05:00

Por: José Oscátegui

Mi resumen de esta gran tarea es que consiste en dos tareas principales: a) la integración territorial junto con la democratización de la inversión pública, b) la inclusión social, política, económica de toda la población.
Nunca entendí que la inclusión significaba la administración más eficiente de los programas sociales, ni que ella se agotaba con Pensión 65, o con Cunamas o Juntos y programas parecidos. Desde Schultz sabemos que los “campesinos son pobres pero eficientes”, es decir, hacen bien las cosas dado el contexto y las condiciones en que viven. Esta formulación ha sido modificada por algunos economistas para incluir nuevos aspectos conocidos recientemente, pero la idea básica permanece . Por esto, es indispensable cambiar el contexto de la pobreza de manera semejante a como se hizo en la costa peruana; hay que invertir en infraestructura: ferrocarriles, carreteras, reservorios, canales de riego, etc. La inversión pública tiene que ser democratizada para que llegue hasta los que no recibieron nada o recibieron muy poco de ella.
Pobreza y productividad
La base de la pobreza es la baja productividad del trabajo de los pobres, pero esta se eleva gracias a las inversiones, en particular, en infraestructura. La reducción de la pobreza puede ocurrir (¿en cuánto tiempo?) mediante el “chorreo”, hacia los pobres, de inversiones hechas en zonas menos desvalidas, pero es más rápida y efectiva si ocurre con inversión hecha directamente en zonas deprimidas. ¿Son importantes la rapidez y la efectividad de estas medidas? Por supuesto. Esto no es compasión por la pobreza, sino cálculo puramente económico. Los que nos preocupamos por aumentar la inversión, nacional y extranjera debemos querer un rapidísimo desarrollo de la infraestructura. Los que queremos un país industrializado que exporte no solo materias primas debemos querer un esfuerzo expresado en un plan nacional de construcción de infraestructura, en particular en las zonas pobres. La creación de mercados internos tiene un soporte fundamental en estas obras, pues ellas constituyen también una base para la acumulación e inversión.
La moderna teoría del crecimiento nos obliga a considerar, casi en la misma categoría la infraestructura, el capital humano, es decir, el gasto en educación y salud de calidad para los peruanos desde la más tierna infancia. También hay que destinar recursos para esto. La educación universal y de calidad, es un derecho… que, además, eleva la productividad.
¿Por qué no se desarrollan estas obras?
La propuesta que ganó las elecciones prometió, incluso en su Hoja de Ruta, la inclusión e integración del país. Una mejor administración de los programas sociales no resuelve los problemas de la no inclusión y la falta de integración.
Las grandes tareas necesarias para el desarrollo de nuestro país son las que ya deberían ser anunciadas para que empiecen a ser planificadas, presupuestadas y ejecutadas. El aparato del Estado debe organizarse para hacer posible su realización, y debe ser reformado en la medida en que no pueda cumplir con las tareas de la inclusión e integración del país. ¿Y la Reforma Tributaria?
No es posible ni siquiera una Pequeña Transformación si no se avanza en esta tarea.
Hay quienes en nombre del día a día se oponen a la transformación del país. Ellos anteponen sus intereses privados al interés nacional. En nombre del día a día seguimos teniendo, en pleno siglo XXI, analfabetismo, no inclusión y no integración… y seguimos diciendo que eso toma tiempo, que no somos un país rico para acometer la solución de esos problemas.
Si los ratones gordos se han vuelto amigos de los gatos amarillos, es posible que solo un gato de otro color pueda cazar a todos los ratones.
1. Duflo, Esther (2003) ¿Poor but Rational?

¿Prácticas empresariales anómalas?

2011-11-12T23:20:00.001-05:00

Por German Alarco Tosoni

Muchas empresas y gremios empresariales se ufanan en señalar que los precios de sus bienes y servicios se están incrementando por encima de la inflación. Esto se lee en las secciones de negocios de los diarios y en otras publicaciones especializadas. El anuncio de una elevación de los precios de las viviendas, o de cualquier otro producto es para ellos una señal de éxito. También algunos restaurantes se vanaglorian erróneamente por el tiempo de sus listas de espera. Efectivamente estas son señales de que la demanda excede a la oferta. Sin embargo, también reflejan una incapacidad de atención y de prácticas empresariales inadecuadas.

La imposibilidad de atender la demanda con calidad es un problema. Un menor nivel de producción respecto de la demanda es el cultivo perfecto para los sobreprecios que afectan negativamente el excedente del consumidor. La discriminación de precios es una práctica empresarial, que en algunos casos podría llegar a constituirse en el ejercicio de posición de dominio, que afectaría al consumidor, al generar ganancias extraordinarias. Este resultado se encuentra alejado del equilibrio competitivo o de competencia perfecta que maximiza el bienestar social.

El objetivo de maximizar ganancias es legítimo y es el motor de las decisiones de inversión. Sin embargo, la falta de respuesta de las empresas existentes u otras nuevas para atender la mayor demanda refleja problemas. En condiciones normales y con una rentabilidad por encima del costo de oportunidad del capital se debería esperar una ampliación de la capacidad instalada. Asimismo, en una economía de mercado hay un objetivo de ampliar mercados y escalas de producción para aumentar la productividad, reducir costos y mejorar las posibilidades de colocación de los bienes y servicios. Si ese no es el caso, habría evidencia de fallas de mercado o de una estructura de mercado no competitiva.

Industry Weeks realiza un concurso anual para seleccionar las mejores plantas manufactureras de EE.UU. Obviamente ganan quienes tienen mejores estándares de calidad, tecnología, orientación al cliente, mejores relaciones con los proveedores, tecnologías, flexibilidad operativa, mantenimiento, respeto al medio ambiente y seguridad, menor ciclo para el desarrollo de productos, productividad, reducción de costos de manufactura y buenos resultados de mercado. Se premia también a la planta cuyos trabajadores tienen capacidad para tomar decisiones. A diferencia de muchas de nuestras empresas, triunfa quien aplica mejor todas las prácticas anteriores, reduce costos y precios a favor de sus clientes y gana dinero. Esa es la economía de mercado que necesitamos.

Responsabilidad financiera por la justicia y la paz

2011-11-12T23:16:00.001-05:00

Por Javier Iguiniz

En memoria de Víctor Ortúzar
El reciente documento del Consejo Pontificio Justicia y Paz1 sobre el manejo monetario mundial coloca, en primer lugar, una descripción de la situación económica internacional, marcada por la enorme desigualdad dentro y entre países, así como por la pobreza; luego, una crítica al extremismo liberal expresado en una ideología, o idolatría, a la que se acusa reiteradas veces de irresponsable; y, finalmente, una propuesta para constituir una autoridad mundial en el campo monetario y financiero como la manera concreta de asumir responsabilidades.
Disparidades y distorsiones
El documento pone a menudo sobre el tapete el impacto de la crisis en los países menos poderosos. Por ejemplo, en las crisis, “el costo para millones, e incluso miles de millones de personas, en los países desarrollados, pero sobre todo también en aquellos en vías de desarrollo, es inmenso”. Se denuncia además que “han aumentado enormemente las desigualdades en varios países y entre ellos”.
La distorsión institucional en la que más se insiste contrapone a un sector financiero desbocado a la “economía real”, la que provee empleo y permite mejorar la calidad de vida.
Extremismo liberal
El Consejo reconoce a menudo los valores de una economía de mercado, de los mercados “estables y transparentes”, pero el acento está puesto en los problemas que ha traído el extremismo liberal, individualista y utilitarista.
En el momento de explicar la reciente evolución mundial se pregunta: “¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática incluso para la paz?”. La respuesta sigue de inmediato: “Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de ‘apriorismo económico’, que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus aspectos”.
En términos similares, poco más abajo: “A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capitalista, se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista, es decir, la impostación teórico-práctica según la cual ‘lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comunidad’”.
Ese extremismo constituye una idolatría. “Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de ‘una idolatría del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías’”.
La nueva autoridad: con más voz de los débiles
Autoridad monetaria y responsabilidad van juntas. La nueva autoridad “debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de las crecientes responsabilidades”. Debería ser democrática. De ahí que se tome como referencia a las NNUU y al G20. “La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad de reunir a las naciones de la tierra y de la diversidad de sus propias tareas y de las de sus agencias especializadas”.
También se dice que “los líderes mismos del G20 afirman en la declaración final de Pittsburgh del 2009 que ‘la crisis económica demuestra la importancia de comenzar una nueva era de la economía global basada en la responsabilidad’. A fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era ‘de la responsabilidad’, además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders proponen una ‘reforma de la arquitectura global para afrontar las exigencias del siglo XXI’ y, por tanto, ‘un marco que permita definir las políticas y las medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo global sólido, sostenible y equilibrado’”.
Los agentes de la reforma y la política
Los agentes más convocados en el documento y llamados a enfrentar el problema son los países. Son los más directamente responsables, hoy por hoy, del bien común. Unos, los más poderosos o privilegiados, tienen que ceder espacios; otros, emergentes, incorporarse al ejercicio del poder económico internacional. Pero no son solo los países; nadie escapa a la responsabilidad: “Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y operadores, en todos los niveles –social, político, económico y profesional– motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una vida buena”. Y entre ellos, como podemos imaginar, “cada cristiano”.
Espiritualidad, ética y política
Para salir del desorden vigente, el documento propone poner en marcha un proceso pero con un criterio conocido en la enseñanza social católica: la primacía del ser sobre el tener y de la ética sobre la economía. El documento lo dice de una manera algo densa pero certera: “En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política –responsable del bien común– sobre la economía y las finanzas”. La política es considerada el terreno privilegiado para la asunción de responsabilidades al servicio del bien común.
Sin temor a desestabilizar para poner más orden
Finalmente, un llamado: “No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semilla que se arroja en la tierra, que germinará y no tardará en dar frutos”.
(1) Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una autoridad pública con competencia universal

El rol del Estado peruano en la economía

2011-11-12T23:13:00.001-05:00

Por Edgardo Cruzado

La presentación del Presidente sobre el balance de la gestión a los 100 días, frente a cuatro periodistas de peso, ha dejado varios puntos zanjados. El más sonado es la invitación al segundo vicepresidente a dar un paso al costado. Chehade es la primera baja o, como dicen desde el ejecutivo, una piedra que se han quitado del zapato. Pero no ha sido el único. Tenemos noticias alentadoras para la ejecución de los programas sociales, una línea de trabajo en la promoción de la inversión privada basada en el respeto a los contratos y, no menos importante, una reafirmación del rol protagónico que puede jugar el Estado en la economía nacional.
En el Perú, por muchos años y sobre la base de ideologías antes que por evidencias, se consideró al Estado como un pésimo gastador y un inversionista sin visión empresarial. Al final de la entrevistas muchos líderes de opinión echaron en falta la agenda privatizadora, la promoción de las concesiones de infraestructura pública y el objetivo central de reformar el Estado, entendiendo que reformar solo es “reducción”. Para esta corriente de opinión, que se considera dueña de la verdad absoluta, empresas como Enapu y Petroperú, entre otras, no tienen razón para existir.
Entre los principales argumentos para enterrar las empresas públicas resaltan dos. El primero es que la inversión pública en actividades diferentes a la lucha contra la pobreza y el gasto social es ineficaz porque distrae recursos escasos; pero la evidencia internacional demuestra casos exitosos, específicamente en industrias extractivas e infraestructura estratégica, donde la inversión pública realizada ha generado beneficios sociales mayores a los recursos invertidos y, en muchos casos, donde la inversión pública ha significado una multiplicación de los activos iniciales. Entonces, inversión pública no es igual a gasto ineficiente, y esto vale tanto para las iniciativas empresariales como para el gasto social. El tema es tener un mejor Estado.
El segundo argumento contra la participación del Estado en la economía es que atenta contra la “libre competencia”. Detrás del argumento está la idea de que el Estado es un desorden y no puede ser capaz de registra adecuadamente sus ingresos y gastos, de manera que no se oculten subsidios entre actividades y sectores. Por otro lado, también en la línea de la protección de la competencia, que más parece una religión que una regla de mercado, se cuestiona el tamaño del Estado, que le permite hacer inversiones y soportar baches financieros, donde los operadores privados, que “deben lucrar”, no pueden ingresar.
Los argumentos se caen de maduros. Nadie puede cuestionar la necesidad de tener un mejor Estado, y si de verdad es mejor, tampoco se puede cuestionar tener más Estado. Un mejor Estado implica mejores sistemas administrativos, un sistema de planificación con objetivos claros, también se requieren buenos gestores públicos y un servicio civil funcionado, con una carrera para funcionarios. Una intervención del Estado en la economía puede, como ha sido la experiencia internacional, regular el mercado y atacar las prácticas monopólicas.
La gestión está marcando el camino, dejando de lado los paradigmas huecos, ahora sus funcionarios tendrán que chambear, para estar a la altura del reto planteado. Los ciudadanos serán los responsables de la evaluación.

Las tierras de Olmos: ¿alternativa al latifundio?

2011-11-05T19:15:00.000-04:00

Por Fernando Eguren

Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable.
Es preciso llamar la atención que hay en curso un debate internacional sobre el proceso de acaparamiento de tierras que está ocurriendo en muchos países del mundo en desarrollo, en el que son actores principales tanto inversionistas transnacionales como nacionales. Entre los inconvenientes principales de dicho proceso es que se dedican mayormente a productos de exportación y a biocombustibles –poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones nacionales–, el excesivo poder económico y social que concentran localmente, el monocultivo y la marginación de la pequeña agricultura.
Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura contempla la adquisición por el Estado de 8 mil has de terreno, para formar 160 módulos de 50 has cada uno, que serían adquiridas por inversionistas y agricultores medianos. Además, daría facilidades financieras para su adquisición y puesta en producción. Es un paso importante, pero netamente insuficiente, pues se podrán formar latifundios sobre las 30 mil has restantes.
Mientras tanto, la publicidad alrededor de la venta de las tierras de Olmos ha creado expectativa entre inversionistas extranjeros. Desde nuestro vecino del sur viene la información de que están interesados al menos 100 chilenos, principalmente agricultores, pero también family offices que pretenden realizar asociaciones con productores internacionales de biocombustibles para rentabilizar con ello la inversión (1).
En nombre de la equidad y la inclusión, el gobierno debería definir una política de distribución de tierras en irrigaciones. Se proyecta que en los próximos años nuevas obras de irrigación en la costa incrementarán la frontera agrícola en alrededor de 180 mil has. Para jugar con números: dado que las compras pueden ser acumulativas, por lo menos hasta el momento, podrían crearse 90 latifundios de 2 mil has, 180 de mil has, 3600 de 50 has o 7200 de 25 has.
En cuanto a quienes mantienen que son necesarias grandes extensiones para ser competitivos en la economía globalizada, que lo demuestren; la conclusión de estudios realizados en muchos países durante muchos años objeta esta creencia (2).
(1) http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2011/10/17-6847-9-mas-de...
(2) Ver, por ejemplo, Agricultural Land Redistribution. Toward Greater Consensus. Editado por Hans P. Binswanger-Mkhize, Camille Bourguignon, Rogier van der Brink. The World Bank. Washington D.C. 2009.

Lucha de grupos

2011-11-05T19:10:00.001-04:00

Por Francisco Durand

“Cuando los elefantes pelean, la hierba pierde”, reza un dicho. En los últimos años hemos visto varios casos en los que se aplica esta metáfora africana. El más reciente es Wong contra Bustamante para decidir el control de Andahuasi. La prensa y la oposición han decidido como primer protagonista al segundo vicepresidente Omar Chehade, investigado por hacer gestiones a favor de los Wong. En realidad, los principales responsables son los grupos. En su afán por obtener ganancias –en este caso, sin respetar las normas ni los derechos de trabajadores y consumidores– recurren a diversos mecanismos de protección política para resolver un conflicto que se les escapa de las manos.
Cuando se trata del poder económico, los medios de comunicación corporativos recurren a maniobras –en las que algunos grupos también creen tener más derechos que obligaciones, incluido el de la conspiración–, distraen la atención pública y buscan dejar incólumes a los grupos en conflicto, encontrando alguna víctima propiciatoria que alimente el canibalismo político. Lo dicho no exime de responsabilidad a todos aquellos que en el Estado estén envueltos en casos de colusión, corrupción o incompetencia.
Algunos dirán que la lucha de grupos son casos raros. No es así. Aunque el enfrentamiento entre corporaciones no es frecuente, tampoco es excepcional. Ocurren como resultado del desenfreno en que actúan algunos poderes económicos cuando se dan con una situación en la que piensan que pueden recurrir al Estado para instrumentalizarlo y definir la batalla a su favor, trasgrediendo de paso normas y leyes. Si mal no recordamos, al final del gobierno de García ocurrió uno en el mismo sector económico: Gloria contra Oviedo, también por el control de azucareras norteñas. Otro irresuelto es Doe Run contra proveedores interesados en que quiebre y venda la refinería de La Oroya. No olvidemos el caso de los petroaudios, protagonizado por grupos que ordenaron “chuponeos” ilegales a través de Business Track, una empresa de espías privada.
En todos estos casos han chocado los elefantes, y el Estado y los trabajadores han quedado como hierba aplastada. Una vez más estamos ante los resultados de una extrema acumulación de riqueza, y el peligro de continuar con un Estado débil en regular, sancionar si es necesario y defender el interés público. La cuestión es si con la media vuelta a la izquierda ocurrida en las elecciones del 2011 el Estado dejará de actuar reactiva y tardíamente cuando pelean dos elefantes. En situaciones como esta es cuando se necesita tener en mente la gran transformación prometida.
En el caso Andahuasi, como el de otras ex cooperativas azucareras que no se parcelaron, hay una vieja y maloliente herencia de mal gobierno y corrupción que ha viciado muchos procesos de transferencia de acciones, alimentando la lucha de grupos. También violencia, incluyendo muertos, cuando bandos contrarios de accionistas-trabajadores se la disputan con algún grupo privado que intenta controlarlas. Como la adquisición y el control se ponen difíciles, los grupos en disputa terminan recurriendo al Estado para terminar de controlar la preciada industria.
En Andahuasi, los Wong adquirieron de golpe –Dios sabe cómo– el 54% de las acciones. Era uno de los pocos inversionistas que podían hacer una compra de esa magnitud. Tenían millones, producto de la venta de sus supermercados a Cencosud. Temerosos de perder el control, algunos directivos y el grupo Bustamante –Alfonso Bustamante de Arequipa, ex ministro de Fujimori–, propietario del 15% de las acciones, se aliaron para bloquearlos contando con el apoyo político del gobierno de García. Al ex ministro Garrido Lecca se le señala como el operador político del grupo Bustamante y hasta ahora, a diferencia de Chehade, sigue en la sombra.
Para los Wong el control de Andahuasi –y sus 6.200 hectáreas de excelente tierra, más el ingenio– es clave para consolidarse como uno de los más importantes grupos azucareros del país, compitiendo con el grupo Gloria con 59.000 hectáreas y el misterioso grupo Oviedo con 21.800 hectáreas (ver www.miradorempresarial.org/tierra_investigaciones). Hace tiempo, antes de la venta a los chilenos, los Wong habían adquirido en el norte chico la azucarera Paramonga. Con Andahuasi entrarían a las grandes ligas.
En el 2009, una vez formada Industrial Andahuasi, y sin realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones, compraron más de la mitad de las acciones. A partir de ese momento se desató la lucha de grupos. Tanto la Conasev como los juzgados comenzaron a oscilar, favoreciendo por ratos a Wong para luego abandonarlo. En la medida que el grupo Bustamante y sus aliados perdieron la protección política que les garantizó el gobierno de García, los Wong han intentado revertir la situación buscando apoyo de las autoridades elegidas el 2006.
Ningún exaltado parlamentario ni medio de comunicación que participa en esta “movida política” se han preocupado de disparar en la dirección correcta: los grupos Bustamante y Wong. Menos todavía discutir la concentración de 198.000 hectáreas en manos de diez grupos agroindustriales, su posible dominio de mercado y concertación de precios, amén de problemas de desabastecimiento del mercado interno y frecuentes transgresiones en la compra de acciones.
Mientras tanto la sobrevivencia de 1.500 trabajadores, y alrededor de 30.000 más que indirectamente están ligados a la cadena azucarera, está en peligro. Cuando estos elefantes pelean, son ellos los primeros en ser aplastados. ¿Qué es entonces lo que el Estado puede hacer? Bajo la prédica neoliberal lo empequeñecieron y maniataron, luego lo penetraron. Ahora que hay una nueva correlación de fuerzas política –aunque sigue la misma estructura de poder económica– se abre la oportunidad de que un león ponga orden en la jungla y acabe con el irrespeto y la transgresión de chiquitos y, sobre todo, de los grandotes intocables.

¿Control de fusiones?

2011-10-29T16:04:00.000-04:00

Por German Alarco Tosoni

Muchas personas se están olvidando rápidamente de los resultados electorales. La población votó a favor de los cambios, con respeto al orden jurídico, en democracia. La expresión del crecimiento económico con inclusión social o la de crecimiento con calidad resume bien esta posición. En este marco se inscribe la propuesta de la Hoja de Ruta relativa a fortalecer los mecanismos de defensa de la libre competencia y que se plasmarían en una propuesta de norma legal para evaluar ex ante, por encima de un determinado monto, las concentraciones o fusiones empresariales. Al parecer esta iniciativa sería presentada por algunos congresistas, o en su caso, promovida por Indecopi.

El objetivo del control de concentraciones es proteger y promover el proceso competitivo en el mercado, en la etapa más temprana posible (Zúñiga, 2010). Se entiende que esta estructura de mercado es la más eficiente en términos del bienestar de la sociedad, frente a otras opciones menos competitivas (competencia imperfecta) como el monopolio, los oligopolios o la competencia monopolística. En el Perú sólo se aplica desde 1997 al sector eléctrico. Desde la década pasada se ha propuesto en varias oportunidades, pero ha sido rechazado por las mayorías de antes.

La concentración es el primer paso para el ejercicio de una práctica no competitiva. Sin embargo, hay que señalar que pueden existir prácticas no competitivas, como los acuerdos de precios o colusión y otras que no derivan necesariamente de una concentración. En determinadas condiciones particulares estas fusiones podrían generar ventajas tales como las economías de escala o posibilitar mayores niveles de inversión. Por el lado negativo, una mayor concentración implica que la propiedad se concentra en pocas manos o menos empresas atienden un mercado. Bajo estas circunstancias podrían reducir la producción para aumentar los precios o simplemente ejercer un mayor poder sobre el mercado.

Las leyes para promover la libre competencia son antiguas en EE.UU. donde fueron establecidas en 1890. En nuestro país sólo nos demoramos poco más de un siglo para crear Indecopi. El control de concentraciones ex ante rige para todos los sectores económicos en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y Uruguay. Las me-todologías son claras. No es admisible que estemos lejos de las prácticas cotidianas de las economías más desarrolladas como EE.UU., de todos los países europeos y de nuestros principales vecinos. La libre competencia es fundamental para el desarrollo del capitalismo y los mercados. Los intereses de unos pocos no deben primar sobre las mayorías.

La retórica ha regresado

2011-10-29T15:58:00.001-04:00

Por Farid Matuk

En esta tabla, se observan tres de las metas sociales al 2016 ofrecidas por el titular de la PCM al Congreso de la República, entre las muchas otras ofrecidas. Como en el caso de las metas “Analfabetismo Cero” y “Agua para Todos”, popularizadas por el ex presidente García, difícilmente se puede objetar la meta como tal. Pero lo que sí puede cuestionar es la viabilidad de estas.

Hace unos pocos días el ex premier Del Castillo afirmaba con satisfacción en Twitter cómo la ministra Trivelli reconocía los avances en pobreza habidos en la gestión anterior. Lo que falta agregar es que dicho avance fue tan falaz, que al día de hoy el APRA tiene cuatro congresistas, porque en palabras del congresista Diez Canseco “el país ya hizo un juicio de valor” a Alan García.

Pero lo que sí es verificable es el incumplimiento de las metas sociales como “Analfabetismo Cero”, ya que ningún departamento logró esta meta, a excepción de Lima Metropolitana que la satisfacía desde 2006. Y la meta de “Agua para Todos” se tradujo en un incremento inercial de la cobertura de este servicio, pero de ninguna manera su universalización.

En el caso de la presente gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas hace disponible en Internet el “Presupuesto Multianual de Inversión Pública 2012-2014” donde debiera figurar lo presupuestado para el logro de las metas prometidas por el titular de la PCM al Congreso de la República, siendo la primera sorpresa que el total de la inversión pública se incrementa nominalmente en 1,8% para 2012 (página 6), y como ciertamente la inflación anual será mayor, tenemos que la inversión pública en términos reales se reducirá, y habrá un avance nulo en las metas sociales a nivel global.

En la página 15 de dicho documento hay algún detalle sectorial para Educación, Salud y Saneamiento. En el caso del 2012, Educación tiene un exorbitante incremento de 61%, para luego reducirse abismalmente en 82%% en 2013. ¿Dónde está la planificación para alcanzar 40% de alumnos rurales que logren el aprendizaje esperado en 2016 con una línea de base de 8% en 2010?

Para Salud, se tiene una creíble reducción de 4% para 2012, y una impresionante reducción de 50% adicional para 2013. ¿Dónde está la planificación para alcanzar 5% de desnutrición crónica en 2016, con una línea de base de 18% en 2016? Para Saneamiento, se tiene una peligrosa reducción de 14% para 2012, y otra reducción adicional de 64% para 2013. ¿Dónde está la planificación para alcanzar 45% de cobertura de saneamiento rural en 2016, con una línea de base de 11% en 2016?

En pocas palabras, la retórica ha regresado y no ha habido “gran transformación” alguna.

Hambre y desperdicio de alimentos

2011-10-29T15:54:00.000-04:00

Por Jurgen Schuldt

Según las cifras sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, recientemente dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se dejan de aprovechar 670 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles en los países industrializados y 630’ adicionales en los países en desarrollo.
En ese contexto, hace unos años, el Director Ejecutivo de la FAO aludía a un contraste indignante: en 2006 el mundo gastó 1.200 miles de millones de dólares en armamento, mientras se desperdiciaba comida por un múltiplo de ese valor. Cifra que también podríamos contrastar con el hecho de que en ese año el exceso de consumo por parte de los obesos ascendió a US$ 20.000 millones a nivel mundial. Algo que nos debería llamar a reflexión y a cambiar de comportamiento a quienes vivimos en la abundancia.
Más aún, según el mencionado director: “Frente a este telón de fondo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y buena fe que no es posible conseguir 30.000 millones de dólares al año que permitan a 862 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la alimentación y por tanto el derecho a la vida?”.
El gráfico adjunto nos muestra que los países que más pierden y desperdician alimentos por habitante, en sus diversas etapas de extracción, transformación, transporte y consumo, son los llamados “desarrollados”, consecuencia de sus altos niveles de ingreso y su creciente desidia y despreocupación en materia de gasto en comida.
Sin embargo, en ambos grupos de países, la pérdida de alimentos es bastante superior en las fases propiamente productivas (extracción, almacenamiento, distribución al por mayor y al por menor). Como tal, el problema del desperdicio evitable en el consumo, aunque muy grave, es efectivamente menor a los desechos en la producción, con lo que este se convierte en el principal escollo para afrontar el problema del hambre.
Sorprendentemente, según el diagrama, América Latina pierde más alimentos per cápita en la fase pre-consumo que todas las demás regiones. A este respecto, el estudio mencionado nos dice que “las causas de las pérdidas de alimentos en los países de bajos ingresos están relacionadas principalmente con limitaciones financieras, administrativas y técnicas en los procesos de cosecha, almacenamiento y en las facilidades de congelamiento en condiciones climáticas difíciles, en la infraestructura deficiente y los sistemas de empaque y mercadeo”.
De otra parte, los consumidores desechan alimentos adquiridos, que bien podrían consumirse. Estos montos son impresionantes, medidos en kilos por habitante: América del Norte, 130; Europa, 100, Asia industrial, 80; África del Norte y Asia Occidental y Central, 35; América Latina, 25; y África Subsahariana, 8. Es decir, a más abundancia, más desperdicio evitable de alimentos por persona.
Un mayor cuidado en las decisiones de compra y preparación de alimentos, por un lado, y un más eficiente manejo de la cosecha y distribución de alimentos, por el otro, podría resolver fácilmente el problema de esas mil millones de personas que hoy en día se acuestan con hambre todas las noches en el mundo.
Fuente: FAO/SIK (2011). Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes, and Prevention (www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf).

La farsa –estadística– continúa

2011-10-23T18:11:00.000-04:00

Por Farid Matuk

El pasado lunes, el INEI publicó el llamado PBI mensual correspondiente a agosto 2011, el cual será visto como el primer mes de gestión del presidente Humala. La cifra oficial –y fabulosa– es de 7%, lo cual coloca al Perú como un paraíso, en un mundo en el que las potencias económicas están al borde de una segunda recesión sin haberse recuperado de la recesión del 2008.
En el gobierno previo, la presidencia de la República constantemente hacía alarde del crecimiento económico y cómo el Perú siempre estaba entre los países que más crecían a nivel internacional. Para este propósito el INEI se convirtió en un centro de adulteración en el cual se alternaron cuatro titulares en cinco años de gobierno.
Pero esta adulteración sistemática de cifras, las cuales proveían de una vana gloria al Ejecutivo, fueron confrontadas con la realidad electoral de este año. En síntesis, solo uno de todos los candidatos señalaba que no existía tal crecimiento y por consiguiente tampoco el bienestar producido por la reducción de la pobreza en 14 puntos entre el 2006 y el 2011.
El problema práctico que todo gobierno enfrenta con el Instituto de Estadística es la naturaleza agorera de la misma. Cuando hay buenas noticias en Educación, Empleo, Precios, Salud, etc., se tiene a los ministros de Educación, Trabajo, Economía, Salud, etc., en los medios de comunicación anunciando estos hechos, pero cuando las noticias son malas es el Instituto de Estadística el que las anuncia.
Una alternativa es la aplicada por el gobierno anterior, en el que las malas noticias desaparecieron, todo era éxito y felicidad; pero esta realidad artificial desapareció en el contexto electoral y dio pie a que el único candidato que repudiaba esta realidad artificial fuese finalmente el ganador de la contienda electoral, derrotando a quienes respaldaban el “modelo”.
Otra alternativa es que el INEI se constituya en una oficina de mediciones sociales y económicas donde el resultado no es de su incumbencia; de igual manera, que el Senamhi no es responsable de las sequías y las inundaciones, y tampoco el Instituto Geofísico del Perú es responsable de los temblores y terremotos.
En este contexto tenemos que durante la gestión presidencial anterior el INEI procedió a sobreestimar sistemáticamente el crecimiento del PBI y a subestimar su contracción, como se observa en el gráfico adjunto. Por ejemplo, en el punto más bajo de la recesión, el valor oficial fue de 0.8%, mientras que en realidad el valor fue negativo, alcanzando -2.9%, es decir, una diferencia de prácticamente 4 puntos.
Al presente tenemos que mientras la medición oficial nos habla de un PBI anualizado de 8%, la realidad es que tenemos 6% y con tendencia a la baja. Y esta baja continuará en mayor o menor grado hasta mayo del próximo año, cuando la economía peruana empezará a recobrar su tasa de crecimiento.
El partido Gana Perú, de cara a la segunda vuelta, publicó su Hoja de Ruta, en la cual en la página 5 decía “Autonomía y fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”. Para el logro de esta autonomía es necesario que el INEI solo sea responsable ante el presidente de la República, ya que su tarea fundamental es informar las malas noticias pues –como se señaló antes– de las buenas noticias se encargan los ministros.
Para el fortalecimiento del INEI resulta necesario reforzar su presencia nacional, la cual al 2006 era en las 195 provincias del Perú y que fueron desmanteladas en la gestión presidencial anterior. Junto a lo anterior se hace necesario dotar al INEI de una infraestructura física propia que reemplace los inmuebles heredados del quebrado Banco Popular del Perú.
Lamentablemente, al día de hoy, ningún cambio ha sido institucionalizado y, más bien, la farsa instaurada desde el 2006 continúa vigente.

De remuneraciones y velitas a China

2011-10-21T22:52:00.000-04:00

Por Armando Mendoza

Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, en las que precisa que le prende velitas a China diariamente, no son más que la constatación de lo que ya era un secreto a voces: la marcha de la economía global, cada vez más incierta, va a repercutir inevitablemente en nuestras perspectivas de crecimiento para el próximo año porque no estamos blindados.
La verdad es que el ministro Castilla va a necesitar algo más que prenderle velitas (misioneras) a China para iluminar su fe de que en el 2012 el Perú mantenga su ritmo de crecimiento. Y, en ese sentido, hay que celebrar que la sensatez se haya impuesto y que ahora se reconozca la necesidad de políticas contracíclicas. Así, el ministro, otrora fervoroso defensor de ajustar el cinturón fiscal, admite la necesidad y la urgencia de agilizar y ampliar la inversión pública como mecanismo para estimular la economía y contrarrestar el impacto de la crisis internacional.
Hay que recordar que en los episodios de recesión económica son los sectores de menores ingresos los que se ven más afectados, pues su empleo es precario, su capacidad de ahorro es reducida y su patrimonio limitado. Por ello, el eje central de una política antirrecesión tiene que ser no solo mantener en azul las cifras macroeconómicas y macrofiscales sino también el proteger a los sectores más vulnerables de la población. Por eso el impulso a los programas sociales, tales como Pensión 65 o Juntos, es un elemento crucial para “blindar” a estos sectores vulnerables, incrementando en alguna medida sus limitados ingresos, lo que además tendrá un efecto positivo sobre el resto de la economía, a través de su demanda ampliada por bienes y servicios.
Pero, asimismo, otro tema que tiene que plantearse es la mejora de las remuneraciones, que en el Perú sufren de un embalse tan considerable como injustificado. Llevamos años de crecimiento económico sostenido y, sin embargo, muchos trabajadores siguen percibiendo salarios que se han quedado congelados en los años 90. Y ello tiene directa relación con el hecho de que el crecimiento económico de los últimos años no se haya traducido en un avance en el campo de la equidad, pues el Perú de hoy es un país donde la concentración de la riqueza no ha disminuido sino que, por el contrario, se ha incrementado.
En ese sentido, un elemento que parece que no se está considerando debidamente en relación con las medidas antirrecesión es el impacto que un incremento en la Remuneración Mínima Vital tendrá en la demanda de los trabajadores por bienes y servicios, lo cual contribuirá precisamente a estimular la economía, dado que la propensión marginal a consumir es mayor entre los sectores de menores ingresos que entre los de mayores ingresos.
En otras palabras: si soy una persona que tiene ingresos reducidos y recibo un aumento salarial, lo más probable es que todo, o casi todo, de dicho aumento lo gaste en consumo para cubrir mis necesidades, con lo cual contribuiré a generar negocios adicionales a productores y comerciantes, estimulando la economía. Por el contrario, si soy una persona con ingresos más bien elevados y recibo un aumento, es probable que parte de dicho incremento no lo dedique a consumir bienes y servicios sino más bien al ahorro, por lo que mi impacto sobre la demanda interna por bienes y servicios será relativamente menor. Sería bueno entonces que el incremento de la Remuneración Mínima Vital sea visto con una perspectiva diferente: no como un perjuicio para el empleador y una barrera para la competitividad sino más bien como un reconocimiento y un estímulo al esfuerzo del trabajador peruano.
Por supuesto, hay intereses económicos y políticos poderosos que se oponen a mejorar las remuneraciones con los ya consabidos argumentos de incremento de los costos de producción y pérdida de competitividad. Dichos argumentos resultan menos creíbles cuando se contrastan con la realidad, verificándose así que el Perú es uno de los países de la región que se han estancado en relación con las remuneraciones, en general, y en la remuneración mínima vital, en particular. En efecto, acorde con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre el 2000 y el 2010 el Salario Mínimo Vital en el Perú apenas creció un 9.2% en términos reales (es decir, ajustado por la inflación) cuando en Chile (tantas veces mentado en los últimos días) creció un 24.7%, en tanto que en Uruguay creció un 97% y en Brasil en un 81.5%, por citar algunos ejemplos. (Véase gráfico).
Entonces ¿de qué pérdida de competitividad estamos hablando? La discusión sobre el incremento de los ingresos laborales tiene que hacerse con objetividad y honestidad intelectual, dejando de lado argumentaciones ideológicas. Por ello los compromisos de incrementar la remuneración mínima el próximo año deben entenderse como una cuestión de justicia que no solo tiene justificación social sino también económica, porque mayores ingresos para los trabajadores tendrán repercusión en una mayor demanda interna, que contribuirá a fortalecer el crecimiento económico. Así, el ministro Castilla no solo debería estarle prendiendo velitas a China sino también a los trabajadores y, además, acompañar esas velitas con una garantía de incrementar la Remuneración Mínima Vital en el 2012.

El PBI sin precios tan altos en las materias primas

2011-10-21T22:47:00.000-04:00

Por Santiago Roca

La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.

¿Guerra comercial?

2011-10-21T22:41:00.001-04:00

Por German Alarco Tosoni *

Es indiscutible que China es el motor de la economía mundial. La semana pasada los medios de prensa recogieron marginalmente dos noticias relevantes que pueden afectar el curso de los acontecimientos. El Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que busca penalizar a China por manipular su moneda – el yuan- para promover las exportaciones. La otra noticia, de origen local, señala que las exportaciones de confecciones de origen chino son cada vez más caras, como resultado del proceso inflacionario en dicho país. Estos elementos pueden afectar el ritmo de crecimiento de las exportaciones chinas y por tanto de las importaciones que dinamizan a nuestras economías.

El proyecto del Senado permitiría a los EE.UU. imponer aranceles a productos de países que subsidian las exportaciones al desvalorizar sus monedas. Esta propuesta fue aprobada por 63 votos a favor y 35 en contra, aunque requiere del visto bueno de la Cámara de Representantes. El viceministro de relaciones exteriores chino ya manifestó que esta podría iniciar una guerra comercial que generaría una pérdida para ambos países. A inicios de la década de los noventas China depreció drásticamente su moneda respecto del dólar americano, antes de convertirse en una potencia exportadora. Fue una decisión soberana e inteligente en circunstancias en que esa economía requería de pocas materias primas e insumos del exterior.

En la década de los años ochenta Japón cedió a la presión internacional y apreció su moneda. Al final de cuentas todo fue inútil, ya que si bien se desaceleró la economía japonesa, luego de unos años reinició su dinamismo exportador. Igual ocurriría con China. La apreciación de la moneda reduciría márgenes de ganancia de los exportadores y encarecería sus bienes y servicios. Inicialmente se podrían balancear los flujos comerciales, pero evidentemente habría una desaceleración en el ritmo de crecimiento. A la larga, por su elevada productividad, nuevamente se agravaría el superávit comercial.

La ofensiva contra China no es nueva. En 2008, la revista The Economist la acusó de ser causante de la crisis financiera internacional por generar amplios superávits en la balanza comercial. Los excesos de divisas, a juicio de esa publicación, explican la abundancia de liquidez que motivó bajas tasas de interés que promovieron las burbujas en el mercado hipotecario, de valores y de commodities. Se olvidaron de los problemas estructurales, del rol de la Reserva Federal norteamericana, entre otros. Una apreciación del yuan, una guerra comercial y el encarecimiento de las exportaciones chinas son, sin lugar a dudas, malas señales para la economía internacional.

Investigador CENTRUM Católica *

El Nuevo Marco Tributario Minero Amigable

2011-10-21T22:32:00.001-04:00

Por Jorge Manco Zaconetti*

He sido testigo de excepción de lo mucho que se tuvo que trabajar para la vigencia de la ley de regalías mineras aplicadas sobre el valor de los concentrados o su equivalente, ley Nº 28258, recién aprobada en junio del 2004, cuando los proyectos de ley se redactaron en los primeros meses del 2002, en un horizonte deprimido de precios; y el objetivo fundamental de la misma era compensar a la Nación por la explotación de recursos naturales no renovables agotables en el tiempo.

La ley de regalías mineras que fijaba un máximo de 3% sobre el valor de ventas de los concentrados mayores a los 120 millones de dólares al año se concibió como una contraprestación económica, y no para captar las sobreganancias, producto de los altos precios que se dispararon a partir del 2004, en especial del oro, cobre y plata. Ello, por ejemplo, permitió la recuperación de la inversión de Mra. Antamina por 2,290 millones de dólares antes de tiempo. Así, iniciando operaciones comerciales en octubre del 2001; en el año 2005, había recuperado el íntegro de su inversión pagando el respectivo impuesto a la renta, base del canon minero.

La oposición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a la ley de regalías mineras fue fundamentalista, de interés de parte, quienes la señalaban como antitécnica, un impuesto ciego, regresiva, que afectaba la competitividad, etc. Sus representantes usaron todas las artes y mecanismos posibles, fácticos y mediáticos para rechazar y mandar al archivo los proyectos de ley. No lo pudieron lograr y la ley entró en vigencia de manera mediatizada.

Así, las empresas del llamado “cogollo minero”, tales como Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, Mra. Barrick y Mra. Antamina, escudadas en los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa argumentaron que no les correspondía abonar las regalías pues afectaba el “flujo de caja” y la rentabilidad.

En tal sentido, resulta dramático y hasta cierto punto de vista trágico, que un nuevo gobierno nacionalista, defensor de la soberanía y el interés nacional haya modificado la ley de regalías, bastardeando la esencia de la ley de regalías al gusto e interés de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¡Ni el entreguismo del Dr. Alan García Pérez se atrevió a tanto, y prefirió pasar el sombrero con el óbolo voluntario!

LA MADRE DEL CORDERO

En esencia la nueva ley de regalías mineras Nº 29788, la ley del impuesto especial a la minería ley Nº 29789 y la ley del gravamen especial a la minería, ley Nº 29790 tienen como base común la tasa de la rentabilidad operativa; es decir, el cociente que resulta de la división de la utilidad trimestral entre los ingresos obtenidos en cada trimestre. A partir de allí, se fijan tasas marginales progresivas y acumulativas, que con el margen operativo particular minero, permitirán la estimación de una tasa efectiva que se aplicará sobre la utilidad operativa trimestral de cada empresa.

Es decir, las tres leyes promulgadas se aplican sobre la utilidad operativa, que es resultado de la deducción a los ingresos por ventas los costos de ventas y los gastos operativos que incluyen los gastos de ventas y administrativos, según el ordenamiento legal. Aunque, se señala que en el costo de venta no se reconoce la participación de las utilidades distribuidas a los trabajadores.

También tienen de común que los ingresos obtenidos por el Estado sea por las nuevas regalías, el impuesto especial que pagarían las empresas sin contratos de estabilidad tributaria y el gravamen especial que solamente abonarán las empresas con contratos de estabilidad, serán considerados “como gasto para efectos del Impuesto a la Renta en el ejercicio correspondiente”. Entiéndase que el monto efectivamente pagado es deducible del impuesto y por tanto afectará la distribución del canon minero para los gobiernos locales y regiones.

Estas serían las características comunes más importantes en las tres leyes aprobadas, que se resumen en el: “Nuevo Esquema Fiscal del Sector Minero”, donde se establece en la nueva regalía una tasa mínima de 1% “de los ingresos generados por las ventas realizadas en el trimestre calendario” ¡Si esta regalía mínima hubiese sido del 2% otra hubiese sido la historia, pero los padres de la patria estaban en las nubes!

Las diferencias entre la “vieja regalía y la nueva regalía” son de esencia. Existe mucha diferencia entre aplicar las regalías sobre el valor de las ventas y sobre la utilidad operativa. El argumento supuestamente técnico expuesto por el titular de Economía y Finanzas era que la regalía aplicada sobre las ventas resultaba regresiva, pues gravaba relativamente más a las de mayores costos y menor rentabilidad; en cambio, la carga para las empresas con mayor rentabilidad el efecto regalía era menor.

Textualmente, se sostenía que las regalías aplicadas sobre las ventas “resulta regresivo, pues afecta con una mayor carga a las empresas mineras que tienen menor rentabilidad y con una menor carga a aquellas que enfrentan menores costos y gastos en su proceso productivo”.

En verdad, al margen de definir los intereses que defiende el ministerio de Economía y Finanzas, bastaría recordar la concepción de renta diferencial expuesta por David Ricardo en “Principios de Economía Política y Tributación” (1821) para reconocer las distintas calidades y diferencias de costos en las distintas minas que van desde la ley de mineral, distancia a los mercados y costos de producción para identificar la falsedad de esta información oficial.

Que escribía Ricardo: “(…) Si hubiese abundancia de minas igualmente fértiles, que cualquiera pudiera apropiarse, no produciría renta; el valor de su producto dependería de la cantidad de trabajo necesario para extraer el metal de la mina y colocarlo en el mercado… Pero hay minas de distintas calidades, que proporcionan resultados muy diferentes, con las mismas cantidades de trabajo (...)”.

Por tanto, una tasa de regalía aplicada sobre las ventas siempre afectará de diverso grado a cada unidad minera por su diversa estructura de costos. Incluso oficialmente lo reconocen cuando se establece una regalía mínima del 1% sobre el valor de ventas.

Si bien la “vieja y nueva regalía” concebida como contraprestación económica para los productos mineros metálicos y no metálicos, la ley que crea el impuesto especial a la minería, ley Nº 29789 reduce el universo de su aplicación a la explotación de recursos mineros metálicos, dejando de lado a la minería no metálica (cementeras, caleras, extracción de mármol, arcilla etc…). Interesada concesión tributaria a las empresas cementeras que también han obtenido extraordinarias ganancias.

Por último, la ley 29790 que crea el gravamen especial minero solamente se aplica a las empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria y en la práctica sustituye al cuestionado “Aporte Voluntario” que se planteó como un acuerdo de 500 millones de nuevos soles anuales entre 2007/2011.

¿CUÁNTO SIGNIFICA EL ACUERDO MINERO?

En verdad, el Presidente del Consejo de Ministros (empresario él mismo) ha expresado una media verdad, al señalar que el acuerdo llevado a cabo con la poderosa Sociedad Nacional de Minería significará casi 3,000 millones de nuevos soles anuales que representarían montos de 15 mil millones durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Ello, se expone en el cuadro presentado por el ministro de Economía y Finanzas el 19 de septiembre del presente. Es más, con este acuerdo se asegurarían inversiones por más de 58 mil millones de dólares en el sector minero (según fuentes oficiales), lo cual resultaría como diría el vals del Felipe Pinglo ¡Sueños de Opio!.

Haciendo un somero análisis en el primer año, se esperan obtener de los proyectos actuales 2,540 millones de nuevos soles, 140 millones por concepto de regalías aplicadas a la utilidad operativa, 900 millones del impuesto extraordinario y 1,500 millones de nuevos soles por la aplicación del gravamen especial minero.

Esto significa que de las empresas mineras sin contratos de estabilidad, se esperan obtener por la nueva regalía y el impuesto especial, un total de 1,040 millones de nuevos soles (140 más 900), donde habría que restar más de 606 millones de nuevos soles por regalías en el marco de la ley 28258. Donde, evidentemente, los montos por la vieja regalía hubiesen sido mayores en la medida de la finalización de los contratos de estabilidad en el 2011.

Por lo tanto, el adicional de la nueva regalía sería menos de 444 millones de nuevos soles, que resultan de la resta de los ingresos fiscales esperados por la nueva regalía y el impuesto extraordinario unos 1,040 millones de nuevos soles menos los ingresos que se hubiesen obtenido por las viejas regalías, más de 606 millones de nuevos soles. Con el agravante que los 1,040 millones de nuevos soles están considerados como gasto tributario; es decir, son deducibles del impuesto a la renta y afectarían gravemente la distribución del canon minero en el 2013.

Con respecto al esperado gravamen especial minero que supone la firma de un contrato con las empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria, según la exposición del cajero del MEF, se esperan obtener 1,500 millones de nuevos soles en el primer año, a los cuales habría que restar los 500 millones de nuevos soles del aporte voluntario si este se hubiese prorrogado. Por tal, el efecto neto por el concepto del gravamen sería de 1,000 millones adicionales.

Con el agravante que los 1,500 millones esperados por gravamen especial minero también son considerados gasto tributario, deducibles del impuesto a la renta. Lo novedoso es que dichos ingresos los administraría el gobierno central para la promoción de la inversión pública en los departamentos que no tienen los ingresos por canon, sobrecanon y regalías.

Por tanto, de los 2,540 millones de nuevos soles que se esperan obtener en el primer año por regalías, impuesto especial y gravamen especial, el incremento adicional sería menos de 1,440 millones. Con el agravante que los 2,540 millones de nuevos soles son deducibles del impuesto a la renta, cuestión que no sucedía con la vieja regalía ni el óbolo voluntario.

Por último, los futuros ingresos por regalías, impuesto especial y gravamen de los nuevos proyectos están estimados en 400 millones de nuevos soles, que en la práctica están supeditados a la solución de los conflictos sociales y a los buenos precios de los metales que exigen un estudio especial.

En verdad, creo que se ha perdido una oportunidad histórica para cambiar las condiciones de explotación minera en nuestro país. A mi concepto, el nuevo marco tributario en el sector ha sido un mal negocio para el Estado, que agravará los conflictos sociales y pondrá en riesgo la gobernabilidad, en especial cuando los gobiernos locales y regionales protesten por los menores recursos provenientes del canon y regalías. En todo caso desgraciadamente los hechos confirman a plenitud la tesis del premio nobel Joseph Stiglitz.

Investigador UNMSM *

GOBERNANDO AL MERCADO

2011-10-21T22:28:00.000-04:00

Por Efrain Gonzales de Olarte

Existen dos diferencias importantes entre Estados Unidos y China. La primera es que, en un caso, el mercado gobierna al estado y en el otro el estado gobierna al mercado. La segunda es que los americanos tienen una democracia liberal mientras que los chinos tienen un sistema autoritario corporativo. Los primeros están atravesando por una crisis profunda mientras que los chinos siguen creciendo hace veinte años.¿porqué?

En 1990 Robert Wade publicó un libro que se hizo famoso: “Gobernando el mercado”. En él trataba de explicar porqué los países del sudeste asiático habían logrado un crecimiento tan rápido. Su principal tesis es que el estado logró, por diferentes mecanismos, gobernar a los mercados, es decir intervenir y regular de manera para lograr ciertas metas en crecimiento, productividad y exportaciones. En consecuencia, puso en la agenda el tema de la gobernabilidad económica.

Las principales intervenciones del estado eran: control del sistema financiero y subordinación del capital financiero al capital industrial, mantenimiento de la estabilidad económica con tasas de interés estables, tipo de cambio competitivo y baja inflación como requisito para promover la inversión, promoción de las exportaciones, promoción de la adquisición de tecnología externas y políticas sectoriales específicas. La combinación dio resultados extraordinarios en Japón, Taiwan, Korea. La China retomó varias de estas políticas bajo un régimen autoritario y, gobernando al mercado, ha generado uno de los crecimientos altos y sostenidos más largos de la historia.

Estados Unidos hizo diferente, mantuvo la estabilidad económica, su democracia y la libertad de mercado. El estado se limitó a regular algunos mercados, tener una política de bienestar y participar en guerras de manera periódica. El resultado de este modelo ha generado en los últimos tiempos una profunda crisis económica y de desempleo. Cuando en el 2008 el gobierno americano fue al rescate de dos importantes bancos: Lehman Brothers y Merrill Lynch, estábamos ante el caso que el mercado obligaba al estado a rescatar a dos empresas privadas, bajo la amenaza de un colapso financiero y del sistema mismo.

¿Quién gobierna a quién? es la cuestión. Ahora es más importante para salir de la crisis: No parece existir otro camino que buscar que el estado gobierne al mercado para salir de la crisis, sin embargo la democracia puede estar amenazada. He ahí el dilema.

LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

2011-10-15T14:20:00.000-04:00

Por Jorge Manco Zaconetti *

No debiera estar en discusión la urgencia de la modernización de la más importante refinería que tiene PetroPerú en la ciudad de Talara-Piura, a casi 1,200 kilómetros de la ciudad capital, y que a pesar de la distancia todavía compite con la transnacional española Repsol que administra la otra refinería significativa como La Pampilla en el distrito de Ventanilla a las afueras de Lima, en lo que he denominado un duopolio curioso público/privado, donde ambas unidades controlan más del 87% de la producción interna de combustibles.

El problema es cualitativo más que cuantitativo, cifras más, montos menos a nivel internacional se tienen parámetros conocidos sobre lo que costaría en el tiempo una refinería nueva. En tal sentido, la necesidad de modernizar la Refinería de Talara debiera ser un imperativo categórico que debe procesarse con la debida transparencia, cuestión que está en la agenda de la nueva administración de la petrolera estatal.

En el discurso refinero se afirma que la inversión en una nueva refinería bordea los 25 mil dólares por barril, así una refinería moderna con una capacidad de procesamiento de 100 mil barriles diarios saldría costando unos 2,500 millones de dólares. Esto constituye un referente pues las experiencias de México y Brasil señalan costos mayores.

En el caso de la refinería de Talara que está lejos de ser una “refinería amarrada con pita” como sostenía el discurso privatizador de los años noventa, es una unidad rentable y eficiente que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional a la Calidad como empresa Líder, esto demuestra lo que pueden hacer los peruanos cuando existe vocación nacional de desarrollo, y trabajadores identificados con su empresa.

Debo presumir que el Comité de Gestión a la Calidad conformado por 20 instituciones del gobierno, educativas y gremios empresariales han sido objetivos, exigentes e imparciales en el reconocimiento a la Refinería de Talara como modelo de excelencia, lo cual dista mucho del discurso privatizador que “a priori” califica de ineficiente la gestión estatal. Por tanto, este es un mérito sobre todo de la administración anterior que fue duramente cuestionada por el llamado “escándalo de los petroaudios”

El problema central es de fondo, y se relaciona con la evolución de la crisis financiera mundial, donde dos empresas responsables una de la construcción como Técnicas Reunidas de España y la Societé Generale de Francia encargado de buscar el financiamiento y establecer los mecanismos del mismo, están experimentando fuertes problemas económicos, a tal punto que la Societé Generale, el segundo banco francés más importante de dicho país está al borde la quiebra.

Evidentemente al margen de los montos requeridos de más de 1,700 millones de dólares, los costos de la modernización de la Refinería de Talara tenderán a subir en la medida que la crisis financiera afecte el costo del capital, se incremente el riesgo, sea mayor la incertidumbre y los pedidos de construcción en el tiempo se hagan más exigentes.

Esta realidad se dificulta con la propia situación económica financiera de PetroPerú que con utilidades netas menores a los 400 millones de nuevos soles no tendría las espaldas financieras para costear los más de 1,700 millones de dólares, al menos que exista la decisión política de modernizar la Refinería de Talara.

TALARA MÁS EFICIENTE

Las ventajas de la modernización de la refinería están asociadas a la ampliación de su capacidad de tratamiento de 65 mil barriles diarios a 95 mil barriles, a la existencia de una planta de desulfurización la unidad más costosa que permitirá la producción de combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre; es decir, combustibles de acuerdo a las normas ambientales que deberán acatarse a nivel del país en el 2015. Y por último, una unidad de tratamiento de crudos pesados, que hará posible el refinado de los crudos densos provenientes de la selva nor oriental, que dicho sea de paso son los más abundantes.

Con una refinería modernizada en Talara, la capacidad de producción de diesel el combustible más utilizado después del gas natural, pasaría de los casi 22 mil barriles diarios a producir 40 mil barriles diarios; es decir, se incrementaría en un 82.69%. Las gasolinas de diverso octanaje que en promedio se han producido en unos 9,400 barriles diarios pasarían a 20 mil barriles diarios.

El gas licuado de petróleo (GLP) que se expende básicamente en balones, la capacidad de producción evolucionaría de los 4,800 barriles diarios a 7,400 mil barriles; es decir, se incrementaría la capacidad en un 54%. En el mismo sentido, se aumentaría la capacidad de producción del combustible de aviación más conocido como turbo A1, de los 4,100 barriles diarios a los 10,500 barriles. Y se reduciría drásticamente la producción de naftas que es lo más abundante como parte del efecto Camisea.

En verdad, el incremento de la capacidad de producción en los diversos combustibles haría más eficiente y competitiva la presencia de PetroPerú en el mercado de combustibles, siempre y cuando los precios de los mismos no se manejen con criterios políticos para no afectar la imagen del gobernante de turno. Después de todo un promedio de 40% del precio final en los combustibles está constituido por impuestos indirectos (rodaje, selectivo al consumo e IGV) que encarecen los derivados del petróleo.

Por ello, si el Fondo de Estabilización de los Combustibles que constituye un perverso subsidio que en última instancia hemos financiado todos los peruanos con nuestros impuestos se hubiese invertido en financiar la modernización de la Refinería de Talara, durante el período 2006-2010, esta sería una realidad, pues el subsidio prácticamente superaría los 1,500 millones de dólares.

Si existe la voluntad política del nuevo gobierno a pesar de los avatares del mercado financiero mundial, de modernizar y potenciar PetroPerú se asegurará el crecimiento económico con las nuevas inversiones en el marco de las asociaciones públicas- privadas. Capitalizar la petrolera estatal con transparencia y eficiencia es un imperativo nacional que será más fuerte aún con una inteligente integración vertical con participación del capital privado, que debiera asumir los riesgos en la producción y exploración.

Investigador UNMSM *

Recursos para la eficiencia

2011-10-15T14:14:00.002-04:00

Por Pedro Francke

Hace ya varios años he escrito sobre esta discusión central en la política social: habiendo como hay mucha ineficiencia, ¿debemos esperar que se reformen antes de destinarles más recursos, o es necesario tener más presupuesto para poder hacer las reformas que generen eficacia?
La primera afirmación parece tener lógica: si son ineficientes, ¿para qué añadirles plata? ¿Mejor no sería exigirles que hagan ahorros mejorando su eficiencia, y que en todo caso usen esos ahorros para mejorar sus servicios?
Cuando trece años atrás asistí con el equipo de reforma del Ministerio de Salud a presentar nuestras propuestas al MEF solicitándoles apoyo presupuestal, el entonces jefe del Gabinete de Asesores del MEF retrucó con una propuesta increíblemente simple: por qué no venden un hospital y con esa plata hacen las reformas. Todos nos quedamos atónitos, la propuesta era tan radicalmente privatista que nadie se había atrevido a hacerla en público.
Como digo, no es la primera vez que insisto en que la opción de hacer reformas sin presupuesto adicional es muy difícil de implementar. Veo hoy esto en Essalud.
Cuando se parte de un déficit anual de 400 millones de soles y de un presupuesto recortado en 700 millones de soles anuales por una ley que reduce las aportaciones, ¿de dónde sacar recursos para invertir en sistemas informáticos que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, considerando que programas críticos no se actualizan hace más de una década?
Cuando las emergencias de los hospitales nacionales tienen que atender a 40% o 60% más pacientes que su capacidad instalada y Essalud tiene un déficit de 1.400 camas, lo cual genera un clamor de los asegurados por mejor atención, ¿cómo priorizar la promoción de la salud y destinar presupuesto a mejorar los hábitos y conocimientos de salud de la población?
Cuando en este contexto de estrechez presupuestal se tienen alianzas público-privadas que costarían hasta 600 millones de soles anuales e inversiones en hospitales ya contratadas con las empresas constructores por otros 400 millones de soles, ¿de dónde sacar para hacer el gran esfuerzo que significa fortalecer la atención primaria de salud y así ahorrar recursos evitando enfermedades más graves y costosas?
Cuando los médicos, profesionales de salud y trabajadores no han visto mayores aumentos en varios años, se les ha quitado el bono de productividad y hay que hacer un gran esfuerzo para reponerlo, pero no queda presupuesto para dar los aumentos necesarios, ¿cómo promover una mejor atención a los pacientes y un mayor compromiso con los asegurados?
Como he dicho antes también, ni reformas sin presupuesto, ni presupuesto sin reformas: presupuesto para las reformas. Fondos públicos para cambiar el modelo de atención, mejorar el trato a los pacientes y hacer eficiente la gestión administrativa. Esto es lo que en todo el planeta promueven instituciones como el Banco Mundial, y lo que también debemos hacer en el Perú.

A proposito de la Ley General del Trabajo: la vigencia la institucionalidad laboral

2011-10-15T14:07:00.001-04:00

Por Julio Gamero *

A contracorriente de lo que suele sostener el enfoque neoclásico del mercado de trabajo, desde nuestra perspectiva, la institucionalidad laboral: Ministerio de Trabajo, normativa laboral y de seguridad social de carácter nacional e internacional, organizaciones sindicales, negociación colectiva, resultan connaturales con la dinámica de dicho mercado. Es decir, forman parte del equilibrio entre la oferta y la demanda.

En dicho sentido, dicha institucionalidad no tiene por qué asumirse como exógena sino, más bien, dada la naturaleza del mercado laboral, resulta endógena a su funcionamiento. Entre las razones de ello, se identifican los siguientes elementos.

1. Incorpora mayor eficiencia al mercado de trabajo, ya que al facilitar mayor información aporta al mejor funcionamiento de dicho mercado. Así, la organización sindical y la negociación colectiva, ayudan a reducir la asimetría de información entre empleadores y trabajadores. De otro lado, el Ministerio de Trabajo debiera aportar, brindando información específica, a reducir el descalce entre la oferta educativa y la demanda de trabajo, por ejemplo.

2. Promueve la igualación de oportunidades y, por esta vía, ayuda a la configuración de un trabajo más “homogéneo”. La protección al trabajo, asentada en la primacía de los derechos fundamentales y en el piso básico cimentado desde la normativa nacional e internacional (OIT) aportan en dicho sentido. Visto desde el enfoque de la teoría de la justicia distributiva (Rawls) la intervención estatal –a través de códigos laborales- ayuda a corregir, parcialmente, la paradoja de la “lotería del nacimiento”.

3. La institucionalidad laboral, también, resulta convergente con el salario de equilibrio distributivo, en tanto facilita la interconexión entre la función del salario como referente del gasto corriente del trabajo, en el corto plazo, y con la participación del trabajo en LA PRIMERA ronda distributiva. Por esta vía, ayuda al equilibrio y a la equidad de largo plazo.

4. Es fuente de solidaridad intergeneracional y de reducción de incertidumbre. Así, a partir de la presencia y promoción de la seguridad social como expresión de la modalidad contributiva de soporte al salario diferido (la pensión de jubilación) y por la cobertura de los riesgos sociales que afronta el trabajador en su ejercicio cotidiano, respectivamente.

En consecuencia, las instituciones del mercado de trabajo resultan endógenas al mercado de trabajo. No son elementos exógenos, no son “sobre costos” y, por tanto, secundarios. Si lo fueran, serían prescindibles.

Globalización con equidad *

Salarios contra la crisis

2011-10-15T14:03:00.001-04:00

Por German Alarco Tosoni *

Los incrementos de los salarios son un instrumento contra la depresión económica. Se trata de un componente esencial que debe estar en toda política anticíclica. Esta perspectiva fue rehabilitada por el pensamiento de J. M. Keynes, M. Kalecki y las teorías de los salarios de eficiencia en décadas más recientes, aunque su origen es remoto. La visión neoliberal, lamentablemente en boga en el Perú, tiene raigambre neoclásica y postula que los aumentos de las remuneraciones son negativos para el empleo y el nivel de actividad económica. La discusión entre estas dos visiones no sólo es técnica, sino que encubre una perspectiva ideológica donde los trabajadores juegan un rol subordinado en el modelo de acumulación y crecimiento económico.

Es obvio que para una empresa en particular o una familia incrementar las remuneraciones de sus trabajadores dependientes afecta los resultados y el ingreso disponible. Sin embargo, otra es la situación cuando se aborda desde una perspectiva macroeconómica. Más salarios equivalen a más ingresos, más ventas, más recursos para las empresas, más utilidades y también coadyuva a una mayor productividad. Adam Smith, en el siglo XVIII, señaló que los salarios son un estimulante de la actividad productiva, la cual mejora de manera proporcional al estímulo que reciben los trabajadores (Riqueza de las Naciones, Libro I, capítulo 8).

El primer ajuste de las remuneraciones fue uno de los primeros pasos del nuevo gobierno. Hay que dar el segundo, aprovechando la buena dinámica productiva y las reducidas presiones inflacionarias. Noviembre o enero pueden ser los meses indicados. El aumento de los salarios mínimos es una política redistributiva. El ajuste tardío del gobierno anterior fue efectivo y no existe evidencia alguna de que el último haya generado efecto negativo alguno. En la crisis se reduce la propensión a consumir y la inversión. La redistribución del ingreso eleva la propensión a consumir, demanda y producción.

La política salarial es una herramienta. No hay que desecharla por ideología o falta de información estadística que nos permita evaluar sus impactos. Es parte de la barrera de contención contra la crisis internacional. Afortunadamente en el Perú tenemos espacios para las políticas monetarias y fiscales anticíclicas, pero ello no debe ser razón para descartarla. Esta política de ingresos, con las anteriores, las políticas por el lado de la oferta y las institucionales serán esenciales para sacarnos del atolladero. No olvidemos, como decía J.M. Keynes (Teoría General, capítulo 24) que sus propuestas, incluida la redistribución del ingreso son para salvar el capitalismo.

Investigador CENTRUM Católica *

Imprevistos de agosto

2011-10-04T22:11:00.000-04:00

Por Farid Matuk

El sábado pasado, 1º de octubre, el INEI publicó “Avance coyuntural de la actividad económica”, que contiene las estadísticas económicas del primer mes de gestión del presidente Humala, y los resultados positivos del mismo han pasado inadvertidos.
En el sector Agricultura la producción sigue al alza como fue la tendencia entre enero y julio de este año, y en la Minería hay un fuerte repunte en la producción, siendo agosto el mes de mayor crecimiento en lo que va del año. Igual resultado se observa en el subsector Electricidad, en el que también se registra el mayor crecimiento del año; y finalmente el consumo interno de cemento crece un 7%, que de seguro es una sorpresa para muchos.
Estos cuatro indicadores nos precisan que el sector real de la economía que tiene la medición más precisa y con una metodología homogénea desde 1990 muestra una recuperación en agosto, que se ubica en contra de la tendencia declinante que empezó en febrero de este año y la cual es parte de la crisis internacional.
El problema práctico a enfrentar es identificar si estos positivos resultados económicos son simplemente un retorno a la tendencia de largo plazo, en el sentido que desde la campaña electoral de la segunda vuelta hasta la juramentación del gabinete el 28 de julio la incertidumbre produjo una retracción de la actividad económica, y que a partir del 29 de julio se retorna al cauce normal de nuestra economía.
Otra explicación pudiera estar en que la gestión del MEF y del BCR a partir del 29 de julio produjo un cambio en la tendencia contractiva de la economía observada desde febrero, aunque esa hipótesis es dudosa porque durante el pasado agosto tanto el MEF como el BCR son indistinguibles en sus políticas respecto a lo hecho durante la gestión García.
La actividad económica se ha reducido ya en dos puntos entre febrero y julio de este año, y esta contracción es coherente con el escenario mundial de crisis económica que ahora tiene su origen en Europa. Estos resultados positivos de agosto debieran ser perpetuados con una política proactiva del MEF y del BCR de mitigar los efectos de la crisis mundial, ya que hasta ahora se comportan como si el Perú estuviese “blindado”, en la célebre palabra del ex presidente García.

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Infografias:

Imprevistos de agosto

El trasfondo estructural de la crisis estadounidense

2011-10-04T22:06:00.002-04:00

Por Bruno Seminario

En su estudio sobre las crisis y los ciclos económicos publicado en 1939, Joseph Schumpeter plantea una de las teorías más conocidas y fascinantes de los ciclos económicos, según la cual hay en una sociedad industrial ciclos de diferente longitud y determinados por especiales fuerzas. Así tenemos: el ciclo de Kitchin de corta duración, que expresa la dinámica de los planes de producción y de los inventarios; el ciclo de Juglar, que dura entre ocho y once años, el cual estaría influido por los programas de inversión en infraestructura o capital fijo; y, por último, el ciclo de Kondratieff, que dura casi medio siglo y está signado por el impacto de las innovaciones tecnológicas.
A pesar de que desde el inicio de la crisis, a fines del 2007, se han ensayado distintos esquemas de política económica, no se vislumbra aún el fin de la misma. ¿Se percibe ya alguna solución para estas intratables y espeluznantes cuestiones de política? ¿Cuáles son, en todo caso, las distintas visiones en concurso en este debate tan singular? ¿Hay una solución viable o es tan intricado el entrampamiento que solo puede ser desbaratado por la más gigantesca y ruinosa conmoción? Nadie por ahora puede saberlo con certidumbre absoluta, a pesar de los esmerados textos que han aparecido para discutir las supuestas causas de la debacle. Todos ellos atribuyen la crisis a factores tales como la codicia, los fraudes, la contabilidad engañosa, la estructura de incentivos, la falta de regulación, los elevados déficits fiscales, la masiva deuda pública, etc. Sin embargo, el profesor Jürgen Schuldt parece tener una opinión muy diferente.
En su nuevo libro, Transfondo estructural y sociopolítico de la crisis estadounidense, presentado el viernes pasado en la Universidad del Pacífico, Schuldt sostiene de una forma bastante convincente que los factores mencionados en el párrafo anterior son causas tan solo superficiales. Y que la crisis tendría causas mucho más profundas. Para el profesor Schuldt, estas serían fundamentalmente: la pérdida de competitividad de la economía estadounidense, la redistribución regresiva del ingreso y de la riqueza, la nueva división del trabajo a nivel global y la conformación de grupos de poder en torno al sector financiero que se beneficiaron de las burbujas, y que ahora se han convertido en el principal obstáculo para realizar las reformas que reimpulsen el aparato productivo. Como resultado de explorar dichas causas, Jürgen Schuldt llega a la conclusión de que en el escenario más halagüeño la debilidad de la economía estadounidense se extendería durante toda la presente década.
Fundamenta el profesor Schuldt estos argumentos en un texto accesible a cualquier lector, el cual posee abundante material gráfico y utiliza un análisis estadístico comprensible. Sin embargo, quizás lo más interesante del nuevo libro sea su perspectiva, la que intenta fundir las teorías más interesantes de los ciclos económicos, como es el caso del análisis de Schumpeter, la generalización que del modelo hace Mensch, las teorías de la sobreproducción y subconsumo y el análisis de la dinámica financiera de Minsky.
La obra está compuesta por seis capítulos, y en ellos Schuldt expone los nuevos elementos de su visión. En el primero resume los rasgos estructurales del desarrollo estadounidense reciente: la desindustrialización, las limitaciones de la revolución tecnológica de la información y el papel especial que cumplió el sector financiero en los Estados Unidos.
En el segundo y tercer capítulo, Schuldt presenta su célebre hipótesis de subconsumo estructural y para hacerlo resume varios hechos relativamente desconocidos de Estados Unidos –al menos en el Perú– sobre la tendencia regresiva de la redistribución del ingreso. Sus argumentos tratan de demostrar que la tendencia va más hacia el subconsumo que al sobreconsumo. Explica que el subconsumo es una situación en la que los ingresos corrientes de la población no permiten tener el poder de compra necesario para realizar toda la producción de la economía. Es importante la mención del término “corriente” pues este no excluye la posibilidad de endeudamiento. En otras palabras, como las familias norteamericanas no ganan lo suficiente para cubrir su nivel de vida, se ven por cuestiones institucionales obligados a endeudarse. En el cuarto capítulo, sobre desequilibrios macroeconómicos y burbujas hipotecarias, se ofrece un primer resumen del desarrollo financiero en Estados Unidos. El capítulo cinco es un fascinante recuento de la economía política de los intereses financieros, el cual incluye una discusión bastante detallada de las relaciones personales de los integrantes de la llamada “trenza” financiera (principales personajes del mundo financiero y político de Estados Unidos), así como su extracción social, sus redes amicales, su educación común, sus negocios, sus sistemas de protección, sus operaciones concertadas para impedir que la legislación sea contraria a sus intereses, y hasta sus vicios, etc. Finalmente, en el capítulo seis, Schuldt analiza los límites de la política de Obama y los fiascos de la misma.
En suma, se trata de una obra novedosa cuya lectura recomendamos, en especial si el lector desea leer un análisis desde una perspectiva diferente. Dado que la crisis no parece solucionarse y las explicaciones tradicionales no son muy convincentes, resulta prudente explorar otras visiones, las cuales en la ciencia económica siempre han existido pero no han sido suficientemente conocidas.

Marx y la crisis mundial

2011-10-04T21:56:00.001-04:00

Por Oswaldo de Rivero

Hoy, la persistente crisis del capitalismo neoliberal está haciendo que Karl Marx sea revisitado. Todo comenzó, según la revista Bloomberg Newsweek, con un artículo en L”Osservatore Romano del Vaticano diciendo que se había cumplido el vaticinio de Marx sobre la abismal desigualdad de los ingresos en todos los países. Luego vino un ensayo del notable banquero-consejero del poderoso banco UBS, George Magnus, donde sostiene que los análisis económicos de Marx pueden servir para sacar al mundo de la crisis.

También el famoso economista, Nouriel Roubine, que predijo el Crash del 2008, afirmó, en una reciente entrevista al Wall Street Journal, que Marx había sido reivindicado por la crisis. Y la cosa no se quedó ahí, cuando Paul Craig Roberts exeditor del Wall Street Journal, dijo que habría que darle el Premio Nobel póstumo de economía a Marx. A lo que se añade un reciente ensayo del Premio Nobel, Joseph Stiglizt: “La crisis Ideológica del Capitalismo Occidental” y también un articulo de otro Premio Nobel, Paul Krugman, que dice que el Tea Party ha declarado una guerra de clases en Estados Unidos. Cosa que parece cierta con la reciente protesta de miles de “indignados” estadounidenses que están hoy acampados muy cerca de Wall Street.

También estudiosos de Marx han resucitado como el distinguido profesor David Harvey, que ha enseñado “El Capital” en las universidades de Oxford, Johns Hopkins y Nueva York y que con ironía dice: “que el partido republicano está haciendo mejor trabajo que el proletariado para destruir el capitalismo”.

La moda de Marx ha llegado hasta la pop culture. En Shangai se ha estrenado un musical basado en El Capital, obra que también está ahora en versión Mangas en el Japón.

Los revisitadores no marxistas de Marx están en aumento y coinciden con él en que el capitalismo destruye con sus crisis la base social que lo sustenta, al dejar sin empleo, a los consumidores. Y, en el caso de esta crisis, está empobreciendo a la gran clase media que es el sustento de las democracias capitalistas avanzadas. Sin duda, porque desde Europa hasta Estados Unidos, es la clase media la que protesta, perpleja e indignada, diciendo: “Nosotros no estamos contra el sistema, es el sistema que está contra nosotros”.

Si bien, los revisitadores de Marx coinciden con él, en todo o en parte, en lo económico, no coinciden en nada, en lo político. Todos piensan que se equivocó con su utopía de que la dictadura del proletariado liberaría a la humanidad. Esto nunca se cumplió porque los regímenes políticos establecidos en su nombre terminaron por imponer una distopía integrada por regímenes totalitarios, ineficientes y crueles, que terminaron por implosionar.

Finalmente, al revisitar a Marx se puede notar que, como pensador del siglo XIX, creía en el progreso material ilimitado de la humanidad. Nunca se imaginó que la revolución industrial terminaría en la actual crisis ecológica. Que la expansión insostenible de nuestra civilización urbana global, bajo la autodestructiva ideología capitalista del crecimiento constante del PBI, se extendería imparable por el mundo destruyendo tierras agrícolas, succionando el agua para producir alimentos y vomitando peligrosos gases que hoy recalientan nuestro planeta.

CAMISEA: LAS "CUESTIONADAS" REGALÍAS DE EXPORTACIÓN

2011-10-04T21:49:00.001-04:00

Por Jorge Manco Zaconetti *

Lote 88 y 56 con una acelerada explotación

Las más altas autoridades del sector de energía y minas con la evidencia empírica correspondiente, tendrán que reconocer que al mes de julio del 2011, las regalías pagadas por la exportación del gas natural proveniente del lote 56 resultan muy superiores a las regalías por el gas natural del lote 88 consumido por el mercado interno. Este gas tiene un precio regulado absurdamente deprimido, y es utilizado sobre todo en la generación eléctrica cuyas empresas “compran gas barato y venden energía cara”.

Así, en el acumulado enero a julio, la producción fiscalizada de gas natural de lote 88 representó un promedio diario de 419 millones de pies cúbicos (MMPCDC) con regalías de US$ 61 millones de dólares. Mientras la producción del gas licuefectado para la exportación proveniente del lote 56 significó un promedio de 567 millones de pies cúbicos diarios (MMPCDC), generando para el fisco más de US$ 167 millones de dólares.

Al margen de los mayores volúmenes de gas exportados en relación al gas destinado al mercado interno, debemos destacar las mayores regalías obtenidas por la exportación que realiza el Consorcio Perú LNG que conforman el núcleo duro del llamado Consorcio Camisea, liderados por Repsol y Hunt Oil.

Las exportaciones de gas licuefectado del lote 56 procesado en Pampa Melchorita y exportado por la transnacional Repsol a Japón, España, Corea del Sur, Canadá, a precios mayores respecto al marcador Henry Hub, ha significado superiores ingresos fiscales mediante las regalías pagadas. Esta es una verdad que se tiene que reconocer por los distintos precios que tiene este energético en los diversos mercados.

El problema se presentará en el segundo semestre del 2012 cuando el Consorcio Perú PLG tenga que cumplir los compromisos del contrato de exportación hacia México vía el puerto Manzanillo con la agencia de energía de dicho país. Los precios de exportación para México tendrán como marcador el precio Henry Hub con un castigo del 9% menos. Es decir, a precios deprimidos y con regalías de exportación franciscanas.

Hasta antes de la crisis norteamericana cuyo pico se alcanzó en septiembre del 2008, los precios del gas estaban sobre niveles de 10 a 12 dólares el millón de BTU (unidad de medida calorífica), y a partir del 2009 se derrumban los precios en la esfera de influencia del Gran Norte (USA, México y Canadá). En el 2010 por la desaceleración de la economía norteamericana los precios del gas han sido menores a 4.70 dólares por millón de BTU y todo hace pensar que los precios no se levantarán. De allí, que los compromisos de exportación del gas proveniente del lote 56 que serán de 520 millones de pis cúbicos diarios hacia México tendrán un horizonte de precios deprimidos.

REGALÍAS EN CUESTIÓN

El cuadro respectivo nos presenta las regalías pagadas por el Consorcio Camisea al Estado vía PerúPetro entre el 2004 a julio del 2011. Desde mediados del 2004, cuando se inició las operaciones el lote 88, resulta evidente que lo más importante proviene de las regalías pagadas por la explotación de los líquidos de gas natural, y las regalías del gas natural resultan una fracción de los líquidos. En el caso del lote 56, la explotación de los líquidos se inicia recién en septiembre del 2008 y la producción de gas para la exportación a mediados del 2010.

Por eso, nosotros podemos afirmar que en Camisea el “lomo fino” está constituido por la explotación acelerada de los líquidos de gas natural y el gas natural sería el “hueso”, que se reinyectaba en grandes volúmenes. La producción fiscalizada de gas natural del lote 88 con precios regulados absurdamente baratos abona regalías mínimas como se puede observar en el cuadro respectivo.

En el 2005, mientras las regalías del lote 8 obtenidas por la explotación de los líquidos cuyos precios tienen referentes internacionales un poco menores al WTI resultaban equivalentes a US$ 176.5 millones de dólares, las regalías de gas apenas sumaban los US$ 14.5 millones. Es decir, apenas constituían el 8.2% de las mismas.

Se debiera tener presente que en el 2005 la producción de los líquidos era en promedio de 32,140 barriles diarios y la producción diaria de gas resultaba equivalente a 103 millones de pies cúbicos de gas. Es sobre esta producción valorizada en boca de pozo que se fija la tasa de regalías del 37.24 %.

En el 2007 mientras las regalías de los líquidos se elevaban sobre los US$ 260 millones de dólares, las regalías obtenidas por el gas natural eran un poco más de US$ 41.4 millones; es decir, representaban el 16% de las regalías por los líquidos. Con la salvedad que la producción diaria de líquidos era de 33,760 barriles diarios y la producción diaria de gas natural equivalía a 189 millones de pies cúbicos.

Para el 2009 mientras las regalías de los líquidos se elevaban sobre los US$ 207 millones de dólares, las regalías obtenidas por el gas natural eran un poco más de US$ 62.6 millones; es decir, representaban el 30% de las regalías por los líquidos. Con la salvedad que la producción diaria de líquidos superó los 36,590 barriles diarios y la producción diaria de gas natural era de 273 millones de pies cúbicos.

La evidencia empírica me demuestra que cada vez se utilizó más gas natural para obtener crecientes volúmenes de líquidos en el lote 88, pues el interés de las empresas del Consorcio Camisea es la explotación acelerada de los líquidos que dicho sea de paso generan los mayores márgenes de utilidad. En cambio, como los precios del gas natural están regulados los volúmenes se queman irracionalmente en la generación eléctrica de ciclo simple por Edegel, Kallpa y Enersur.

En septiembre del 2008, se inició la explotación de los líquidos de gas natural del lote 56 con volúmenes promedio de 30,300 barriles diarios y el abono de regalías de US$ 54.4 millones de dólares, que resultaban casi equivalentes al total de regalías del gas natural del lote 88 que alcanzaron los US$ 58.2 millones durante todo el año.

Para el 2010 las regalías de los líquidos de gas sumaron los US$ 378.8 millones por el lote 88 y la suma de US$ 287.7 millones por el lote 56. En su conjunto la explotación de los líquidos en ambos lote significó para el fisco más de US$ 666.5 millones de dólares.

Si bien la producción de gas natural para la exportación del lote 56 empezó en julio del 2010 con los primeros embarques de gas licuefectado, las regalías de dicho lote sumaron los US $ 54 millones ;mientras, las regalías del lote 88 por todo el año pagaron US$ 87 millones de dólares.

En lo que va de enero a julio del 2011, las regalías obtenidas por el gas de exportación del lote 56 sumaron los US$ 167 millones frente a la regalías del gas del lote 88 destinado al mercado interno que arribó a los US$ 60.7 millones de dólares. Esto significa que estamos despilfarrando un recurso que pertenece a todos los peruanos con un precio regulado que favorece principalmente a las empresas eléctricas de generación.

EPÍLOGO

Esta lectura me permite señalar una serie de distorsiones que los críticos de la exportación en el pasado y supuestos defensores del abastecimiento para el mercado interno, hoy en el gobierno tendrán que resolver. No resulta sostenible en el tiempo un precio del gas natural irracionalmente barato que distorsiona los precios relativos frente a otros energéticos, y que desestimula la inversión en centrales hidráulicas, la energía más limpia después de la eólica.

Las menores regalías que se están obteniendo del gas natural proveniente del lote 88 constituyen una descapitalización fiscal, que significan menores recursos para el desarrollo de las ventajas competitivas en el país y lucha contra la pobreza. Los bajos precios del gas natural de este lote fomentan la inversión en centrales térmicas cerca a Lima en Lurín o Chilca agudizando la concentración industrial.

La explotación acelerada de los líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56 que representan en el período enero-julio 47,760 barriles en el primero y 33,300 barriles en el segundo, es decir más de 81,060 barriles diarios tienen acaso una efectiva regulación por parte de PerúPetro en lo referente a las presiones en los pozos de explotación que permitan una explotación racional a futuro de las reservas de gas.

Me interrogo si existen estudios de parte de los organismos reguladores sobre el futuro de las regalías de los hidrocarburos en general y del gas natural en particular. ¿Qué pasará con las regalías del gas que se exporta proveniente del lote 56 cuando el Consorcio Perú LNG tenga que cumplir sus compromisos del contrato con la agencia de energía de México a precios deprimidos con regalías castigadas?

Si los contratos de los lotes 57 y 58 pagarán regalías del 5% con precios de mercado, con reservas de gas que deben ser verificadas como reservas probadas ¿Cuál debiera ser el rol del Estado en la regulación? Si uno se pregunta que resulta más conveniente para el país: quemar el gas en la generación eléctrica, su exportación a precios deprimidos hacia México, o su uso industrial básicamente en la petroquímica. Es evidente que la tercera opción es la más razonable, al menos que los intereses privados estén por encima del interés público.

Investigador de UNMSM *

La súper alza de los metales y el impuesto a las ganancias extraordinarias

2011-09-30T22:15:00.000-04:00

Por Humberto Campodonico

“Es demasiado bueno para ser verdad. Los precios del oro llegaron a US$ 726/onza, superando en 2 y media veces el precio de US$ 269,50/onza de mayo de 1999. El cobre superó todos sus récords con US$ 3,99/libra, seis veces más que su precio del 2001 de US$ 0,67/libra. El zinc, con US$ 1,76/libra, se ha multiplicado por 5 en los últimos 3 años, pues estaba en US$ 0,35/lb en el 2002” (Bloomberg; La República, 12/5/2006).

Según el Banco de Crédito, las Utilidades Netas de las mineras peruanas quebraron récords en el 2004. Y en el I Trimestre 2005 Southern ganó USS$ 421 millones, 41% más que en el I Trimestre 2004. Cerro Verde y Buenaventura tuvieron Utilidades por US$ 77 y 125 millones, 136% y 88% más que el 2004 (Gestión, 8/05/2006).

Esto se debe no solo a los altos precios sino a los súper bajos costos de producción de las minas peruanas, las más competitivas del mundo (www.cristaldemira.com, 28/1/2006).

Cuando se propone que las mineras paguen un impuesto a las ganancias extraordinarias (IGE), de manera que el país también se beneficie de los altos precios de sus recursos naturales (por causas externas, como la alta demanda de China), se esgrimen varios argumentos en contrario. Por ejemplo, se dice que si suben las Utilidades Netas, también aumenta el impuesto a la renta. Por tanto, el Estado también está ganando.

Cierto. Pero no lo que debería si existiera el IGE. Veamos un ejemplo. Si con un precio “normal” la empresa minera tiene S/.100 de utilidades antes de impuestos, entonces paga 30% de impuesto a la renta (30 soles) y su utilidad neta es de S/. 70. Cuando el precio aumenta enormemente por causas exógenas, digamos que ahora la empresa tiene S/. 200 de utilidades antes de impuestos. Por tanto, paga 60 soles de impuesto a la renta (el 30% de 200) y tiene utilidades netas por 140 soles.

Si el primer año la empresa tenía una utilidad neta de 70 soles, en el segundo esta aumenta a 140 soles. El IGE debería aplicarse a los 70 soles “extraordinarios” ganados el segundo año. ¿A cuánto ascendería el IGE? Eso se debe negociar. El quid de la cuestión es que la Nación, propietaria del recurso natural, tiene derecho a un ingreso extra (es decir, adicional al aumento del IR) por los altos precios de los minerales por causas exógenas. Exactamente eso fue lo que hizo el conservador Ronald Reagan a principios de los 80 (ver www.cristaldemira.com, 7/5/2006).

También se dice que “es muy difícil saber cuál es el precio del mineral a partir del cual se obtiene una sobreganancia”. Discrepamos, eso no es difícil de determinar. Se puede tomar, por ejemplo, el precio promedio de la década 1994-2004 y establecer que si el precio internacional cae por debajo ese nivel, entonces el IGE deja de cobrarse. En fin, existe una infinidad de fórmulas técnicas.

Finalmente, se dice que estas son políticas “populistas”, una “vuelta al pasado”. No es así. Las políticas “populistas” en lo económico -tal como las definió Rudiger Dornbusch en su libro 'Macroeconomía del Populismo'- tienen que ver con un enfoque económico que privilegia el crecimiento y la distribución del ingreso, al mismo tiempo que minimiza los riesgos de la inflación, el déficit fiscal y se dedica, por ejemplo, a establecer controles de precios y alzas indiscriminadas de salarios.

El IGE no tiene nada que ver con eso. Lo que se plantea, tal como lo hizo Reagan (o el gobierno de Lagos el año pasado al poner un “royalty” a las mineras) es que la renta extraordinaria (que, una vez más, tiene causas exógenas) sea repartida equitativamente entre la empresa y el Estado, lo que permitirá el aumento de los ingresos fiscales e invertirlos en infraestructura y programas sociales.

Quienes no quieren cambiar nada para que nada cambie, se esfuerzan en mostrar “cucos populistas” donde no los hay. Lo que quieren es quedarse con el íntegro de las sobreganancias, sin compartirlas con el dueño del recurso que, mire usted, es un país pobre. Un mendigo sentado en un banco de oro.

Publicado el 13 de Mayo de 2006 CRISTAL DE MIRA

Constitución y economía

2011-09-30T21:45:00.000-04:00

Por Juan Francisco Rojas

¿Cuánto se ha perdido con las dos décadas de pragmatismo y de “hago lo que me conviene”? Nunca lo sabremos, pero es evidente que existe un fuerte deterioro en la institucionalidad de la sociedad peruana. Esa institucionalidad que tanta falta hace y que solo se construye sobre la base de un adecuado “pacto social”, expresado en una Constitución legítima, algo de lo que, lamentablemente, carecemos.

Los defensores del modelo sostienen que el país ha crecido y es verdad; los indicadores del producto dicen que estamos en un país más rico, pero, también los indicadores de nutrición y distribución de riqueza dan cuenta de un país más desigual. Sostienen los defensores que los excluidos deben esperar; que el crecimiento algún día les dará más comida rápida, más microviviendas, más artefactos de ínfima calidad, más celulares recargables con publicidad engañosa, más tarjetas de crédito para la ruleta del pago mensual y más centros comerciales donde pasear a sus hijos. También destacan el bienestar que se ve en calles de Lima y otras provincias capitales y del que solo unos cuantos disfrutan; y, hacen de la Constitución vigente (93), el refugio de toda esa bonanza. En cambio, lo que no quieren ver es el crecimiento de la delincuencia.

Levantan la voz contra aquellos que piden una revisión integral de la Constitución y alegan que “a la gente de a pie no le interesa el tema”. Claro, en veinte años, la desregulación promovida por los mal llamados “técnicos” ha creado ciudadanos sin interés en pensar en “temas difíciles”, sin interés en definir posturas ideológicas, sin interés en un marco constitucional y legal que sea creíble; y, lo que es peor, sin ser capaces de entender que una sociedad no es eficiente sin un pacto social que incluya a todos.

La economía requiere de un marco institucional creíble, solo este puede asegurar el derecho de propiedad, el valor de la moneda, la validez y obligatoriedad de los contratos, la solución judicial de los conflictos. Solo de este marco institucional depende que la economía sea un instrumento para el respeto de la dignidad de la persona, fin supremo de la sociedad y del Estado.

¿Por qué entonces no discutir la reforma de la constitución económica? ¿Acaso la reflexión en busca de mejores consensos no es democrática? ¿Por qué esto debiera generar incertidumbre? ¿Acaso porque los que hoy tienen los beneficios temen perderlos? ¿Acaso porque las minorías apoyan el texto vigente y no les interesa el pensamiento de las mayorías? Estas razones no son valederas, los países deben enfrentar sus problemas sociales y no esconderlos debajo de la alfombra.

Cuando la Constitución deja de expresar a todas las voces pierde valor y se transforma en un “simple pedazo de papel”. El costo de reconstruir la legitimidad constitucional es mucho mayor que el esfuerzo de abrir un espacio de debate y revisión del texto vigente.

La mejor Constitución no es la que adscribe a una ideología donde unos ganan y otros pierden, sino aquella que da oportunidad a todas las formas de entender la realidad, y las acoge; en un país, rico, diverso y multicultural como el nuestro.

¿Atrapados sin salida?

2011-09-30T21:40:00.000-04:00

Por German Alarco Tosoni *

Es obvio que la actual situación internacional es compleja. En otra oportunidad se ha comentado sobre los problemas estructurales y detonantes de la crisis económica en las diferentes regiones del mundo. El problema actual de Europa se asocia a los altos niveles de endeudamiento que compromete a bancos y a países. En Japón confluye la crisis reciente con el estancamiento secular observado desde los años noventa. Los problemas estructurales de la economía norteamericana se retroalimentan con la falta de confianza de los consumidores e inversionistas. Las respuestas de la economía estándar no son suficientes para sacarnos de este atolladero.

La salida ortodoxa para Europa conduce a más problemas. Se trataría de reducir los niveles de gasto público o reorientarlos a cumplir con los compromisos de deuda. El resultado consistiría en una reducción de los ingresos de la población, la demanda y el nivel de actividad económica. Quizás ante este panorama se podrían reducir las tasas de interés, generando algún crecimiento parcial de la inversión. La ruta de la depreciación del euro es un camino que tampoco promovería mayores exportaciones, ante las presiones simultáneas de depreciación del dólar americano. La desintegración de la Unión Europea, con el abandono del euro por parte de algunos países y la consiguiente destrucción de activos y pasivos podrían dar algunas luces para salir del túnel. Sin embargo, sería un retroceso geopolítico, es muy riesgosa y requiere de todas formas defender la integridad de los ahorros de las familias.

La situación norteamericana es embrollada. La política fiscal y monetaria anticíclica están en sus límites. Se requiere más gasto público, pero económica y políticamente ello parece inviable. Menos gasto público o la alternativa liberal de reducir impuestos nos conducen a la recesión. Más austeridad debilitaría los fundamentos de la confianza de consumidores e inversionistas.

La desaceleración de la economía mundial debería ser enfrentada de manera radical. Ya hay poco espacio para las respuestas convencionales. Es imprescindible realizar una conferencia internacional, como la de Bretton Woods en 1944, para reordenar, en lo que se pueda, la economía internacional. Ahora los actores son más numerosos. En esta conferencia habría que priorizar la necesidad de mejorar la distribución del ingreso, un cambio científico y tecnológico incluyente, la creación de empleo de calidad y realizar una reingeniería del sistema financiero para que este sea un apoyo a la producción. El reajuste implicará costos que no deberán trasladarse a los segmentos mayoritarios de la población.

Investigador CENTRUM Católica *

Presentacion de libro Teoria Economica y Desarrollo Social. Homenaje a Adolfo Figueroa

2011-09-30T21:24:00.002-04:00

PERÚ: LA REVOLUCIÓN DEL GAS NATURAL

2011-09-29T23:04:00.001-04:00

Por Jorge Manco Zaconetti

A pesar de los críticos del pasado reciente que, sostenían interesadamente restricciones para el consumo interno del gas natural, con el argumento de la falta de gas natural para el mercado doméstico, la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. Se verifica un crecimiento explosivo de las ventas internas que resultan equivalentes a la demanda interna del gas, que expresada en volúmenes de barriles por día calendario se ha convertido en el principal energético consumido, desplazando al diesel o mejor al biodiesel, tal como se puede observar en el cuadro “Venta Interna de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos 2006 al I semestre del 2011”.

El hecho económico que explica el posicionamiento de gas natural como el combustible de mayor demanda se explica, sobre todo, por el llamado “efecto Camisea”, que con el gas natural del lote 88 que se vende a un precio en boca de pozo absurdamente barato, a un precio regulado que en la práctica constituye un subsidio que favorece principalmente a las empresas de generación eléctrica que el ministro del sector pareciera interesadamente ignorar.

En verdad, la re negociación de los precios del gas natural efectuada en el segundo semestre del 2006, durante el gobierno del presidente Alan García, modificó la determinación de los precios del gas natural del lote 88, que en el contrato original dependían de una canasta de precios de los llamados petróleos industriales. Si se hubiera respetado la fórmula original el precio del gas natural de dicho lote sería de casi US$ 4 dólares por millón de BTU para la generación eléctrica, y no estaría por debajo de los US$ 1.70 que abonan las empresas eléctricas, que compran “gas barato para vender energía cara”.

Con la conversión efectuada, las ventas internas de gas natural expresadas en miles de barriles por día calendario se han disparado. Así, en el 2006 se vendían 30 mil barriles diarios de gas natural, este se elevó en el 2007 para alcanzar los 42 mil barriles diarios (MB/DC), para llegar a los 59 mil barriles en el 2009 y trepar a los 80 mil barriles diarios en el primer semestre del 2011.

Si bien a mediados del 2010 se inició el proceso de exportación de gas natural licuefectado en Pampa Melchorita, con el gas natural del lote 56, a través del Consorcio Perú LNG, siendo la transnacional Repsol la empresa responsable de la exportación, para la determinación de las ventas de gas natural en el mercado doméstico solamente se ha considerado la producción fiscalizada del lote 88, los volúmenes de gas asociado de la Cuenca de Talara y de la Selva Central.

El tránsito de una demanda interna en gas natural de 30 mil barriles diarios en el 2006 para trepar a los 80 mil barriles diarios al primer semestre del 2011 sería positivo si el consumo estuviese concentrado en las empresas industriales que ganarían competitividad, en el consumo residencial que permitiese a las familias ahorros en la utilización de un energético limpio, o en la sustitución del parque automotor de servicio público a diesel a cambio del gas natural.

Pero no es el caso, pues el mayor porcentaje de los 80 mil barriles diarios que constituyen las ventas de gas en el primer semestre del presente se destinan a las plantas de generación térmica que, con excepción de la unidad de generación de Ventanilla del grupo Edegel-Endesa, se utilizan en plantas de ciclo simple lo cual constituye un desperdicio por el bajo nivel de eficiencia energética (unidad Santa Rosa de Edegel, Kallpa, Enersur y Eléctrica de Piura).

En tal sentido, la quema de gas natural para la generación eléctrica tenía sentido en el despegue de una nueva industria, pero se convierte en un contrasentido cuando la rápida madurez y la proyectada masificación interna del gas se coloca en la agenda política. Peor aun cuando se postergan a la calendas griegas las posibilidades de la petroquímica básica para producir urea y nitratos.

Todos debiéramos recordar el “sesgo eléctrico” que se impuso en la década de los noventa del siglo pasado ante la debilidad del mercado interno para absorber los volúmenes de gas natural de Camisea. Incluso se prohibieron por decreto supremo la construcción de centrales hídricas, y se obligó a la empresa estatal ElectroPerú, que no tenía centrales térmicas, a la compra de más de 70 millones de pies cúbicos diarios de gas proveniente del lote 88 para asegurar una demanda mínima.

Todo ello explica ahora que la demanda interna de gas natural se ubique en el primer lugar de las ventas internas de los combustibles de hidrocarburos en el período 2006 al primer semestre del 2011, desplazando en su crecimiento al gas licuado de petróleo y al diesel que ahora ha sido sustituido por el biodiesel, como se puede observar en el cuadro respectivo.

En resumen, el efecto Camisea ha convertido al gas natural en el combustible más importante en el mercado interno desplazando al biodiesel que se importa en una gran proporción y ha ubicado al gas licuado de petróleo (GLP) en el tercer combustible en importancia con una participación en las ventas al mercado interno de 40 mil barriles diarios.

Por tanto, el crecimiento de la demanda interna de los combustibles derivados de los hidrocarburos constituye una expresión de la expansión de la economía en su conjunto, pues en el 2006 se consumían internamente 162 mil barriles diarios, en el 2008 las ventas internas subían a los 212 mil barriles diarios y a pesar de la des aceleración mundial del 2009 la demanda interna de combustibles se elevó a los 230 mil barriles diarios para trepar a los 257 mil barriles por día al primer semestre.

En tal sentido, la recuperación plena de la soberanía sobre las reservas de gas natural del lote 88 debiera asegurar en el largo plazo la autonomía energética y la masificación del gas natural hacia el sur peruano. Pero ello no justifica que se venda a precio vil el gas natural del lote 88, situación que distorsiona los precios relativos en los energéticos, subsidiando intereses privados que gozan de los favores del gobierno de turno.

Olmos y Caillaux

2011-09-29T22:58:00.000-04:00

Por Fernando Eguren

En mayo de este año la International Land Coalition (ILC, Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra), que reúne a ONGs, gremios y organizaciones intergubernamentales, incluyendo el Banco mundial, la FAO y el FIDA- adoptó una resolución que rechaza el acaparamiento de tierras. Este acuerdo sin precedentes, dada la importancia de los entes asociados a la ILC, pone en el primer plano de la agenda política internacional el proceso de concentración del control sobre las tierras agrícolas. Y debería también ponerla también en la agenda nacional.

La referencia a esta resolución viene a colación por las declaraciones del ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, en el sentido de que una parte de las 38 mil hectáreas de nuevas tierras de la irrigación de Olmos serán compradas por el Estado para que, a su vez, ser transferidas –en condiciones aún no precisadas- en lotes de 50 has. Recordemos que originalmente el proyecto contemplaba sólo lotes de 1000 has, y algunos de 500 has. Luego se definió que también habrían lotes de 250 has. Finalmente el ministro propone que haya 100 lotes de 50 has.

A pesar de estos cambios reduciendo el tamaño de algunos de los lotes, la mayor parte de las nuevas tierras de Olmos se venderán en módulos de 1000 has. Más aún, un inversionista puede adquirir varios módulos. Por lo tanto, se agregarán nuevos latifundios a los ya existentes en diferentes valles de la costa.

La propuesta del ministro Caillaux incluye tan sólo al 13% del área total de la irrigación de Olmos, posiblemente limitado por obligaciones contractuales que vienen de gobiernos anteriores. Pero es necesario que el nuevo gobierno vaya definiendo cuál será su política respecto del tamaño de los predios para las más de 180 mil hectáreas que se ganarán con las nuevas obras de irrigación en la costa que anunció el primer ministro Salomón Lerner en su presentación ante el pleno del Congreso en agosto pasado. ¿Seguirán la política de grandes irrigaciones fomentando la concentración de la tierra agrícola en el país? ¿O las nuevas tierras serán distribuidas según criterios más equitativos e incluyentes, en cumplimiento de la declarada voluntad política de este gobierno de lograr una sociedad más inclusiva?

De continuar con los criterios vigentes desde el gobierno de Fujimori, de propiciar tan sólo la gran inversión agrícola, se irá consolidando una estructura bipolar y excluyente en la tenencia de la tierra en la costa, en la que mucha tierra estará en pocas manos, y poca en las de la mayoría. Como antes de la reforma agraria.

Essalud: historias de terror

2011-09-29T22:52:00.000-04:00

Por Pedro Francke

Llevo menos de un mes como nuevo Gerente General de Essalud. Es una corporación gigante: S/. 6,400 millones de presupuesto anual, 45 mil trabajadores, 12 grandes hospitales nacionales e institutos especializados y un total de 373 establecimientos para dar servicios de salud y prestaciones económicas y sociales a cerca de 9 millones de asegurados.
No es noticia decir que los asegurados somos muy mal tratados. Pero poco se sabe de la situación de la administración, de la cual estas historias breves, sacadas de mi bitácora de viaje, dan buena cuenta:
Día 3. Mi correo electrónico no funciona, nuevamente. Ni puedo abrir internet. No tengo acceso a esta herramienta básica que usan los niños de 5 años. El Jefe de la “Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones” no tiene ni estudios ni experiencia sobre el tema. Hay que cambiarlo.
Día 8. Aprovecho un respiro para visitar la Emergencia del Hospital Rebagliati: hay 205 pacientes cuando su capacidad es de solo 120. Hay un proyecto para ampliarla, pero el expediente técnico todavía no está concluido. Mientras tanto, hay que reforzar con lo que está a la mano.
Día 10. Una revisión de los informes de control interno muestra irregularidades por doquier. Miles de funcionarios han sido observados. Entre las perlas de años anteriores: el INCOR compró los mismos insumos que el Almenara había comprado a precios 50% superiores, lo que implicó S/. 870 mil de pérdida; la licitación de la construcción del Hospital de Pisco por S/. 34 millones la ganó una empresa que no cumplía con los requisitos técnicos pedidos.
Día 12. El balance económico muestra déficits que superan los S/. 600 millones en el último año y medio. De la reserva técnica, guardada para emergencias, se usaron S/. 205 millones sin sustento. Hoy, por cada asegurado que debemos atender, tenemos 10 por ciento menos presupuesto real que 5 años atrás, mientras los precios y la tecnología hacen que las necesidades sean cada vez mayores.
Día 15. Pobladores de Apurímac protestan porque alguien dice que el tomógrafo comprado para el nuevo hospital de Abancay se iría a Piura. No dicen que el nuevo Hospital de Abancay todavía demorará doce meses o más en construirse (la construcción recién va a empezar). Tampoco que, por error, había no uno sino dos tomógrafos comprándose para Abancay. Hay otros 3 o 4 tomógrafos en cajas sin usar; el de Cajamarca lleva 5 meses en cajas sin mayor resguardo y se renovó, por un año más, el contrato de servicio de tomografía en una clínica privada (además, el hospital tiene goteras!!).
Día 18. El nuevo Gerente de Presupuesto informa que el presupuesto, de S/. 6,400 millones¡!, se hace en una hoja Excel. No funciona un sistema de información presupuestal. El cuadro que le presentaron tenía, lógicamente, errores: faltaban 1,8 millones en una suma.
Debo cambiar mis previsiones. Pensaba que lograr una administración razonable de la institución y resolver las situaciones críticas tomaría 3 meses, y que luego de eso podríamos iniciar las mejoras estructurales que se requieren para avanzar fuerte en inclusión social, democratización y eficiencia. Pero han dejado esta enorme máquina que es Essalud haciendo agua por todos lados y evitar que se termine de hundir será una tarea titánica.